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Los juicios contra Donald Trump en el contexto del proceso electoral de Estados Unidos
José Antonio Ruíz Rosales
José Antonio Ruíz Rosales
Los juicios contra Donald Trump en el contexto del proceso electoral de Estados Unidos
The trials against Donald Trump in the context of the United States electoral process
Ius Comitiãlis, vol. 9, núm. 17, pp. 119-138, 2026
Universidad Autónoma del Estado de México
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Resumen: En el contexto de la carrera presidencial de 2024 en Estados Unidos ha surgido la interrogante de la viabilidad legal y constitucional de Donald Trump como candidato republicano. El presente trabajo de investigación estudia un entramado de casos, juicios penales, civiles y algunos procedimientos constitucionales sobre las demandas que enfrenta, desde 2020 Donald Trump, pero cuyos primeros resultados están emergiendo en plena carrera presidencial. Los juicios que se analizan en este artículo abarcan tres materias; algunos civiles, otros penales y otros de tipo electoral en las jurisdicciones federal y de algunos estados que le están prohibiendo a Trump participar como candidato. El objetivo del trabajo es describir los avances de los juicios para conocer en qué estado se encuentran y principalmente establecer si alguno de los resultados que se ha emitido en dichos casos hasta agosto de 2024, es suficiente para frenar las aspiraciones electorales de Donald Trump. En la parte final, se analiza la decisión de la Suprema Corte emitida en julio de 2024 que, al pronunciarse sobre la inmunidad presidencial, no le impide a Trump ser elegido nuevamente como presidente de los Estados Unidos.

Palabras clave: Derecho electoral, procesos penales, elecciones, tribunal constitucional, inmunidad presidencial.

Abstract: In the context of the 2024 presidential race in the United States, the question of the legal and constitutional viability of Donald Trump as a republican candidate has arisen. This research paper studies an array of criminal cases, civil trials and some constitutional procedures that Donald Trump has faced since 2020, while the first decisions have been emerging in the middle of the presidential race. The cases that are analyzed in this article encompass three legal areas; some are civil, some are criminal, and others are electoral arising from state jurisdictions prohibiting Trump from participating as a candidate. The objective of this paper is to describe the progress of such cases to get to know in what stage they’re in and mainly to establish whether any of the decisions up until august of 2024, will be sufficient to curb Donald Trump’s electoral aspirations. In the final part of the investigation, a Supreme Court decision on presidential immunity from July of 2024 is analyzed, an outcome which would not prevent Trump from being reelected as president of the United States.

Keywords: Electoral law, criminal proceedings, elections, constitutional court, presidential immunity.

Carátula del artículo

Artículos de investigación

Los juicios contra Donald Trump en el contexto del proceso electoral de Estados Unidos

The trials against Donald Trump in the context of the United States electoral process

José Antonio Ruíz Rosales
Universidad Autónoma del Estado de México, México
Ius Comitiãlis, vol. 9, núm. 17, pp. 119-138, 2026
Universidad Autónoma del Estado de México

Recepción: 08 Noviembre 2025

Aprobación: 19 Abril 2026

INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene como objetivo analizar los procesos judiciales que se han instaurado en contra de Donald Trump y que han salido a la luz pública e intensificado sus etapas procedimentales en los últimos tres años. La pregunta de investigación parte del supuesto de ¿Cuáles son los avances, resultados concretos en términos de los fallos que se han emitido en los procedimientos civiles, administrativos y penales que enfrenta Donald Trump en el contexto de la carrera presidencial de Estados Unidos en el año 2024? Para dar respuesta a la pregunta, el artículo se basa en un estudio empírico, recurriendo tanto a fuentes mediáticas, académicas e institucionales que complementan la presente investigación. El principal insumo es de medios digitales de información ya que existen escasas fuentes académico-jurídicas pertinentes sobre los procesos legales contra Donald J. Trump. Aunado a que, el fenómeno electoral lleva implícito el análisis de la opinión pública y son los medios quienes han dedicado sumo interés a los problemas legales de Trump.

La investigación se divide en los siguientes apartados. En el primero se realiza una breve descripción de los problemas de Donald Trump con la justicia de Estados Unidos, tanto en el ámbito fiscal, administrativo y penal, a través de los distintos juicios y procedimientos a los que se les ha sometido no sólo a él, sino a algunos de sus colaboradores más cercanos. En la segunda parte se analiza el contexto político y procesal del juicio que se le siguió a Donald Trump en un juzgado de Manhattan sobre los cargos de soborno a cambio de silencio (hush money trial). Lo relevante de este apartado, es que es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos de América es condenado en un juicio de orden penal. En el tercer apartado de la investigación se describen y analizan los pormenores de las decisiones judiciales emitidas por las supremas cortes de los estados de Colorado y Maine, en las cuales –en su momento– le prohibieron participar dentro de la jurisdicción de dichos estados en las elecciones federales. Aunque no todos los juicios son cosa juzgada, el relativo a su viabilidad como candidato y su inmunidad se resolvió a su favor ante la Suprema Corte de Estados Unidos (Trump v. United States). Sin embargo, el avance de otros casos representa por sí solos las contradicciones que puede haber entre los sistemas de justicia local y federal en Estados Unidos, los puntos de vista contrastantes de cortes de los estados y la federal. Finalmente, en el apartado número cuatro la investigación ofrece una explicación de las relaciones causa y efecto de los juicios y procedimientos que está enfrentando Trump en el contexto electoral de 2024. Por un lado, la investigación ofrece un panorama preciso de las fortalezas de Donald Trump frente a la justicia de Estados Unidos, y por el otro revela la falibilidad del propio sistema de justicia estadounidense y de la falta de reglas claras desde la Constitución, que se deberían imponer a un candidato dentro de un proceso electoral.

Como nota inicial, es importante tener en cuenta que el sistema electoral estadounidense elige en noviembre de cada cuatro a los electores que a su vez se erigen en colegio electoral en cada estado para nombrar al presidente de la república. Los electores votan el nombramiento y le hacen saber el resultado al congreso de la unión americana; y como acto final, en enero siguiente a las elecciones, el congreso otorga la investidura al nuevo presidente. Como se verá más adelante, algunos cargos que se le imputan a Trump surgieron en distintas etapas del procedimiento electoral en Estados Unidos, particularmente en su pretendida influencia para nombrar electores e impedir la investidura de Joe Biden en enero de 2021. En este sentido, una de las cuestiones jurídico-constitucional planteadas en el caso Trump v. United States, fue que si el presidente gozaba de inmunidad por ciertos actos oficiales. Aquí reside la excepcionalidad del caso Trump, se trata de un expresidente que enfrentó exitosamente todos sus procesos, tanto penales como administrativos y salió adelante en los de orden constitucional-electoral. No así en los asuntos menores de orden penal o del ámbito civil.

LOS PROBLEMAS DE TRUMP CON LA JUSTICIA

La teoría política y los estudios sobre la democracia llevan algunos años advirtiendo los peligros, autoritarismo e inercias de los sistemas democráticos (Levitsky y Ziblatt, 2018) y de los problemas irresolutos de sus propias dinámicas internas (Mouffe, 1999, p. 161) y en esta discusión sale a relucir el papel de los actores políticos, así como sus problemas con la justicia. Frum (2018) sostiene que el papel de Trump en la política de Estados Unidos ha erosionado al poder judicial. A juzgar por su intervención en Georgia al perder las elecciones en 2020, es importante considerar este tipo de problemas que combinan lo político y lo legal en los procesos democráticos (Isikoff y Klaidman, 2024) y, como se ha analizado en estudios recientes, el caso Trump muestra los graves riesgos de usar el derecho como arma política (Barak, 2024). En este sentido, Donald Trump sigue siendo el fenómeno más disruptivo de la política y la democracia en Estados Unidos, pues no se había tenido un perfil mediático y multimillonario como el para llegar a la presidencia por segunda ocasión. Aunque tampoco había tenido a un personaje político tan polémico. A tal grado que incluso algunos especialistas psiquiátricos de prestigiadas instituciones de salud mental del país publicaron un estudio sobre su persona bajo el lema de “deber de advertir o duty to warn” (Lee, 2019).

Bajo estas primeras consideraciones del estado del arte, en este momento histórico en que la democracia en Estados Unidos se encuentra severamente cuestionada tanto por la doctrina como por la clase política y el electorado (Lieberman y Mettler, 2023), Donald Trump es el candidato fuerte frente a un partido demócrata que ha perdido fuerza principalmente por la insatisfacción de los resultados de la administración Biden, y en especial por el papel que ha jugado el gobierno de Estados Unidos en la guerra en Ucrania y el ataque indiscriminado de Israel en la franja de Gaza. Aunque sus problemas con la justicia incidieron sobre su candidatura a partir del asalto al Capitolio en enero de 2021 y hasta pleno año electoral en 2024, se le ha sometido a diversos procedimientos de investigación en distintos ámbitos sin ningún avance sustancial, lo que muestra la necesidad de una reforma profunda al sistema legal de Estados Unidos (Barak, 2024).

Los problemas de Donald Trump con la justicia no son nada nuevos. Su emporio legal ha enfrentado alrededor de 4000 litigios documentados por lo menos en los últimos 40 años (Time, 2022). En diversas entrevistas Trump se ha jactado de ser una de las personas que conoce y domina completamente el código y el sistema fiscal de los Estados Unidos, y de que lo ha sabido usar a su favor. Su fama de artificios legales y fraudes traspasa la frontera México-Estados Unidos. En el 2009 se documentó un fraude inmobiliario sobre la venta de condominios en Baja California. Incluso incursionó en Estados Unidos en el sector educativo de nivel superior a partir de operaciones controversiales y engañosas mediante su “Trump University” (Hess, 2023).

Si bien, fue hasta que Donald Trump llegó a la presidencia de la república estadounidense cuando sus problemas legales comenzaron a tomar forma preocupante, porque demostraba que un hombre acaudalado podía manejar la ley desde la presidencia de la república para influir y presionar a distintos titulares de órganos jurisdiccionales. En algún momento Trump lanzó férreas críticas a la corte Obama, quejándose de los jueces constitucionales por sus supuestas adherencias ideológicas al partido demócrata. Comienza a recordar que fue la administración de Trump la que lanzó una andanada en contra de los jueces de la Corte Penal Internacional, estableciendo ciertas restricciones y negativas de visa a varios de sus miembros por haberse atrevido a investigar a personal militar de Estados Unidos (Human Rights Watch, 2020).

Así transcurrió el periodo presidencial 2016-2020 de Donald Trump, en el que hábilmente pudo sortear las distintas acusaciones y en especial la petición de acceder a sus registros de exenciones fiscales. Fue hasta noviembre de 2020, cuando perdió las elecciones ante Joe Biden y también durante todo el mes de diciembre de 2020, en que Donald Trump comenzó de manera desesperada a exponerse cada vez más a la justicia. La pérdida de la presidencia le llevó a plantear incluso la negativa a abandonar la oficina de la Casa Blanca y a prolongar el litigio postelectoral para que no hubiese posibilidades de que Biden ocupara la Casa Blanca. En los siguientes apartados, doy cuenta de los diversos juicios y procedimientos judiciales contra Trump en orden cronológico, tal y como han ido apareciendo en los medios de comunicación masivos.

EL CASO DE LA ELECCIÓN EN GEORGIA (2020)

Uno de los primeros casos que se derivan del intento de Trump por revertir el resultado de las elecciones (más que nada de su derrota) de noviembre de 2020, es el juicio penal que se le sigue en su contra en el estado de Georgia. Los hechos del caso consisten en una serie de datos que demuestran la presunta interferencia de Donald Trump para revertir el resultado de las elecciones en Georgia (que se definieron a favor del partido demócrata) y conseguir los votos para cambiar el resultado general a su favor, y así quedarse con los 16 electores que le corresponden al estado de Georgia en el colegio electoral, órgano que elige al presidente de Estados Unidos.

Oficialmente, Trump había perdido Georgia por 11770 votos y el resultado había sido confirmado por 2 conteos oficiales de las boletas electorales. El 14 de diciembre de 2020, se reunieron los electores ganadores del partido republicano en el capitolio de Georgia para hacer el voto formal, obviamente por Joe Biden como presidente. Pero al mismo edificio llegaron también los supuestos electores del partido republicano que alegaban ser los ganadores e hicieron una reunión equiparable a la oficial para elegir por su parte a Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos (The Guardian, 2023).

El enero de 2021, en una extensa llamada telefónica, Trump le pidió al secretario de gobierno del estado de Georgia, Bradd Raffensperger, en su calidad de oficial electoral del Estado, que modificara el conteo y le diera los 11000 votos que necesitaba para ganar (NY Times, 2023). Raffensperger era republicano, y de conformidad con las reglas electorales en Estados Unidos, era el jefe de las elecciones, quien custodiaba los resultados electorales. Tal como lo ordena la National Voter Registration Act of 1993 (NVRA), y quizás por ello Trump se dio el lujo de presionarlo en el sentido de que apoyara la voluntad de sus simpatizantes.

En agosto de 2023, la fiscalía de Georgia hizo pública la acusación en contra de Donald Trump y sus asociados por alrededor de 40 cargos distintos que se pueden resumir en extorsión e intromisión en el resultado electoral del estado de Georgia. De acuerdo con los datos del sitio noticioso PBS que publica el documento formal de acusación (PBS, 2023), los delitos por los que se le acusa son los siguientes: falsedad de declaraciones, falsedad de publicaciones, conspiración para declarar falsamente y para influenciar testigos, falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude electoral, conspiración para robar datos electorales, conspiración para allanar sistemas computacionales y usurpación de funciones públicas.

En septiembre de 2023, uno de los coacusados de Trump en el caso de Georgia, se declaró culpable de los cargos de algunos delitos menores y fue condenado a multas, trabajo comunitario y supervisión de libertad (NBC, 2023). Más tarde, se ha dado a conocer que otras tres personas imputadas se han declarado culpables de haber intentado falsificar documentos y declaraciones sobre los resultados de las elecciones (BBC, 2023).

Todo indicaba que el caso de la intromisión electoral en Georgia iba por un camino lento pero seguro para demostrar la ilegal interferencia, hasta que Trump y otros coacusados solicitaron a la corte la remoción de la fiscal que lleva el caso, Fani Willys. El juez no les dio la razón y apelaron, y en junio de 2024 surgió la noticia de que el tribunal superior aceptó suspender el juicio hasta que se resuelva el incidente sobre la remoción de la fiscal. En este sentido la Associated Press, en adelante AP (2024c) dio a conocer la noticia de que el Tribunal de Apelaciones de Georgia emitió una orden que impedirá que el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, avance con las mociones previas al juicio, tal como tenía previsto en lo que se resuelve la apelación. Aunque ya era poco probable que el caso llegara a juicio antes de las elecciones generales de noviembre, en las que se anticipa que Trump sea el candidato republicano a la presidencia, esto lo convierte en prácticamente un hecho.

Como lo ha hecho en otros litigios, Donald Trump ha intentado por todos lados frenar el avance del caso de extorsión electoral que se le sigue en Georgia mediante diversos medios de impugnación y centrando su estrategia en atacar cuestiones personales de los jueces, los fiscales, de los testigos o de los representantes de las partes. Se dice que el caso estará en apelación hasta octubre de 2024 y posiblemente se resuelva en 2025 (CNN, 2024a), lo que puede considerarse como una victoria de Trump porque impide que la cuestión de fondo siga hasta en tanto se resuelva el tema de la remoción de la fiscal, ya que las elecciones presidenciales son en noviembre de 2024.

EL CASO DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA ELECCION FEDERAL (PRESIDENCIAL)

El caso principal sobre los intentos de Trump de revertir los resultados de la elección presidencial del 3 de noviembre de 2020 se llevó a cabo en una Corte Federal de Columbia y se formalizó el uno de agosto de 2023.

Fue un hecho notorio y conocido no sólo en Estados Unidos sino a nivel mundial que Trump no reconoció los resultados electorales en los que perdió la reelección a la presidencia, y que desde el primer momento comenzó a cuestionar dichos resultados con mentiras y posturas abiertamente ilegales en los medios de comunicación, especialmente con discursos dirigidos a sus electores y correligionarios. El caso de Georgia es solo un ejemplo de la presión que ejerció Trump en otros 6 estados, también en contra de agencias federales. Incluso de cómo intentó convencer a su propio vicepresidente Mike Pence de mantenerlo en el poder y no reconocer a Biden.

Los cargos que se le han fincado a Trump son de conspiración para defraudar a los Estados Unidos de América, obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración en contra de los derechos de los estadounidenses y conspiración de obstrucción de un procedimiento oficial (AP, 2020).

La defensa de Trump alegaba que tenía derecho a cuestionar los resultados electorales, y a expresar públicamente su desacuerdo con ellos. Sin embargo, la acusación hace hincapié en que todo ello no se puede llevar a cabo de una manera deshonesta, con mentiras, queriendo manipular las instituciones del estado, presionando a titulares de diversas instancias, ni mucho menos usurpando funciones y manipulando a funcionarios públicos.

En una segunda etapa de este juicio, Trump impugnó las acusaciones en su contra alegando que como expresidente tiene inmunidad para enfrentar los cargos penales que le imputan. Sin embargo, una corte federal de apelaciones en febrero de 2024 rechazó su argumento, acudiendo el magnate en última instancia a la Suprema Corte de Estados Unidos que (como se analizará más adelante) le dio la razón al establecer que goza de inmunidad procesal (Trump v. United States).

EL CASO MAR-A-LAGO: SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS

En agosto de 2022, agentes del FBI llevaron a cabo un cateo en la residencia de Donald Trump conocida como Mar-a-Lago, en Miami. El objeto de la orden de cateo fue encontrar documentos clasificados pertenecientes al estado y que no debieron haber salido de la Casa Blanca o de otras oficinas o agencias que estaban obligadas a resguardarlas. Pero Trump las tenía en su casa, particularmente en la recámara de la residencia antes mencionada.

Es bien sabido el poder de las agencias federales de los Estados Unidos y de sus grandes capacidades de investigación de los delitos, de los grandes problemas globales, de las relaciones geopolíticas, de la propia seguridad nacional de Estados Unidos e incluso de la seguridad internacional. Y es el titular del poder ejecutivo en Estados Unidos quien tiene bastante poder sobre la información que manejan esas agencias; tales como el Departamento de Estado, del Pentágono, el FBI, la DEA, la CIA y todas las secretarías a cargo del ejecutivo.

En este caso lo que se le imputa a Donald Trump, es el manejo indebido de documentos que contienen información altamente clasificada o secreta, y que hay probables violaciones a la información, mismas que pudieran comprometer a fuentes humanas o testigos de dicha información (BBC, 2022). En este caso la defensa de Trump se ha centrado en que él dispuso de los documentos como parte de su función presidencial, y que, por lo tanto, le asiste la inmunidad presidencial para tenerlos en posesión, y en este aspecto que no sería un ilícito que los haya trasladado a su mansión en Miami (CNN, 2024b).

Dentro del juicio se han presentado varias incidencias que tienen que ver con la turbia manera en que Trump maneja sus litigios. Ya que, en más de una ocasión, se ha intentado destruir evidencias en algunos de sus casos. En julio de 2023 se acusó a un empleado del magnate de borrar los registros de las cámaras de seguridad, ya que en las grabaciones se podía advertir cómo movían documentos de la mansión donde fueron hallados los mismos. Al notar las anomalías, de inmediato fueron citadas a declarar las personas involucradas y uno de ellos fue imputado dentro de la misma causa (NY Magazine, 2023).

Otro de los problemas recurrentes de Trump es que habla demasiado, y en este asunto, en tres ocasiones se le ha cuestionado su forma de expresar ciertos temas y desavenencias. Asimismo, en el mes de mayo de 2024, según las fuentes periodísticas oficiales, Trump nuevamente encontró un motivo para detener o entorpecer el caso. Se afirma que algunos de los documentos y las cajas se han echado a perder, por lo que ya no constituyen evidencia fiable para probar en juicio, pues son los propios documentos los que constituyen el cuerpo del delito (CNN, 2024c).

El 24 de junio de 2024, se informó en medios que el fiscal especial Jack Smith pidió a la jueza federal de distrito Aileen Cannon, que emitiera una orden de silencio limitada, después de que Trump afirmara que los agentes que registraron su casa de Palm Beach en busca de documentos clasificados “estaban dispuestos a matarlo”; todo ello a pesar de que los agentes llevaron a cabo la búsqueda mientras él y su familia estaban fuera del estado (BBC, 2022). Los abogados de Trump alegaron en su momento de que se trataba de una estrategia legal para amordazar, ya que en esa semana tuvo lugar su debate contra Joe Biden por la presidencia de los Estados Unidos. Más allá de las cuestiones jurídicas que pudiera haber detrás de la orden de silencio, nuevamente reluce un elemento central en los juicios y procesos de Trump: enturbiar y acusar a algunos de los actores intervinientes, en este caso, a los agentes de policía del FBI para hacerse la víctima.

Sin embargo, el 15 de julio de 2024, una juez desechó por completo la demanda contra Trump. La desestimación alude a que el fiscal especial del caso no fue correctamente designado (El País, 2024b).

EL CASO DE FRAUDE CIVIL (NUEVA YORK)

Este asunto tiene que ver con el fraude del que se acusa a Trump, a sus hijos y gerentes de varias de sus empresas, por haber inflado el valor real de las acciones de su propiedad, hoteles, campos de golf, la Universidad Trump y otros negocios en el Estado de Nueva York. De acuerdo con los datos de la acusación civil, incoada por la fiscalía de Nueva York, al inflar el valor de sus empresas, sus propiedades y en general de su fortuna, obtuvo préstamos por millones de dólares que luego se negó a pagar o hizo pagos incompletos y tardíos. La inflación y la falsedad de los informes financieros de sus negocios le facilitaron préstamos con bancos y precios accesibles con aseguradoras.

En enero de 2024 se llevó a cabo el juicio, y los discursos de Trump nuevamente coincidieron con los señalamientos de que se trata de una cacería de brujas y que las acusaciones no son más que motivaciones políticas de los demócratas en su contra. En sus comparecencias ante el juez del caso, ha mencionado que “Soy un hombre inocente. Estoy siendo perseguido por alguien que se presenta a las elecciones y creo que hay que salirse de los límites”, ha continuado. “Esto es un fraude contra mí. Lo que ha pasado aquí, señoría, es un fraude contra mí”, ha insistido (El País, 2024a).

Los documentos legales dan cuenta de que:

El pago total y oportuno de los préstamos no extingue el daño que las declaraciones falsas causan al mercado. De hecho, la excusa común de que “todo el mundo lo hace” es razón de más para luchar por la honestidad y la transparencia y estar atentos al cumplimiento de las normas. Aquí, a pesar de los estados financieros falsos, es indiscutible que los demandados han realizado todos los pagos requeridos en tiempo; el próximo grupo de prestamistas que reciba declaraciones falsas podría no tener tanta suerte. Nueva York significa negocio en la lucha contra el fraude empresarial (Corte Suprema de Nueva York, 2024, p. 4).

El 16 de febrero de 2024, el Juez del caso en la corte de Nueva York, Artur F. Engordon, condenó a Trump, sus empresas y a sus codemandados (que incluye sus dos hijos Eric Trump y Donald Trump Jr.) a pagar 335 millones de dólares en pagos y compensaciones, y a otras especies de penas civiles en varios aspectos: se les prohibió dirigir o administrar alguna empresa en Nueva York por tres años, se les inhabilitó para obtener préstamos, y mejorar la información de sus estados financieros (Corte Suprema de Nueva York, 2024, p. 92).

Al tener conocimiento del fallo, su equipo legal dijo que es la culminación de una caza de brujas de varios años, impulsada políticamente, y que fue diseñada para derrocar a Donald Trump en las elecciones de 2024.

CASO STORMY DANIELS: LA COMPRA DE SILENCIO

Todo comenzó en junio de 2006 en el estado de Nevada; Trump asistía a un evento de golf en Lake Tahoe y la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels coincidía en el lugar. Tuvieron encuentros consentidos y se realizaron promesas de oportunidades laborales de parte del expresidente hacia Daniels que nunca se consumaron. Por su parte, Daniels durante una década continuó afirmando lo que había ocurrido con Trump, al grado de someterse a una prueba de polígrafo (Haag, 2024). Ya en julio de 2016, Trump lograría la nominación presidencial del Partido Republicano en la Convención Nacional Republicana de Cleveland, Ohio, mientras que Daniels consideraba seriamente publicar su relato del encuentro con el exmandatario.

En octubre de 2016, Keith Davidson, abogado de Daniels, se acercó a “The National Enquirer”, conocido y popular tabloide estadounidense para negociar una potencial publicación de la historia de Stormy (Haag, 2024). Sin embargo, un año atrás Trump, su abogado personal Michael Cohen y David Pecker, editor en jefe de dicho tabloide y cercano amigo del magnate, se habrían reunido en la Trump Tower en Nueva York, para pactar un plan consistente en “atrapar y matar” o “catch and kill” historias negativas sobre el empresario antes de las elecciones de 2016. Además, el editor en jefe se comprometió a ser los “ojos y oídos de la campaña”, y acordó alertar a Cohen en caso de escuchar cualquier cuestión perjudicial, particularmente proveniente de “mujeres queriendo vender historias sobre Trump” que pudiesen afectar sus posibilidades electorales hacia la presidencia (Durkee, 2024a). Tal fue el caso de Karen McDougal, quien al igual que Daniels, afirmaba haber sostenido una relación extramarital con el político y que se extendió durante aproximadamente diez meses. Con el objeto de encubrir dichos alegatos, Pecker terminó pagando a McDougal la cantidad de $150.000 dólares (Durkee, 2024b).

Si bien, cuando tocó el turno de Daniels, Pecker externó que no deseaba que se le asociara con una estrella del porno y “que no quería gastar más en acuerdos de dinero relacionados con acusaciones contra Trump”. Finalmente, quienes negociaron “la compra de silencio” en una serie de correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron el abogado de Stormy Daniels, Keith Davidson, y el abogado de Trump, Michael Cohen, quien, a finales del mes de octubre del 2016, transfirió $130.000 dólares de una entidad recién creada “Essential Consultants”, a Daniels. Unas semanas después, Trump ganaría la elección presidencial (Haag, 2024).

Ya en febrero de 2017, Cohen se reunió con Trump en la Oficina Oval para confirmar el pago de silencio que hizo a Stormy Daniels. Un mes antes, Cohen trazó el plan de pago con el entonces director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg. Según dicho plan, Cohen enviaría una serie de facturas falsas solicitando el pago de servicios legales que realizó de conformidad con un acuerdo de representación (retainer agreement) y recibiría cheques mensuales por $35.000 dólares hasta alcanzar un total de $420.000, para cubrir el pago de Daniels, sus impuestos y un bono (Del Valle, Scannell, Choi y Roberts, 2024).

Sin embargo, en enero de 2018 se suscitaría un giro inesperado en los acontecimientos. El reconocido diario “The Wall Street Journal” publicaría que, días antes de las elecciones de 2016, Daniels habría recibido la ya mencionada cantidad a cambio de su silencio. En abril de 2018, el FBI ejecutó una orden de registro contra Cohen, tanto en su oficina como en su domicilio particular. Mientras que el Departamento de Justicia confirmaba que el abogado de Trump estaba bajo investigación; eventualmente sería llevado a juicio. En agosto del mismo año, Cohen se declara culpable en un tribunal federal de Manhattan de dos cargos de realizar contribuciones ilegales a la campaña, en violación a las leyes federales de financiación de campañas, entre otros delitos. Asimismo, Cohen implica directamente a Trump en el plan que admite el pago de silencio a Daniels, agregando que el plan tenía “el objetivo principal de influir en las elecciones”. Su declaración motivaría a la Fiscalía del Distrito de Manhattan a iniciar una investigación sobre los controvertidos pagos de silencio (Cohen fue sentenciado a tres años de prisión, pena que cumplió tras las rejas y bajo arresto domiciliario).

Pasarían algunos años de las investigaciones iniciadas por el fiscal Alvin Bragg. El 30 de marzo de 2023, Trump fue imputado por un gran jurado de Manhattan por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales derivados del acuerdo para silenciar a Daniels. Ello convertiría a Trump en el primer presidente actual o anterior acusado penalmente en la historia de la nación. El magnate se entregó ante un tribunal penal del estado de Nueva York el 4 de abril de 2023, y se declaró inocente de todo cargo (Del Valle, Scannell, Choi y Roberts, 2024). Transcurrió poco más de un año entre artimañas y tácticas de la defensa de Trump para demorar el proceso penal: entre intentar trasladar su caso del tribunal estatal de Nueva York, a un tribunal federal (Sisak y Neumeister, 2023); apelar la decisión que permitía continuar el juicio en Nueva York (Sisak, 2023a); incluso intentar remover al juez Juan Manuel Merchán del caso, argumentando mantener prejuicios contra el exmandatario y por ende, cuestionando su imparcialidad (Sisak, 2023b).

Ocurrido lo anterior, a mediados de marzo de 2024, la Fiscalía del Distrito de Manhattan declaró estar dispuesta a retrasar el inicio del juicio de Trump hasta por 30 días, después de recibir miles de páginas de registros de fiscales federales en Nueva York. Mientras que la selección del jurado estaría programada para el 25 de marzo. Los abogados del expresidente por su parte buscaban un retraso de 90 días o la desestimación de los cargos en su contra, alegando violaciones de lo que se conoce como “discovery process”, etapa procesal en donde las partes en el caso intercambian evidencias. Sin embargo, el juez Merchán ordenó que el juicio iniciara el 15 de abril, rechazando los llamados de la defensa de posponerlo hasta el verano o desestimar los cargos por completo (Del Valle, L., Scannell, Choi y Roberts, 2024). Merchán además emitió una orden de silencio (gag order), prohibiendo a Donald Trump comentar públicamente sobre los testigos, los fiscales, el personal del tribunal y los jurados en su juicio, enfatizando en el historial del exmandatario de comentarios “amenazantes, incendiarios y denigrantes” sobre las personas involucradas en sus casos legales (Sisak, 2024a). No obstante, el expresidente recibiría varias amonestaciones y multas del magistrado Merchán en diversos momentos del juicio por desacatar dicha prohibición.

A manera de último recurso por parte de la defensa de Trump, sus abogados nuevamente solicitaron posponer el juicio, hasta que la Suprema Corte se pronunciara sobre la supuesta inmunidad presidencial del magnate en otro asunto, el relativo al caso de interferencia electoral presidencial y que derivó al ataque al Capitolio en Washington, D.C. Si bien, la estratagema fue denegada por el juez Merchán, argumentando extemporaneidad en la solicitud (Sisak, 2024b). En definitiva, el juicio inició el 22 de abril y concluyó el 30 de mayo de 2024 con una sentencia nada favorable para el empresario; Trump sería encontrado culpable de los 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales (Suprema Corte del Estado de Nueva York, New York v. Trump, Verdict Sheet, 2024).

LOS CASOS DE PROHIBICIÓN A TRUMP PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES DE 2024 (COLORADO, MAINE E ILLINOIS)

Los procedimientos contra Donald Trump cuestionan su legalidad, su trabajo, su ética, su honestidad y la confianza que se le puede depositar como titular del poder ejecutivo, y por supuesto, como la cabeza del gobierno más poderoso del mundo. Hasta antes de su intervención como presidente del 2016 al 2020, todos sus problemas legales no necesariamente implican una prohibición para participar en las elecciones; pero en algunos estados de la unión americana se le está cuestionando que una persona envuelta principalmente en los eventos del 6 de enero de 2021, que pretendían impedir el nombramiento de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de América, instigaran la toma del congreso y el asalto al proceso de nombramiento del nuevo presidente. Y en este sentido, se dice que hay una prohibición constitucional para que un insurrecto aspire a la presidencia de Estados Unidos, ya que precisamente ha intentado rebelarse contra el Estado mismo y sus instituciones. Es algo así como un requisito de elegibilidad de que una persona no atente contra las instituciones de Estados Unidos o conspire para su derrocamiento. Se trata de la 14a Enmienda, Tercera Sección que dice:

Sección 3. Ninguna persona podrá ser Senador o Representante en el Congreso, ni elector de Presidente y Vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, en los Estados Unidos o en cualquier Estado, que, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, habrá participado en una insurrección o rebelión contra la mismo, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicha discapacidad.

Este es el punto central desde la constitución para ponerle un freno de mano a Donald Trump. El tema no se ha discutido en la doctrina constitucional de Estados Unidos, pues casi todo el análisis de la 14a Enmienda gira en torno al debido proceso y no había surgido un interés sobre este requisito de inelegibilidad, pero llama la atención que se trata de una norma que también prohíbe la postulación de la persona que se ubique en dicha hipótesis para cargos civiles, militares y para el Congreso de Estados Unidos.

Aunque para comprender dicha inelegibilidad es importante analizar el origen histórico de la Sección 3, dentro de la Enmienda; misma que fue agregada en 1868 para evitar que los confederados derrotados regresaran a sus antiguas posiciones de poder en el gobierno local y federal. La Enmienda prohíbe ocupar un cargo a cualquiera que haya roto un juramento de apoyar la Constitución. De esta forma, la Sección en análisis se utilizó para impedir a una amplia gama de ex confederados ocupar puestos que iban desde sheriff local hasta integrante del Congreso, aunque cayó en desuso después de una amnistía del Congreso (para la mayoría de los derrotados confederados) en 1872. Historiadores del derecho estadounidense han considerado que la única vez que esta disposición fue utilizada en el siglo XX, fue en 1919, cuando fue citada para negar un escaño en la Cámara a un socialista que se había opuesto a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ha resurgido como parte del constitucionalismo prohibicionista en Estados Unidos a raíz del ataque al Capitolio del 6 de enero (Riccardi & Sharp, 2023).

a) Trump v. Anderson (Colorado)

La idea de prohibir a Trump participar en las elecciones, surge de un grupo de ciudadanos demócratas que, en septiembre de 2023, invocando el código electoral de Colorado y la Enmienda 14 en su Tercera Sección, le solicitan a la Corte del Distrito del estado de Colorado prohibir a Trump aparecer en las boletas electorales para las elecciones primarias de 2024. Aunque la Corte de Distrito concluyó que la 14ª Enmienda en su Tercera Sección no aplicaba a Trump, y que éste debía aparecer en las boletas electorales del estado (State of Colorado District Court, Anderson v. Griswold, 2023, pp. 101-102).

La decisión fue apelada y se presentó ante la Suprema Corte de Colorado, debatiéndose dos aspectos de tipo electoral y constitucional; por un lado, si la mera participación de Trump en incitar a sus correligionarios, electores y votantes, así como a todos sus simpatizantes a participar en el asalto al Capitolio, es ya de por sí un hecho notorio que lo coloque en la hipótesis prevista en la tercera sección de la enmienda 14. Y por el otro lado, en su momento la Suprema Corte de Colorado discutió si todo ello tiene que ser probado mediante un juicio, entonces señalar o prohibirle a Trump aparecer en la boleta, es posible mediante el debido proceso.

Estos hallazgos respaldan la conclusión de que los llamados del presidente Trump durante su discurso en enero de 2021, probablemente incitaron a la anarquía y violencia. Cuando el presidente Trump les dijo a sus seguidores que se les “permitía seguir reglas muy diferentes” y que, si no lo hacían “luchar como el infierno”, ya no “tendrían un país”, era probable que sus partidarios prestaran atención a sus estímulos y actuaran violentamente. Por lo tanto, la Corte Suprema estatal sostuvo que se había cumplido este último aspecto de la prueba de Brandemburgo (Corte Suprema del Estado de Colorado, Anderson v. Griswold, 2023, pp. 132-133).

Así pues, en el caso se pusieron a prueba dos lineamientos para establecer cuándo un discurso puede incitar a la violencia y deja de ser un discurso protegido por la libertad de expresión, para pasar a ser un discurso que incita a las ilegalidades. Se utilizó el precedente de Brandenburg v. Ohio, 395 US 444 (1969) para juzgar si Trump había incurrido en ese supuesto. En diciembre de 2023 la Suprema Corte de Colorado estableció que Donald Trump debía ser removido de la boleta electoral en ese estado para las elecciones del 2024, por su participación en incitar a la insurrección e infringir con ello la Sección Tercera de la 14a Enmienda (Corte Suprema del Estado de Colorado, Anderson v. Griswold, 2023, p. 132).

De inmediato Trump y sus abogados declararon que se trataba de un ataque político que violaba el orden constitucional y que acudirían a la Suprema Corte de Estados Unidos para restaurar dicho orden. Y así fue, ya que, en marzo de 2024, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió su fallo dándole la razón a Trump y su equipo legal. Entre otros argumentos, la Suprema Corte primeramente dijo que la elección presidencial es una cuestión federal sobre la cual los tribunales de los estados no deberían pronunciarse, los locales no tienen competencia para hacer cumplir o juzgar asuntos relacionados con la Enmienda 14, Sección Tercera. Además, se hizo notar que la inelegibilidad o descalificación para participar en las elecciones presidenciales, debe hacerse a través del debido proceso. En particular sostuvo que:

La descalificación podría ser sólo posible a través de un proceso penal, a diferencia de procedimientos civiles acelerados, en particular los Estados. De hecho, en algunos estados, a diferencia de Colorado (o Maine, asunto que se analizará a continuación), los procedimientos para excluir a un candidato no elegible de la boleta pueden no ser válidos. El resultado bien podría ser que un solo candidato sería declarado inelegible en algunos Estados, pero no en otros, basado en la misma conducta (y tal vez incluso en el mismo expediente de hechos). (Suprema Corte de Estados Unidos, Trump v. United States, 2024, p. 12).

En vista de este fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, se puede afirmar que ya hay un criterio uniforme, o que por lo menos va a permear en otros casos para permitirle a Trump participar en las elecciones, a pesar de la descalificación que muchos electores piensan o le achacan. También llama la atención cómo en un sistema federal en efecto los sistemas locales pueden imponer ciertas reglas o restricciones, pero ante un escenario de elecciones federales esto puede conducir a un caos de que un candidato pueda participar en un estado y en otro no. Por lo cual, este caso seguirá siendo materia de análisis constitucional y electoral al menos durante los años en que Trump permanezca políticamente activo.

b) Trump v. Bellows (Maine)

El segundo estado que prohibiría a Trump presentarse a las elecciones presidenciales del 2024 sería Maine, por conducto de la secretaria de estado Shenna Bellows. El 28 de diciembre de 2023, Bellows acordó que el expresidente no podría presentarse a las primarias en ese estado invocando (al igual que Colorado) la 14a Enmienda de la Constitución (El País, 2023). Su resolución enfatizó en el papel de Trump en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, estableciendo en su conclusión lo siguiente: “soy consciente de que ningún secretario de estado ha privado jamás a un candidato presidencial el acceso a las urnas basándose en la Sección Tercera de la 14a enmienda. Sin embargo, también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca en una insurrección” (Riccardi & Sharp, 2023). En cuanto al asalto al Capitolio, la secretaria en su documento de 34 páginas lo catalogó como sin precedentes y trágico, añadiendo que fue un ataque no solo contra el Capitolio y los funcionarios del gobierno, sino además un ataque contra el estado de derecho. Concluyendo que, “la constitución de los Estados Unidos no tolera un asalto a los cimientos de nuestro gobierno” (Department of the Secretary of State of Maine, Ruling of the Secretary of State, 2023).

Desde luego que la respuesta del equipo legal del expresidente no tardaría en llegar, y la apelación a la decisión de la secretaria Bellows se presentaría días después ante el Tribunal Superior del condado de Kennebec (Corte Suprema de Maine, Donald J. Trump v. Secretary of State, 2024). Dicha apelación entre otras cosas sostenía que Bellows era una demócrata, “que tomaba decisiones parciales” y que carecía de autoridad legal para considerar cuestiones constitucionales federales. Además, que Bellows cometió errores y que Trump sería excluido ilegalmente de la boleta electoral (Hilton, 2024). Por su parte, la decisión de la magistrada del Tribunal Superior Michaela Murphy, no respaldó ni revocó la prohibición de Bellows, pero ordenó a la secretaria de estado que emitiera una nueva decisión, después de que el Tribunal Supremo estadounidense emitiera su fallo en relación con el caso Trump v. Anderson (Colorado). La secretaria Bellows apelaría la decisión de la magistrada del Tribunal Superior ante el Tribunal Judicial Supremo de Maine, aunque infructuosamente (Russel, 2024).

Efectivamente, la respuesta definitiva eventualmente la daría el Tribunal Supremo en la decisión del caso Trump v. Anderson en marzo de 2024 (como ya se ha abordado anteriormente). Unas horas después del fallo, Shenna Bellows retiraría su decisión de descalificar a Trump de las elecciones primarias del estado de Maine (Department of the Secretary of State of Maine, Modified Ruling of the Secretary of State, 2024). En cuanto al caso Anderson, Bellows mencionó lo siguiente: “La Corte Suprema de los Estados Unidos ha concluido que los estados individuales carecen de autoridad para hacer cumplir la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda con respecto a las oficinas federales” (Davis, 2024). De esta forma, Trump aseguraba participar en la boleta primaria de aquel estado, aunado a sumar una victoria más a su largo y controvertido historial contencioso.

c) Illinois Administrative Challenge (Illinois)

Lo sucedido en Illinois (al igual que en Colorado) fue motivado principalmente por un grupo de votantes que intentaba eliminar el nombre del expresidente de la boleta primaria estatal, motivados por el asalto al Capitolio. La petición de dicho grupo fue discutida ante la Junta Electoral del estado el 30 de enero de 2024; un panel de ocho miembros se pronunciaría sobre el asunto. Aunque no se dio sin controversia, la decisión de la Junta Electoral fue unánime en mantener a Trump en la boleta primaria (State Board of Elections of Illinois, County of Cook, Anderson et al v. Trump, 2024). El panel que se dividió entre cuatro demócratas y cuatro republicanos estuvo de acuerdo con una recomendación de uno de los abogados del expresidente de permitirle aparecer en la boleta, al sostener que la Junta no contaba con la autoridad para determinar si Trump violó la constitución estadounidense (Tareen, & Riccardi, 2024).

Si bien, la polémica en la decisión sobre Trump surgió en las palabras de Catherine McCrory, miembro de la Junta que precedió su voto con la siguiente declaración: “Quiero que quede claro que esta republicana cree que hubo una insurrección el 6 de enero. No tengo ninguna duda de que manipuló, instigó, ayudó y fue cómplice de una insurrección el 6 de enero”. Aunque concluyó estar de acuerdo en que la Junta no cuenta con jurisdicción para hacer cumplir esa conclusión. Lo anterior pone en evidencia las fuertes diferencias de opiniones en torno a Trump, incluso entre los mismos miembros del partido republicano.

La decisión de la Junta Electoral sería apelada por el grupo de votantes apoyados a su vez, por el grupo nacional de defensa del voto Free Speech for People, ante un Juzgado de Circuito del condado de Cook; argumentando en su petición de revisión judicial que la Junta sí contaba con la autoridad para determinar la elegibilidad de Trump (AP, 2024c). La respuesta del Juzgado se daría el 28 de febrero de 2024, a través de la magistrada Tracie Porter, quien decidió retirar al expresidente de la boleta electoral del estado. Porter en su fallo de 38 páginas estableció que la petición del grupo de votantes debió haber sido aceptada, y que la decisión de la Junta Electoral había sido “claramente errónea” (AP, 2024).

Por su parte, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, criticó la decisión de la jueza Porter en un comunicado, considerándola como: “un fallo inconstitucional que apelaremos rápidamente”. Y así fue, la apelación del equipo legal del empresario se presentó sólo unas horas después del fallo de Porter (AP, 2024). A pesar de lo anterior, en definitiva, la infranqueable reacción en cadena habría iniciado con la decisión Anderson. Ya que sería el Tribunal Supremo quien aplicaría el punto final a este debate entre los estados de la unión, en torno a la prohibición a Trump de participar en elecciones federales, invocándose la Sección Tercera de la 14a enmienda; definiéndose así, su futuro electoral como candidato presidenciable para un segundo término.

LA RELACIÓN CAUSA EFECTO DE LOS JUICIOS DE TRUMP ¿DEBILITAMIENTO DE LA CANDIDATURA O FORTALECIMIENTO DE TRUMP?

Como una breve digresión, y como conclusión jurídica puedo afirmar que los estudios de los distintos casos que se analizan y describen en esta investigación, muestran que la justicia de Estados Unidos es ambigua; y en cuanto a dilaciones procesales, incidentes, recursos y cuestiones pendientes, los casos muestran que se pueden aplazar por cuestiones de forma para evitar el fondo. Por otro lado, la realidad de los casos y de los fallos que hasta el mes de agosto de 2024 se han emitido en los juicios contra Donald Trump, es que ninguno le ha impedido realmente seguir participando como candidato del partido republicano a la presidencia de Estados Unidos.

Otra conclusión en lo jurídico es que, en el primer caso de las elecciones en Georgia, y las acusaciones a Trump por su pretensión de modificar los resultados en el Colegio Electoral de dicho estado, es probable que la apelación prolongue el estudio del litigio hasta el 2025. En el caso de la compra de silencio de Stormy Daniels, asunto en donde el empresario si obtuvo un veredicto de culpabilidad, el juez Merchán ha decidido retrasar la lectura de la condena hasta el mes de septiembre de 2024, motivada por la decisión Trump v. United States de la Suprema Corte del 1ro de Julio de este año, sobre inmunidad presidencial. En cuanto al caso de Mar-a-Lago, sobre la sustracción de documentos, la juez falló a favor de Trump en el sentido de que el caso fue iniciado de manera inapropiada y desechó la demanda; por lo que, hasta agosto de 2024, este caso ya no procedió.

En el caso de fraude civil de Nueva York es probablemente en el que Trump ya no tiene ninguna salida legal, pero al ser un litigio del ámbito privado, el efecto es meramente patrimonial en dos aspectos. El primero porque le prohíbe participar a él y a su familia en el ámbito empresarial y corporativo de Nueva York, el segundo porque les obliga a pagar diversas multas por alrededor de 400,000 USD. Sin embargo, para la materia electoral no es un asunto relevante o que incida técnicamente en su candidatura, más allá por supuesto de los ánimos y de la crítica de los simpatizantes del partido demócrata que sostienen el argumento de que un infractor de normas plenamente declarado culpable de fraude, no debería ni siquiera ser candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Sobre los casos de prohibición a Trump para participar en las elecciones de 2024 en Colorado, Maine e Illinois, se puede afirmar que al principio parecían ser un verdadero freno a la candidatura del expresidente. Pero el 1ro de Julio de 2024 la Suprema Corte emitió la decisión en el caso Trump v. United States, en el que, a grandes rasgos, se dijo que “la naturaleza del poder presidencial otorga al expresidente derecho a inmunidad absoluta contra el procesamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva; también tiene derecho a al menos presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales; no hay inmunidad para actos no oficiales” (Scotus Blog, 2024). Es decir, según la Suprema Corte de Estados Unidos todos sus actos oficiales pertenecientes a sus funciones legales como poder ejecutivo no pueden ser objeto de escrutinio, juicio político o procesamiento penal, pero los actos relacionados con cuestiones particulares sí pueden ser objeto de persecución.

En ese sentido, la Suprema Corte sostuvo que, “Bajo nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial otorga al expresidente derecho a inmunidad absoluta de la persecución penal por acciones dentro de sus competencias concluyentes y preclusivas como autoridad constitucional. Y tiene derecho al menos a la presunción e inmunidad efectiva de procesamiento por todos sus actos oficiales. No hay inmunidad por actos no oficiales” (Trump v. United States, 2024, pp. 5, 43). De manera que, del estado procesal que guardan los procedimientos en su contra y especialmente a partir de la decisión Trump v. United States, es posible afirmar que hasta ahora el exmandatario ha triunfado legalmente sobre sus detractores. Y este resultado tiene un cariz especial, ya que resuelve la cuestión constitucional principal y le da la razón en el debate sobre la Sección 3ª de la 14a Enmienda, al pronunciarse la Corte de Estados Unidos a favor de la inmunidad parcial de los presidentes.

CONCLUSIÓN

Los juicios y procesos contra Donald Trump no le mermaron simpatías electorales entre sus adeptos republicanos, sino todo lo contrario; pues siempre se mantuvo como candidato fuerte para ganar la elección presidencial de 2024. Quedará para el debate académico o incluso para las secuelas procesales en los juicios pendientes contra Trump, si los actos desplegados entre noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, fueron actos concernientes a las funciones del poder ejecutivo que gozan de inmunidad, o por otro lado fueron actos particulares no relacionados con su actividad oficial. Sin bien, esto no lo sabremos en los siguientes cuatro años pues (encontrándose la presente investigación en etapas finales) Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos de América para el período 2025-2029, con lo que nuevamente su inmunidad estaría garantizada.

Material suplementario
Información adicional

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