Artículos de investigación

Circuitos precarios fronterizos y politización de la deportación

Precarious Border Circuits and the Politicization of Deportation

María José Morales Vargas
Universidad Autónoma de Tlaxcala, México

Circuitos precarios fronterizos y politización de la deportación

Ius Comitiãlis, vol. 9, núm. 17, pp. 213-237, 2026

Universidad Autónoma del Estado de México

Recepción: 04 Febrero 2026

Aprobación: 10 Junio 2026

Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo analizar la precarización en contextos fronterizos como efecto del régimen global de deportación y control migratorio, se emplea una metodología cualitativa sustentada en revisión histórico-documental, archivo digital y entrevistas a profundidad, con lo cual, el estudio reconstruye una genealogía de luchas y activismos protagonizados por personas retornadas y deportadas en el corredor México-Estados Unidos, además, se examinan experiencias colectivas como el Movimiento Trasnacional de Ex braceros, Deportados Unidos en la Lucha y Otros Dreams en Acción, con el fin de identificar cómo sujetos interpelados por la deportación disputan el régimen fronterizo mediante prácticas organizativas, redes de apoyo y formas de enunciación política. Con lo anterior, se sostiene que la frontera no solo funciona como un dispositivo de exclusión, criminalización y producción de la ilegalización migrante, sino también como un espacio donde emergen formas de resistencia, politización y subjetivación política, finalmente, se concluye que aun cuando la deportación produce formas extremas de precarización y desposesión, también posibilita la emergencia de comunidades políticas que resignifican el destierro, dignidad y derechos.

Palabras clave: deportación, derecho internacional, derechos humanos, dignidad, migración.

Abstract: The present paper aims to analyze precarity in border contexts as an effect of the global regime of deportation and migration control. A qualitative methodology is used, based on historical-documentary review, digital archives, and in-depth interviews. Through this approach, the study reconstructs a genealogy of struggles and activism led by returned and deported people in the Mexico-United States corridor. In addition, collective experiences such as the Transnational Movement of Ex-Braceros, Deported United in the Struggle, and Other Dreams in Action are examined to identify how subjects challenged by deportation contest the border regime through organizational practices, support networks, and forms of political expression. Based on the above, it is argued that the border not only functions as a device of exclusion, criminalization and production of migrant illegality, but also as a space where forms of resistance, politicization and political subjectivation emerge. Finally, it is concluded that even though deportation produces extreme forms of precarity and dispossession, it also enables the emergence of political communities that redefine exile, dignity and rights.

Keywords: deportation, international law, human rights, dignity, migration.

INTRODUCCIÓN: GENEALOGÍA DEL RÉGIMEN DE DEPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA PRECARIEDAD FRONTERIZA

El asunto de las deportaciones masivas no es reciente, más bien, debe contextualizarse en una larga historia de racismo, xenofobia y criminalización hacia migrantes que han ingresado de manera irregularizada[1] a Estados Unidos. La máquina de deportación estadounidense[2] -como la denomina de Goodman (2020)- se ha reconfigurado históricamente mediante mecanismos sistemáticos de expulsión, vigilancia y control que han operado bajo imperativos racistas, coloniales, capitalistas y securitarios. En este sentido, la deportación no constituye únicamente un procedimiento administrativo, sino una tecnología política orientada a gestionar diferencialmente la movilidad humana y producir sujetos expulsables.

Si bien es cierto, la máquina de deportación estadounidense y su burocracia moderna se edifica hasta proyectarse globalmente en el siglo XX, desde finales del siglo XVIII es posible rastrear políticas violentas desplegadas con el fin de restringir la inmigración y expulsar a personas consideradas “indeseables” de las fronteras estadounidenses, lo que aquí se enfatiza es cómo estas prácticas han resultado pilares para la reproducción de los regímenes de deportación contemporáneos. Dado los límites de este espacio no se prioriza situar exhaustivamente todas las leyes de inmigración estadounidense que han interpelado violentamente a grupos racializados, si interesa colocar algunos ejemplos que demuestran cómo estas leyes se han edificado desde una larga historia de racismo, discriminación y securitización. En esta lógica, vale la pena enmarcar una breve historización sobre el racismo en las leyes migratorias en Estados Unidos que se han desplegado con el fin de regular la composición sociocultural y racial de la nación, rigiéndose principalmente por la supremacía de la blanquitud. La Ley de Naturalización de 1790 fue la primera disposición en definir la elegibilidad para la naturalización de hombres libres, blancos y propietarios de algún bien (terratenientes), excluyendo a nativos americanos y esclavos negros. El hecho de que esta ley solo incluyera a sujetos blancos significa que la nación se estaba construyendo como legalmente blanca; los indígenas o poblaciones negras no eran considerados como sujetos “dignos” de una ciudadanía estadounidense.

En 1798 se promulgaron otras dos disposiciones legislativas que fueron profundizando tintes no solo racistas, sino securitarios, estas son: la Ley de Enemigos Extranjeros y la Ley de Sedición que hicieron más difícil que los inmigrantes se convirtieran en ciudadanos, además de que se consideraran amenazas potenciales, aún sin prueba de su criminalidad en EEUU, en tanto, ampliaba las posibilidades para ser encarcelados y criminalizados. Desde este momento, la idea del extranjero como enemigo y la idea de la securitización que supone, a decir con Treviño (2016), un discurso basado en tratar a los migrantes como amenazas para la seguridad nacional se fue afianzando en el discurso político, jurídico y cultural estadounidense. En el siglo XIX se materializaron otras formas de expulsión ligadas a objetivos raciales, específicamente hacia poblaciones negras y asiáticas. En esta lógica se desplegaron una serie de disposiciones con el fin de legitimar la expulsión o para incluir bajo condiciones de explotación a migrantes. Si bien, el discurso político-gubernamental subrayaba implementar mecanismos radicales de expulsión, se iba produciendo, al mismo tiempo, un dispositivo de selección diferencial[3] para incluir bajo condiciones deplorables. Por ejemplo, la promulgación en 1850 de la Ley de Esclavos Fugitivos que obligaba a las autoridades y a los ciudadanos blancos a ayudar en la captura de esclavos para ser devueltos a las plantaciones de algodón y caña de azúcar. Esta legislación afectó principalmente a los afrodescendientes, pues muchos afroamericanos libres que no eran esclavos fugitivos fueron capturados y enviados a la esclavitud en el sur.

Entre 1875 y 1920, la población china se convirtió en uno de los principales objetivos de las políticas raciales estadounidenses. Aunque su mano de obra resultó fundamental para el crecimiento económico de EEUU, particularmente en California y en la expansión ferroviaria, los inmigrantes chinos comenzaron a ser representados como una amenaza para el orden nacional y laboral. En este contexto se promulgaron diversas disposiciones orientadas a restringir, controlar y criminalizar su presencia, entre ellas: la Ley Page promulgada en 1875, la Ley de Exclusión China promulgada en 1882, la Ley Scott promulgada en 1888 y la Ley Geary promulgada en 1892. Grosso modo, estas disposiciones buscaban, en algunos contextos, filtrar las entradas de trabajadores chinos, japoneses, mongoles y mujeres chinas, y en otros, suspender entradas, prohibir la permanencia de inmigrantes ilegalizados chinos dentro del mismo territorio, negar su derecho a la naturalización, así como castigar la inmigración ilegal como un delito criminal (Taylor, 2002), esto incluía las multas y encarcelamientos a cualquier persona que ayudaran a los inmigrantes chinos a ingresar al país. Dichas disposiciones marcaron un precedente para castigar la inmigración irregularizada como un delito criminal.

A finales del siglo XIX, las campañas de autodeportación contra los chinos alimentadas por la violencia y el miedo contribuyeron a la creación de una burocracia de inmigración estadounidense que comenzó a registrar estadísticas en 1892. Según lo documenta Goodman (2020), en esta época Estados Unidos deportó a 2800 personas bajo el mecanismo de deportación formal; sin embargo, esta cifra no incluye las “salidas voluntarias” en tanto mecanismo de expulsión que deportaba hasta seis veces más que el mecanismo de deportación formal. Con la aprobación de la Ley de Inmigración en 1891 se creó la primera Oficina de Inmigración encargada de administrar la aplicación de las leyes migratorias y ordenar la deportación de extranjeros que ingresaran al país de manera irregularizada. Además, la Ley de Inmigración en 1891 amplió la lista de categorías excluibles -y por tanto deportables- para incluir a personas "que probablemente se convertirían en cargas públicas", como son: las personas con enfermedades contagiosas, los delincuentes, las personas consideradas “incapaces” de valerse por sí mismas y los trabajadores subcontratados.

En el siglo XX las leyes migratorias estadounidenses tuvieron un nuevo enemigo a la mira: los inmigrantes mexicanos. A raíz de la profunda exclusión de migrantes asiáticos, los mexicanos se convirtieron en los nuevos migrantes que EEUU decidió integrar como mano de obra barata. En un principio, esta táctica resultó óptima, dada la cercanía geográfica, los inmigrantes mexicanos podían entrar a trabajar y luego, al concluir el permiso temporal, tendrían que regresar al país de origen. En otras palabras, cuando los inmigrantes mexicanos ya no fueran útiles, debían ser expulsados de EEUU. Las restricciones legales hacia inmigrantes mexicanos comenzaron con la creación de la Ley de Inmigración de 1924, la cual estipulaba la creación de la Patrulla Fronteriza, además de que se creó la categoría “inmigrante ilegal”.

Este proceso se profundizó durante el Programa Bracero (1942-1964), mediante el cual trabajadores mexicanos fueron incorporados temporalmente como mano de obra barata bajo condiciones altamente precarizadas. Aunque el programa permitió la contratación legal de trabajadores agrícolas, también produjo circuitos paralelos de migración irregularizada y fortaleció circuitos antiinmigrantes. En este contexto se desplegó la Operación Espalda Mojada, una de las campañas de deportación masiva más importantes del siglo XX, mediante el cual fueron expulsados más de un millón de mexicanos (Durand, 2013).

En 1986 con la apertura de la Ley de Amnistía y el programa Inmigration Reform and Control Act (IRCA) se había permitido la legalización de 2.3 millones de mexicanos, aunque, paradójicamente se comenzó a agudizar una etapa de control y reforzamiento fronterizo. Bonilla (2019) etiqueta este período como la era de la contradicción pues, por un lado, el Estado se mostraba con un rostro humano y permisible que en discurso decía priorizar la “legalización”, la “reunificación familiar”, por otro lado, se creaban legislaciones, programas, instrumentos y mecanismos para vigilar y deportar estratégicamente a los migrantes indocumentados. Bajo esta lógica, en 1996 hubo reforzamientos a las disposiciones legales migratorias que incluían la creación de procesos de expulsión acelerada que permitía que cualquier funcionario de inmigración, en lugar de un juez, ordenara la expulsión de inmigrantes, incluso sin tener una audiencia.

En este sentido, la promulgación de la ley IIRIRA (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) supuso un endurecimiento inédito en avalar la detención y deportación de migrantes indocumentados. Incluso, la sección 287 (g) de esta Ley[4] permitía a los agentes policiacos estatales y locales aplicar la ley federal de inmigración. Además, este ordenamiento trajo consigo el aumento de la contratación de agentes para el control fronterizo, la autorización y el uso de tecnología o equipamiento en poder del Estado a cualquier agencia gubernamental, así como la construcción de muros y bardas que fueron materializados por el despliegue de una diversidad de operativos entre la frontera México-Estados Unidos. En general, este contexto comenzó a configurar un régimen de deportación que comenzó a perfeccionar, dice Bonilla (2019), el uso de tecnologías biométricas con el objetivo de leer las huellas dactilares de los inmigrantes detenidos para crear un registro de antecedentes penales y, con esta lógica, construir un perfil de migrante criminal. Estas medidas se reforzaron con el entrante siglo XXI.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y con la crisis económica de 2008, Estados Unidos agudizó profundamente sus procesos securitizantes y criminalizantes que se materializaron con el aumento constante y exponencial de deportaciones masivas en sus distintas modalidades, la forma de deportación removal y en su modalidad returns[5], o lo que se denomina deportaciones formales y deportaciones por “salidas voluntarias”. Como parte de los esfuerzos para controlar la frontera estadounidense, en 2003 se creó el Departamento de Seguridad Nacional y se compuso por tres oficinas: el Servicio de Migración y Control de Aduanas o el ICE, Aduanas y Protección Fronteriza, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. La criminalización de los inmigrantes continuó reforzándose con la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo e Inmigración Ilegal en 2005 que intentó categorizar los cruces indocumentados como delitos graves, incluso tratando de clasificar la ayuda ofrecida a migrantes como un delito.

Desde estas lógicas, la implementación de políticas migratorias durante las administraciones de los presidentes estadounidenses de Bush Jr (2001-2009), Obama (2009-2017), Trump (2017-2021), Biden (2021 a 2024), Trump (2025-) no han hecho más que reforzar un régimen policial de deportación edificado desde el siglo XVIII, entendida como una máquina que ha implementado diversos mecanismos sistemáticos de expulsión aceitados mediante imperativos racistas, coloniales, capitalistas y securitarios.

¿Cómo el régimen contemporáneo de deportación produce sujetos precarizados y, al mismo tiempo, condiciones para la emergencia de formas de resistencia y subjetivación política? ¿De qué manera las luchas y activismos de migrantes deportados disputan las lógicas de criminalización, exclusión y desposesión impuestas por el régimen fronterizo global? Son las preguntas que guían la problematización de este escrito. Si bien, la condición ilegalizada de los migrantes vulnerabiliza de forma extrema e inserta en un vórtice de precarización (Del Monte, 2022) del que difícilmente hay salida, esta condición no resulta una imposibilidad para producir acción política; más bien, esta condición extrema es la que potencia a los cuerpos vulnerables a resistir (Butler, 2010; y Butler y Athanasiou 2017).

A diferencia de abordajes centrados exclusivamente en las políticas migratorias o en los efectos estructurales de expulsión, el presente trabajo enfatiza las formas de organización colectiva y politización construidas por personas deportadas y retornadas en el corredor México-Estados Unidos. A partir de una perspectiva genealógica y de la recuperación de experiencias organizativas concretas, se busca mostrar cómo la deportación no solo produce desposesión y vulnerabilidad, sino también formas emergentes de comunidad política, resistencia y producción de agencia.

El escrito está estructurado en dos apartados: el apartado de la argumentación teórica y el apartado de la discusión de los resultados. En el primer apartado se problematiza la relación entre precarización, deportabilidad y régimen fronterizo global. En el segundo apartado se reconstruyen experiencias organizativas y luchas protagonizadas por migrantes deportados y retornados, particularmente el Movimiento Trasnacional de Exbraceros, Deportados Unidos en la Lucha y Otros Dreams en Acción, con el objetivo de analizar cómo estos sujetos interpelados por la deportación construyen formas de comunidad política, resistencia y politización desde la experiencia compartida del destierro.

NOTA METODOLÓGICA

El estudio se fundamenta en una metodología cualitativa orientada a reconstruir una genealogía de las luchas, los activismos y los procesos de subjetivación política que han emergido desde la experiencia de la deportación en el corredor migratorio México-Estados Unidos. Más que documentar únicamente políticas migratorias o estadísticas de expulsión, interesa situar las formas de organización, resistencia y politización que se constituyen desde los circuitos precarios fronterizos y desde la experiencia misma del destierro.

La apuesta metodológica recupera la perspectiva genealógica en el sentido foucaultiano. La genealogía se entiende como el rescate de saberes, discursos, prácticas y modos de subjetividad que los regímenes de saber-verdad hegemónicos han excluido o han buscado invisibilizar (Foucault, 1992), en este caso, aquellos que han sido subordinados o desplazados por los regímenes hegemónicos del saber sobre la migración. De esta manera, se busca poner en el centro las experiencias, resistencias y luchas de sujetos migrantes deportados que han construido formas colectivas de acción política frente al régimen de deportación estadounidense.

Para este fin se articulan tres técnicas de investigación. En primer lugar, se realizó una revisión histórico documental de trabajos académicos especializados con el propósito de contextualizar la conformación histórica de la máquina de deportación estadounidense y documentar algunas de las principales luchas migrantes desarrolladas durante los siglos XX y XXI. Particularmente, se recuperan los aportes de Goodman (2020) y Astorga (2017) con el fin de reconstruir experiencias organizativas vinculadas con movimientos por los derechos de los inmigrantes y el movimiento transnacional de exbraceros.

En segundo lugar, se desarrolló una entrevista a profundidad con Ana Laura López, migrante deportada y fundadora del colectivo Deportados Unidos en la Lucha (DUL), su experiencia permitió generar una aproximación a los efectos subjetivos, políticos y comunitarios de la deportación, así como a las formas de organización colectiva que emergen frente al desarraigo, la separación familiar, la exclusión y el olvido institucional.

Finalmente, se realizó una revisión de archivo digital de la organización Otros Dreams en Acción (ODA), con el fin de documentar formas actuales de activismo y resistencia que son construidas por personas deportadas y retornadas, principalmente en el contexto de las políticas antiinmigrantes implementadas durante las administraciones del presidente de EE.UU. Donald Trump.

La revisión de estas fuentes permitió tanco conocer experiencias particulares de politización producidas desde y en contra de la máquina de deportación estadounidense, como analizar la manera en que sujetos históricamente situados en condiciones de precarización y expulsabilidad construyen espacios de enunciación política, redes de apoyo y formas colectivas de (re) existencia, el análisis de estas experiencias organizativas permiten conocer también la existencia de límites y tensiones internas vinculadas con la precariedad material, el desgaste emocional derivado de la deportación, la dificultad para sostener procesos colectivos de largo plazo y las limitadas condiciones institucionales de apoyo, por lo que, algunas organizaciones experimentan desafíos relacionados con la fragmentación de trayectorias migratorias, las diferencias generacionales y redes de acompañamiento, aunque estas tensiones no anulan la potencia política de los colectivos, demuestran las complejidades que atraviesan la construcción de comunidad y organización en contextos de expulsión y precarización.

Cuadro 1. Articulación metodológica.

Cuadro 1
Articulación metodológica.
Fuente de revisiónInformanteInstrumento de recolecciónLuchas y activismos constituidos por migrantes deportados
Académica-históricaAdam Goodman AstorgaRevisión histórica-documental-Movimiento por los derechos de los inmigrantes, liderado por tres organizaciones: MALDEF, NCLR y LULAC. - Movimiento trasnacional exbraceros
Experiencia y subjetividadAna Laura LópezEntrevista estructuradaFundación de Deportados Unidos en la Lucha (DUL)
Archivo digitalOtros Dreams en AcciónRevisión archivo digitalOtros Dreams en Acción
Fuente: Elaboración propia.

PRECARIZACIÓN FRONTERIZA, DEPORTABILIDAD Y SUBJETIVACIÓN POLÍTICA

¿De qué hablamos cuando aludimos a una vida precaria? ¿En qué contextos se amplifica la precarización de estas vidas? En este escrito se alude a un contexto de estudio: el fronterizo. Específicamente se analizan los mecanismos que amplifican la precariedad instalada como una forma de dominación basada en un estado generalizado y permanente de inseguridad (Lorey, 2016) de la que han devenido múltiples procesos sistémicos como la pobreza, el desempleo estructural, los conflictos sociales, ambientales, así como en la producción de poblaciones superfluas, excedentes y residuales que son expulsadas y desplazadas de todas partes.

Algunas postales que circulan en los medios de información masiva retratan campamentos improvisados y a la intemperie que los migrantes instalan en distintos puntos de las fronteras mientras esperan interminablemente por su solicitud de asilo, o bien, a personas que pernoctan tras haber experimentado un proceso de deportación. Estos acontecimientos expuestos son postales que nos llevan a problematizar cómo un régimen político, en este caso, el régimen fronterizo, migratorio global produce subjetividades precarizadas, deportadas, en situación de deportabilidad o en vulnerabilidad extrema.

La precariedad no es una condición pasajera o esporádica, ni tampoco se trata de un mecanismo resultado de una fatalidad inesperada del sistema, sino se trata de un mecanismo de dominación que con sus tecnologías de poder y control institucionaliza un estado racional y permanente de inseguridad, incertidumbre y exposición corporal al límite (Bourdieu, 2000; Butler, 2010; y Lorey, 2016). En este caso, subrayamos cómo el proceso de precarización emerge de una voluntad política y gubernamental que, mediante marcos de marcos de inteligibilidad y reconocimiento, produce no solo distinciones jerárquicas entre las vidas y los cuerpos, sino que potencian el umbral de lo precario. En contextos fronterizos, los sujetos ilegalizados-deportados-o en condición de deportabilidad- son los más expuestos.

Según Butler (2010), la categoría analítica de la precariedad alude a dos polos. Con la precariedad o condición precaria [precariousnes] se designa a una dimensión ontológica de las vidas y los cuerpos; es decir, una condición de existencia donde todos los seres vivos somos susceptibles a ser heridos, en tanto corporalidades expuestas inevitablemente. Sin embargo, existen marcadores políticos y económicos que amplifican la precarización de nuestras vidas y que producen distribuciones diferenciales que organizan la protección de necesidades sociales que hacen sostenible y vivible una vida. Esta amplificación de la condición precaria, la autora la refiere como precaridad [precarity] en tanto condición políticamente inducida, distribuida y estratégicamente dirigida a poblaciones, grupos o personas que no encarnan las normas hegemónicas de clase, raza, género, etcétera.

Es decir, desde el punto de vista de la autora, la condición precaria abarca los cuerpos, la subjetivación, la existencia. Mientras que la precaridad implica una condición política inducida. Es un resultado de un sistema político-económico que a través de su modulación que deriva del reparto sistémico se potencia el umbral de la condición precaria en tanto condición ontológica compartida. En este punto, existe una producción sistemática, estructural que produce distinciones jerárquicas que expone vidas y cuerpos de manera diferenciada, al punto de quedar destinados a ser expulsados de todas partes.

Por su parte, Lorey (2016) problematiza otra categoría que deviene de lo precario: la precarización, entendida como un estado de inseguridad permanente que instrumentalizan los gobiernos en contextos de neoliberalización. La precarización “no es ninguna excepción, sino la regla. Se extiende por todos los ámbitos que hasta ahora eran considerados seguros. Se ha tornado en un instrumento de gobierno y asimismo en un fundamento de acumulación capitalista al servicio de la regulación y el control social” (p. 17). De esta forma, las autoras mencionadas sitúan las dimensiones que conforman el trípode: condición precaria, precariedad y precarización que sirven para comprender otra forma de cómo somos gobernados y cómo mantenernos gobernables desde una condición de desposesión.

Con el fin de analizar cómo el actual régimen global de fronteras es un dispositivo que amplifica procesos de precarización, compartimos la idea de Del Monte (2022) cuando considera a la frontera como un espacio transfronterizo que, desde una dimensión securitaria, neoliberal y necropolítica, reproduce un conjunto envolvente de precariedad que “estructura la degradación progresiva y exponencial de las condiciones materiales, sociales y subjetivas para la subsistencia vital” (p. 17). Así, la marca estructural que comparten los sujetos que están obligados a salir de sus lugares de origen y que transitan de manera irregularizada es la precariedad modulada por un proceso gubernamental, político y económico.

Justamente, la frontera en tanto dispositivo produce un violento proceso de precarización que en contextos de movilidad transfronteriza se va intensificando progresivamente a causa de dimensiones estructurales como la expulsión, así como a causa de dimensiones políticas como la instalación de procesos globales de securitización que agudizan lógicas internas de reforzamiento de fronteras y la criminalización de tránsitos irregularizados, dichas lógicas se aceitan con la operatividad de políticas migratorias concretas. Después de todo, el régimen de deportación, en tanto orden policial[6], no solo produce sujetos precarizados, en este caso deportados, sino que produce un proceso mucho más agudo de inseguridad: la deportabilidad. En sí mismo el régimen de deportación no solo expulsa, contiene, detiene o confina personas en tanto despliega mecanismos para diferenciar, seleccionar diferencialmente y producir ilegalidad migratoria.

El régimen de deportación contemporáneo es un mecanismo de disciplinamiento y control que realiza algo más que expulsiones; más bien, suscribiendo con De Genova, Lecadet y Walters (2018), despliega una economía de la deportabilidad cuya operatividad funciona diferencialmente. La deportación, en tanto mecanismo de control y vigilancia, opera para regular la migración ilegalizada que es producida por el propio sistema económico y político que se beneficia no solo de reclutar y mantener disponible mano de obra barata, flexible y precarizada, sino también de aceitar la economía de la deportación en sus aristas de detención, expulsiones forzadas y encarcelamiento. Para lograr lo anterior, el Estado-nación junto con sus instrumentos legales, jurídicos y normativos produce ilegalidad con el fin de subordinar el trabajo dentro de la lógica capitalista.

Al respecto, Nicholas de Génova (2004, citado en Aquino, 2017) nos ayuda a problematizar sobre la gestión de las fronteras y la formación de identidades en el contexto de las políticas de control fronterizo; en términos concretos, el autor introduce la noción producción legal de la ilegalidad migrante. La ilegalidad más que una transgresión de frontera física, es un proceso jurídico producido por la propia ley cuya lógica sirve para aceitar la funcionalidad de las políticas de control fronterizo que contribuyen a crear una imagen estigmatizada y subordinada de los migrantes, generando una construcción diferenciada entre “un nosotros” y “los otros” en función de la ciudadanía, la pureza racial, el privilegio de clase, así como para regular la movilidad del trabajo con el fin de extraer el plusvalor al trabajo vivo y convertirlo en mano de obra barata, maleable, precarizada y desechable.

En este punto, situamos la producción de irregularidad migratoria como un mecanismo particular de acumulación por desposesión que, aludiendo al análisis de Harvey, se entiende como un proceso que emplea medios coercitivos legales y no solo las fuerzas de mercado como método extractivo. Situando el análisis de González (2011) se entiende que esta imbricación, por un lado, se produce del lado estatal mediante el despliegue de políticas y legislaciones en materia migratoria que desciudadanizan e ilegalizan y, por otro lado, esta producción institucional de irregularidad pone a la disposición del capital, mediante el mercado de trabajo, a los migrantes irregularizados, suministrándole mano de obra flexible, precarizada y explotable no solo a nivel de salarios, sino en la excedencia de las jornadas de trabajo.

En términos amplios, en esta lógica se produce un prototipo de trabajador requerido para este proceso: el trabajador migrante desechable que, al carecer de un marco normativo de protección jurídica, política y laboral, en cualquier momento se puede expulsar. En el último de los casos, este mecanismo de desposesión fronteriza, además de desmantelar los mecanismos de protección de derechos, implica otro proceso de sujeción que despoja de la vida política; es decir, ante la amenaza latente de deportación que suele venir acompañada de métodos que implican graduaciones de violencia que van desde pagar multas, hasta el encierro indefinido en centros de detención, se anula la capacidad de agencia, acción o resistencia, en tanto, una imposibilidad de constituir un espacio de enunciación pública donde los migrantes irregularizados y en condición latente de deportabilidad pierden su capacidad radical de constituirse como sujetos políticos, erigirse como colectivo e intervenir como comunidad política.

Frente a un escenario de intensificación del régimen de deportación estadounidense que interpela violentamente ¿Existen posibilidades de reinventar políticamente esta condición de precarización fronteriza y luchar contra la máquina de la deportación? Al vilo de la instrumentación de estos procesos de expulsiones y deportaciones masivas han emergido movilizaciones y protestas migrantes que, al hacerse visibles/audibles, comenzaron a ganar espacios de movilización y lucha. Cabe mencionar que al inicio estas movilizaciones coincidieron con el desempleo estructural, a decir con Casas y Covarrubias (2020), “fue en esta época cuando se empezó a politizar de manera más mayoritaria la cuestión de la vulnerabilidad laboral, pero también migratoria, bajo el término ´precariedad´” (p. 75).

Empero, conforme se fue profundizando el régimen neoliberal, el grado de precarización inducida interpeló a los sujetos más allá de una dimensión laboral; más bien, instaló un estado de inseguridad social compartida que se ha inscrito como amenaza a la propia existencia. En tanto, las luchas de reivindicación migrante, a nombre de este daño estructural, no solo han buscado reclamar una extensión de derechos sociales, políticos o económicos, tales como el derecho a la protección jurídica, a la salud, al trato digno, a la libertad, la igualdad, a la integridad, a la seguridad personal, etcétera. Sino han buscado instituir una política que enuncia nuevos lugares de aparición, de re (existencia) y de subjetivación.

Aquí nos interesa situar la invención de una política que se edifica en/desde la insurrección de la ilegalización-desciudadanización-expulsión y que, al mismo tiempo, logra subjetivar otra existencia posible (Morales, 2024). Desde la lectura de Ranciére (1996), subrayamos que se trata de una política fundada por la emergencia del desacuerdo de los incontados, de los que sobran, en este caso de los expulsados-ilegalizados-deportados. En esta política, la palabra de los sin parte adquiere una potencia para reconfigurar lo sensible. Los incontados/deportados cuestionan políticamente una asignación estructural, construyendo su propia intensidad y potencia para hacer frente a este orden policial.

La política que pensamos, siguiendo a Ranciére (1996), es un asunto de sujetos o, más bien, de modos de subjetivación. Esta política “consiste en modos de subjetivación, en constituciones singulares de enunciación y manifestación” (p. 139). En tanto, la producción de estos procesos de subjetivación es una identificación imposible donde se constituye un sujeto político que logra des-identificarse de este orden policial-asimétrico del reparto y, al mismo tiempo, logra subjetivarse políticamente.

Lo que se busca es analizar cómo inmigrantes deportados desde la colectividad construyen procesos de subjetivación política con el objetivo de autoreconocerse, autoconstituirse y autodefinirse desde otras maneras. Aquí enmarcamos los procesos de subjetivación política en tanto resistencias desplegadas como potencia-creación de otras posibilidades de ser y un hacer juntos producidas desde una cierta liberación singular respecto de los lugares y funciones que han sido asignadas en el reparto policial de lo sensible, en este caso del régimen de deportación. Estos modos de subjetivación política se instauran como líneas de fuga que, desde su excedencia, se identifican como una identidad imposible ahora politizada, al mismo tiempo se des-identifican de una identidad estructuralmente asignada: ser migrante irregularizado-expulsado-deportado-ilegalizado. Rancière (2004) nos hace pensar en esta comunidad de excluidos como un lugar donde se organiza la subjetivación política. En tanto aquí se abordan los procesos de subjetivación que aluden a:

Por subjetivación se entenderá la producción mediante una serie de actos de una instancia y una capacidad de enunciación que no eran identificables en un campo de experiencia dado, cuya identificación, por lo tanto, corre pareja con la nueva representación del campo de la experiencia (…) La subjetivación política produce una multiplicidad que no estaba dada en la constitución policial de la comunidad, una multiplicidad cuya cuenta se postula como contradictoria con la lógica policial (Rancière, 1996, p. 52).

Esta subjetivación política se enlaza con algunas movilizaciones y protestas migrantes más representativas que emergieron desde la década de los sesenta del siglo XX y XXI en el circuito migratorio México-EE.UU. que, al hacerse visibles, comenzaron a ganar espacios de politización, reivindicación y lucha colectiva. La producción de modos de subjetivación emerge con el rechazo del reparto policial que ha producido y modulado, en este caso, la operatividad de la lógica de la matriz productiva de la producción legal de la ilegalidad. Esta política “consiste en modos de subjetivación, en constituciones singulares de enunciación y manifestación” (p. 139). En esta lógica, situamos experiencias de cómo un sujeto migrante desde la base del destierro (la deportación) politiza esta condición y se constituye en un sujeto político.

RESULTADOS: GENEALOGÍA DE LAS LUCHAS MIGRANTES Y POLITIZACIÓN DE LA DEPORTACIÓN

La Autonomía de la Deportación (AdM), en tanto perspectiva politizante y desterritorizalizante de los campos hegemónicos de los estudios de la migración (Morales, 2022), permite desplazar la mirada de los dispositivos estatales de control hacia las prácticas de acción, resistencia, lucha y subjetivación política construidas por los sujetos deportados dentro y en contra del régimen fronterizo contemporáneo (De Génova, 2017). Desde esta perspectiva, interesa colocar en el centro de las experiencias, voces y formas de organización que emergen desde la ilegalización, el destierro y la deportación, no para representar a los migrantes únicamente como víctimas del régimen migratorio, sino como sujetos capaces de disputar, fisurar y resignificar políticamente las lógicas de expulsión que los interpelan.

En este sentido, se reconstruyen algunas semióticas politizantes producidas al margen de la máquina de deportación estadounidense, particularmente se analizan experiencias organizativas y trayectorias migrantes donde convergen tres dimensiones:

1) El contexto precario que interpela y vulnerabiliza al sujeto;

2) Los procesos de constitución del sujeto político desde la experiencia de la deportación; y

3) Los alcances de la politización expresados en las formas de organización colectiva, disputa pública y producción de comunidad política.

Por lo que, la articulación entre la revisión histórica-documental, la entrevista a profundidad y el análisis del archivo digital permitió reconstruir una genealogía de luchas migrantes constituidas en contextos de deportabilidad expulsión y precarización fronteriza, con ello, se evidencia que el régimen contemporáneo de deportación no solo produce sujetos ilegalizados y expulsables, sino también procesos de resistencia y subjetivación política que emergen desde la experiencia compartida del destierro.

a) Circuitos precarios fronterizos y las primeras luchas de migrantes retornados

Mediante la revisión histórico-documental se pudo reconstruir cómo la deportabilidad se consolidó históricamente como una tecnología política orientada al control racial, el disciplinamiento laboral y la regulación diferencial de la movilidad migrante en Estados Unidos, con ello, los hallazgos evidencian que la máquina de deportación estadounidense no es un fenómeno reciente, sino una estructura histórica edificada progresivamente mediante políticas de exclusión, criminalización y expulsión dirigidas contra poblaciones consideradas racial, cultural o económicamente indeseables. Además, nos llevan a problematizar cómo las políticas de expulsión no solo han generado precarización y despojo, sino también procesos colectivos de politización desde la experiencia migrante y el retorno forzado.

Particularmente, durante el siglo XX, los trabajadores mexicanos incorporados bajo el Programa Bracero fueron sometidos a condiciones de explotación laboral, vigilancia y vulnerabilidad jurídica que permanecieron invisibilizadas durante décadas, aunque el programa fue presentado como un acuerdo bilateral de empleo temporal, la investigación muestra que muchos trabajadores regresaron a México sin acceso a derechos, sin protección institucional y sin el fondo de ahorro retenido por los gobiernos mexicano y estadounidense.

En este contexto emergió también una de las primeras luchas articuladas específicamente desde la experiencia del retorno migrante: el Movimiento Trasnacional de Exbraceros, al respecto, Astorga (2017) documentó que este movimiento comenzó a organizarse formalmente a finales de la década de 1990, cuando antiguos trabajadores migrantes empezaron a exigir la restitución del diez por ciento salarial retenido durante su contratación en Estados Unidos, sin embargo, esta lucha no se limitó a una demanda económica, sino que el movimiento transformó experiencias individuales de abandono y despojo en una memoria política colectiva construida desde el agravio compartido, por lo que, muchos exbraceros comenzaron a organizarse en condiciones de enfermedad, desempleo y pobreza extrema; el retorno no significó reintegración social, sino una prolongación de la precarización vivida durante la experiencia migratoria.

Uno de los testimonios recuperados por Astorga (2017) expresa: “Nos usaron cuando necesitaban trabajadores y después nos olvidaron. Trabajamos muchos años allá y regresamos sin nada” (Astorga, 2017, p. 214), esta narrativa evidencia cómo los trabajadores migrantes fueron incorporados temporalmente desde una lógica de utilidad económica y posteriormente desechados por el sistema migratorio estadounidense, mientras que otro exbracero relató: “Nunca pensamos que nos íbamos a organizar. Al principio creíamos que era una injusticia solo para uno, pero luego entendimos que era una deuda histórica con todos nosotros” (Astorga, 2017, p. 287), este testimonio muestra el tránsito de una experiencia individualizada de despojo hacia una conciencia política compartida, en donde la organización colectiva permitió resignificar el agravio como una injusticia estructural vinculada con la explotación histórica de trabajadores migrantes mexicanos.

De manera paralela, Goodman (2020) documenta cómo durante las décadas de 1960 a 1970 comenzaron a emerger organizaciones migrantes que disputaron públicamente las políticas antiinmigrantes y las formas de criminalización racial. Organizaciones como Mexican American Legal Defense and Educational Legal y Educacion (MALDEF), National Council of La Raza (NCLR), y League of United Latin American Citizens (LULAC) construyeron estrategias jurídicas y comunitarias orientadas a defender derechos civiles, laborales y migratorios de comunidades mexicanas y latinoamericanas en Estados Unidos. Aunque estas organizaciones no estuvieron integradas exclusivamente por personas deportadas, si emergieron en contextos atravesados por deportabilidad, persecución migratoria y exclusión jurídica. Sus luchas comenzaron a cuestionar y disputar las narrativas estatales y mediáticas que representaban a los migrantes latinoamericanos como “ilegales” “peligrosos” o “responsables de problemas económicos y de seguridad nacional”. A través de acciones jurídicas, movilizaciones y estrategias comunitarias, estas organizaciones buscaron desmontar la asociación entre migración y criminalidad, denunciando las prácticas de discriminación racial, persecución migratoria y exclusión social que afectaron comunidades migrantes en Estados Unidos.

b) Movimiento Transnacional de Exbraceros: Memoria, despojo y subjetivación política

El Movimiento trasnacional de exbraceros constituye una de las experiencias más significativas de politización construida desde el retorno migrante, la memoria del despojo y la precarización prolongada de trabajadores mexicanos que participaron en el Programa Bracero entre 1942 y 1964, más que una organización orientada exclusivamente a la restitución económica del fondo de ahorro retenido durante el convenio bilateral, el movimiento configuró un espacio colectivo desde donde políticamente una experiencia histórica marcada por explotación laboral, invisibilización institucional y abandono estatal.

De acuerdo con Astorga (2017) el Programa Bracero incorporó aproximadamente a 5.5 millones de trabajadores mexicanos mediante contratos temporales destinados principalmente a sostener la agricultura y el mantenimiento ferroviario en Estados Unidos, aunque el convenio fue presentado como un mecanismo regulado de movilidad laboral, la experiencia cotidiana de los trabajadores estuvo atravesada por relaciones profundamente asimétricas de poder, en donde los exbraceros fueron insertados en labores agrícolas y ferroviarias bajo condiciones de vigilancia, hacinamiento, largas jornadas de trabajo y ausencia efectiva de protección laboral, a ello se sumó la retención obligatoria del diez por ciento de sus salarios, recurso que debería entregarse a los trabajadores al regresar a México y que, en la mayoría de los casos, nunca fue devuelto.

Considerando que muchos trabajadores provenían de comunidades rurales, empobrecidas y con un escaso acceso a la educación formal, condición que profundizó su vulnerabilidad frente a los mecanismos institucionales de despojo, lo anterior, se sustenta en uno de los testimonios recuperados por Astorga (2017), que señala lo siguiente: “Nosotros nomas íbamos porque había necesidad. Firmábamos papeles que ni entendíamos. Después regresamos y nunca vimos ese dinero” (p. 198), lo que, permite observar cómo el despojo no operó solo mediante mecanismos económicos, sino también a través de relaciones estructurales de desigualdad que colocaban a los trabajadores migrantes en condiciones de subordinación jurídica y política frente a ambos Estados.

El retorno migrante tampoco significó estabilidad ni reconocimiento, ya que miles de exbraceros regresaron a México después de años de trabajo temporal en Estados Unidos para enfrentar condiciones de pobreza, desempleo, enfermedad y ausencia de reparación institucional. Otro exbracero relató: “Trabajamos de sol a sol. Dormíamos muchos en un mismo cuarto y apenas alcanzaba para comer. Cuando regresé a México pensé que por lo menos me iban a entregar mis ahorros, pero nunca pasó” (p. 205). La precarización no concluyó con el regreso a México. Por el contrario, produjo nuevas formas de exclusión vinculadas con el abandono estatal, el envejecimiento y la imposibilidad de acceder a mecanismos de reparación económica y reconocimiento social. Precisamente desde esa experiencia compartida de despojo comenzó a configurarse una forma de comunidad política.

Astorga (2017) documenta que los primeros comités de exbraceros comenzaron a organizarse en 1998. Inicialmente reunían pequeños grupos de antiguos trabajadores que buscaban información sobre sus ahorros retenidos; sin embargo, el movimiento creció rápidamente pasó de congregar cuatro exbraceros en sus primeros encuentros a reunir aproximadamente cinco mil integrantes en 1999 y más de 212 mil exbraceros organizados en el año 2000. La expansión del movimiento permitió construir una red transnacional de exbraceros en distintas regiones de México y Estados Unidos. Las plazas públicas, oficinas gubernamentales, reuniones comunitarias y protestas se transformaron en espacios de encuentro donde los antiguos trabajadores comenzaron a reconocerse mutuamente en sus historias de explotación, retorno precarizado y abandono institucional.

Uno de los integrantes del movimiento expresó: “Al principio uno pensaba que era el único al que le habían robado. Luego empezamos a reunirnos y vimos que éramos miles” (p. 276). La narrativa evidencia el tránsito de una experiencia privada de injusticia hacia una comprensión colectiva y estructural del agravio. El reconocimiento mutuo permitió politizar la experiencia migrante y construir una identidad colectiva sostenida por la memoria compartida del despojo. La comunidad comenzó a producirse desde la escucha y la rememoración colectiva. Los encuentros entre exbraceros no solo funcionaban como espacios organizativos, sino también como lugares donde los antiguos trabajadores reconstruían sus trayectorias migratorias, narraban las violencias vividad y resignificaban colectivamente décadas de silencio histórico.

Otro testimonio señala: “Nos reuníamos para recordar cómo trabajábamos allá, cómo vivíamos, cómo nos trataron. Ahí entendimos que no era solo dinero, era todo lo que nos hicieron pasar” (p. 289). Este testimonio resulta central porque muestra cómo el movimiento desplazó progresivamente la lucha desde el reclamo económico hacia una disputa más amplia por la memoria histórica y el reconocimiento político. Lo que comenzó como una exigencia de restitución salarial terminó constituyéndose como una denuncia pública de las formas históricas de explotación y utilización temporal de trabajadores migrantes mexicanos dentro del capitalismo agrícola estadounidense.

Asimismo, la organización colectiva produjo procesos de subjetivación política en sujetos históricamente reducidos a mano de obra temporal y desechable. Los exbraceros comenzaron a reconocerse como portadores de derechos y como actores legítimos para interpelar públicamente a los Estados mexicano y estadounidense. Un integrante del movimiento expresó: “Ya viejos entendimos que teníamos derechos y que también podíamos luchar” (p. 301). La narrativa muestra una transformación profunda en la manera en que los sujetos se perciben a sí mismos. La experiencia organizativa permitió romper con el lugar históricamente asignado al exbracero como trabajador silencioso, obediente y políticamente invisible.

De igual manera, el movimiento comenzó a construir una crítica estructural sobre el lugar subordinado que históricamente ocuparon los trabajadores migrantes dentro del régimen migratorio estadounidense. Uno de los testimonios recuperados por Astorga (2017), señala: “Nos usaron cuando necesitábamos trabajadores y después nos olvidaron. Trabajamos muchos años allá y regresamos sin nada” (p. 214). La narrativa permite comprender cómo los exbraceros identificaron que su explotación no constituyó un hecho aislado ni accidental, sino parte de una lógica estructural donde los trabajadores migrantes eran incorporados bajo condiciones de utilidad económica temporal para posteriormente ser expulsados al abandono y el olvido institucional.

En este sentido, el alcance del Movimiento trasnacional de exbraceros trascendió a la exigencia de restitución económica, por lo que, la lucha logró colocar en la esfera pública una deuda histórica invisibilizada durante décadas y articular una memoria política colectiva sobre las formas en que el régimen migratorio estadounidense administró la vida de los trabajadores mexicanos bajo lógicas de explotación, utilidad temporal y abandono, pues a partir de marchas, plantones, encuentros binacionales y procesos organizativos comunitarios, los exbraceros consiguieron interpelar públicamente tanto al Estado mexicano como el estadounidense, disputando las narrativas oficiales que reducían la migración laboral a una historia de cooperación bilateral y movilidad ordenada, de manera que, el movimiento produjo una resignificación política del retorno migrante y de la experiencia histórica de despojo.

Los exbraceros dejaron de aparecer únicamente como trabajadores envejecidos, empobrecidos o víctimas de fraude institucional para constituirse como sujetos políticos capaces de producir memoria, organización colectiva y denuncia pública, así, la politización migrante emergió precisamente desde la experiencia compartida de precarización, expulsión y abandono estatal, y en este punto, el movimiento permite observar cómo la deportabilidad y el retorno precarizado no producen únicamente vulnerabilidad o silenciamiento, sino también condiciones para la emergencia de formas de subjetivación política construidas desde el agravio compartido, así, la experiencia organizativa transformó el dolor individual en acción colectiva y convirtió la memoria del despojo en una plataforma de lucha desde donde los exbraceros disputaron reconocimiento, dignidad y justicia histórica.

Así el movimiento trasnacional constituye una potencia de politización de la deportabilidad porque muestra cómo sujetos históricamente reducidos a la fuerza de trabajo temporal y expulsable lograron fisurar el régimen de invisibilización que los condenaba al abandono institucional. Desde la experiencia del retorno, la vejez y la precarización, los exbraceros construyeron formas de comunidad política que desbordaron las lógicas estatales de silenciamiento y produjeron nuevas maneras de narrar, disputar y resistir la historia de la migración laboral binacional.

En este ánimo de ir hilvanando procesos de politización, reivindicación y activismos migrantes en contextos masivos de deportación, discriminación, explotación y despojo de derechos situamos otras experiencias organizadas desde el destierro que se han constituido como sujetos políticos y han resignificado la condición de ser deportado, entre estas experiencias mencionamos: Deportados Unidos en la Lucha.

c) Deportados Unidos en la Lucha: Comunidad y subjetivación política desde el destierro

Deportados Unidos en la Lucha (DUL) constituye otra experiencia organizativa construida desde la deportación, el retorno precarizado y la necesidad de producir formas colectivas de sobrevivencia frente al abandono institucional y la criminalización de las personas deportadas en México. El colectivo surgió en la Ciudad de México en 2016, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos y el incremento de deportaciones durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump. Su conformación estuvo integrada principalmente por personas deportadas que, tras haber vivido años -incluso décadas- en Estados Unidos, fueron obligados a retornar a México enfrentando condiciones extremas de precarización, desarraigo y exclusión social.

Más que una organización de asistencia, DUL se configuró como un espacio comunitario en el cual, las personas deportadas comenzaron a resignificar colectivamente la experiencia del destierro, disputar el estigma asociado a la deportación y construir formas de politización articuladas desde el agravio compartido, de acuerdo con el testimonio de Ana Laura: “Nos dimos cuenta de que todos traíamos algo roto por dentro, pero también muchas ganas de volver a empezar (Entrevista a Ana Laura, 2024), por lo que, la experiencia organizativa muestra que la deportación no produce únicamente ruptura, aislamiento o vulnerabilidad extrema, sino también condiciones para la emergencia de comunidad política y subjetivación colectiva.

La trayectoria de Ana Laura López -fundadora del colectivo- permite observar cómo la deportación no constituye el cierre de una experiencia migratoria, sino una continuidad de diversas violencias que atraviesan la vida de las personas migrantes antes, durante y después del desplazamiento, es decir, antes de migrar, Ana Laura enfrentó contextos de violencia familiar y precariedad económica que condicionaron su salida hacia Estados Unidos, en sus palabras: “Yo me fui porque necesitaba sobrevivir y sacar adelante a mis hijos. En México ya no podía más”.

Seguido de la experiencia migratoria que estuvo marcada por vulnerabilidad constante, explotación laboral, miedo constante y amenaza permanente de deportación, por lo que, Ana Laura recuerda que incluso después de años de residencia, trabajo y vida cotidiana en Estados Unidos, la condición migratoria irregularizada producía una sensación continua de inseguridad: “Vivíamos siempre con miedo. Miedo a manejar, miedo a que te parara la policía, te llevara. Miedo a no regresar a casa”, lo cual, expone la manera en cómo la deportabilidad operaba no solo como una categoría jurídica, sino como una condición cotidiana que organizaba afectivamente la vida migrante mediante el miedo, vigilancia e incertidumbre permanente.

La experiencia de detención y posterior deportación en 2016 marcó un punto de quiebre profundo en la trayectoria de Ana Laura López, después de haber vivido durante más de dieciséis años en Estados Unidos, la deportación implicó no solo la expulsión territorial, sino también una fractura afectiva y material en su vida cotidiana, por lo que ella, narra el proceso de deportación como una experiencia corporal de deshumanización y castigo: “Me esposaron de las manos y me encadenaron de los pies. Nos llevaban como criminales. Ahí entiendes que para ellos no eres una persona y te conviertes en alguien que deber ser expulsado”, y en otro momento recuerda: “Lo peor no fue que me deportaran, el trámite en sí. Lo peor fue sentir que toda tu vida se quedó del otro lado”, estas narrativas muestran cómo el régimen contemporáneo de deportación produce corporalidades criminalizadas mediante tecnologías de vigilancia, encierro y control, así, la deportación no aparece únicamente como un procedimiento administrativo, sino como una práctica que fractura vínculos afectivos, pertenencias y proyectos de vida.

El retorno a México tampoco representó reintegración ni acogida institucional, pues Ana Laura describe la llegada como una experiencia atravesada por desorientación, miedo y abandono: “Llegas sin saber que hacer, sin dinero, sin trabajo, sin familia. Nos dimos cuenta de que no había nadie esperando a los deportados”, aunado a ello, señala: “Yo regresé a un país que sentía ajeno. Después de tantos años ya no sabes dónde perteneces”, esto solo como evidencia de que las personas deportadas enfrentan condiciones extremas de precarización: ausencia de vivienda, desempleo, ruptura familiar, depresión, estigmatización social, pues la deportación implica no solo expulsión territorial, sino pérdida de vínculos, reconocimiento y pertenencia.

Justamente, desde una experiencia compartida de destierro comenzó a constituirse Deportados Unidos en la Lucha. El colectivo surgió a partir de encuentros cotidianos entre personas deportadas que coincidían en espacios de acompañamiento, organizaciones civiles y redes de apoyo en Ciudad de México. Lo que comenzó como conversaciones entre personas que compartían experiencias similares fue transformándose progresivamente en una red comunitaria de acompañamiento y autoorganización: “Empezamos a juntarnos porque todos estábamos pasando por lo mismo. Hablábamos del miedo, de la tristeza, de o saber cómo comenzar otra vez” […] “Había mucho dolor, pero también mucha necesidad de sentir que todavía éramos personas”.

La comunidad comenzó a construirse desde la escucha mutua y el reconocimiento compartido del dolor. Los encuentros permitieron romper el aislamiento emocional producido por la deportación y generar espacios donde las personas deportadas podían narrar experiencias que permanecían invisibilizadas o socialmente estigmatizadas: “Cuando escuchábamos las historias de otros deportados entendíamos que lo que nos había pasado no era un fracaso individual”. Esta narrativa evidencia cómo el reconocimiento mutuo permitió transformar experiencias individualizadas de culpa o vergüenza en una experiencia colectiva del agravio. El dolor comenzó a politizarse a partir de la construcción de una comunidad.

DUL comenzó a construir formas concretas de apoyo colectivo: acompañamiento emocional, redes de vivienda, asesoría para conseguir empleo, apoyos a deportados recién llegados y proyectos autogestivos de trabajo comunitario. Uno de los apoyos más importantes fue el taller de serigrafía impulsado por integrantes del colectivo: “La serigrafía nos ayudó a sobrevivir, pero también a volver a convivir, a sentirnos útiles” […] “No queríamos depender de la caridad. Queríamos volver a reconstruir algo entre nosotros”. La autogestión económica no funcionó únicamente de sobrevivencia material, sino como una práctica de reconstrucción comunitaria y reapropiación de dignidad frente al abandono institucional.

Sin embargo, el trabajo de DUL no se limitó al acompañamiento comunitario. El colectivo desarrolló también una importante labor política orientada a visibilizar públicamente las condiciones que enfrentan las personas deportadas en México y disputar las narrativas estatales que asocian deportación con criminalidad. A través de movilizaciones, participación en encuentros binacionales, articulación con organizaciones de derechos humanos, conferencias, acciones públicas y espacios de denuncia, DUL comenzó a posicionar la experiencia de deportación como una problemática política vinculada con el régimen fronterizo contemporáneo.

El colectivo denunció las violencias estructurales que enfrentan las personas deportadas: la separación familiar, la imposibilidad de acceder a empleo formal, la falta de políticas públicas de reintegración, la criminalización social y el abandono institucional del Estado mexicano. Asimismo, impulsó procesos de acompañamiento para deportados recién llegados, ayudando a gestionar documentos, redes de apoyo y espacios de alojamiento temporal. Ana Laura explica: “Entendimos que no bastaba con sobrevivir. También teníamos que denunciar lo que nos estaba pasando”. En otro momento agrega: “Queríamos que la gente entendiera que detrás de cada deportación hay familias rotas, miedo y mucha violencia”. Así, el colectivo comenzó a transformar experiencias privadas de sufrimiento en denuncias públicas sobre las consecuencias humanas del régimen de deportación.

DUL también produjo una disputa política sobre la representación social de las personas deportadas. Muchas personas integrantes del colectivo enfrentaban rechazo inmediato al intentar reconstruir su vida en México: “Cuando buscábamos trabajo y decíamos éramos deportados nos preguntaban qué habíamos hecho. Nos trataban como delincuentes”. Frente a ello, el colectivo construyó estrategias de visibilización orientadas a desmontar las narrativas que reducían a las personas deportadas a sujetos peligrosos, fracasados o desechables.

La politización del colectivo emergió precisamente desde esta disputa por el reconocimiento. La experiencia organizativa permitió que las personas deportadas comenzaran a nombrarse desde otros lugares: como trabajadores, madres, activistas, sujetos de derechos y sobrevivientes de un régimen de deportación: “Entendimos que no éramos criminales. Éramos personas expulsadas por un sistema que nos usa y luego nos desecha” […] “El colectivo nos ayudó a perder el miedo y a levantar la voz”. Este desplazamiento resulta central porque muestra el tránsito desde una experiencia individualizada de culpa y vergüenza hacia una comprensión estructural de la deportación como dispositivo político de expulsión y precarización.

En términos concretos, el alcance político del colectivo radicó precisamente en producir una voz pública construida desde la experiencia de deportación. La organización permitió que el destierro dejara de encarnarse como experiencia privada y se transformara en una posición colectiva de enunciación y denuncia. Desde ahí, DUL logró articular una crítica al régimen fronterizo contemporáneo y a las formas en que éste produce sujetos expulsables, desechables y socialmente estigmatizados. En este sentido, la experiencia de Deportados Unidos muestra cómo la deportabilidad puede convertirse en una potencia de politización cuando el agravio compartido produce comunidad, memoria y organización colectiva.

d) HR4437 y la constitución del movimiento de los deportados

La constitución de Deportados Unidos en la Lucha no puede comprenderse de manera aislada respecto al endurecimiento progresivo del régimen fronterizo estadounidense y de la consolidación de políticas orientadas a profundizar la criminalización migrante, en este contexto, la propuesta de Ley HR4437 -promovida en 2005 por el progresista republicano James Sensenbrenner- representó un punto de inflexión en la radicalización de las políticas antiinmigrantes contemporáneas y en la producción masiva de sujetos deportables.

La iniciativa buscaba convertir una estancia indocumentada en Estados Unidos en un delito federal, y con ello, ampliar los mecanismos de vigilancia fronteriza y criminalizar incluso a quienes brindaran apoyo humanitario a personas migrantes, aunque la propuesta no fue aprobada, si produjo consecuencias políticas y sociales, tales como la de fortalecer el discurso antinmigrante, lo que legitimó nuevas formas de persecución y generó un clima de miedo permanente dentro de las comunidades migrantes provenientes del sur global (Hines, 2019 y Rho, 2020), al respecto Morales (2022) señala que, el régimen contemporáneo de deportación no opera únicamente mediante dispositivos jurídicos y fronterizos, sino también a través de tecnologías afectivas que producen miedo, incertidumbre y disciplinamiento cotidiano sobre las poblaciones migrantes.

Posteriormente, el fortalecimiento de programas como Secure Communities, la expansión de centros de detención migratoria amplió las posibilidades de detención y expulsión incluso para personas con décadas de residencia en Estados Unidos. Este endurecimiento alcanzó nuevas dimensiones durante el gobierno de Donald Trump mediante políticas como el Protocolo de Protección Migrante (MPP[7], por sus siglas en inglés), conocido como Remain in Mexico, y la implementación del Título 42 durante la pandemia del COVID-19.

El MPP obligó a miles de solicitantes de asilo a permanecer en ciudades fronterizas mexicanas mientras esperaban la resolución de sus procesos migratorios en Estados Unidos. Informes elaborados por Human Rights First (2021) documentaron que esta política expuso a las personas migrantes a secuestros, extorsiones, violencia sexual, precarización extrema y abandono institucional en ciudades fronterizas mexicanas, además, Human Rights First registró más de 1500 casos de agresiones violentas contra personas sujetas al programa Remain in Mexico, incluyendo secuestros y ataques sexuales.

A lo anterior, se sumó el Título 42 como una medida sanitaria implementada en 2020 que permitió expulsiones inmediatas bajo el argumento de contención epidemiológica, profundizando la lógica de expulsabilidad y cierre fronterizo, por lo que, diversos organismos de derechos humanos señalaron que esta política restringió el acceso al asilo y amplificó las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones migrantes en tránsito y retorno forzado, de acuerdo con Hines (2019), el régimen fronterizo contemporáneo produce formas de violencia que exceden la deportación material y reorganizan la vida migrante mediante la espera forzada, la incertidumbre y la vulnerabilidad permanente.

En este sentido, Heiskanen (2009) sostiene que la deportación contemporánea debe entenderse como una tecnología de exclusión que produce desarraigo prolongado, separación familiar y dificultades de reintegración derivadas del retorno forzado, en donde el endurecimiento migratorio posterior a HR4437 reorganizó profundamente las dinámicas de vida de las comunidades migrantes latinoamericanas en Estados Unidos, por lo que, la amenaza permanente de la deportación comenzó a modificar prácticas cotidianas, formas de movilidad y relaciones comunitarias, y con ello, muchas personas migrantes redujeron su presencia en espacios públicos, limitaron desplazamientos y comenzaron a habitar la vida cotidiana bajo una lógica permanente de vigilancia y autocontrol.

La expansión de las deportaciones durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump produjo además un incremento significativo de personas retornadas a ciudades fronterizas y zonas urbanas mexicanas. De acuerdo con los datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), durante los gobiernos de Barack Obama se registraron 3,1 millones de deportaciones, consolidando uno de los períodos de mayor expulsión migratoria en la historia de EEUU. Por su parte, durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) se contabilizaron cerca de 932 mil deportaciones. Durante el segundo arribo presidencial de Trump en 2025, las políticas de deportación y detención migratoria volvieron a intensificarse.

De hecho, el discurso antiinmigratorio en su segundo arribo puntualizó desplegar una política de deportación masiva[8]. Reportes del Migration Policy Institute señalaron que, para finales de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había reportado más de 622 mil deportaciones. Como documentó The San Diego Tribune (2016), el incremento de deportaciones produjo nuevas dinámicas de retorno forzado hacia ciudades fronterizas mexicanas. Asimismo, Independient (2025) reportó las dificultades de incertidumbre que enfrenaban muchas personas deportadas después de su expulsión de Estados Unidos.

En este sentido, HR4437, el MPP, el Título 42 y las políticas que han profundizado el régimen de deportación contemporáneo no solo produjeron condiciones más intensas de vigilancia y expulsabilidad; también contribuyeron a la emergencia de formas de organización política construidas desde el destierro. En este punto, Rho (2020), a partir de una genealogía de luchas migrantes en España, Alemania y distintas regiones de las Américas, muestra cómo las experiencias atravesadas por exclusión y precarización pueden convertirse en formas de articulación política colectiva. La autora recupera experiencias como las luchas de los Sin Papeles en España, las movilizaciones de refugiados y migrantes contra los centros de detención y deportación en Alemania, así como las organizaciones de jóvenes indocumentados y deportados en América Latina y Estados Unidos que comenzaron a disputar públicamente las narrativas estatales que reducían estos sujetos a ilegales, criminales y expulsables. Estas luchas no se construyen únicamente como demandas institucionales de reconocimiento jurídico, sino desde prácticas comunitarias, de acompañamiento, de producción de memoria, ocupación del espacio público y politización de un agravio compartido. En este sentido, las experiencias migrantes producen formas de subjetivación política donde los sujetos organizados comienzan a disputar activamente las lógicas de exclusión y silenciamiento impuestas por el régimen fronterizo contemporáneo.

Tanto Deportados Unidos por la Lucha como Otros Dreams en Acción pueden comprenderse como experiencias organizativas donde la deportación dejó de aparecer únicamente como una experiencia individual de pérdida, desarraigo y fracaso para convertirse en una plataforma de denuncia y acción colectiva. En ambos casos, la experiencia compartida de la ilegalización, el retorno forzado y la separación familiar permitió construir formas de comunidad política articuladas contra el régimen de deportación.

e) Otros Dreams en Acción: Politización del retorno y disputas contra el régimen de deportación

Fundada en 2016 en la Ciudad de México, Otros Dreams en Acción (ODA) emergió en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas antiinmigrantes estadounidenses y el incremento del discurso xenófobo durante la campaña presidencial y posterior administración de Donald Trump. Integrada principalmente por jóvenes retornados, deportados y personas que crecieron gran parte de su vida en EEUU, la organización comenzó a construir espacios de acompañamiento, organización y producción política frente a las múltiples violencias que atravesaban las personas expulsadas del territorio estadounidense. La experiencia organizativa muestra que la deportación no solo implica desplazamiento territorial, sino también ruptura afectiva, perdida de pertenencia, exclusión institucional y crisis identitaria para sujetos que habían construido su vida cotidiana, vínculos familiares y trayectorias educativas en Estados Unidos.

Integrantes de ODA llegaron a México después de haber vivido décadas en EE.UU. o incluso haber tenido prácticamente su vida ahí, el retorno implicó una experiencia profunda de desarraigo cultural y social, al respecto, una integrante de la organización expresó: “Nos deportaron a un país que se suponía era nuestro, pero donde ya no conocemos a nadie y donde tampoco ya nos sentimos parte” (Archivo digital, ODA, 2025), esta narrativa evidencia cómo el retorno no puede entenderse como un desplazamiento físico, sino como una ruptura subjetiva vinculada a la pérdida de comunidad, reconocimiento y pertenencia.

Muchos jóvenes retornados han enfrentado obstáculos estructurales relacionados con el idioma, la validación de estudios, el acceso al empleo y la integración social, la deportación produjo una condición de extrañamiento incluso dentro del país de origen. Otro testimonio recuperado del archivo digital señala: “En Estados Unidos nos decían mexicanos, pero cuando llegamos aquí nos decían gringos. Es como no pertenecer a ningún lado”, por lo que, la experiencia migrante aparece atravesada por una forma de exclusión liminal donde los sujetos deportados quedan suspendidos entre fronteras nacionales, culturales y afectivas.

La ODA comenzó a configurarse precisamente desde esa experiencia compartida de desarraigo y expulsión, lo que inicialmente surgió como un espacio de encuentro entre jóvenes retornados se fue transformando en comunidad política orientada a acompañar procesos de reintegración, producir redes de apoyo y disputar públicamente las narrativas criminalizantes sobre la deportación, la organización reconoce explícitamente que la amenaza de deportaciones masivas durante el gobierno de Trump funcionó como detonante para la articulación colectiva: “Fue la amenaza de deportaciones masivas lo que nos llevó a organizarnos”, la intensificación del régimen de deportación produjo simultáneamente nuevas formas de organización y resistencia migrante, en donde el miedo y la incertidumbre compartidos comenzaron a convertirse en mecanismos de articulación política.

Así, la comunidad comenzó a construirse desde espacios de escucha y acompañamiento mutuo, y los encuentros organizados por ODA permitieron que personas retornadas compartieran experiencias relacionadas con la deportación, el racismo, la separación familiar y las dificultades de reintegración en México, es una expresión de la entrevistada se relata lo siguiente: “Por primera vez encontré personas que entendían lo que significaba haber perdido una vida entera de un día para otro”, aunado a ello, la ODA comenzó a generar estrategias concretas de apoyo para personas retornadas: acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, traducción de documentos, orientación educativa, programas de inserción laboral y acompañamiento para la revalidación de estudios realizados en EE. UU., estas prácticas no funcionaron únicamente como mecanismos asistenciales, sino como formas de reconstrucción comunitaria frente a la fragmentación producida por el régimen fronterizo.

Otro integrante expresó “ODA me ayudó a entender que lo que me pasó no era culpa mía. Era parte de un sistema que separa familias y expulsa personas”, por lo que, conforme la organización se fortaleció, comenzó también a disputar públicamente las representaciones estatales y mediáticas que asociaban deportación con criminalidad. ODA impulsó campañas públicas, talleres de formación, encuentros académicos, producción de materiales audiovisuales, acciones de incidencia, etcétera, orientadas a visibilizar las consecuencias del régimen policial de deportación, asimismo, la organización articuló alianzas con universidades, colectivos migrantes y organismos de derechos humanos tanto en México cono en Estados Unidos, ampliando su capacidad de incidencia pública y acompañamiento trasnacional.

Las personas deportadas comenzaron a posicionarse no únicamente como víctimas, sino como sujetos capaces de producir acción política frente a su experiencia violencia de deportación: “Queríamos de dejar de ser estadísticas o historias tristes. Queríamos hablar por nosotros mismos”. La politización impulsada por ODA también implicó cuestionar críticamente las categorías tradicionales de ciudadanía, pertenencia e identidad nacional. Muchos jóvenes retornados habían crecido, estudiado y construido su vida en EEUU, por lo que el regreso a México implicó sentirse extranjeros, incluso dentro de su propio país de origen. Frente a ello, la organización permitió transformar esa experiencia compartida de desarraigo y no pertenencia en una forma de articulación colectiva desde donde las personas retornadas comenzaron a nombrar, visibilizar y politizar experiencias de retorno y deportación.

CONCLUSIÓN

El régimen de deportación contemporáneo de deportación no solo administra fronteras y movilidades, sino que produce formas diferenciadas de precarización, expulsabilidad y desposesión sobre cuerpos migrantes racializados, sin embargo, los hallazgos dan cuenta que la deportación no clausura la posibilidad de acción política; por el contrario, desde la experiencia compartida del destierro emergen formas de organización colectiva, memoria y subjetivación política capaces de disputar las lógicas de criminalización y silenciamiento impuestas por el orden fronterizo.

Desde los estudios migratorios, el trabajo resignifica la figura del migrante deportado, que tradicionalmente gran parte de la literatura hecho referencia a las personas deportadas como víctimas pasivas del régimen fronterizo o como poblaciones atrapadas exclusivamente en dinámicas de exclusión y sufrimiento, sin omitir esas condiciones estructurales de violencia, este trabajo evidencia que la deportación también puede convertirse en un punto de articulación política desde donde emergen comunidades organizadas, procesos de memoria colectiva y disputas por reconocimiento, dignidad y derechos, así, en el desarrollo del trabajo se cuestionan las aproximaciones que reducen la migración únicamente a flujos, controles o políticas estatales y coloca en el centro las capacidades de agencia y organización construidas desde la experiencia migrante misma.

Las experiencias analizadas por el Movimiento Trasnacional de Exbraceros, Deportados Unidos en la Lucha y Otros Dreams en Acción evidencian que la precarización fronteriza también puede convertirse en un terreno de articulación política, lo anterior, desde el destierro, porque estos colectivos resignifican la condición de deportación y retorno forzado, construyen comunidad y producen nuevos espacios de enunciación política, los referentes teóricos de Butler (2010), Lorey (2016) y Ranciére (1996) permitieron comprender que la vulnerabilidad no constituye únicamente una condición de pasividad, sino también una potencia para la acción colectiva y la disputa política, por lo que, las luchas migrantes aquí analizadas encarnan lo que Ranciére denomina la irrupción de los sin parte: sujetos que, al hacerse visibles y audibles, disputan el orden policial que los condenaba a la invisibilidad, silenciamiento y despolitización.

Finalmente, la frontera aparece como un dispositivo de control y exclusión, pero también un espacio donde se fisuran los regímenes de deportación global, por lo que, las luchas de los sin parte evidencian que, aún en condiciones extremas de precarización, los sujetos deportados y retornados producen formas de resistencia que desbordan las identidades impuestas por la ilegalización y reivindican dignidad, reconocimiento y el derecho de existir políticamente.

REFERENCIAS

Aquino Moreschi, Alejandra (2017). “Porque según ellos somos ilegales”. Los efectos de la ilegalización en las trayectorias laborales y migratorias de trabajadores chiapanecos en Estados Unidos, En M. Barros & A. Escobar Latapí (Coords.), Migración: nuevos actores, procesos y retos (Vol. 1, pp. 160-182). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Astorga, Alejandro (2017). Historia de un ahorro sin retorno. Despojo salarial, olvido y reivindicación histórica en el movimiento social de ex braceros, 1942-2012. Universidad de Guadalajara. http://www.catedrajorgedurand.udg.mx/sites/default/files/historia_de_un_ahorro_sin_retorno_ex_braceros.pdf

Bonilla Moreno, Tania Lorena (2019). “Vivir en el limbo” Las formas de afrontar el régimen de deportación de las migrantes mexicanas indocumentadas en Phoenix-Arizona [Tesis de Maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales]. FLACSO Ecuador. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/15681/8/TFLACSO-2019TLBM.pdf

Bourdieu, Pierre (2000). Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Anagrama.

Butler, Judith (2010). Marcos de Guerra. Las vidas lloradas. Paidós

Butler, Judith & Athanasiou, Athena (2017). Desposesión: lo performativo en lo político. Eterna Cadencia.

Casas-Cortés, Maribel & Cobarrubias, Sebastián (2020). La autonomía de la migración: Una perspectiva alternativa sobre la movilidad humana y los controles migratorios. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, (46), 65-92. http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/26967

De Genova, Nicholas, Lecadet, Clara & Walters, William (2018). Expulsión, poder, movilización. Vacarme. https://vacarme.org/article3133.html?fbclid=IwAR3j_h2yFTa4zomQga2kvHnH8oxQK_oO8SFXmsgmo49aI62Magqc0YICB3o

Del Monte Madrigal, Juan Antonio (2021). Vidas rompibles en el vórtice de precarización: Expulsión, procesos de exclusión y vida callejera en Tijuana, México. Norteamérica, 16 (2), 183-207. https://www.scielo.org.mx/pdf/namerica/v16n2/2448-7228-namerica-16-02-183.pdf

Del Monte Madrigal, Juan Antonio (2022). El vórtice de precarización. Retorno forzado y vida callejera en la frontera norte de México. El Colegio de la Frontera Norte.

Departament Homeland Security (2018). Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: January 2015–2018. https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/Pop_Estimate/UnauthImmigrant/unauthorized_immigrant_population_estimates_2015_-_2018.pdf

Durand, Jorge (2013). Nueva fase migratoria. Papeles de Población, (77), 83-115. https://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v19n77/v19n77a7.pdf

Foucault, Michel (1992). Microfísica del poder. La Piqueta.

González Enríquez, Nuria. (2011). Migrantes, procesos de irregularización y lógicas de acumulación y exclusión. [Tesis de Doctorado, Universitat Pompeu Fabra.] TDX. https://tdx.cat/handle/10803/69961

Goodman, Adam (2020). The deportation machine. America´s long history of expelling immigrants. Princeton University Press.

Heiskanen, Benita (2009). “Un día sin inmigrantes”. European Journal of American Studies. https://journals.openedition.org/ejas/7717

Hines, Barbara (2019). Las políticas migratorias de Trump. Nueva Sociedad, 284, 53-71. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/3.TC_Hines_284.pdf

Human Rights First. (2021). Human Rights abuses under the “Remain in Mexico” policy. Human Rights First.

López, Ana Laura; Varela Huerta, Amarela y Hernández, María (2020). “Ya no más”. La historia de una mujer que desobedeció las fronteras y al patriarcado: Ana Laura López, fundadora de Deportados Unidos en la Lucha. Narrativas Antropológicas, 1 (2), 102-115. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/narrativasantropologicas/article/view/15838/16881

Lorey, Isabell (2016). Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad. Traficantes de Sueños. https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Estado%20de%20inseguridad.%20El%20gobierno%20de%20la%20precariedad_Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf

Mezzadra, Sandro & Neilson, Brett (2013). Frontera como método. Traficante de Sueños.

Morales Vargas, María José (2022). Construcción de agencia y resistencia en contextos de vulnerabilidad: los migrantes centroamericanos en tránsito por México [Tesis de Doctorado, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla]. https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/12a2f696-0fe4-43a2-9d23-8e8b621cfc2d

Morales Vargas, María José (2024). La invención de una política en los bordes de la frontera: Resistencias, líneas de fuga y procesos de subjetivación política de migrantes centroamericanos en tránsito por México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. https://4dd587d2-059d-4f11-8a6d-b9785b6400bb.usrfiles.com/ugd/4dd587_b0575b11456c423b93e0fbbaeef4c503.pdf

Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y El Caribe (2023). Género y Migración. Organización Internacional para las Migraciones. https://rosanjose.iom.int/es/genero-y-migracion#:~:text=La%20discriminaci%C3%B3n%20y%20la%20violencia,Am%C3%A9rica%20Central%20y%20el%20Caribe.

Otros Dreams en Acción (2025), ODA. https://www.odamexico.org/

Rancière, Jacques (1996). El desacuerdo. Política y filosofía. Nueva Visión.

Rancière, Jacques (2004). En los bordes de lo político. La Cebra.

Rho, Myriam (2021). Ciudadanía y luchas migrantes. Debates desde la autonomía de las migraciones. Reflexiones, 100(2), 1-19. https://www.redalyc.org/journal/729/72967099010/html/

The San Diego Union-Tribune (2016). Trump desesperado, revira sobre inmigración. https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/sdhoy-trump-desesperado-revira-sobre-inmigracion-2016sep04-story.html

Treviño, Javier (2016). ¿De qué hablamos cuando hablamos de la “securitización” de la migración internacional en México?: Una crítica. Foro Internacional, 56 (2), 253-291. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2016000200253

Notas

[1] Nicholas de Génova (2017) problematiza sobre la gestión de las fronteras y la formación de identidades en el contexto de las políticas de control fronterizo; en términos concretos, el autor introduce la noción producción legal de la ilegalidad migrante. La ilegalidad o la irregularización más que una transgresión de frontera física es un proceso jurídico producido por la propia ley cuya lógica sirve para aceitar la funcionalidad de las políticas de control fronterizo que contribuyen a crear una imagen estigmatizada y subordinada de los migrantes.
[2] Se utiliza la categoría “la máquina de deportación”, como figuración analítica utilizada por Goodman (2020), para situar los esfuerzos sistemáticos que los gobiernos estadounidenses han desplegado para aterrorizar y expulsar a inmigrantes mediante el despliegue de tres mecanismos que se han ido interrelacionado desde el siglo XIX, estos son: las deportaciones formales, las salidas “voluntarias” y las campañas de autodeportación.
[3] Mezzadra y Neilson (2013) problematizan cómo las fronteras juegan un papel clave en la producción de los tiempos y los espacios del capitalismo global. Desde esta perspectiva, la frontera es concebida como un dispositivo de control, filtro y selectividad respecto de los migrantes cualificados y no cualificados, donde la inclusión diferencial opera como proceso para filtrar y gobernar la movilidad de trabajo.
[4] Este acuerdo se sustentó en tres modalidades: 1) Un modelo carcelario donde a los policías se les dio autoridad para cuestionar el estatus migratorio de cualquier detenido, 2) Un modelo de arresto policial donde los policías locales durante operaciones rutinarias pueden solicitar documentos a cualquier individuo, y 3) Un modelo híbrido que en la operatividad combina los dos modelos al mismo tiempo. Además, dicho acuerdo legitimó una sinergia operativa entre agencias policiales estatales y locales para hacer cumplir esta iniciativa de detener y deportar de forma masiva.
[5] Los procesos de deportación materializan en dos modalidades, por remoción y por retorno. La primera modalidad, según Jacobo y Cárdenas (2020), refiere cuando una persona extranjera es inadmisible o deportada a México desde EEUU, su salida es confirmada mediante una orden de retiro bajo la modalidad de “criminal” o “no criminal”, este tipo de fallo trae repercusiones administrativas si se busca reingresar al territorio posteriormente. La segunda modalidad, siguen las autoras, refiere a una forma de deportación que se caracteriza por no tener una orden de remoción y generalmente son individuos detenidos en el paso fronterizo.
[6] Recurriendo a la lectura de Rancière (1996) hacemos alusión que este régimen, en tanto orden asimétrico, remite no solamente al sentido de la expulsión, sino a un proceso que se define por el principio del reparto de lo sensible que organiza, ordena y jerarquiza lo social de manera diferencial, asignando un lugar. Aterrizando esta idea del autor, se subraya que, en asuntos de expulsión global, este reparto policial se materializa en dos existencias marginales, primero, quienes son el exceso, ignorados, expulsados, desechados, invisibilizados, en tanto, llevados al desbarrancadero de la deportación; segundo, quienes constituyen un perfil deportable, reclutados como fuerza de trabajo barata y servil bajo la amenaza latente de la deportación.
[7] Con el fin de buscar protección internacional en Estados Unidos, los migrantes irregularizados están siendo obligados a esperar su proceso de resolución en México bajo los protocolos de protección a migrantes (MPP) o mejor conocido como “Quédate en México”. Este programa se lanzó en enero de 2019 por el gobierno de Donald Trump, se suspendió por Biden en junio del 2021, se reactivó en diciembre de 2021 por acuerdo de los gobiernos de Estados Unidos y México. En síntesis, este programa ha consistido en enviar a México a personas extranjeras con procesos de asilo abiertos en alguna corte estadounidense. Se trata de un programa que ha obligado a los solicitantes a esperar en México toda la resolución de su proceso, permitiéndoles cruzar la frontera únicamente los días de sus audiencias (Morales, 2022).
[8] Vamos a emitir órdenes de aprehensión a los inmigrantes ilegales que sean detenidos por cualquier delito y de inmediato se iniciarán procedimientos de deportación […] Mi plan también incluye cooperar estrechamente con jurisdicciones locales para deportar de inmediato a delincuentes de origen extranjero […] La ley Davis-Oliver mejorará la cooperación con autoridades estatales y locales para asegurar que los inmigrantes ilegales y los terroristas sean identificados y expulsados rápidamente, rápidamente, rápidamente. Y se van a ir rápido, créanme. Se van a ir. Vamos a triplicar el número de oficinas de deportación del Servicio de Inmigración. Dentro del Servicio de Inmigración voy a crear una nueva fuerza especial de deportación que se ocupará de identificar y sacar rápidamente a los más peligrosos inmigrantes ilegales en Estados Unidos que hayan evadido la justicia (Transcripción del discurso de la segunda toma de posesión de Trump, Capitolio Washington, 20 de enero de 2025).

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