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Ontología, epistemología y metodología: una aproximación científica del proceso penal en México[1]
Ricardo Colín García; Juan Carlos Delgado Siles; Daniela Mercedes Pérez Martínez
Ricardo Colín García; Juan Carlos Delgado Siles; Daniela Mercedes Pérez Martínez
Ontología, epistemología y metodología: una aproximación científica del proceso penal en México[1]
Ontology, epistemology and methodology: a scientific approach to the criminal process in México
Ius Comitiãlis, vol. 9, núm. 17, pp. 96-118, 2026
Universidad Autónoma del Estado de México
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Resumen: El presente artículo establece un acercamiento sobre la cientificidad del proceso penal en México. Sustentando su contenido en tres dimensiones de estudio: ontológica, epistemológica y metodológica, que responden a tres interrogantes: ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Qué conocemos del proceso penal? y ¿Con qué elementos conocemos dicho proceso?, en este sentido, el soporte metodológico se hizo mediante un análisis descriptivo y crítico de posturas teóricas y de la aplicación del proceso penal en estricto sentido. Estableciendo que el proceso penal es una aproximación científica que permite conocer la verdad dentro del proceso jurídico que, a partir de la aplicación de diferentes métodos, técnicas e instrumentos nos permite obtener la realidad jurídica en el proceso penal mexicano.

Palabras clave: epistemología, metodología, ontología, proceso penal, verdad procesal.

Abstract: This article establishes an approach to the scientific nature of the criminal process in Mexico. Its content is based on three dimensions of study: ontological, epistemological and methodological, which respond to three questions: How can we know it? What do we know about the criminal process? and What elements do we know about this process? in this sense, the methodological support was made through a descriptive and critical analysis of theoretical positions and the application of the criminal process in the strict sense. Establishing that the criminal process is a scientific approach that allows us to know the truth within the legal process

that, from the application of different methods, techniques and instruments, allows us to obtain the legal reality in the Mexican criminal process.

Keywords: epistemology, methodology, ontology, criminal procedure, procedural truth.

Carátula del artículo

Artículos de investigación

Ontología, epistemología y metodología: una aproximación científica del proceso penal en México[1]

Ontology, epistemology and methodology: a scientific approach to the criminal process in México

Ricardo Colín García
Universidad Autónoma del Estado de México., México
Juan Carlos Delgado Siles
Universidad Autónoma del Estado de México., México
Daniela Mercedes Pérez Martínez
Universidad Autónoma del Estado de México, México
Ius Comitiãlis, vol. 9, núm. 17, pp. 96-118, 2026
Universidad Autónoma del Estado de México

Recepción: 09 Marzo 2026

Aprobación: 09 Marzo 2026

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, la creación del conocimiento científico permitió que las ciencias sociales se consolidaran como disciplinas científicas a partir de un marco de rigurosidad y criterios de cientificidad. No obstante, dentro de este campo el derecho ha sido relegado y cuestionado por los teóricos sociales y los críticos del derecho (Ludeña y Misari, 2019; Mabel, 2011; Rivera, 2025) en dos sentidos: por un lado, si debe considerarse parte de las ciencias sociales y por el otro, si su creación de conocimiento tiene un sustento científico y replicable. Por ende, el presente artículo tiene el principal objetivo de dilucidar la cientificidad que existe dentro del derecho y en especial del derecho procesal penal mexicano desde una aproximación ontológica, epistemológica y metodológica que permita demostrar su objetividad y contribución de la verdad dentro del conocimiento científico.

La estructura del artículo compone de tres apartados fundamentales para su entendimiento: la ontología, la epistemología y la metodología. Posteriormente, cada apartado contiene los siguientes puntos de análisis: 1) La ontología del proceso penal, la subjetividad dentro del mismo y la institucionalización, elementos que permiten dilucidar el nacimiento y la necesidad de la implementación de un sistema en búsqueda de la verdad; 2) La aproximación epistemológica, su construcción, la episteme del proceso penal y su aplicación confluyen en explicar cómo tenemos conocimiento de la verdad fáctica y cómo nos acercamos a esa verdad y; 3) Por último, el soporte metodológico implementado en el proceso penal en México, al igual que el conocimiento metodológico de forma general y particular del proceso penal garantista, con ello nos adentramos en su aplicación a partir de la forma y el método.

Por lo tanto, la hipótesis del artículo establece que el proceso penal mexicano se basa en criterios de cientificidad para conocer la verdad sobre un juicio. Metodológicamente hablando se hizo un análisis teórico, descriptivo y crítico respecto al proceso penal en México, desde su creación hasta la implementación en el juicio penal.

ONTOLOGÍA DEL PROCESO PENAL

De acuerdo con Posada (2014) la ontología es considerada parte de la Filosofía, y se encarga del estudio del porqué de las cosas. A partir de la observación en las ciencias naturales se ha podido determinar la replicabilidad de fenómenos, dando paso a su estudio desde el punto de vista científico, de ahí que la ontología explique los fenómenos naturales o sucesos que de manera continua repiten su presencia. Dicha repetición de sucesos, por su dinámica natural, son contrarios o inaccesibles por las ciencias sociales, ya que, en éstas, las acciones deben su existencia a la realidad social, es decir, a la voluntad consciente o inconsciente del ser humano, situación que no ha permitido que la ciencia pueda aglutinar a ambas en el mismo estadio de cientificidad. Señala Posada “las ciencias sociales que, al encontrarse con las ciencias naturales, prueban la imposibilidad conceptual de conglomerarlas en una única ciencia.” (2014, p. 70), a partir de lo anterior, la presente discusión centra sus bases en la cientificidad de las ciencias sociales y en especial en el derecho.

Como se mencionó anteriormente, las ciencias sociales nacen a partir de un suceso que no es natural, repetitivo y constante, más bien depende de la voluntad humana que a través del actuar del sujeto provoca acciones que pueden no ser repetitivas y constantes. En cambio, en las ciencias naturales el lenguaje está descrito y comprobado a través de la replicabilidad. Sin embargo, las ciencias sociales cuentan con un propio sistema de comunicación externo al mundo, su propio lenguaje, dotando de realidad y comunicación a los deseos de cada sujeto que, dependiendo de su voluntad, decide su accionar, dando paso a diferentes realidades fácticas. A partir de dicha voluntad nace la creación de instituciones sociales que son dirigidas y constituidas de acuerdo con diversas subjetividades. Resultado de las percepciones, argumentos y lenguaje que el sujeto posee en pensamiento y en consecuencia producen acciones subjetivas, es decir, las materializa. Siguiendo este argumento Della Porta y Keating afirman que en las ciencias sociales se “…pretende comprender los hechos desvelando los significados que los seres humanos atribuyen a su conducta y al mundo exterior…” (2013, p. 39).

Los hechos y acciones humanas contienen en sí mismas una generación causal, esencialmente son dos posibilidades que marcan las acciones humanas exteriorizadas en la realidad y no acumuladas en el pensamiento: la elección y la decisión, señala Frankfurt (2006) que se definen como deseos del primer orden y deseos del segundo orden. Estas alternativas dan origen a los pensamientos y a la posibilidad de materializarlos, en este caso, la creación del derecho y el proceso penal, es decir, que su origen fue una idea para resolver un problema social y por “tener la capacidad de realizar la autoevaluación reflexiva” (Frankfurt, 2006, p. 2) de cómo solucionarlo, traducido en un querer tener un sistema que permita “…comprender las motivaciones que están detrás de la conducta humana” (Della Porta y Keating, 2013, p. 39).

Con lo anterior, la ontología del proceso penal nace de la voluntad humana derivada de una realidad social, así como se construye la familia, el sistema educativo e instituciones o mecanismos que conducen a un fin último que es la armonía social, esta voluntad es fundamento de la creación del proceso penal. Que su objetivo principal radica en prevenir, regular y, en su caso, sancionar (independientemente de la teoría del proceso penal vigente), es decir, iniciar el camino de creación del proceso penal es la elección (hacer) y la decisión (querer) es la coexistencia de un sistema de procesamiento en materia penal.

PROCESO PENAL COMO SUBJETIVIDAD

El proceso penal como parte integrante del derecho y éste a su vez esencialmente parte de las ciencias sociales es el camino del presente análisis. Históricamente las ciencias naturales son las precursoras de la cientificidad y fueron estas las primeras en generar el soporte de la ciencia, aunque a decir de Ameigeiras et. al. precisan que:

Tales indagaciones me conducen a afirmar que el hecho de que la epistemología tradicional no se haya originado en la necesidad de conocer a las personas, en especial, y a sus situaciones, relaciones, interacciones, así como a los procesos que mueven a esas situaciones y que promueven, movilizan, encarnan, tales relaciones e interacciones y se promueven, en general, exigen a las ciencias sociales una reflexión que las lleve a preguntarse acerca de las posibles consecuencias de continuar aproximándose al mundo social recurriendo al modelo de relaciones causales necesarias e ineludibles propuesto por las ciencias naturales (2006, p. 27).

Se reconoce indudablemente, porque así lo fundamentan las evidencias, que las ciencias naturales dieron origen, conocimiento y elaboración (ontología, epistemología y metodología) en esta área, sin embargo, Ameigeiras et. al. dejan claro que, si bien no fue al inicio del conocimiento científico el estatus de las ciencias sociales, sí se produjo con posterioridad la idea que venimos desglosando y fundamentando. En este contexto, la investigación social tuvo que reformular las propuestas de las ciencias naturales, de acuerdo con Gadea et. al. “Las ciencias naturales han intentado imponer como criterio de cientificidad su propio método y las ciencias sociales han sucumbido a veces a la tentación de subordinarse o adaptar – y adoptar- la metodología de las ciencias naturales, pero otras veces han reclamado el mismo rango de cientificidad que se atribuyen a las ciencias naturales para su propia metodología” (2019, p. 16), es decir, pasaron del qué se conoce, al quién conoce (un ser humano cognoscente, con capacidades que tiene una mirada ontológica, epistemológica y metodológica distinta, que por supuesto tiende a romper el paradigma impuesto por las ciencias naturales y se aventura a explicarse a sí mismo, a quién es, rompiendo paradigmas y respondiendo a nuevos sucesos sociales) como primicia del cómo conoce (Ameigeiras et. al., 2006).

Como se mencionó antes, el proceso penal forma parte del derecho y este de las ciencias sociales, por ello Ameigeiras et. al. señalan que la ciencia social “gira en torno a la producción de conocimiento científico y apunta a los métodos, a las estrategias, y a los problemas teóricos y epistemológicos ínsitos en la labor de la investigación y que busca perfeccionar las formas y procesos de conocimiento…” (2006, p. 30). En esta relación de pertenencia del derecho a las ciencias sociales y bajo un nuevo panorama metodológico y científico es que el proceso penal busca también nuevas formas explicación con mayor rigurosidad, este proceso penal al que desvelamos el grado de cientificidad, no la cientificidad tradicional sino las nuevas formas de creación de conocimiento y de investigación.

Por ello, a partir del 2008 el proceso penal reformuló su esencia y forma de proceder, a raíz del cambio paradigmático del modelo inquisitivo a uno acusatorio y oral. Desde ese momento se define con mayor claridad su origen, desarrollo y aplicación. En consecuencia, el proceso penal adopta hoy en día nuevas formas del conocimiento y procesamiento en su estructura, encarnadas en un sistema garantista orientado a la correcta aplicación de la norma, la protección de los sujetos y la búsqueda de la verdad jurídica.

De acuerdo con la concepción sobre la verdad descrita por Nelli, se señala que “la verdad se muestra como una construcción socio-histórica determinada, anclada en el tiempo y en el espacio, mutable, cambiante, que se comprende en la relación con el contexto de producción, representación y actuación de la verdad” (2008, p. 96). De esta manera, las construcciones teóricas conforman marcos conceptuales y la base metodológica que sostiene el proceso penal, al permitir identificar fehacientemente las deficiencias históricas de los sistemas inquisitivo y mixto. Este contexto de análisis posibilitó la transición hacia el sistema acusatorio y oral, acompañado de una epistemología orientada y centrada a su objeto. Conforme a la Constitución Mexicana, el proceso penal busca “el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen” (DOF, 2024, art. 20, inciso A, fracción I).

En forma esquemática podemos decir que el proceso penal tiene normado su objeto (Reynoso, 2018) de investigación de la siguiente manera:

Esquema 1. Objeto del proceso penal.

Fuente: Elaboración de los autores.

El objeto de la investigación es el punto de inicio de cualquier investigación, por ello “uno de los elementos de la ciencia es el objeto” (Muñoz, 2017, p. 40), entendido por la realidad social cuál sea ésta, todo dependerá de la forma de abordarlo, es decir, con base en su metodología será la forma de aproximación del objeto que se pretende conocer y sobre todo el grado de cientificidad y claridad a alcanzar. En tanto, para el proceso penal se han establecido una serie de métodos y mecanismos de aplicación. Dado que este parte de un objeto de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa debe contener según Muñoz “objetos pertenecientes a la realidad formal o abstracta” (2017, p. 40), no nos referimos a que el proceso penal sea una investigación académica, tiene una connotación distinta, pero sí afirmamos que el proceso penal tiene su propio sistema de investigación, esencialmente de la búsqueda de la verdad, no cualquier verdad, sino la verdad fáctica, es decir, la realidad de hechos y actos ocurridos.

Conforme al artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales en México (CNPP) el objetivo de la normativa adjetiva del proceso penal es “…establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la satisfacción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito” (DOF, 2014).

Situación que confirma que, el esquema constitucional contiene un objeto con el cual parte a la investigación de la comisión de un delito y formalmente a observar una investigación a la que, insistimos, no es de visión académica sino de investigación fáctica, resultado de una valoración históricamente antagónica que transita por un procesamiento con características específicas para la víctima, victimario, documentación, testigos, peritos y otros elementos que intervienen dentro del proceso que culmina con la sanción del delito. Con lo cual se consideran dos objetos dentro del proceso penal mexicano, por una parte, el establecimiento de normas para la investigación, procesamiento y sanción y; por el otro lado, el esclarecimiento de los hechos, protección de inocente, procuración de que el culpable no quede impune y finalmente que se repare el daño.

Realizar el proceso penal como se había considerado en la ciencia no es conocimiento científico, es decir, que las ciencias sociales no están en un plano inferior a las ciencias naturales (Follari, 2018), no obstante, “Existen muchas formas de producir conocimiento y distintos procedimientos para lograrlo”(Sautu, 2018, p.75), por tal motivo, Sautu además precisa “…con el avance y complejidad de las ciencias sociales que si bien ya existían, han ido adquiriendo rasgos propios, desarrollando teorías y estilos de hacer investigación” (2018, p. 78) , en tal sentido, el derecho ha estado construyendo su campo de acción y cientificidad aun sin consenso unánime (García, 2011). Aunque de acuerdo con García el avance del derecho está presente y existe dentro de las ciencias sociales acompañado de fundamentos, teorías y objetos de investigación que tiene su sustento en teorías establecidas.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO PENAL

Sin dejar atrás la tradición histórica y académica de las explicaciones sobre el debate en cuestión y sin romper dicha tradición que dice al respecto Maureira “la del propio derecho penal como ciencia” (2003, p. 2) y los antecedentes de la institucionalización del proceso penal tienen antecedentes que han sido mínimamente debatidos por los juristas en la búsqueda de la verdad, a decir de Tarski “Una oración es verdadera si designa un estado de hecho existente” (1999, p. 3), es decir, que los hechos sociales son descritos por el derecho penal y “la verdad de una oración consiste en su adecuación (o correspondencia) con la realidad” (Tarski, 1999, p.3). Coincidir en el nacimiento del proceso penal de una manera formal es complejo, sin embargo, se presume su existencia a partir del nacimiento del Estado, aunque es necesario esbozar los antecedentes de la pena y del propio sistema (sin llamarlo aún proceso penal).

Desde sus orígenes, la organización humana fue caótica, pues los seres humanos carecían de normas que regularan su conducta. Conforme las sociedades desarrollaron formas de razonamiento propias, surgió la necesidad de clasificar actos y esclarecer mecanismos de organización, dando lugar a una tríada compuesta por los antecedentes, la pena y al proceso penal institucionalizado. Dicha tríada constituye el antecedente de la institucionalización formal del proceso penal, que consistió en tres venganzas (Delgado y Colín, 2017). La primera llamada la venganza absoluta que consistía en la respuesta innata a un atropellamiento que resentía el ser humano considerado agredido en su derecho, a lo que el razonamiento del ser humano en el momento mismo de la inexistencia del sentimiento racional de ese precario sistema de apreciación permitía una acción inmediata sin medida ni regulación alguna.

Posteriormente, la segunda venganza era la que emanaba de la divinidad, por lo que se le denominó la venganza divina, donde el Dios mandataba a través de sus designios en comunicación con seres humanos que fungían siendo representantes terrenales, por lo que ellos eran los encargados de transmitir lo que se debía hacer y casi siempre se basaban en reformar moralmente al delincuente y la preferencia del perdón a la primera de las venganzas (Carrancá, 1970). Sin duda la racionalidad en el ser humano había trascendido y esta segunda venganza resultaba útil para la organización social de aquel momento. Finalmente, la tercera venganza emergió cuando la pugna entre la religión y el poder resultó incompatible, por esa razón, el vencedor o soberano que encarnaba el poder gubernamental era el encargado de delinear, afianzar y modelar el sistema de justicia que se aplicaría, siendo en ocasiones castigos excesivos, crueles e inhumanos (Jiménez, 2014).

A raíz de la consolidación del poder, se creó y aplicó el sistema procesal acusatorio que debido a su origen (romano-germánico-canónico originado en Egipto, posteriormente en Grecia y finalmente consagrado por los Romanos) se encaminó a la sanción como forma punitiva, que en su momento fue considerado incorrecto para la sociedad. Después del sistema acusatorio, se creó el inquisitorial (Ponce, 2019, p. 21). De hecho, Ponce diferencia a los dos modelos de sistema de justicia penal de la siguiente manera:

De un modelo existente surge su antagónico. En este caso, al procedimiento acusatorio, caracterizado por publicidad, trasparencia, oralidad, agilidad y concentración se le opone el inquisitorial en donde el procedimiento ya no es público-excepto la ejecución de la pena- y, por ende , no garantiza trasparencia; no es oral sino escrito; no es ágil sino que se prolonga de manera excesiva en el tiempo; no hay concentración para el debate, es más, ni siquiera hay debate porque la acusación pasa a ser pública y ya no se deposita en una persona agraviada. (Ponce, 2019, p. 23).

Por un lado, el sistema acusatorio se caracterizaba por la existencia de un conflicto y a los extremos las partes opuestas, todo se hacía manera pública a través de la oralidad y el proceso inquisitorial todo lo contrario, modificó de forma radical la ontología, epistemología y método de aplicación de raíz, yuxtaponiéndose con el acusatorio, en el inquisitorial el santo oficio aplicaba penas inhumanas y torturas como un método de indagación. Dichos sistemas fueron aplicados en México hasta la instauración en 2008 del sistema acusatorio y oral, resultado de una reformulación de manera substancial al procedimiento sustantivo y adjetivo. Este sistema también denominado mixto que, de acuerdo con su ontología, es una mezcla de características y procedimientos del sistema acusatorio y elementos del inquisitorial, que convergen en la salvaguarda de derechos humanos.

Dicha reforma jurídica no fue resultado de un estudio académico, social, antropológico o filosófico, sino por una serie de sucesos, entre ellos la solicitud presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que solicitó al Centro de Estudios de Justica de las Américas (CEJA) de acuerdo con Luna “un dictamen sobre la evaluación y diagnóstico del estado de la justicia penal en México” (2011, p. 32), en este documento se reportaron las deficiencias existentes en el procesamiento penal mexicano de ese entonces, institución que también definió como “periodo de contra reforma” (Kostenwen, 2017, p. 952) a aquel que cerró los ojos a las recomendaciones y aumento las penas y delitos.

La pregunta que se replantea al respecto es ¿Existía cientificidad en el proceso en los anteriores sistemas penales? La respuesta sería un sí, existían los elementos que consagraban la ontología, existían necesidades del momento histórico y políticas púbicas del sistema penal, además el buscar la verdad a través del proceso penal, es decir, del conocimiento sobre verdad que en ese momento era necesario y cuyo enjuiciamiento revestía las formalidades de acusación, investigación y procesamiento dadas en ese sistema y contexto histórico.

En este sentido, el proceso penal no podía mantenerse estático, principalmente, tomando en cuenta el contexto social de su aplicación, ya que es fundamental conocer dicho contexto para su debida creación e implementación y debido a esto se ha considerado la existencia de:

…cuatro grandes sistemas jurídicos universales: el sistema conocido como “common law” de corte anglosajón; el sistema de corte romano-germánico o de tradición de Europa continental (el que se dice ha influenciado mucho a la normatividad mexicana); el sistema de los países asiáticos, y los sistemas de derecho derivado de los criterios religiosos (como por ejemplo el de tipo musulmán) (Luna, 2011, p. 36).

Dichos sistemas han constituido en ellos un momento histórico específico, conocimiento de la verdad y aplicabilidad, situación que se ha apelado en esta discusión como parte de la construcción que constituye un entorno a la cientificidad del proceso penal. Ahora bien, en la aplicación del sistema acusatorio como en cualquier otro sistema, la búsqueda de la verdad de los hechos es el principal objetivo (Ponce, 2019) , entendiendo que la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos en el proceso se vuelven equivalentes, independientemente de las anteriores formas que se tenían para encontrarla, hoy en día se busca la igualdad de partes en donde se tengan órganos técnicos perfectamente capacitados y preparados en su actuar dentro del proceso y que sean especialistas en el área (Luna, 2011).

Ha saber de esta dicotomía, por un lado, la influencia cultural del sistema romano-germánico y el estudio de los resultados encontrados por la Comisión de la OEA (CEJA), distó mucho de encontrar los resultados deseados, nada alentadores, que justificaron la necesidad de un cambio radical de sistema con mayor forma procesal que garantizara a todas luces a las partes involucradas. De las consideraciones anteriores operó la institucionalización del proceso penal y las comisiones unidas de puntos constitucionales, de justicia, de gobernación, de seguridad pública y de estudios legislativos del Senado que dictaminaron la existencia de una necesidad de implementar un sistema que sea público para todos los gobernados y que se fundamente en el garantismo de las partes a sus derechos humanos (Zamudio, 2011).

La institucionalización del proceso penal operó en su totalidad en forma constitucional, de acuerdo con Zamudio “se reformó la Constitución federal en los artículos 16 al 22, así como el 73, en sus fracciones XXI y XXIII; el 115, fracción VII, y la fracción XIII del apartado B del artículo 123” (2011, p. 55) dichas modificaciones a la constitución dieron origen y forma al proceso penal actual en México, el proceso penal es acusatorio y oral y se rige a partir de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación (CPEUM, 2024).

APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA AL PROCESO PENAL

De acuerdo con la Real Academia Española (2024) la epistemología es definida como “parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano” y “tiene por objeto ese conocimiento que se soporta en sí mismo o que soporta alguna disciplina en su especialidad; lo que la sustenta como tal, su esencia, sus alcances y limites en su acepción interna (propia de la disciplina) y externa (su influencia en el contexto social)” (Jaramillo, 2003, p.2), por lo tanto, en el contexto del proceso penal la epistemología es el conocimiento de la verdad o realidad fáctica que busca el proceso penal. En el siguiente esquema se engloban las principales ideas al respecto:

Esquema 2. La verdad en el proceso penal.

Fuente: Elaboración de los autores.

En este escenario el proceso penal descansa en los tres elementos que dan vida a las ciencias sociales: la ontología, la epistemología y la metodología, estos soportes ajustados al proceso penal tienen como objeto lo enunciado en el artículo 2 (CFPP) representado en el esquema 1. Con cuatro objetos que proporcionan las bases, formas y métodos de la búsqueda de la verdad fáctica, es decir, relativa a los hechos realmente ocurridos, aunque es importante aclarar que en el proceso penal existirán dos (o más) y seguramente cada uno de ellos con versiones distintas que tendrán que ser, según Aguilar, ajustadas a una:

Implementación de la libre valoración probatoria, entendida como verificación o refutación empírica de las hipótesis acusatorias mediante la utilización de las reglas de la lógica, de la razón, de las máximas de la experiencia, que en el proceso penal debe imprimir un juicio probabilístico, suficiente de material probatorio para alejarse de la duda razonable (Aguilar, 2011, p. 83).

Conocer una verdad y la evolución de los estándares probatorios sobre todo de los tecnológicos (Nieva, 2020) mediante un proceso jurisdiccional lleva implícito el conocimiento de esta área en especial en donde confluyen formas, métodos y técnicas determinados en la ley que se logran encuadrar y absorber de la realidad a la normatividad. En este supuesto no se encuadra la norma a los hechos, sino que la realidad es tomada para ser explicada bajo la normatividad existente y es entonces la finalidad de entregar juicios de valoración o juzgamiento del órgano jurisdiccional, de acuerdo con Nieva “el Jurista desearía disponer de algún tipo de herramienta, casi una piedra filosofal, para conocer cuál es la realidad de los hechos” (2020, p. 119).

Según Pérez, la argumentación en el derecho se basa en “convencer, más aún, de persuadir de la solidez de nuestras afirmaciones, de mostrar el valor, la firmeza y lo razonable de nuestra posición” (2011, p. 2), por lo tanto, en el campo existe la argumentación jurídica que cuenta con características propias basadas en los principios o máximas que se han establecido dentro del marco jurídico y que han sido funcionales a lo largo del tiempo, regulando, delineando y dirigiendo el camino que debe seguir para lograr probar el dicho a través de premisas de argumentación.

En este contexto, los fines que se pretenden alcanzar se orientan a la dilucidación de la verdad de los hechos. Aunque la epistemología jurídica constituye una herramienta que, por su carácter relativamente vanguardista, ha recibido creciente atención por parte de diversos epistemólogos, quienes han analizado el proceso penal en la búsqueda del conocimiento, explicación y fundamento de esta institución, Laudan sostiene que “un sistema de justicia penal es primordialmente un motor epistémico, es decir, un dispositivo o herramienta para descubrir la verdad” (2013, p. 23).

La verdad es parte del objeto del proceso penal ya que la mayor parte de los teóricos de la epistemología en el procesal penal se han enfocado al estudio, procesamiento, perfección y creación de estándares probatorios que otorguen mejores resultados que los hasta ahora logrados, dependiendo del tipo de sistema: Common Law o Romano Germánico, ya que cada uno de ellos imprime características propias. Foucault advierte que el poder “produce realidad; produce ámbitos de objetos y rituales de verdad” (2019, p. 225) lo que sustentaría que el hombre a través del poder crea su propio sistema de verdades.

La epistemología del proceso penal es la que permite el conocimiento del objeto de investigación, en este caso lo que ocurrió en los hechos, considerando que;

Pese a la aceptación casi universal de la premisa de que un proceso penal es una institución jurídica que busca averiguar la verdad sobre algún delito, reina una considerable incertidumbre y confusión en torno a si las múltiples reglas procesales y probatorias que estructuran el sistema de impartición de justicia penal facilitan u obstaculizan el descubrimiento de la verdad (Laudan, 2013, p. 23).

De acuerdo con lo anterior, Colombo puntualiza que “a partir de los años sesenta las nuevas epistemologías o epistemologías alternativas han generado dudas y planteado serios cuestionamientos a temas como el de la racionalidad de la ciencia y el progreso científico” (1997, p. 327) acogidos a este pensamiento, la verdad que se busca en el proceso penal se alcanza por medio de los procedimientos que se contienen en el proceso y de las pruebas que se presentan, con base en las formalidades y las valoraciones que se otorguen. Según Laudan “La epistemología aplicada en el estudio orientado a determinar si los diversos sistemas de investigación que pretenden estar buscando la verdad (en diferentes ámbitos) cuentan o no con un diseño apropiado que les permita generar creencias verdaderas acerca del mundo” (2013, p. 23) con las que se han fundado racionalmente las evaluaciones a los sistemas de procesamiento penal.

Dichas evaluaciones han sido nombradas estándares de prueba que surgen como sistemas o formas de actuación que deben aplicar los operadores del derecho (Juez) en forma rigurosa con base en conocimientos jurídicos. La Corte Suprema de Estados Unidos Americanos indicó “…que la función principal de un proceso penal es averiguar la verdad” (Laudan, 2013, p. 28) no con el único fin, pero sí el más importante de todos, debido a que en su análisis existen categorizaciones: reducción de error, distribución de error, valores no epistémicos, que son aplicables a los llamados estándares de prueba.

Laudan define la triada de valores: en la primera de ellas se pretende no cometer tantos errores en las condenas o en las liberaciones; la segunda está encaminada a que de la categoría anterior se minimice la primera, es decir, sería más grave condenar a un inocente que liberar a un culpable y; la tercera no epistémica, genera intereses que bloquean la búsqueda de la verdad e interfiere en la epistemología del proceso penal (2013, p. 28).

En síntesis, la epistemología del proceso penal es la búsqueda de la verdad, aunque en nuestro país hemos dejado atrás la verdad histórica y se ha transformado en una verdad fáctica, ¿Cómo encontramos esta verdad? ¿Realmente estamos interesados en descubrir la verdad sucedida en un hecho o acción?, ¿Encuadramos la realidad a la normatividad existente?, o, por el contrario, ¿La normatividad existente la adecuamos a la realidad de los hechos? En primer momento es confuso el poder determinar las respuestas a dichas interrogantes.

En este contexto Taruffo indica “De acuerdo con un modelo extendido, las resoluciones judiciales se basan en un razonamiento cuya conclusión es la decisión y cuyas premisas se encuentran en la motivación” (2011, p. 12) con lo cual es un proceso extremadamente lógico racional de concatenación de las ideas, procesos, pruebas y otros factores que hacen unir los puentes para proporcionar la verdad:

…cómo entre el fundamento y la decisión existe una relación lógica, una decisión fundada exige que la conclusión se deduzca lógicamente de las premisas. Siendo esto así, cabe señalar que el razonamiento judicial en virtud del cual se pretende mostrar que una decisión está justificada es deductivo, o puede ser presentado como una inferencia lógica en la que, sobre la base de dos tipos de premisas, (premisas normativas y premisa fácticas) se llegue a una conclusión en virtud de la cual ciertas consecuencias jurídicas son asignadas a un caso individual… (Taruffo, 2011, p. 12).

Si se implementan en forma correcta las premisas enunciadas por Taruffo (2011) y se logra una relación lógica con la conclusión, estaremos acercándonos a un resultado lógico jurídico, sin embargo, esto no sucede así cuando existen errores de liberación o de encarcelamiento de culpables o inocentes respectivamente. Ahora bien, no tan sólo es esa vinculación lógica para determinar los hechos sino el tipo de verdad que se busca.

La verdad buscada es la realidad fáctica que corresponde a la narrativa jurídica establecida por la normatividad; en esta secuencia, la respuesta será verdadera en la medida en que el hecho se adecué a dicha narrativa, y falsa en caso contrario. En consecuencia, la epistemología persigue el conocimiento, y la epistemología jurídica, específicamente, la verdad de los hechos. Es decir, se orienta a la búsqueda precisa de la verdad de los hechos a través de la argumentación jurídica, la cual se desarrolla a través de diversos mecanismos y del ofrecimiento de pruebas que serán sometidas a un escrutinio destinado a encauzar hacia la verdad, en este caso del proceso penal.

CONSTRUCCIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL PROCESO PENAL

La construcción de la verdad a través del proceso penal nace con el objeto de investigación, siendo el hecho o acción sucedida, que a través de los ojos del proceso penal se ve en forma de procedimiento y se construye con fundamento en las pruebas existentes, para posteriormente ser sistematizadas y valoradas de acuerdo con el sistema penal vigente. Por lo tanto, la construcción de la verdad jurídica se realiza a través de un proceso penal, considerando de primer momento la normativa vigente y aplicable.

Con lo anterior, coexistirán puntos de vista que consideran que existe la normatividad y posteriormente ocurre el hecho, es decir, por un lado, existen los hechos a las normas y posiblemente quienes piensan lo contrario, que primero sucede el hecho y este se adecuará a la norma que será creada. Desde nuestro punto de vista ambas son válidas, aclarando que no dejamos de observar el principio de que nadie puede ser juzgado sin la existencia previa de normas, es decir, que antes de un proceso debemos considerar que las normas existen antes de que el hecho ocurra.

Esencialmente el conocimiento de los hechos o realidad fáctica es interpretado en dos posiciones; en primer lugar, la víctima considerará que su interpretación, realidad y conocimiento del hecho le permite entender y describir lo sucedido, en segundo lugar, el victimario tiene su propia interpretación del hecho, como vínculo de esa conexión estará la normatividad quien sujetará a las partes y mediante el mecanismo procesal correspondiente, resolverá. De hecho, Ruíz lo enuncia de la siguiente forma: “la epistemología subjetiva reconoce que la objetividad del conocimiento se basa en la capacidad pensante del ser humano y en los juicios de valor que realiza, por lo que lo verdadero es el producto de lo probado en el proceso” (2016, p. 3).

El proceso penal tiene un sistema de construcción deductivo que culmina con el silogismo lógico, ocupando herramientas como la lógica, la razón, el sentido común y otros instrumentos que permitan atrapar la realidad sucedida y explicarla a través del constructo jurídico, Ruiz afirma que “un gran número de juristas sostienen que hay una verdad propia del derecho, la verdad jurídica, aplicable al campo del derecho procesal, pues así creen justificar diversas teorías de corte dogmática del derecho, en especial las enfocadas a las decisiones judiciales en el ámbito de la aplicación de este último, manteniendo así el estatus de derecho como ciencia” (2016, p. 4) aunque también hay quien sostiene que no hay un sentido unánime de ciencia del derecho o ciencia jurídica (Mabel, 2011).

Aun y cuando no existe el consenso unánime que el derecho es una ciencia y por ende del proceso penal, las nuevas formas de investigación han cobrado relevancia y difusión en la actualidad a través de las diversas actividades académicas (docencia, congresos e investigaciones) impulsando y estableciendo un conglomerado de marcos teóricos para respaldar diferentes planteamientos a favor y en contra. Un ejemplo de premisa sujeta a comprobación y crítica en el aspecto penal es -A mayor penalidad en la sanción de los delitos igual a disminución de estos- frase que es muy utilizada comúnmente, aunque carece de comprobación. Ante esto, Silva considera de forma racional que “la solución a la inseguridad, además, no se busca en su, por así decirlo, clásico lugar natural -el derecho de policía-, sino en el derecho penal” (2006, p. 32) abusar del derecho penal como un discurso y transformarlo en leyes sancionatorias no dará respuesta eficiente a la problemática.

EPISTEME DEL PROCESO PENAL

A través del conocimiento de la historia se puede entender el surgimiento de las instituciones. El proceso penal es el mecanismo para sancionar un delito cometido que de manera casi automática o inmediata se asocia con una celda con rejas, en la pérdida de la libertad y en la segregación de los sujetos que llevaron a cabo el acto. Su objetivo fundamental en la actualidad es visto como la búsqueda de la verdad, en términos concretos, Nicolas y Frápolli señalan “Actualmente, la falta de confianza en el poder humano de acercarse modestamente a la verdad rehúye incluso tal pregunta y prefiere ocultarse bajo la hojarasca de las palabras incomprensibles o vacías o grandilocuentes. Las palabras dejan de ser mensajeras de la verdad o sustituyen a la verdad” (1997, p. 147), es así como el cambio del proceso penal pretende alcanzar la verdad, bajo la categorización de las teorías actuales de la verdad, dos de ellas encuadran al proceso penal.

La primera de ellas es la verdad de las correspondencias según Nicolas y Frápolli es la “caracterización de la verdad como correspondencia (o adecuación) de la mente (o pensamiento, o juicio) con las cosas (o hechos, o realidad)” (1997, p. 155), el vínculo del que hemos hablado en el apartado epistémico resulta encuadrar en la teoría de la correspondencia y la aplicación de esta en el proceso penal. La segunda es la teoría de la coherencia que precisa: “A una teoría de la coherencia se puede llegar por diversas vías, pero todas ellas dependen, de una forma u otra, de consideraciones epistemológicas, puesto que las teorías de la verdad como coherencia típicamente constituyen uno de los posibles acercamientos epistemológicos al problema de la verdad” (Nicolas y Frápolli, 1997, p. 167), siendo la verdad el objetivo del proceso penal en la actualidad.

Hoy en día, la mayoría de los expertos en proceso penal sostienen que su finalidad es el descubrimiento de la verdad. En este sentido, Vázquez (2013) establece que su objetivo principal es la averiguación de la verdad; mientras que Zamora precisa que implica “conocer qué sucedió, como sucedió y quién lo hizo” (2014, p. 148). Con lo anterior, en la prueba radica el medio para comprobar lo sucedido; por ello, proveer las pruebas y aplicar los estándares probatorios en el proceso penal (Laudan, 2013), así como incorporar los estándares de prueba propuestos por Laudan junto con el debido proceso al que alude Ferrer, quien señala que “la epistemología nos puede ayudar a delinear un estándar de prueba” (Ferrer, 2021, p. 24), permiten configurar un proceso penal con un método claramente delimitado y unificado.

La verdad no es la histórica, tampoco la que la víctima o el victimario poseen. Lo que realmente sucedió es descrito mediante el lenguaje jurídico, acondicionado a este sistema de comunicación las sanciones pertinentes. Aunque el proceso penal es y ha sido visto como un proceso histórico (Hernández, 2015; Delgado y Colín, 2017) que ha logrado avanzar bajo diversas etapas históricas y con diferentes sistemas procesales (acusatorio, inquisitivo y mixto) se ha ido perfeccionado y acondicionando para tomar en cuenta a todos los elementos que en el confluyen, dotando al proceso de protección a los derechos humanos, entre ellos al debido proceso.

Los ojos de la cientificidad en el proceso penal son con lo que deseamos mirar y analizar a este tipo de sistemas enmarcados en las ciencias sociales, para ello Pérez escribe “El derecho mercantil debe verse, estudiarse y analizarse como una ciencia” (2016, p. 387) que para algunos nada poseen de ciencia, sobre todo cuando se vuelven argumentos discutibles como la prisión preventiva en el ámbito jurídico, según Gómez “Constitucional no implica, que sea acorde con la protección que ameritan los derechos fundamentales de los seres humanos” (2015, p. 265), pero enmarcados en el proceso de cientificidad que en la actualidad impulsan las diversas áreas de las ciencias sociales y, en especial el derecho, es que justificamos y acercamos a este tipo de sistemas a la cientificidad por el escenario en el que descansa, enmarcado en el esquema 2. Con esto se quiere dejar en claro que el sistema procesal penal resuelve problemáticas y encausa las acciones sociales a la sana convivencia, también es cierto que es producto del ser humano con una forma de nacimiento, conocimiento y procesamiento que lleva enmarcado en sí mismo un acercamiento a la explicación del porqué de los sucesos que en el propio proceso penal se encuadran para dar solución a las problemáticas que se plantean.

A partir de 2008 el proceso penal opera con base en la teoría garantista de los derechos humanos, que para alcanzar su aplicación existe de trasfondo una serie de teorías y principios en los que se basa para lograr el debido proceso, es decir, se sigue una metodología que desde luego busca llegar a la verdad fáctica de manera objetiva bajo la metodología creada para encontrar la verdad.

AVIZORAMIENTO Y APLICACIÓN DEL PROCESO PENAL.

El proceso penal en la actualidad surge a partir de distintos sucesos a nivel internacional y nacional que implicaron la necesaria renovación sobre la protección de los individuos en el marco jurídico. De ahí que, algunos organismos internacionales realizaron investigaciones sobre el funcionamiento del sistema procesal penal en México (Luna, 2011) que arrojaron deficiencias en el procesamiento, así como la excesiva concentración de facultades en el ministerio público, la falta de denuncias, falta de capacitación del personal, corrupción, confusión de las etapas y procesos, entre otras. A nivel nacional, la impunidad y la percepción sobre justicia eran nulas, lo que hacía evidente la anómala justicia penal mexicana.

Ciertamente el Ius Puniendi que posee el Estado estaba en duda con los múltiples conflictos que se presentaban, por ello fue necesario un cambio de paradigma en materia procesal penal, efectuándose en el año 2008 (Calderón, 2015), resultado de los informes otorgados por parte de los organismos internacionales. Anteriormente, este paradigma en el proceso penal se estableció con anticipación en Chile, Argentina, Perú, Colombia, entre otros, con estos cambios internacionales y las presiones (informes de justicia penal en México) de organismos internacionales como la CEJA, la ONU en los años 1986, 1988, 1994, 1999 y 2010 ayudaron a la trasformación del sistema procesal penal, aunque existe quienes consideran que es una imitación de otros sistemas de justicia penal, también existen quienes consideran que las culturas y su diversidad influyeron en matizar las características propias de cada sistema (Luna, 2011).

Un cambio de paradigma según Aguilar “reporta, por tanto, la necesidad de un cambio radical en la forma de pensar y actuar del conglomerado social, un cambio de cultura hacia la verdad y la legalidad” (2011, p. 93) implica no sólo crear un sistema, sino imponerlo y aplicarlo, lleva consigo un nuevo paradigma, una lucha desde la sociedad y sus instituciones, de acuerdo con Aguilar “La lucha contra la corrupción empieza en la familia, los valores y principios que como seres humanos desarrollamos deciden el país que somos” (2011, p. 93) así los dos frentes pueden incidir en un cambio de mentalidad y percepción del sistema de justicia.

En este contexto, las variables del proceso penal; internacional, nacional, social, instituciones entre otras circunstancias, dieron vida a la instauración de un sistema procesal que inicio en “2008 es el resultado más visible de las exigencias de diversos sectores de la sociedad nacional y la comunidad internacional por trasformar un sistema de justicia penal lento e ineficiente a los ojos de todos, un sistema caduco, anquilosado que no garantiza un efectivo acceso a la justicia como derecho fundamental de las personas”(Borrego, 2011, p. 127) que tuvo de antecedentes la iniciativa de 2004 del presidente en turno, siguiendo el curso de la propuesta el siguiente presidente la impulso y la implemento en sus programas de trabajo, apoyando esta propuesta se encontraban algunos Estados como Chihuahua y Oaxaca que iniciaron los trabajos de modificación interna en sus legislaciones o los Estados de Durango, Zacatecas y Morelos que trabajaron sobre la implementación del sistema acusatorio y Nuevo León, aplicando a delitos menores (Borrego, 2011).

Después de los sucesos narrados, se trasformó en iniciativa en la Cámara de Diputados y posteriormente en la de Senadores en sus respectivas comisiones, entregando el resultado a la cámara de origen (con el aval de las Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales) aprobada en 2007, con seguimiento fue aprobada en el Senado, mismo que realizó modificaciones y regreso a la de Diputados para aprobación, finalmente fue enviada a los Estados para su publicación, a partir del 18 de junio de 2008 se cuenta con la reforma constitucional en materia procesal penal.

SOPORTE METODOLÓGICO DEL PROCESO PENAL

Pensar en el cómo hacer las cosas, es el primer paso y sí se conforma con un buen soporte metodológico los resultados serán óptimos, por ello, la metodología ha sido considerada como el estudio del método que engloba y cubre a los métodos entendidos, de acuerdo con Villabella “meta, hacia, y odos, camino, por el que su conjunción significa el camino hacia algo” (2015, p. 933) y las técnicas que pueden desarrollarse en una investigación que pretende obtener un conocimiento.

El afán de conocer es innato al hombre. La existencia humana es búsqueda, no sólo es descifrar el mundo que se nos presenta, sino también encontrar soluciones que nos plantea el medio que nos rodea, nuestra propia convivencia. Pero refiriéndonos a la Investigación científica, esta búsqueda es sistemática, metódica, sólo de esa manera podemos encontrar explicaciones plausibles, verificables o demostrables, por lo que los conocimientos científicos, producto de la investigación, deben ser comprobados; para ello los métodos aplicados deben ser rigurosos, al igual que los procedimientos, procesos y técnicas de investigación (Muñoz, 2017, p. 62).

Una de las palabras clave que se consideran en la metodología de la realización de los procesos es la rigurosidad, siendo uno de los pilares del soporte metodológico que permite la nula, poca o máxima aproximación al estudio del objeto de investigación. El proceso penal en México fue duramente cuestionado antes de las reformas de 2008, ya que de acuerdo con Ponce “no nos ofrece nada de rigor metodológico” (2019, p. 15), al considerar que la rigurosidad de la presencia del juez, las constancias en papel del formalismo y diversas acciones procesales hacían cuestionable los resultados.

El objeto de investigación en el proceso penal se conforma por obtener la verdad de lo ocurrido (Ponce, 2019 y Laudan, 2013), al pedir la búsqueda de la realidad fáctica o realidad de las cosas, independientemente de los sistemas teóricos del proceso penal (inquisitivo, mixto, acusatorio), lo que da relevancia es el contenido y el cómo se lleva a cabo. Por esta razón, se entenderá a la metodología del proceso penal al cómo se ejecuta el proceso penal, además de la metodología que se diseñó. En este caso se buscará una verdad basada en la hipótesis de contradicción que, a su vez, contiene variables de refutación para ser comprobadas o no (acreditadas o desvirtuadas). Vinck (2012) afirma que técnica y sociedad no se disocian, en tal sentido, si es posible saber en forma metodológica la verdad de lo ocurrido, reforzando este discurso Tarski asevera “la verdad de una oración consiste en su adecuación (o correspondencia) con la realidad” (1999, p. 3).

Esquema 3. Metodología del proceso penal.

Fuente: Elaboración de los autores.

El soporte metodológico del proceso de investigación forzosamente recae en el objeto de investigación, en este caso la búsqueda de la verdad, partiendo de la hipótesis de los hechos suscitados, pues de la existencia de una o varias hipótesis se determinarán las variables que tienen que ser comprobadas. Para la generación de la hipótesis se utilizarán los testimonios de las partes que actúan dentro del proceso, para ello, se diseñaron formulas, procesos, procedimientos, técnicas, tiempos e indicadores que permitirán dar cuenta de la verdad como fin de la investigación, que da pie además a la refutación de afirmaciones.

METODOLOGÍA GENERAL DEL PROCESO PENAL

El diseño metodológico en cualquier sistema procesal penal va a depender del objetivo y la finalidad que se quiera obtener. Por ejemplo, en el sistema inquisitivo la búsqueda de la verdad era histórica (Ponce, 2019) versus el sistema acusatorio que su finalidad radica en la búsqueda de la verdad a través de la refutación y la verificación, esta última debe ser real y objetiva, con la cual se da certeza a la acusación.

Dicha verificación de la acusación se encamina a que los presupuestos de la norma sustantiva puedan narrar el actuar y dar vida al presupuesto normativo para generarse de primer momento, la acción u omisión de la conducta delictiva. En este sentido, la duda es un motor en el proceso que argumenta Nieva “cuando la duda es sobre el acaecimiento de los sucesos que han traído al proceso, la duda suele ser del juez” (2013, p. 13), para ello se diseñaron los estándares de prueba que han caminado históricamente hasta llegar a la libre valoración de la prueba, sin embargo, Nieva procede a afirmar que se debe estar pendiente “…de no perder la racionalidad a cambio de cálculos estadísticos sesgados y oscurantistas” (2013, p. 142.).

Para que la verificación pueda ser concretada debe contener de forma inherente e implícita los axiomas que describe Ferrajoli (1985) y de los cuales se abordaran los siguientes: 1) La culpa sin juicio; 2) el juicio sin acusación; 3) la acusación sin prueba y; 4) la prueba sin defensa. Dichas máximas contienen el sustento lógico y formal que permite fundamentar la objetividad de la verificación, no obstante, González (2020) se pregunta sí es posible tener un estándar de prueba realmente objetivo dentro del proceso penal.

Una vez formulada la verificación se requiere la posibilidad de refutación, en caso que exista entonces se estará planteando una correcta rigurosidad del proceso penal, como describe Ponce “…si un procedimiento que al final declara una verdad legal no es riguroso en la obtención de la prueba a través de la cual quien acusa verificará los hechos, pero además no permite contrastar esa verdad primigenia, estará afectado en ese carácter epistémico, que es exigible en todo procedimiento, que tiene como finalidad establecer una verdad, en juicio”(2019, p. 60). Para ello, la refutación colocará a las partes en igualdad de condiciones procesales para alegar los derechos que devengan del proceso, en este momento procesal el método de la confrontación permite que los argumentos de las partes puedan refutarse bajos los lineamientos, métodos, formalismos establecidos para cada una de las pruebas de acuerdo con Bustamante y Palomo (2018), usando la presunción de inocencia como regla indispensable en las diversas etapas del proceso penal.

Las etapas del proceso penal se dividen en tres: 1) Etapa de investigación que, a su vez, se divide en la investigación inicial y la investigación complementaria; 2) Etapa intermedia o de preparación de juicio y; 3) Etapa de juicio. Cada etapa dentro del proceso penal reviste diferentes especificaciones que enmarcan el qué y cómo se llevarán a cabo y que deberán cumplir el objetivo previsto en la normativa (CNPP, 2023). Dentro de la linealidad metodológica del proceso las tres etapas procesales en su esencia tienen un sentido ontológico, epistemológico y de metodología únicos, con objetivos específicos y donde el elemento sustancial es la refutación del acontecimiento, por esta razón la forma de sustentarla consiste en poder comprobarla a través de la prueba.

Considerando que el tratamiento de las pruebas dentro del proceso se caracteriza por diferentes denominaciones en cada etapa procesal: datos de prueba, elementos de prueba y órganos de prueba, respectivamente. Los cuales están envestidos de un objetivo específico que en forma concatenada logran dar sentido epistémico a la verdad que se quiere conocer y a la hipótesis de refutación.

Primeramente, la etapa de investigación es la antesala para determinar la viabilidad de los datos de prueba que sustentarán la detención del presunto responsable, posteriormente, en la etapa intermedia se presentarán dichos elementos de prueba que serán presentados dentro del juicio y, por último, en la etapa de juicio se resolverá sobre los llamados órganos de prueba. Los órganos de prueba han pasado previamente un proceso de rigurosidad, que si bien pueden ser perfectibles (Laudan, 2013) mediante estándares de prueba que aún permitan mayor certeza de la contradicción de las versiones del conflicto (hipótesis) y que serán justificadas con las variables de acreditación o desacreditación de las pruebas (datos, medios, órganos) a fin de dar sustento de manera metódica sobre la sentencia del juicio.

METODOLOGÍA PARTICULAR DEL PROCESO PENAL GARANTISTA

El marco teórico de toda investigación debe reposar en formulaciones teóricas que permitan construir, sistematizar, ordenar de manera lógica y fundamentar el planteamiento del problema con el objeto de la consecución del cumplimiento de los objetivos. Han sido varias las teorías sobre las cuales el proceso penal (inquisitivo, acusatorio y mixto,) ha reposado, ya que el procesamiento y cumplimiento del marco teórico de dichas corrientes han delineado el camino que debe corresponder al proceso penal, como menciona Mallorquín: “el desarrollo y transformación de las teorías es supuestamente un producto de cierto método” (1993, p. 269), por ello, el método en sentido amplio de “pensar y de actuar” puede verse en Lenin (2014).

La corriente del proceso inquisitivo fue sustentada en la teología y esta a su vez fue trasformada por la teoría mixta con tintes aun religiosos y posteriormente con el método de la inferencia que menciona Oxman (2016) que busca la relación entre el pensamiento, la acción y el resultado, explicación que puede determinar e inclusive influir en la determinación final de una sentencia, es por ello la importancia del método desde su enseñanza (Phélan, 2018).

Partiendo de la realidad actual que ha permeado al proceso penal Ponce afirma “este modelo teórico es el garantismo penal” (2019, p. 16) refiriéndonos al proceso penal acusatorio y adversarial nacido de las reformas del 2008 en México, cuando hacemos referencia al garantismo penal se muestra que la plena y exhaustiva legalidad de las normas son las que deben aplicarse, sin dejar de lado principios básicos de las nuevas reformas en derechos humanos y el debido proceso.

Hacer bien un proceso en materia penal significa aplicar en estricto derecho la norma creada para ello, Ponce señala que “Ferrajoli también dice que el procedimiento acusatorio es cognoscitivo, porque hay una averiguación de la verdad procesal empíricamente controlable y controlado, en donde deben existir hipótesis de acusación que tienen que probarse bajo cánones de presunción de inocencia, la carga de la prueba, el in dubio pro reo y las garantías procesales -publicidad, inmediación, contradicción y continuidad” (2019, p. 82) y también considera que la mejor forma en la actualidad para obtener resultados fundados en las leyes se llama garantismo y desarrolló la teoría del garantismo penal.

Si intentáramos cumplir con criterios de demarcación para revisar la metodología del proceso penal podíamos incurrir en incumplimiento de algunos estándares de la ciencia clásica, que no es el objetivo de la presente investigación, sino el de dar una interpretación distinta y seguir contribuyendo a la cientificidad del área del derecho, en especial del derecho procesal penal, que bien pueden tener “apertura, adecuación, racionalidad, sistematicidad, coherencia y , sobre todo formas de contrastación de las proposiciones” (Escobar, 2018, p. 137), también lo es que, la ciencia clásica debe repensarse y abrir las puertas a otro tipo de investigaciones con grado de cientificidad (Mabel, 2011).

CONCLUSIONES

El escenario conveniente de la ciencia se encuentra en donde no existe duda de lo que se conoce, aunque Popper (1980) afirmaba que si no hay refutación o duda no hay ciencia. Un escenario en el que existan parámetros de repetición, replicabilidad, orden y coherencia es visto como ciencia, por ello, la ciencia exacta mantuvo la idea de ser el único conocimiento correcto, perpetuo e inmutable. Actualmente, se puede hablar de que el conocimiento científico en las ciencias sociales y en especial del derecho siguen revolucionando su núcleo de existencia.

La generación de conocimiento en las ciencias sociales ha prosperado con innumerables teorías y metodologías que permiten entender acontecimientos sociales, además de que ha experimentado mayor expansión y aceptación entre los científicos, añade Villabella “aunque hoy no se pone en duda la trascendencia de la episteme social, tantos lustros de predominio científico positivista han dejado sus efectos” (2015, p. 925), basándonos en la explicación de los comportamientos sociales en forma natural o estudiadas a través del comportamiento social, cultural y económico que han permitido dar la explicación del acontecer social. En este contexto, el derecho no es ajeno pues ha generado nuevo conocimiento y explicaciones sobre los hechos y acciones en el ámbito jurídico.

La discusión en torno al explicar sí el derecho es considerada ciencia ha abierto un parteaguas para argumentar y visibilizar su construcción ontológica y epistémica. El derecho puede considerarse como parte de las ciencias sociales. Por un lado, las ciencias sociales poseen un núcleo ontológico, epistemológico y metodológico para explicar la interacción social, al igual el derecho que posee dicho sustento, aunado a esto, existe un respaldo teórico que permite dar explicación a hechos y actos sociales en el ámbito jurídico. Si bien el derecho no es equiparable a las ciencias naturales, es cierto que posee suficiente evidencia teórica que le permite avanzar en la explicación de los porqués de sus determinaciones jurídicas dentro de la sociedad, dando como resultado el sustento a su cientificidad (Hincapié, 2017 y Pérez, 2016).

Como parte del derecho el proceso penal ha ido perfeccionando teorías, estructuras y reformas jurídicas que han permitido su apego a la cientificidad, modificando y reformando su núcleo de conocimiento, así como metodologías para lograr mayor objetividad que admita replicabilidad y refutabilidad (Popper, 1980). Lo anterior es el motor de nuevos cambios que perfeccionan su desarrollo procesal en búsqueda de mejores condiciones de la sociedad (derechos humanos, debido proceso y garantismo), aunque también existen posturas como Taruffo (2011) que consideran que el sistema procesal penal acusatorio y oral aún no reúne las condiciones propicias en la consecución de la verdad mediante los métodos actuales, con lo cual podemos inferir que dicho procedimiento al día de hoy sigue en perfeccionamiento. Sin lugar a duda, los métodos aplicados en el proceso penal acusatorio y oral deben ser refutados a la luz de la cientificidad, creando nuevos caminos a construir para su mejora, la perfectibilidad debe ser metodológicamente hablando uno de los derroteros del proceso penal.

El proceso penal camina a una aproximación científica pues es creado como parte de la reparación social cuando un sujeto comete una trasgresión a la norma establecida, este momento activa las diversas interpretaciones de las teorías que serán de las apropiadas en la explicación y aplicación de los sistemas procesales penales (en la actualidad la teoría garantista), aunque en la práctica también se encuentre operando la teoría funcionalista. A partir del pensamiento teórico se exponen las formas, métodos, etapas, técnicas y otros elementos que confluyen en el proceso penal con el objetivo de cumplir la teoría imperante en proceso penal.

Por lo tanto, el proceso penal no es científico en estricto sentido si lo comparamos con las ciencias naturales, no es absoluto ya que existen interpretaciones subjetivas para su aplicabilidad (subjetividad del aplicador del derecho), sin embargo, el sustento ontológico, epistemológico y metodológico del proceso penal permite su explicación con base en la verdad como objeto de investigación; las conductas antijurídicas como el problema de investigación; el garantismo como teoría, con la contradicción como hipótesis y la acreditación o desacreditación como variables metodológicas, siendo este sistema el que acerca al proceso penal a la cientificidad.

La falta de consenso del derecho como ciencia y su proceder científico aún prevalece, sin embargo, fervientes al análisis del presente artículo consideramos que, desde la perspectiva del nacimiento del proceso penal en la actualidad, el objetivo del conocimiento del proceso penal y el método creado exclusivamente del proceso penal acusatorio y oral, nos acerca a la verdad más próxima bajo estos parámetros. Por lo tanto, el proceso penal se aproxima a la cientificidad en la medida que la rigurosidad de los métodos que se emplean busca el cumplimiento de los objetivos con base en la comprobación de la hipótesis y variables que se establecen dentro de un proceso penal. Finalmente, consideramos que los planteamientos vertidos en torno a la cientificidad del proceso penal construyen una base, con la cual, se plantea un precedente para futuras propuestas de reflexión.

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Notas
Notas
[1] Agradecimiento especial al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) por la cátedra CAT2024-0026 que permitió la colaboración y consecución del presente artículo (nota de los autores).
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