Artículos de investigación
La violencia de género frente a los obstáculos sistémicos para la paz
Gender-Based Violence and Systemic Barriers to Peacebuilding
La violencia de género frente a los obstáculos sistémicos para la paz
Ius Comitiãlis, vol. 9, núm. 17, pp. 195-212, 2026
Universidad Autónoma del Estado de México

Recepción: 31 Octubre 2025
Aprobación: 10 Mayo 2026
Resumen: Actualmente la violencia de género es una problemática grave en nuestro país, tanto por su persistencia como por los efectos que genera en el goce efectivo de los derechos, este fenómeno no puede entenderse solo como un cúmulo de agresiones individuales, sino que es necesario revisarse desde una perspectiva social y de violencia estructural que condiciona de manera sistemática una vida libre de violencia para las mujeres, por ello, el presente trabajo analiza cómo la definición de violencia estructural desarrollada por Johan Galtung explica la violencia de género, así como la imposibilidad de alcanzar una paz positiva basada en igualdad y justicia. Se emplea una metodología documental-cualitativa, se emplean los métodos analítico, sintético e interpretativo, mediante la revisión de fundamentos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, de casos paradigmáticos como Campo Algodonero vs. México y literatura especializada. Los resultados evidencian que a pesar de los avances normativos sigue existiendo una brecha entre lo normativo y lo empírico, esto debido a la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la permanencia de patrones patriarcales y, se concluye la necesidad de leyes acompañadas de cambios estructurales.
Palabras clave: acceso a la justicia, derechos humanos, paz positiva, violencia estructural, violencia de género.
Abstract: Gender-based violence is currently a serious problem in our country, both due to its persistence and the effects it has on the effective enjoyment of rights. This phenomenon cannot be understood merely as a collection of individual aggressions; rather, it must be examined from a social perspective and from the perspective of structural violence that systematically conditions a life free from violence for women. Therefore, this paper analyzes how Johan Galtung's definition of structural violence explains gender-based violence, as well as the impossibility of achieving positive peace based on equality and justice. A documentary-qualitative methodology is employed, using analytical, synthetic, and interpretive methods, through a review of international frameworks such as CEDAW and the Belém do Pará Convention, paradigmatic cases such as Campo Algodonero v. Mexico, and specialized literature. The results show that despite regulatory advances, a gap remains between the normative and the empirical, due to impunity, lack of access to justice, and the persistence of patriarchal patterns, and it is concluded that laws accompanied by structural changes are necessary.
Keywords: access to justice, human rights, positive peace, structural violence, gender violence.
INTRODUCCIÓN
La violencia de género es un problema constante que afecta la vida cotidiana de las personas en sociedades contemporáneas, no se trata de un hecho aislado sino de un fenómeno complejo relacionado con las instituciones, los discursos culturales y en las prácticas sociales, las cuales se reproducen desigualdades en condiciones históricas, esta constancia obliga a revisar el papel del derecho, cuya eficacia no logra transformar la realidad.
En las últimas décadas se han producido importantes avances normativos, se han aprobado leyes específicas, a nivel nacional se han firmado tratados internacionales y se han emitido sentencias relevantes, estos instrumentos que establecen obligaciones específicas para los Estados en aspectos como la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres, asimismo, en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (DOF, 2007) es una herramientas que reconoce las distintas formas de violencia y establece mecanismos estatales e institucionales de protección, y casos emblemáticos como de González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se sentencia al estado mexicano y se le obliga a tomar medidas para garantizar el acceso a las mujeres a una vida de violencia, así como la determinación de estándares para la debida diligencia del Estado ante los feminicidio y violencia estructural contra el género contra las mujeres.
Lo anterior refleja la consolidación de un sistema jurídico que se ha ido consolidado para reconocer, prevenir y sancionar la violencia de género, no obstante, los datos y las experiencias de las mujeres evidencian lo contrario; la violencia continúa afectando la vida de las mujeres, y no solo eso, sino que va adaptando nuevas formas, por ejemplo, la violencia digital, esta disparidad entre lo normativo y lo práctico contribuye al deterioro de la confianza no solo en las leyes, sino también en las instituciones y autoridades del estado, pues el discurso preponderante de la búsqueda ir una igualdad entre hombres y mujeres dista de su efectividad.
Dicha situación supera la idea tradicional de paz, la que se construyó durante mucho como solo la ausencia de conflictos armados o de guerra, actualmente esa definición resulta insuficiente cuando se trata de fenómenos de violencia que no necesariamente son producto de la guerra, como lo son los feminicidios, donde la sociedad atraviesa por contextos de violencia física, sexual y directa que se ha normalizado socialmente, e incluso en las instituciones ante su actuar indiferente y que no puede generar condiciones de paz, una paz auténtica necesita condiciones de justicia, de dignidad y de igualdad, las cuales son negadas para las mujeres; generando una forma de violencia estructural por razones de género.
Desde la perspectiva internacional se ha contribuido a visibilizar el problema, por lo que, instrumentos como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará (Organización de los Estados Americanos, 1994) han señalado que los Estados tienen la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, sin embargo, la experiencia demuestra que la norma por sí sola es insuficiente si no se acompaña de acciones concretas e instituciones sólidas, presupuestos adecuados y voluntad política político, para garantizar el acceso efectivo a la justicia y reparación a las víctimas. En este sentido, este presente trabajo evidencia la tensión, por ello, el objetivo no es solo enunciar marcos jurídicos, sino evidenciar la contradicción entre la norma y la práctica, empleando categorías teóricas que permiten no solo comprender condiciones en las que se genera la violencia, sino también manera de explicarlas y con ello, proponer alternativas transformaciones profundas en las instituciones y cultura política.
CONCEPTO DE VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y SU RELACIÓN CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La propuesta teórica de la violencia estructural permite no solo nombrar las cosas, sino encontrar una explicación fundamentada, para comprender el daño causado no solo a partir de daños físicos como golpes, sino de encontrar explicaciones a las formas en que se genera la negación de una necesidad básica y aunado a ello, una consecuencia, es decir, un sufriendo prolongado a las víctimas, así, las violencias invisibles en el orden social, en las instituciones, la distribución de los recursos y las relaciones de poder limitan de manera las oportunidades de quienes las sufren.
Para Johan Galtung fue uno de los pioneros en el estudio de este fenómeno, señaló que existe violencia cuando las estructuras sociales, económicas o culturales impiden a los individuos desarrollar sus capacidades o satisfacer necesidades básicas, es decir, que no se trata de un acto aislado, sino de un sistema que, de manera silenciosa, coloca a ciertos grupos en desventaja constante (Galtung, 1969).
Este concepto dentro del marco jurídico y las cuestiones de género tiene una relación inminente, es decir, la violencia contra las mujeres no puede reducirse a episodios de maltrato en el hogar o a casos de acoso en el trabajo, su persistencia responde a una reiteración normativa en las conductas de las personas que las ejercen, tanto en sus discursos como en sus prácticas que reproducen la subordinación femenina, por lo que, la violencia doméstica, el hostigamiento laboral o los feminicidios sostienen en un marco socio-cultural que propicia las condiciones para su reproducción. Así, la violencia de género se entiende como una manifestación específica de la violencia estructural, en donde las mujeres que han estado históricamente en una posición subordinada que se rige por roles sociales, expectativas de dependencia y prácticas jurídicas que no han respondido con eficacia, así, la familia, la política, el trabajo y la vida comunitaria reflejan esa estructura de dominación.
La limitación del análisis a una sanción penal de un agresor puede dar la ilusión de justicia, pero dejar intactas las condiciones contextuales que permiten la reproducción constante, por lo que, la violencia de género, en su dimensión estructural incrementa ante la distribución desigual del poder, de los estereotipos que condicionan el papel de las mujeres en la sociedad y de políticas públicas que no atienden sus necesidades, propiciando así la generación de sistemas de injusticia e impunidad.
En suma, la violencia estructural nos observa el fondo del iceberg, toda vez que estas formas de daño causado por estructuras sociales, económicas, culturales, familiares o políticas limitan sistemáticamente oportunidades, desarrollo y bienestar a determinados grupos(Galtung, 1969), es decir, la manifestación de esta forma de violencia se produce en el momento en que la misma sociedad genera desigualdades que afectan e impiden a las personas satisfacer necesidades básicas o alcanzar el desarrollo pleno de sus capacidades; por lo que, la desigualdad de género se traduce en una construcción histórico-social que el Derecho debe desarticular para ser no solo un instrumento regulador sino generador de condiciones de paz. Con ello cabe decir, que la violencia estructural desde lo general se puede observar de manera particular a partir de sus formas específicas, las cuales, pueden ser entendidas desde aportes doctrinales y normativos, las cuales se presentan a continuación:
Violencia física
Se manifiesta en golpes, lesiones y en su forma más extrema, el feminicidio, es el tipo de violencia más visible, pero no necesariamente el más frecuente, si bien, representa la materialización del control patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres, su gravedad radica en que muchas veces es tolerada o minimizada por las instituciones encargadas de sancionarla.
Violencia psicológica
Este tipo de violencia se genera mediante el desgaste emocional, en actos como las humillaciones, las amenazas, los insultos, el aislamiento o manipulación, y su impacto no es menos lesivo que el de la violencia física, pues también limita la autonomía de las mujeres y reduce su capacidad de decisión, al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015) ha reconocido que esta puede constituir también una violación directa a la integridad personal.
Violencia sexual
Se manifiesta en actos como los de acoso, abuso y violación, no se trata de un acto motivado por el deseo, sino de un mecanismo de poder que busca someter y degradar a las personas, para Russell, Diana & Harmes, Roberta (2001) esta forma de es una herramienta de control social que refuerza la subordinación de las mujeres en todos los espacios.
Violencia económica
Esta se manifiesta ante la negación de recursos materiales tales como el control del salario, la apropiación de bienes o la exclusión del mercado laboral, al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (1919) ha evidenciado que la brecha salarial y la sobrecarga del trabajo no remunerado constituyen formas estructurales de violencia que perpetúan la dependencia económica de las mujeres.
Violencia Patrimonial
Esta es una modalidad de violencia de género que afecta de manera directa los derechos económicos y la autonomía material de las mujeres, se configura cuando una persona, aprovechando una relación de poder o dependencia, daña, controla, retiene, destruye o limita los bienes, recursos o ingresos que corresponden legítimamente a la mujer, con el propósito de restringir su libertad y mantenerla en una situación de subordinación, por lo que, no se trata solo de la pérdida de objetos materiales, sino también es un mecanismo de control, al negar el acceso al salario, impedir el uso de propiedades compartidas, ocultar documentos personales (como identificaciones o escrituras), retener cuentas bancarias o destruir pertenencias con valor económico o afectivo, como un medio por el cual se ejerce poder y se perpetúa la desigualdad.
Violencia política
Esta forma de violencia, de configura a partir de la obstaculización contra mujeres que participan en la vida pública, ya sea como candidatas, funcionarias o defensoras de derechos, implica actos como el hostigamiento verbal y en casos extremos el asesinato, este tipo de violencia refleja que el poder político sigue siendo un espacio hostil y que la igualdad formal en candidaturas no garantiza seguridad real en el ejercicio de derechos.
Violencia simbólica
Este tipo de violencia fue abordado por autores como Pierre Bourdieu (1998), el cual, determina que, consiste en la imposición de significados, estereotipos y representaciones que legitiman la subordinación femenina, en este caso, se ejerce a través del lenguaje, los medios de comunicación, la religión y la educación, por lo que, es interiorizada por las propias víctimas, que llegan a considerar “normales” las prácticas discriminatorias.
Violencia digital
La violencia digital se ha convertido en uno de los principales desafíos del derecho contemporáneo, con la expansión de las redes sociales, las mujeres enfrentan nuevas formas de agresión: acoso en línea, hostigamiento sistemático, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, suplantación de identidad, amenazas y vigilancia tecnológica. En el caso de México, ante la presión social y persistencia de casos de hostigamiento y difusión de material íntimo sin consentimiento surgió la Ley Olimpia (Diario Oficial de la Federación, 2021), que no solo se limitan a sancionar conductas en el ámbito penal, sino que reconoce un nuevo espacio de violencia, el digital, donde los derechos de las mujeres se vulneran de manera sistemática, con esta normativa se busca proteger la privacidad, dignidad y libertad de quienes son objeto de agresiones que se multiplican en redes sociales, plataformas de mensajería o entornos virtuales.
La violencia digital pone en evidencia las fallas estructurales del sistema jurídico y tecnológico, en cuando al manejo de las plataformas se carece de protocolos claros de protección y remoción de contenidos, con lo cual, las autoridades suelen minimizar el impacto del acoso en línea y los marcos normativos se actualizan con lentitud frente a una realidad que evoluciona a gran velocidad, lo que, genera la inefectividad de la norma y su práctica que deja a las víctimas en una condición de vulnerabilidad constante.
Con lo anterior, es importante mencionar que la violencia digital no se puede reducir a una variante de la violencia psicológica, porque como se ha evidenciado, tiene autonomía conceptual y práctica, pues afecta los derechos fundamentales de las mujeres tales como: la intimidad personal, la participación política, la libertad de expresión y la seguridad e integridad física de las mujeres, además, reproduce un efecto silencioso pero devastador: muchas víctimas, ante a la ausencia de respuestas eficaces, optan por retirarse de la vida pública digital.
Este fenómeno evidencia un patrón que subyace en otras manifestaciones de violencia de género: su reproducción y permanencia emanan de estructuras de poder históricamente configuradas para sostener relaciones de subordinación y desigualdad. No obstante, en el entorno digital dichas dinámicas adquieren particular complejidad, en tanto los sujetos agresores encuentran respaldo en factores como el anonimato, la inmediatez en la difusión de contenidos y los márgenes de impunidad propiciados por marcos normativos insuficientes o carentes de eficacia operativo, así, la violencia digital debe ser comprendida como una manifestación actual de la violencia estructural, cuya atención demanda no solo mecanismos penales de sanciones, sino también el diseño e implementación de políticas públicas, y de esquemas de corresponsabilidad con las empresas tecnológicas y procesos de transformación sociocultural orientados a colocar la dignidad humana y la tutela efectiva de los derechos de las mujeres como ejes rectores del orden jurídico y social.
Bajo esta lógica, la concepción de la violencia de género como una expresión de violencia estructural permite trascender el análisis de conductas aisladas y obliga a replantear críticamente la función del Estado, de las instituciones y de la sociedad en su conjunto ante a las condiciones que posibilitan su persistencia, en tanto que, la erradicación de la violencia contra las mujeres no puede reducirse solo a la imposición de sanciones contra los agresores; por el contrario, exige el desmantelamiento de las estructuras económicas, jurídicas, políticas y culturales que históricamente han contribuido a su normalización, reproducción y legitimación.
Marco Jurídico Internacional
El reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos constituyó un proceso tardío dentro del desarrollo del derecho internacional contemporáneo, ya que, durante décadas, prevaleció la idea de que, en los sistemas jurídicos internacionales las cuestiones relacionadas con las mujeres pertenecían al ámbito de lo privado o doméstico, excluyéndolas de la intervención estatal y de los mecanismos de protección internacional, esta omisión evidencia la manera en que las propias estructuras normativas internacionales reprodujeron patrones históricos de subordinación y tolerancia frente a las violencias ejercidas contra las mujeres, por lo que, el cambio paradigmático se comenzó a consolidar a partir de que la comunidad internacional reconoció que la violencia de género no solo vulnera de manera directa la integridad, dignidad y libertad de las víctimas, sino también compromete la solidez del orden democrático, debilita el Estado de derecho y obstaculiza las condiciones necesarias para la construcción de una paz social efectiva y sostenible.
En este contexto, uno de los instrumentos internacionales importante, que marcó un antes y después fue la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979, si bien, en su redacción originaria no incorporó de manera expresa la violencia de género, sus disposiciones establecieron las bases jurídicas y conceptuales para comprenderla como una manifestación extrema de discriminación estructural, posteriormente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en ejercicio de sus facultades interpretativas, amplió progresivamente el alcance material de la Convención mediante sus recomendaciones generales, precisando que la violencia basada en género constituye una de las formas más graves y persistentes de desigualdad y discriminación contra las mujeres, dicho desarrollo hermenéutico evidencia que los tratados internacionales no son exclusivamente rígidos e inmutable, sino que su contenido normativo evoluciona a partir de la interpretación, la práctica internacional y las transformaciones sociales que inciden en la protección progresiva de los derechos humanos.
Otro avance significativo dentro del reconocimiento internacional se materializó con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, ya que, aun cuando este instrumento carecía de fuerza jurídicamente vinculante, su relevancia radicó en la consolidación de una definición puntual sobre la violencia contra las mujeres y, esto particularmente contribuye a la visibilización del fenómeno como una problemática global., así por primera vez, la violencia ejercida contra las mujeres fue reconocida expresamente como una práctica sistemática y generalizada que vulnera su integridad física, psicológica y sexual, esta lógica trascendió la perspectiva tradicional de que se trataba de un asunto de carácter privado, aunado a ello, la Declaración representó avance importante para la agenda internacional de derechos humanos, al posicionar la violencia de género como una cuestión de interés público que demandaba atención y respuesta por parte de la comunidad internacional.
En sistema interamericano, la Convención de Belém do Pará de 1994 representó un avance normativo importante para América Latina en materia de protección de los derechos de las mujeres, pues esta Convención reconoció expresamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y estableció obligaciones específicas para los Estados parte, consistentes en prevenir, investigar, sancionar y erradicar todas las formas de violencia de género. Por lo que, su trascendencia jurídica radicó no solo en el reconocimiento formal de tales derechos, sino también en la consolidación de estándares regionales que servirían de fundamento para criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así la Convención trasladó el tema de la violencia contra las mujeres al ámbito público y de la responsabilidad internacional de los Estados, reconociendo que estos pueden incurrir en responsabilidad no solo por acciones directas, sino también por omisiones, tolerancia institucional o falta de debida diligencia frente a actos de violencia.
Por su parte, en el continente europeo el Convenio de Estambul de 2011 ha sido considerado uno de los instrumentos internacionales más avanzados en la materia, este impuso a los Estados a obligaciones concretas orientadas a la implementación de políticas públicas, incluyendo campañas de sensibilización, programas educativos, capacitación especializada de servidores públicos, mecanismos inmediatos de protección para las víctimas y sistemas permanentes de supervisión y seguimiento, en este sentido, es “uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres” (Consejo de Europa, 2011, p. 3), por lo que, su principal innovación radica en la comprensión de violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural y multidimensional, en donde su erradicación necesita intervenciones coordinadas en los ámbitos jurídico, institucional, educativo, social y cultural, sin embargo, la efectiva implementación ha enfrentado resistencias políticas e ideológicas en diversos Estados europeos, lo que evidencia que la existencia de normas internacionales, por sí misma, no garantiza transformaciones materiales en las dinámicas sociales que perpetúan la desigualdad y la violencia.
Aunado a ello, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contribuyó a esta agenda mediante la adopción de la Resolución 1325 (2000) y las subsecuentes resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad, dichos instrumentos ampliaron el alcance del debate internacional al reconocer que la construcción y consolidación de la paz no se puede materializar plenamente mientras las mujeres sigan excluidas en los procesos de negociación, reconstrucción y toma de decisiones en contextos de conflicto y posconflicto, en este sentido, la violencia de género dejó de ser concebida como un fenómeno asilado para ser entendido como un obstáculo directo para la seguridad y la estabilidad internacional, por lo que, la implementación práctica de esta agenda ha enfrentado limitaciones estructurales derivadas de la insuficiencia de recursos y de la persistente resistencia de los Estados y actores políticos para garantizar una participación sustantiva y efectiva de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones.
En consecuencia, este conjunto de instrumentos internacionales no puede ser entendido solo como un catálogo de disposiciones declarativas o programáticas, sino que constituyen la base jurídica sobre la cual se ha redefinido progresivamente la responsabilidad de los Estados ante a la violencia de género como problemática general en materia de derechos humanos, a partir de tratados, declaraciones y resoluciones, la comunidad internacional ha construido un entramado normativo que no solo se orienta a visibilizar y atender una realidad históricamente relegada al ámbito privado, sino también orientada a la transformación jurídica material.
Esto debido a que la mera existencia formal de estos instrumentos no garantiza su eficacia material, la distancia entre el reconocimiento normativo y su aplicación efectiva persiste ante una brecha estructural que es condicionada por obstáculos institucionales, culturales, económicos y políticos, lo que, limita la capacidad de los Estados para garantizar una protección real y efectiva de los derechos de las mujeres. Por lo que, resulta indispensable analizar críticamente el alcance, límites y tensiones de este sistema jurídico internacional, con el propósito de determinar si dichos preferentes normativos pueden fungir como mecanismos efectivos de protección.
Si bien, los Estados han ratificado instrumentos internacionales y adoptado discursos institucionales orientados a promover la igualdad de género, en la vida cotidiana las mujeres continúan enfrentando contextos persistentes de violencia, discriminación e impunidad, esto evidencia la distancia entre el compromiso formal y la realidad material, ya que, la mayoría de los tratados internacionales depende sustancialmente de la voluntad política de los Estados para su cumplimiento, si bien existen órganos de supervisión, comités especializados y tribunales regionales encargados de vigilar su observancia, sus decisiones frecuentemente carecen de mecanismos eficaces de ejecución o son desatendidas por los propios Estados obligados.
Por lo que, conductas como el acoso por medios digitales, la difusión no consentida de contenido íntimo, la violencia mediática digital o las prácticas de vigilancia tecnológica aún carecen de un marco normativo internacional sólido, uniforme y plenamente articulado, este vacío regulatorio -por ejemplo- refleja la existente brecha entre la acelerada transformación de las dinámicas sociales y la capacidad del derecho internacional para adaptarse oportunamente a nuevas formas de vulneración de derechos humanos.
MARCO JURÍDICO REGIONAL Y NACIONAL
En América Latina, uno de los instrumentos más importantes es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994), la cual, presenta un referente normativo porque reconoce expresamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y establece obligaciones concretas para los Estados en materia de prevención, investigación, sanción y reparación., la relevancia de este tratado también se da por su utilidad interpretativa para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como fundamento para mecanismos de seguimiento especializados, como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) que se encarga de evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados de la región.
Así, el desarrollo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es trascendental en la consolidación de estándares regionales de protección, si bien las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivan de controversias vinculadas a determinados Estados, sus criterios jurisprudenciales adquieren un alcance regional porque configuran parámetros obligatorios de interpretación y actuación para los Estados parte, algunos principios como la debida diligencia reforzada, la obligación de investigar con perspectiva de género y el deber de garantizar reparaciones integrales a las víctimas han trascendido el ámbito casuístico para incorporarse al acervo jurídico interamericano en materia de derechos humanos. En este sentido, la región actualmente ha avanzado en la materia; sin embargo, su eficacia práctica continúa condicionada por la voluntad política de los gobiernos y por la capacidad institucional de los Estados para materializar tales estándares en políticas públicas y mecanismos efectivos de protección.
En el ámbito nacional, México ha desarrollado de manera progresiva un marco jurídico orientado a atender las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1° y 4°, reconoce el principio de igualdad y establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo una perspectiva de género, en 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual, introdujo un modelo integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar diversas modalidades de violencia, entre ellas la física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y, posteriormente, la violencia digital incorporada mediante reformas legislativas ulteriores.
En materia penal, se incorporó la figura jurídica del feminicidio, lo cual, representó un avance significativo en el ámbito jurídico, político y social, al reconocer que los asesinatos de mujeres constituyen crímenes motivados por razones de género y no solo homicidios, esta tipificación permitió visibilizar una problemática históricamente oculta dentro de delitos generalizados; sin embargo, su aplicación práctica aun presenta diversas limitaciones estructurales, como la insuficiente capacitación de jueces, ministerios públicos y operadores jurídicos; la integración deficiente de carpetas de investigación sin perspectiva de género; la fragmentación estadística que dificulta dimensionar el fenómeno; y, especialmente, la persistencia de resistencias socioculturales que continúan negando el carácter estructural de la violencia contra las mujeres.
Aunado a ello, la incorporación de la Ley Olimpia evidenció la capacidad del orden jurídico mexicano para reaccionar a nuevas formas de violencia adaptadas a entornos digitales, sin embargo, a pesar del avance legislativo en el reconocimiento jurídico de conductas como la difusión no consentida de contenido íntimo, su implementación dista aún de alcanzar niveles homogéneos de eficacia, aún existe la ausencia de criterios uniformes en su aplicación, por lo que, en las entidades federativas las víctimas enfrentan obstáculos para acceder a mecanismos efectivos de justicia.
Otro mecanismo son las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, entendidas como medidas extraordinarias de intervención estatal ante un riesgo sistemático, las cuales, han contribuido a visibilizar la problemática y a generar presión política sobre gobiernos estatales y municipales, sus resultados materiales han sido limitados, aspectos como la insuficiencia presupuestaria, la inexistencia de consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de las medidas ordenadas y la debilidad de los mecanismos de evaluación y seguimiento provocan que las alertas operen como instrumentos administrativos y no como herramientas de protección efectiva.
Situación similar a la existencia de los refugios que son destinados a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, los cuales, constituyen un componente indispensable dentro de la política pública de protección, porque representan mecanismos inmediatos de resguardo ante a contextos de violencia extrema, no obstante, estos enfrentan constantemente restricciones presupuestarias, obstáculos administrativos y problemas de coordinación interinstitucional que comprometen su funcionamiento y continuidad operativa, estas deficiencias evidencian que la problemática de la violencia de género no se puede resolver solo mediante la creación formal de normas o instituciones, sino también se necesita de la voluntad política sostenida, financiamiento suficiente y una visión integral centrada en la protección efectiva de la vida, la dignidad y la integridad de las mujeres.
Lo anterior, evidencia una contradicción entre el avance normativo y la persistencia de prácticas estructurales de violencia, si bien América Latina cuenta con uno los marcos jurídicos más desarrollados en materia de protección de los derechos de las mujeres y México ha impulsado reformas legislativas de alcance significativo; tales avances no se traducen en transformaciones sustantivas dentro de la realidad cotidiana de las mujeres, quienes continúan enfrentando violencia, discriminación e impunidad en múltiples espacios sociales e institucionales, esta brecha entre norma y realidad demuestra la necesidad de incluir instituciones sólidas, recursos adecuados, políticas públicas integrales y procesos de transformación cultural orientados a eliminar los sesgos de género presentes en la administración de justicia y en las estructuras sociales.
Finalmente, los instrumentos como la Convención de Belém do Pará y del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos criterios han consolidado estándares relacionados con la debida diligencia, la investigación con perspectiva de género y la reparación integral de las víctimas, y en el ámbito nacional se ha avanzado en la construcción de un marco normativo amplio que incorpora el feminicidio y la violencia digital, la persistencia de una brecha estructural entre el reconocimiento formal de derechos y su materialización efectiva continua siendo el reto para garantizar su aplicación efectiva y sostenida.
LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO OBSTÁCULO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
La violencia de género supone una aproximación incompleta e insuficiente al concepto mismo de convivencia democrática, por lo que, la paz no puede entenderse solo como la ausencia de conflictos armados o de manifestaciones visibles de violencia, sino como la existencia de condiciones materiales y simbólicas que permitan a todas las personas desarrollar su vida en condiciones de dignidad, igualdad y seguridad, así las múltiples violencias que enfrentan cotidianamente las mujeres —en el ámbito doméstico, laboral, político, comunitario y digital— evidencian que las sociedades contemporáneas aún se encuentran lejos de alcanzar una paz sustantiva y plenamente incluyente.
La gravedad de este fenómeno radica en su carácter estructural y sistemático, en donde la violencia contra las mujeres constituye la manifestación visible de condiciones históricas, políticas, jurídicas y culturales que posibilitan su reproducción y perpetúa escenarios de impunidad que colocan a las mujeres en condiciones permanentes de subordinación y vulnerabilidad, en tanto, dichas estructuras permanezcan intactas, cualquier discurso sobre paz carecerá de contenido material y operará únicamente en un plano retórico o simbólico.
En México diversos acontecimientos han evidenciado el incumplimiento de sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, casos como los asesinatos de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia no solo conmocionaron a la opinión pública por la brutalidad de los hechos, sino también por las formas de revictimización institucional y mediática que acompañaron ambos casos, actos como la difusión de imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla por diversos medios de comunicación puso de manifiesto la persistencia de prácticas que vulneran la dignidad de las víctimas incluso después de su muerte, mientras que el feminicidio de Fátima Cecilia, ocurrido en 2020, evidenció deficiencias en los mecanismos de protección institucional hacia la niñez y las mujeres, estos crímenes trascienden el ámbito individual o familiar, y erosionan la confianza social en las instituciones, normalizan la violencia y consolidan percepciones colectivas de inseguridad e impunidad, por lo que, resulta legítimo cuestionar la viabilidad de hablar de paz en un país donde las mujeres continúan siendo privadas de la vida por razones de género de manera sistemática y persistente.
La violencia de género también se expresa en la política, como en el caso de Gisela Gaytán, asesinada mientras iniciaba su campaña en Guanajuato en 2024 evidencia que incluso en los espacios públicos, la idea de paridad en las candidaturas se convierte en una trampa cuando no hay garantías mínimas de seguridad, por lo que, sin condiciones reales de igualdad y protección, la paz democrática es solo un espejismo.
En América Latina, en países como Guatemala, la Corte Interamericana condenó al Estado por su falta de investigación de feminicidios; en Argentina a pesar de sus leyes de protección contra la violencia, la sociedad se conmovió en 2021 con el feminicidio de Úrsula Bahillo, quien ya había denunciado varias veces a su agresor sin recibir protección; en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció que la violencia sexual contra mujeres indígenas fue utilizada como estrategia de control en el conflicto armado, lo que estos casos comparten en común, es que todos muestran que la violencia de género es un problema estructural.
Cuando las obligaciones estatales no se cumplen surge una fractura en la confianza social, y la paz, entendida como un orden incluyente se vuelve imposible si las mujeres no tienen acceso efectivo a la justicia, por lo que, la violencia de género es más que una violación a derechos humanos, es un obstáculo real para la paz, porque erosiona la democracia, debilita al Estado y condena a las mujeres a vivir en condiciones de inseguridad permanente, porque mientras no se reconfigure el sistema que la sostiene, no se podrán garantizar condiciones para una vida libre de violencia para las mujeres. Por ello, la violencia de género va en detrimento de la paz a partir de tres dimensiones interconectadas:
En el plano jurídico
Cuando no se investiga ni sanciona a quienes violentan a las mujeres, existe una omisión directa a tratados internacionales ratificados por los Estados, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará ante la falta de cumplimiento generando “violencia institucional” en donde el propio Estado se convierte en reproductor de la violencia porque incumple su deber de proteger, es por ello, que el derecho debe ser una herramienta emancipadora no un espacio donde las víctimas encuentran indiferencia y revictimización.
En el plano político
La violencia de género limita la participación de las mujeres en la vida pública, aunque se hable sobre la paridad formal en cargos de elección, esta se da en condiciones en las que, la violencia política se materializa a partir del hostigamiento, amenazas y asesinatos lo que evidencia que la igualdad sustancial no es una la realidad, porque no solo priva a las mujeres de ejercer plenamente sus derechos, sino que atenta contra la democracia al excluir voces y perspectivas fundamentales en la toma de decisiones.
En el plano social y cultural
La violencia de género produce efectos desestabilizadores en el tejido social porque genera contextos de miedo, inseguridad y desconfianza colectiva, situaciones como el feminicidio, la violencia doméstica y el acoso sexual transmiten un mensaje simbólico de subordinación estructural, es decir, la idea de que la vida, el cuerpo y la dignidad de las mujeres poseen un valor social inferior respecto de los hombres, en tanto que, la reproducción cotidiana de estas prácticas no solo normaliza la desigualdad, sino que además fortalece un orden patriarcal sustentado en relaciones asimétricas de poder que erosionan progresivamente la cohesión social y debilitan las bases materiales de la convivencia democrática.
Otro aspecto preocupante radica en la persiste de la violencia de género incluso en contextos caracterizados por una aparente estabilidad social o ausencia de conflictos armados internos, es decir, existen Estados a pesar de no estar precisamente en condiciones de guerra presentan índices altos de casos de feminicidios, violencia sexual y agresiones sistemáticas contra las mujeres, esto evidencia que la ausencia formal de guerra no garantiza, por sí misma, condiciones efectivas de seguridad, libertad e integridad para las mujeres, ante dicha situación las ideas tradicionales de paz son limitadas mientras subsistan formas estructurales de violencia de género ninguna sociedad puede considerarse verdaderamente pacífica en un sentido sustantivo e incluyente.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la violencia de género constituye un obstáculo estructural para la construcción de paz, porque restringe y vulnera el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, así la jurisprudencia internacional ha reconocido esta dimensión estructural de la violencia, como en el caso Fernández Ortega y otros vs. México (2010), en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la violencia sexual perpetrada por elementos militares contra una mujer indígena no solo implicó una grave afectación a su integridad personal, sino que además evidenció patrones institucionales de discriminación, impunidad y exclusión estructural sostenidos por agentes estatales.
Este precedente advertir que la violencia contra las impacta directamente en la estabilidad social, la legitimidad institucional y la consolidación de la paz, por lo que, mientras las violencias basadas en género continúen siendo toleradas, minimizadas o reproducidas por las propias estructuras estatales y sociales, la paz permanecerá como una aspiración limitada por condiciones persistentes de desigualdad y exclusión.
DESAFÍOS ACTUALES
La violencia de género en América Latina, y particularmente en México, no puede comprenderse como una suma de hechos, sino como la manifestación de una estructura de poder sostenida por la impunidad, la corrupción institucional y la permanencia de un orden patriarcal que permea las leyes, las instituciones y las prácticas sociales, en este sentido la aparente contradicción entre los avances jurídicos en materia de derechos de las mujeres y la persistencia cotidiana de la violencia revela que el problema no radica solo en la insuficiente aplicación de las normas, sino en la existencia de estructuras políticas, culturales e institucionales que limitan la eficacia transformadora del derecho, por lo que, aunque el derecho internacional y los marcos normativos nacionales han ampliado de manera significativa el reconocimiento formal de los derechos humanos de las mujeres, la realidad demuestra que dichos avances continúan enfrentando resistencias estructurales que reproducen condiciones de desigualdad, tolerancia institucional e impunidad, impidiendo que las garantías jurídicas se traduzcan plenamente en mecanismos efectivos de protección y acceso real a una vida libre de violencia.
Impunidad estructural
Esta es uno de los principales factores que sostienen y reproducen la violencia de género en México, los delitos cometidos contra las mujeres no siempre concluyen en una sentencia condenatoria, situación que trasciende la mera ineficiencia judicial y revela una falla estructural del sistema de procuración e impartición de justicia, “La impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018, párr. 209). Cada denuncia desestimada, cada investigación integrada sin perspectiva de género y cada expediente archivado sin agotarse las diligencias necesarias refuerzan un mensaje de tolerancia institucional frente a la violencia. En este contexto, la impunidad deja de ser únicamente un déficit procesal para convertirse en una forma de violencia institucional, en la medida en que el propio Estado incumple su obligación de garantizar protección, acceso a la justicia y reparación efectiva. Así, la omisión estatal no solo amplifica el daño sufrido por las víctimas, sino que además genera desconfianza social hacia las instituciones y desalienta la denuncia de nuevas agresiones.
Feminicidios: la expresión más extrema
Los feminicidios representan la manifestación más extrema de la violencia estructural contra las mujeres porque casos como los de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia, ocurridos en 2020, evidenciaron no solo la gravedad de la violencia feminicida en México, sino también las profundas deficiencias institucionales para prevenir, investigar y sancionar este tipo de delitos, Lagarde (2006) sostiene que el feminicidio representa “el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres” (p. 221). Estos hechos permiten advertir que los feminicidios no pueden atribuirse exclusivamente a conductas individuales, sino que constituyen el resultado de un entramado estructural caracterizado por omisiones institucionales, negligencia estatal y persistentes condiciones de impunidad.
Violencia política contra las mujeres
La violencia política de género constituye uno de los desafíos más complejos para las democracias contemporáneas, a pesar de la incorporación del principio de paridad en México como un avance significativo en materia de representación política, su implementación ha evidenciado la persistencia de múltiples formas de violencia dirigidas a obstaculizar su participación en los espacios de toma de decisiones, como el asesinato de la candidata Gisela Gaytán en Guanajuato durante el proceso electoral de 2024 ejemplifica cómo la incursión de las mujeres en la vida pública continúa desarrollándose en contextos de riesgo y hostilidad, por lo que, la violencia política contra las mujeres comprende “todas aquellas acciones u omisiones, incluida la tolerancia, basadas en elementos de género y ejercidas dentro de la esfera pública o privada” (OEA, 2017, p. 13).
Debilidad institucional y corrupción
La debilidad institucional constituye otro de los factores que profundizan la problemática de la violencia de género en la región, porque mientras las fiscalías carecen de personal especializado, y de refugios que no son financiados lo deficiente, cuerpos policiales sin protocolos homologados de actuación y órganos jurisdiccionales que reproducen estereotipos discriminatorios generan condiciones adversas para el acceso efectivo a la justicia, Según Transparencia Internacional (2023), “la corrupción y la debilidad institucional erosionan la capacidad de los Estados para garantizar derechos fundamentales y acceso efectivo a la justicia” (p. 4), así como la corrupción institucional, reflejada en la manipulación de expedientes, el archivo indebido de investigaciones y la intervención irregular en procesos judiciales, circunstancias que contribuyen a consolidar escenarios de impunidad y desprotección.
Violencia contra defensoras y periodistas
Un aspecto particularmente preocupante, aunque frecuentemente invisibilizado, es la violencia ejercida contra defensoras de derechos humanos y periodistas, en México, Honduras y Colombia, las mujeres denuncian violaciones a derechos humanos mientras investigan redes de violencia o visibilizan problemáticas de género suelen convertirse en objeto de amenazas, hostigamientos, persecución e incluso asesinatos, la CIDH (2019) advirtió que las mujeres periodistas y defensoras enfrentan “formas diferenciadas de violencia basadas en género, incluidas amenazas sexuales, hostigamiento y campañas de desprestigio” (p. 37), lo cual, evidencia la coexistencia entre violencia de género, violencia política y dinámicas criminales, generando contextos de alto riesgo que afectan no solo la integridad y seguridad de las mujeres, sino también derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la defensa de los derechos humanos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de la violencia contra las mujeres como obstáculo para la construcción de la paz evidencia una contradicción entre el desarrollo formal del marco jurídico y la realidad cotidiana, a pesar de existen tratados internacionales, criterios jurisprudenciales y políticas públicas orientadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres, la persistencia de altos índices de violencia demuestra que el reconocimiento formal de derechos resulta insuficiente cuando no se acompaña de mecanismos eficaces de implementación y garantía, lo que, obliga a replantear críticamente el papel del derecho, la legitimidad de las normas y su capacidad real para transformar las condiciones materiales de vida de las personas, por lo que, los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales” (ONU, 1995, párr. 18).
La consolidación de la violencia de género como un asunto de derechos, en donde, los instrumentos internacionales como la CEDAW y la incidencia de los movimientos feministas y organismos internacionales, han permitido visibilizar la violencia contra las mujeres como una violación a la dignidad humana y al principio de igualdad, este cambio ha generado nuevas obligaciones estatales y fortaleció las exigencias sociales de protección; sin embargo, persiste una brecha entre el reconocimiento jurídico y la garantía efectiva de los derechos.
El desarrollo de estándares internacionales en materia de debida diligencia, responsabilidad estatal y reparación integral constituye un avance importante para los sistemas nacionales de protección, pero su impacto continúa limitado por factores estructurales como la insuficiencia presupuestaria, la falta de capacitación especializada y la persistencia de prácticas discriminatorias dentro de los sistemas de justicia, en este sentido, se configura una paradoja evidente: mientras el marco jurídico internacional se fortalece progresivamente, la CEDAW reconoce que “la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana” (ONU Mujeres, 1979, p. 2), esto aunado a que los Estados continúan mostrando deficiencias institucionales para garantizar una respuesta efectiva frente a la violencia de género.
La existencia de formas de cumplimiento meramente simbólico, Bourdieu (1998) advierte que “la fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de justificación” (p. 22), porque los Estados adoptan leyes, crean instituciones o diseñan protocolos con el objetivo de demostrar avances ante organismos internacionales; sin embargo, la persistencia de procesos judiciales revictimizantes, investigaciones deficientes y respuestas institucionales marcadas por estereotipos de género demuestra que el derecho funge como un instrumento de legitimación política más que como un mecanismo efectivo de transformación social.
La violencia contra las mujeres no puede desvincularse de las condiciones estructurales que la producen y reproducen, Galtung (1969) sostiene que la violencia existe cuando “las realizaciones efectivas de los seres humanos se encuentran por debajo de sus realizaciones potenciales” (p. 168), entre ellas la pobreza, la desigualdad económica, la exclusión política, la precarización laboral y el acceso desigual a servicios básicos, ya que estas condiciones incrementan los niveles de vulnerabilidad y consolidan dinámicas de violencia sistemática que trascienden el ámbito individual, por tanto, aunque la sanción penal resulta necesaria, es insuficiente como estrategia exclusiva de atención, así la respuesta estatal requiere una perspectiva integral que incluya educación con enfoque de género, fortalecimiento institucional, acceso efectivo a servicios de salud, políticas sociales incluyentes y procesos de transformación cultural orientados a erradicar la normalización de la violencia.
La falta de respuestas eficaces, la persistencia de prejuicios de género y la impunidad generalizada generan entre las víctimas sentimientos de desprotección, frustración y abandono institucional. Esta situación no solo afecta a las mujeres que enfrentan procesos judiciales, porque “No puede existir democracia ni paz mientras las mujeres continúen viviendo bajo condiciones sistemáticas de violencia y discriminación” (CEPAL, 2022, p. 15), sino que deteriora la legitimidad del Estado y debilita la confianza colectiva en el sistema democrático, por lo que, una democracia incapaz de garantizar protección igualitaria y acceso efectivo a la justicia difícilmente puede considerarse plena.
Finalmente, la idea de una sociedad pacífica resulta incompatible con contextos caracterizados por altos índices de feminicidio, violencia sexual e impunidad institucional, en donde la paz no puede reducirse a la mera ausencia de conflicto armado, sino que implica condiciones reales de justicia, igualdad y dignidad para todas las personas, por lo que, la violencia contra las mujeres constituye uno de los principales obstáculos para la consolidación de una paz sustantiva, pues niega de manera sistemática los principios fundamentales sobre los cuales descansa una convivencia democrática e incluyente.
APORTACIONES
La evidencia ante la contradicción situada entre el amplio contenido normativo y la persistencia de la violencia en la vida diaria de las mujeres evidencia una tensión medible no solo por la cantidad de disposiciones sino por su capacidad de modificar realidades concretas, con esto se aporta un diagnóstico que obliga a replantear la forma en que la academia y las instituciones valoran los avances normativos.
En enfoque empleado que aporta herramientas conceptuales y analíticas, el concepto mismo de violencia estructural, desarrollado por Galtung permite comprender cómo las desigualdades institucionalizadas generan daño, aunado a ello las condiciones de género reproducen patrones estructurales de discriminación presentes en la producción y/o aplicación del Derecho, aspectos como la noción de debida diligencia reforzada eleva los estándares para evaluar si los Estados previenen, investigan y sancionan adecuadamente la violencia de género, así las herramientas de diagnóstico institucional y políticas públicas como protocolos de atención, sistemas de alerta, estadísticas con perspectiva de género o evaluaciones de impacto, permiten identificar fallas estructurales en las instituciones encargadas de garantizar derechos; por lo que, se trata de mecanismos que facilitan un análisis integral que explica por qué la violencia contra las mujeres refleja un orden social desigual.
El trabajo entrelaza conceptualmente la violencia de género con la reflexión sobre la paz tradicional, es decir, bajo una perspectiva de paz positiva se busca que ambas dimensiones rompan con la noción limitada de paz como mera ausencia de guerra y se propone una visión positiva, en la que justicia e igualdad se vuelven requisitos indispensables, este aporte abre un campo de reflexión que enriquece tanto la teoría jurídica como la teoría política y los estudios internacionales.
La violencia contra las mujeres no puede seguir tratándose como un tema aislado, sino desde su dimensión estructural que afecta la legitimidad del Estado, erosiona la democracia y debilita la confianza ciudadana, se aporta un argumento fuerte para colocar su erradicación en el centro de la agenda pública, por lo que, la una exigencia ética y política que define la solidez de un Estado.
CONCLUSIÓN
La existencia de tratados, leyes e instituciones es un avance, pero la violencia persiste y contrasta con el desgaste de la legitimidad jurídica que muestra que la igualdad proclamada todavía no es igualdad material, porque situaciones como la impunidad se han insertado en las estructuras y se ha normalizado, por lo que, la paz no puede entenderse como ausencia de guerra, sino como una responsabilidad es compartida, que corresponde a los poderes públicos y a la sociedad civil.
El derecho se materializa por una parte de la voluntad política, recursos suficientes y una cultura jurídica que procure la dignidad de las mujeres, en casos donde la justicia revictimiza, las instituciones carecen de recursos o donde la sociedad normaliza la subordinación de las mujeres, no puede hablarse de paz ni de Estado de derecho en sentido pleno, aquí se rompe con la idea de que la violencia de género solo afecta a las víctimas directas.
Una norma que no se aplica, un protocolo que no se sigue, una sentencia que no se cumple, generan una violencia estructural, por lo que la verdadera eficacia de las normas se traduce en la posibilidad y condiciones reales para que las mujeres vivan sin miedo, así la erradicación de la violencia contra las mujeres es la condición indispensable para que exista paz en sentido profundo y democracia con legitimidad real, el reto está planteado para legisladores, jueces, académicos y sociedad civil, porque solo si se asume esa responsabilidad con seriedad podrá cumplirse la promesa de un derecho que no se limite a proclamar igualdad, sino que la garantice en los hechos.
REFERENCIAS
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