Resumen: El texto presenta una revisión minuciosa a los hitos más relevantes que se han presentado en el sistema jurídico mexicano diseñados para tutelar el avance progresivo de los derechos político-electorales de las mujeres mexiquenses. Se aborda el tema desde dos vertientes: la primera eminentemente jurídica considerando herramientas de orden internacional, así como las tesis jurisprudenciales y sentencias que han emitido la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su conjunto forman un andamiaje institucional que vela por el respeto de estos derechos femeninos; el segundo eje revisa cómo se ha manifestado en la práctica la garantía de los derechos referidos en el Estado de México y lo que se ha desarrollado al interior del Instituto Electoral del Estado de México, en tanto autoridad electoral administrativa, quien ha contribuido a que estos derechos de las mujeres se consoliden en la entidad con mayor número de electores en el país. El documento cierra con una serie de reflexiones finales que apuntan hacia agendas de investigación que pueden ser alimentadas con los puntos aquí desarrollados.
Palabras clave: democracia, derechos político-electorales, equidad, igualdad, mujeres.
Abstract: The text presents a thorough review of the most relevant milestones that have emerged within the Mexican legal system, designed to safeguard the progressive advancement of the political-electoral rights of women in the State of Mexico. The topic is approached from two perspectives: the first is eminently legal, considering international legal tools, as well as the jurisprudential theses and rulings issued by the Superior Chamber (Sala Superior) and the Regional Chambers (Salas Regionales) of the Electoral Tribunal of the Federal Judiciary (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), which together form an institutional framework that ensures respect for these female rights; the second axis reviews how the guarantee of these rights has manifested in practice in the State of Mexico, including the developments within the Electoral Institute of the State of Mexico (Instituto Electoral del Estado de México), as the administrative electoral authority, which has contributed to the consolidation of these women's rights in the entity with the largest number of electors in the country. The document concludes with a series of final reflections that point towards research agendas which can be informed by the points developed herein.
Keywords: democracy, political-electoral rights, equity, equality, women.
Artículos de investigación
Mecanismos de protección a los derechos político- electorales de las mujeres: la larga marcha hacia la igualdad en el Estado de México
Mechanisms for the protection of women’s political and electoral rights: the long march towards equality in the State of Mexico

Recepción: 02 Noviembre 2025
Aprobación: 05 Febrero 2026
Ha sido largo y sinuoso el camino recorrido en el sistema político y jurídico mexicano para abrir y garantizar que las mujeres sean sujetas plenas de derecho en el plano político. Desde los albores del siglo pasado, y gracias a las olas de feminismo que se vivieron en Europa y Estados Unidos, el sector femenino mexicano ha abrevado de luchas y consignas a favor de la igualdad de derechos -primero económicos y laborales, después políticos y sociales- para visibilizar en el campo jurisdiccional la necesidad de instrumentos que vigoricen y refuercen la presencia de este grupo poblacional en la toma de decisiones públicas.
No se trata, pues, de un movimiento emergente aislado o desconectado de los cambios ocurridos a nivel mundial, sino de una agenda progresista que permea a los Estados contemporáneos que buscan avanzar en términos de igualdad y equidad entre hombres y mujeres en la dimensión política que, además, privilegie la representatividad paritaria para ambos géneros en órganos legislativos, de gobierno y los jurisdiccionales[1].
En ese sentido, autores como Flores (2016), Ochoa (2009), Peña (2014), Santín (2012) y otros, han subrayado los bemoles observados a lo largo de las últimas dos décadas en las que, gracias a diversas reformas constitucionales se abrieron espacios para que las mujeres asumieran un rol más determinante en la vida pública de México. Esas transformaciones ocurridas a nivel nacional también impactaron en lo local, como un reflejo de que las estructuras normativas superiores tiene ecos profundos en un modelo federal como el caso mexicano. El alcance de estas se ha dejado ver en varios aspectos de la vida pública: en el número de legisladoras en Cámara de Diputados y de Senadores, en gubernaturas, en la integración de organismos autónomos, en los ayuntamientos, en la persona titular del Poder Ejecutivo Federal en el 2024 y en la integración del nuevo Poder Judicial.
Estos avances no habrían sido posibles, como se mencionó, sin los ajustes legales que obligaron a los partidos políticos a considerar a las mujeres como actoras indiscutibles de la arena electoral, para lo cual surgieron condiciones e instrumentos jurídicos de avanzada cuyos objetivos fueron, entre otros:
1) Erradicar la preponderancia masculina de los órganos de representación política,
2) Confeccionar medios de defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, y
3) Armonizar las transformaciones a nivel nacional con los marcos normativos estatales.
En ese sentido, las entidades federativas también han presentado logros significativos en cuanto a la presencia de mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por hombres. De vital importancia es lo anterior ya que referirse a los derechos humanos no significa establecer un catálogo distinto de derechos, sino hacer visibles los aspectos en los que las mujeres son menos favorecidas o reciben discriminación de género por razones políticas, culturales y sociales (Santín, 2012).
Tratándose del estado con el mayor número de habitantes y, por ende, con la lista nominal de electores más voluminosa, el Estado de México ha sido considerado como un laboratorio en el que se ponen a prueba las reformas político-electorales para conocer su posible impacto en otras latitudes nacionales. Bajo esa lógica, los avances o retrocesos registrados en esta materia en la entidad mexiquense son de obligado análisis si se busca contar con un estudio de caso cuyas características permitan ahondar en el impacto que han tenido los ajustes normativos para proteger los derechos político-electorales de las mujeres.
El presente trabajo se avoca a explorar dichos procesos, bajo la tesis central de que los cambios al entramado jurídico en sus diferentes niveles (constitucional, leyes secundarias y reglamentos tanto federales como estatales), han reforzado la práctica de los derechos político-electorales del sector femenino, pero aún distan de lograr una igualdad sustantiva, especialmente en aparatos administrativos locales como el municipio. Metodológicamente, la estructura analítica parte de un enfoque histórico-descriptivo a través del cual se bosquejan grosso modo los puntos de inflexión dentro del sistema jurídico para la tutela de derechos políticos. Sobre ello, el estudio se centra en una sucinta discusión teórica relativa a la importancia de tales prerrogativas para el desarrollo democrático de un Estado; se complementan estas aristas con la recopilación de estadísticas estatales y municipales de la entidad mexiquenses en las más recientes elecciones para visualizar el trayecto que ha seguido la igualdad y la paridad en los espacios de representación política, así como aquellos donde se toman decisiones de gobierno.
Así, son dos los grandes planos que conforman el texto: el primero presenta un breve repaso a los postulados teóricos más relevantes que son la base desde la cual ha ido evolucionando esta materia. Un segundo nivel, esboza los mecanismos jurídicos vigentes en favor de la igualdad y la paridad electoral y los resultados observados en el Estado de México con corte temporal de 2012 a 2025. La última sección delimita algunas consideraciones finales sobre los grandes pendientes en esta agenda y algunas propuestas para consolidar las instituciones desde una perspectiva integral de género.
A partir de los años setenta se incrementó en la literatura y en diversos marcos constitucionales a nivel internacional la incorporación de figuras pensadas para promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres. El antecedente de mayor alcance de ello fue la resolución 34/180 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conocida como Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), emitida el 18 de diciembre de 1979, considerado como el tratado internacional más amplio y fundamental en materia de derechos de la mujer.
Por su naturaleza, este documento resalta, entre otras cosas, la necesidad de cerrar las brechas de desigualdad reconociendo entre hombres y mujeres los mismos derechos y posibilidades de crecimiento personal, laboral, cultural. El Artículo 7 de la Convención fue explícito respecto de la obligación adquirida por los Estados firmantes para atender lo relativo a los derechos político-electorales de las mujeres. En efecto, el ordenamiento referido señala a la letra:
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;[2]
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.” [énfasis añadido] (ONU, 1979, p. 4)
Dar un apartado específico para atender la urgente necesidad de sumar a las voces femeninas en los asuntos públicos tuvo dos efectos: por un lado, visibilizar desde entonces las diferencias estructurales que no habían permitido que las mujeres se desenvolvieran en el plano político y, por el otro, desencadenar una serie de ajustes legales para abrir espacios a ese sector arropados bajo un instrumento de carácter internacional.
Aunado a la tendencia marcada por la Convención, otro quiebre importante fue la llamada “Declaración de Atenas” en la que se consignó: “La igualdad formal y real entre mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano. La igualdad exige la paridad en la representación y administración de las naciones (…) en la toma de decisiones públicas y políticas” (Declaración de Atenas, 1992). En sí mismo, el documento fue un paso determinante para aglutinar diversos esfuerzos por canalizar luchas aisladas para el reconocimiento de las mujeres como un activo necesario en la vida política de las naciones.
Tres años después, en Beijing, China, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres auspiciada por las Naciones Unidas, se redactó y aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995, considerado el plan más progresista que jamás ha existido para promover los derechos de la mujer. El apartado G del Capítulo III de dicho instrumento enfatizó que la problemática detectada en la CEDAW seguía vigente -la falta de acceso a espacios de poder por parte de las mujeres- y declaró: “La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer” (ONU, 1995, p. 137).
Para atender lo anterior propuso dos Objetivos estratégicos: 1) Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones; y, 2) Aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos. Ello fue contribuyendo a delimitar un radio más específico de actuación de los Estados, además de reconceptualizar lo que implica la igualdad política en procesos de democratización.
Consecuencia de lo anterior fue que se acuñó en círculos especializados el término de democracia paritaria entendido como una extensión de otras nociones de democracia que no hacia sino “enriquecerla, posibilitando que las ciudadanas accedieran a las promesa incumplida del carácter universal del principio de igualdad que extiende los derechos a todas las personas sin distinción, de ahí que la ampliación del estatuto de ciudadanía plena de las mujeres se convirtió en el nuevo paradigma de comunidad política, como la meta a alcanzar” (Peña, 2014, p. 32).
Rasgos básicos de una democracia paritaria son, además, el establecimiento formal de órganos de representación que atiendan lo más posible a la radiografía demográfica de un Estado, es decir, reconociendo la equivalencia estadística poblacional entre mujeres y hombres, de modo que la composición de un parlamento debe estar en sintonía con lo que se presenta a nivel social (Santín, 2012).
Bajo esa lógica, la inclusión de las mujeres en la vida política obedece a la necesidad de un reconocimiento explícito de su derecho a inmiscuirse en los asuntos públicos y, con ello, brindar a dichos espacios de pluralidad y plena representación de la población.
Para conseguirlo, los andamiajes jurídicos se han tenido que actualizar a fin de responder a las exigencias ontológicas, axiológicas y culturales de los tiempos que corren. En efecto, hoy se busca dinamizar las leyes para alcanzar tanto la igualdad como la equidad de hombres y mujeres[3], para lo cual en México se han elaborado sendas reformas tendentes a reducir la brecha y los desequilibrios para el acceso al poder por razones de género.
Para autoras como Roselia Bustillo:
…los derechos políticos de las mujeres se aseguran a través de la adopción de acciones afirmativas implementadas en las normas electorales de manera obligatoria o voluntariamente y resguardadas por organismos nacionales e internacionales, así como la emisión de resoluciones y sentencias a cargo de los diferentes tribunales encargados de observar el cumplimiento de la equidad de género para dos principios: el de paridad entre sexos o asegurar de facto la participación igualitaria entre hombres y mujeres con mínimas diferencias; y el principio de alternancia de género donde nadie se queda sin derecho a participar de forma sucesiva e intercalada (Bustillo en Valencia, 2020, p. 186).
De tal suerte que es en el corpus jurídico electoral en donde se ponen de relieve con mayor nitidez los avances en materia de garantía de los derechos político-electorales de las mujeres. Con atino se ha señalado que: “Precisamente, los derechos políticos, por ser universales no debería existir un distingo o regulación especial, pero las propias circunstancias sociales o un anquilosado encasillamiento de género, otorgaron un tratamiento históricamente diferenciado que motivó, desde el ámbito internacional en un primer momento, una respuesta para entender el lenguaje genérico de la legislación cuando se hace referencia a “ciudadanos” o “derechos del hombre” como incluyente de la mujer, y no al revés”. (Partida, 12-13, 2017).
En sintonía con lo anterior, Karolina Gilas ha señalado que: “La representación política de las mujeres no es solo una cuestión de justicia social y equidad, sino también un elemento crucial para el fortalecimiento de las democracias. La inclusión de las mujeres en espacios de toma de decisiones puede llevar a políticas más inclusivas y representativas, y a una mayor legitimidad del sistema político” (Gilas, 2024, p. 2).
Ahora bien, vale la pena explorar el sinuoso camino que se ha recorrido en México para que la doctrina jurídica tenga por plenamente reconocidos estos derechos para las mujeres ya que se constituyen como el marco general de actuación para que a su vez las entidades federativas adapten sus leyes. El proceso de inclusión de la mujer en los espacios de decisión pública en México se inscribe en una trayectoria jurídica que, si bien tardía en comparación con otras democracias, ha sido notablemente dinámica en las últimas tres décadas.
El punto de partida de este desarrollo se encuentra en la necesidad de transformar el principio de igualdad formal consagrado constitucionalmente en una igualdad sustantiva y material, particularmente en la esfera de la representación política. Históricamente, el sistema político mexicano se cimentó sobre una estructura patriarcal, donde el ejercicio del ius sufragii activo por parte de las mujeres (reconocido plenamente hasta 1953) no se tradujo automáticamente en el ejercicio pleno del ius sufragii pasivo, manteniendo los espacios de poder como feudos de exclusividad masculina. La superación de este déficit democrático requirió la intervención directa del legislador, así como del juzgador electoral[4].
El primer intento por corregir el desequilibrio histórico en la composición de los órganos de representación se materializó a través del establecimiento de las cuotas de género. Esta primera fase del andamiaje jurídico mexicano se caracterizó por una implementación gradual y, a menudo, ambigua.
La primera acción afirmativa se introdujo en 1993, cuando el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) incluyó una recomendación para que los partidos políticos consideraran la participación de las mujeres a cargos de elección popular. Puesto que no se trató de una norma sancionable, su eficacia fue prácticamente nula.
Ante esta limitante, en 1996 se definió que las candidaturas no debían superar el 70% para un mismo género. Aunque esta vez se estableció un umbral máximo, la sanción por incumplimiento no fue lo suficientemente robusta, lo que permitió a los partidos políticos continuar con prácticas de simulación de cumplimiento.
La reforma de 2002 quiso subsanar estas fallas elevando a rango constitucional la obligatoriedad de la cuota de género. Se introdujo además una primera directriz sobre la alternancia al estipular que, en el caso de las listas de representación proporcional, las candidaturas debían ser intercaladas entre géneros. No obstante, las reglas de postulación por mayoría relativa continuaron siendo un terreno fértil para la elusión normativa. Uno de los mecanismos más utilizados para la simulación fue la postulación de mujeres en distritos considerados perdedores o, alternativamente, la renuncia posterior a la elección de mujeres electas para que sus suplentes hombres tomaran posesión, convalidando de facto la exclusión original[5].
Fue en este contexto de evasión sistemática donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asumió un papel fundamental como legislador positivo y garante de la progresividad de los derechos. A través de diversas sentencias de interpretación, el TEPJF comenzó a rellenar los vacíos legales. Un hito decisivo fue la conocida jurisprudencia sobre las fórmulas de candidaturas, donde se estableció que, para efectos del cumplimiento de la cuota, la fórmula completa (propietario y suplente) debía ser del mismo género.
Esta interpretación buscó neutralizar el uso de mujeres propietarias con suplentes masculinos como técnica de fraude a la ley. A pesar de estos avances jurisprudenciales, el régimen de cuotas se mantuvo como una medida paliativa, insuficiente para asegurar una representación paritaria real y efectiva en el Congreso federal o en los congresos locales.
Complementando el curso que siguieron los cambios constitucionales, en el juicio SUP-REC-112/2013, se afirmaba que las cuotas “tienen como finalidad acelerar la participación de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural y en general, en todos los aspectos de la vida en sociedad”, y que “lo prioritario no es compensar o resarcir un mal infringido en el pasado, sino que con la vista puesta en el futuro, se busca que los grupos humanos se encuentren en una situación de mayor equidad en la toma de las decisiones que afectan a todos” (TEPJF, 2013). Este avance en los derechos político-electorales, detonado con base en sentencias del TEPJF, no opuso reparo a las nuevas demandas de modificación legal en materia electoral, muy por el contrario, alcanzó su cenit con las reformas constitucionales y legales de 2014.
Verdadero quiebre constitucional a favor los derechos político-electorales de las mujeres en México, la Reforma Constitucional en materia Político-Electoral de 2014 produjo un paulatino resquebrajamiento del sistema para abrir paso a una generación de políticas en espacios de toma de decisiones. Esta reforma, más que modificar el porcentaje de una cuota, elevó la igualdad de género a rango de principio constitucional rector de todo el sistema electoral mexicano. El artículo 41, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) fue modificado para establecer que la organización de las elecciones debía garantizar el principio de paridad de género.
El principio de paridad (50/50), a diferencia de la cuota (porcentaje mínimo), se estableció como una norma de mandato perentorio con miras a transformar la composición de los órganos legislativos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) replicaron este mandato, obligando a los partidos a postular el 50% de candidaturas de cada género, tanto en el principio de mayoría relativa como en el de representación proporcional.
La doctrina jurídica especializada subraya que la importancia de esta reforma radica en que la paridad dejó de ser una concesión o una medida temporal y se convirtió en un elemento estructural inherente al modelo democrático. Para algunas autoras (Fierro y Burgos, 2022; Peña, 2014) la reforma de 2014 no fue un mero ajuste porcentual, fue la constitucionalización de la paridad, entendida como un derecho humano de naturaleza colectiva que obliga a una reconfiguración total del poder legislativo, asegurando que la representación sea un espejo más fiel de la composición poblacional. Este cambio paradigmático demostró la capacidad del derecho electoral para pasar de ser un obstáculo a un motor de inclusión.
Por ende, es factible decir que la elevación del principio a nivel constitucional blindó la paridad contra la revocación legislativa simple, dotándola de supremacía jerárquica. Para garantizar la efectividad del principio, se diseñaron dos dimensiones de aplicación:
1) Paridad Vertical: Referida a la obligatoriedad de alternar el género en las listas de candidaturas de representación proporcional (es decir, en el orden de prelación de las listas plurinominales), asegurando que el 50% de los lugares con alta probabilidad de ser obtenidos correspondiera a mujeres. En el sistema de mayoría relativa, implicó la alternancia de género en las fórmulas de propietario y suplente.
2) Paridad Horizontal: Este componente fue esencial para las elecciones de Ayuntamientos y Congresos Locales, exigiendo a los partidos políticos postular a mujeres en, al menos, la mitad de los distritos uninominales y la mitad de los municipios en contienda. Este fue un mecanismo directo para combatir la concentración de mujeres en unos pocos espacios.
Estos mecanismos, reforzados por la capacidad sancionadora del Instituto Nacional Electoral (INE) y la interpretación expansiva del TEPJF, obligaron a los partidos a cesar las prácticas dilatorias y, por primera vez, garantizaron la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo y en distritos históricamente dominados por hombres. La transición del 30% al 50% marcó la frontera entre la tolerancia y la obligatoriedad de la representación, demostrando que solo la imposición legal estricta podía romper las barreras de acceso.
Asumiendo su rol determinante dentro del sistema jurídico, la Sala Superior del TEPJF emitió en 2015 dos criterios que dieron un soporte más robusto a lo consagrado en el marco normativo ya señalado. El primero de ellos, el 03/2015 definió sobre las acciones afirmativas que:
…[las acciones afirmativas] son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan para generar igualdad y no se considerarán discriminatorias siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para el cual fueron implementadas cesarán. Es por ello que las medidas temporales a favor de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son discriminatorias, ya que, al establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado[6] (TEPJF, 2015b).
Con este criterio, la autoridad jurisdiccional fijó un punto de no retorno a la paridad en el ámbito electoral lo que permitió a partir de entonces que los espacios de poder y de representación fueran ocupados por mujeres en regulares proporciones numéricas frente a los hombres. Como parteaguas institucional, el Tribunal consideró además que las acciones afirmativas estaban en sintonía con los controles de convencionalidad y constitucionalidad que ya se venían aplicando en esta materia. A decir de Fierro y Burgos:
…la paridad de género de facto es un indicador de cuán democrático es un sistema político. El apego a la paridad de género, sobre todo en las instituciones que ejercen el poder, pone de manifiesto la calidad de su democracia y la fortaleza del Estado de derecho… (2022, p. 79).
Ampliando su campo de acción, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral reconoció además al interés legítimo de las mujeres para solicitar la tutela de sus derechos, lo cual estableció mediante la Jurisprudencia 8/2015 que señala:
…cuando se trata de impugnaciones relacionadas con medidas vinculadas al derecho fundamental de paridad de género cualquiera de ellas cuenta con interés legítimo para solicitar su tutela. Esto debido a que la paridad de género produce un impacto colateral en la esfera jurídica de las mujeres[7], ello genera el interés legítimo para acudir a juicio, tomando en cuenta, en primer lugar, su pertenencia al grupo colectivo a favor del cual se pretende la instauración de la medida alegada; y en segundo, el perjuicio real y actual que genera en las mujeres al pertenecer al grupo que histórica y estructuralmente ha sido objeto de discriminación, incluso cuando la norma no confiere un derecho subjetivo o la potestad directa de reclamarlo (TEPJF, 2015a).
Es conveniente decir que estos avances no han estado exentos de críticas o, incluso, de simulaciones por parte de los partidos políticos. En efecto, como apuntan González, Gilas y Baéz:
…la nueva legislación general ya no incluye ninguna excepción a la aplicación de la acción afirmativa. La ley establece que los partidos deben seleccionar sus candidatos a los cargos públicos mediante procedimientos democráticos. Sin embargo, no acota ese concepto ni señala qué tipo de procedimientos pueden ser considerados como tales. Tampoco señala una vía para hacer converger ambos principios: el de paridad de género con el de una elección democrática (2016, p. 144).
Intentando subsanar lo anterior, la reforma constitucional de junio de 2019, denominada doctrinalmente "Paridad en Todo", significó la extensión del principio de paridad a la totalidad de la estructura del Estado mexicano. Modificando once artículos constitucionales (incluidos el 35, 41, 52, 53, 56, 94, 115, 116, 122), esta reforma estableció la obligación de observar la composición paritaria en:
1) Poderes Judiciales: En la integración de sus órganos (Suprema Corte, Tribunales Electorales y Consejos de la Judicatura).
2) Poder Ejecutivo: En la integración de los gabinetes federal, estatales y municipales.
3) Órganos Autónomos: En la designación de titulares y la conformación de sus cuerpos directivos.
4) Órganos de Gobierno Municipales: En las planillas de regidores y síndicos.
La trascendencia de esta reforma es innegable y a la luz de lo ocurrido en México en los últimos años (destacando la histórica elección judicial de 2025), se advierte con claridad que los avances aquí consignados han tenido resultados que marcan un cambio de paradigma en la concepción del ejercicio de poder visto desde la óptica de la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Este recorrido evidencia una transformación sin precedentes en la concepción del poder y la representación. Se transitó de una visión donde la participación de las mujeres era opcional y testimonial, a una donde es constitucionalmente obligatoria y esencial para la validez democrática del sistema.
Este corpus normativo ha sido fundamental para las mujeres, pues ha permitido una aceleración radical en el acceso a espacios de representación que antes eran exclusividad de los hombres (Medellín, 2024). El impacto no solo se mide en números, sino en la diversidad de las agendas y la legitimidad reforzada del sistema político. Las mujeres ahora lideran comisiones legislativas clave, dirigen gobiernos municipales y ocupan puestos de alta responsabilidad judicial, rompiendo el monopolio tradicional de la toma de decisiones.
Puesto que en México los cambios normativos a nivel federal impactan en los ordenamientos locales de las entidades federativas, es lógico asumir variaciones subnacionales en cuanto a los niveles de participación política de las mujeres y los marcos jurídicos para garantizarlos. El siguiente apartado da cuenta de esta realidad en el Estado de México, entidad cuyo peso político, económico y social es relevante para identificar los alcances que han tenido las reformas antes señaladas.
Con una población cercana a los 17 millones de personas y de éstas 8 millones 251 mil 295 siendo mujeres[8], el Estado de México cuenta con un universo importante de personas a las que las reformas político-electorales les benefician para garantizar su inclusión y desarrollo en la vida pública de la entidad. El peso poblacional justifica indudablemente que el andamiaje institucional gire para atender prioritariamente a este sector. Ya sea a través de medidas orientadoras o de sentencias judiciales, las autoridades electorales mexiquenses han enarbolado la bandera de la equidad y la paridad como pilares constitutivos de la democracia local.
En ese sentido, el presente apartado busca mostrar las variaciones que se han presentado en los últimos 10 años respecto de la participación de las mujeres en los cargos de elección y de representación popular. Se toma como referencia ese lapso debido a que las reformas constitucionales señaladas en el primer capítulo tuvieron mayores resultados a partir de 2014 y, por ende, resulta interesante analizar en qué medida los ajustes normativos han ido garantizando espacios para el sector femenino.
Punto de partida para el estudio son las disposiciones legales que enmarcan estas posibilidades de acceso al poder para las mujeres. El Código Electoral del Estado de México (CEEM) en su artículo 7 define la paridad de género como: “Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación” (CEEM, 2025, p.2). Además del citado, los artículos 9º, 23º y 26º establecen la obligatoriedad de considerar el principio de paridad para designar espacios de representación tanto en ayuntamientos como en el Congreso Local.
De igual manera, artículos subsecuentes[9] manifiestan la transversalización de la paridad al interior de la vida política de los partidos quienes, en última instancia, son los responsables de ofrecer al electorado las candidaturas para diversos espacios. El hecho de que el CEEM defina con puntualidad los alcances y las responsabilidades de los actores políticos para este tema apunta a una alienación con los ordenamientos nacionales, situación cuyos efectos se han dejado ver con notoriedad en las últimas elecciones.
En efecto, como se presenta en las tablas siguientes, es de resaltar el avance que han tenido las mujeres para llegar a Presidencias Municipales y Diputaciones. Si bien se trata de una radiografía estadística básica, no deja de ser interesante para el marco argumentativo de este trabajo a través del cual se busca dejar de manifiesto cómo los mecanismos jurídico-administrativos de protección a los derechos electorales de las mujeres sí han constituido un viento favorable para la equidad y la paridad.
Tabla 1. Integración de Legislaturas en el Estado de México 2012 – 2027 (por género).

A simple vista la composición del Poder Legislativo en el Estado de México registra saltos importantes respecto de la inclusión de mujeres. Así, se pasó de 11 legisladoras en 2012 a 38 en 2024, un avance muy significativo pues en ese año por primera vez las mujeres ocuparon el 51% de escaños en el Congreso. Este dato no es menor si se toma en cuenta que es aritméticamente proporcional el número de diputadas con el número de mujeres mexiquenses que es la mitad de la población en esta entidad.
Si bien este cambio se ha manifestado con mayor vigor en el campo parlamentario, no ha ocurrido en la misma magnitud a nivel de los ayuntamientos. La Tabla 2 consigna la evolución del número de mujeres que han accedido a una Presidencia Municipal en las últimas 5 elecciones:
Tabla 2. Integración de Presidencias Municipales 2012 - 2027 (por género)

No obstante que la diferencia es relevante de 2012 a 2024 al transitar de 14 presidentas Municipales a tener 54, las mujeres aún no ocupan el 50% de los ayuntamientos mexiquenses[10] lo cual es un reto frente a la tendencia nacional en donde, inclusive, ya existe un mayor número de Gobernadoras al frente de los Ejecutivos estatales[11]. Aunque las elecciones a nivel municipal tienen sus propias variables explicativas y son fenómenos de estudio complejos, no se puede soslayar la brecha existente en este ámbito de gobierno que ha impedido la paridad total en dichos cargos.
Mención aparte merece la búsqueda de la paridad en las responsabilidades directivas de la estructura municipal, pues ésta refleja, en no pocas ocasiones, una asignación por género del trabajo político. Mientras la paridad es obligatoria en la postulación de planillas (regidurías y sindicaturas), esta no se traslada automáticamente a la designación de los gabinetes municipales Las mujeres suelen ser relegadas a áreas de política social, cultural o de atención ciudadana, mientras que carteras estratégicas como Obras Públicas, Seguridad y Finanzas permanecen como monopolios masculinos, lo que evidencia que la paridad no ha permeado la distribución real del poder ejecutivo local.
Al no existir mecanismos de sanción tan estrictos para la conformación de equipos de trabajo como los que hay para las candidaturas electorales, la estructura administrativa municipal se convierte en un “techo de cristal” que impide que la visión de género sea un eje rector de toda la administración pública (Camarena y Saavedra, 2018).
Efecto inmediato de esto es la incapacidad de las mujeres para influir oportunamente en el diseño de políticas públicas, la asignación de recursos, la fiscalización y vigilancia presupuestales, entre otras áreas de vital importancia para la gestión municipal. Sin una presencia equilibrada en las direcciones que controlan el gasto y la infraestructura, la paridad se queda en una representación descriptiva (número de personas) pero carece de una dimensión sustantiva, pues no logra transformar las prioridades de gobierno desde una perspectiva integral de género.
Al tratarse de un fenómeno que persiste en este ámbito, queda como un pendiente en la agenda de investigación a fin de profundizar en las razones sociales, culturales o políticas que complican cerrar ese tramo de desigualdad; sin embargo, hay avances sustanciales al respecto y para ello la función del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha sido toral.
Indudablemente, un hito muy significativo del avance que han tenido las mujeres respecto del acceso a cargos de elección fue lo ocurrido en el marco de la Reforma al Poder Judicial de 2024, la cual mandató que fuera la ciudadanía quien, por primera vez en la historia, tuviera el derecho de elegir a personas juzgadoras para diversas instancias judiciales.
Para ello, en el Estado de México se celebraron las elecciones extraordinarias en el 2025 para definir quiénes ocuparían 91 plazas en el Poder Judicial local. Resultado de ello, y gracias a los criterios de equidad y paridad, una mujer ocupará el cargo para el segundo periodo de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, tres mujeres como Magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, 16 como Magistradas del Tribunal Superior de Justicia y 34 como Juezas (IEEM, 2025b).
Que uno de los Poderes públicos tradicionalmente dominado por hombres hoy se transforme y cuente con un 50% de mujeres en juzgados es un síntoma inequívoco de cómo la doctrina a favor de la paridad total se está volviendo una realidad. En este desarrollo, el órgano electoral estala ha sido un actor determinante.
Creado a la luz de las transformaciones que sufrió el sistema político mexicano en la década de los noventa, el IEEM se ha caracterizado por ser una institución de vanguardia en temas de vigilancia y protección de los derechos político-electorales; lo que corresponde a las mujeres en política no es la excepción.
Ejemplo de ello es el Observatorio de Participación Política de las Mujeres que surge de la iniciativa y trabajo coordinado del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) ahora Secretaría de las Mujeres (SeMujerEdoMex), la autoridad administrativa electoral, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), mediante el convenio de coordinación interinstitucional, de fecha 19 de enero de 2017.
El objetivo de este Observatorio es: “Contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político estatal y municipal haciéndolo a través de 5 objetivos específicos:
1) Generar, sistematizar y divulgar información sobre la evolución de la participación política de las mujeres en el Estado de México.
2) Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
3) Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales.
4) Impulsar una agenda de igualdad sustantiva en el ámbito político estatal y municipal.
5) Promover la participación ciudadana a favor de la participación política de las mujeres.” (IEEM, 2025)
La naturaleza eminentemente sociopolítica de este instrumento resalta la importancia que le da el IEEM a la promoción de la inserción de las mujeres en espacios de poder. No se trata de un ejercicio estéril considerando que en él confluyen otras instancias con similares preocupaciones respecto de la necesidad de reducir desigualdades y garantizar la equidad entre hombres y mujeres. Uno de los temas a los que el Observatorio ha dedicado grandes esfuerzos es el de la visibilización y denuncia de la Violencia Política en Razón de Género (VPRG)[12], tipo de agresión que incluso se encuentra tipificada en distintos ordenamientos legales[13].
Un banco de información relevante proporcionado por el Observatorio y el impacto de su actuar en el ámbito estatal son los Diagnósticos de sentencias por violencia política contra las mujeres en razón de género que dan cuenta de la actividad jurisdiccional enfocada a resolver litigios en los que se han visto vulnerados o dañados los derechos políticos de ese sector poblacional.
Elaborados y presentados desde el 2022, los Diagnósticos han registrado hechos constitutivos de faltas que la autoridad competente ha sancionado a través de diversas medidas cautelares y sentencias, proveyendo a las denunciantes de instrumentos jurídicos apropiados para garantizar el pleno goce de sus derechos en el ámbito electoral. Tales expedientes deben valorarse como avances sustanciales en el Estado de México, pues reafirman el supuesto de que la equidad y la paridad no sólo se reflejan en los resultados de las elecciones, también se aprecian en diferentes dimensiones de la vida pública lo que evidencia el trasvase de estos principios a un espectro más amplio de actuación de las autoridades en la materia.
Otros ejemplos mecanismos orientadores para que las mujeres encuentren defensa de sus derechos son: la Caja de Herramientas de Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón del Género en el Estado de México y el Protocolo para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en el Estado de México. Del primero documento es de subrayar su objetivo establecido como:
…facilitar información útil tanto para quienes enfrenten una situación de VPMRG, como para aquellas personas que busquen contenido relacionado con esta materia, así como para partidos políticos e instituciones facultadas para la prevención, atención y seguimiento de este tipo de violencia. El diseño de esta herramienta se enfoca en hacerla accesible y práctica, mediante el uso de un lenguaje de fácil comprensión e inclusivo y no sexista, con el fin de facilitar su consulta. Se encuentra dividida en los siguientes ejes: Prevención, Atención, Procesos Electorales y Ejercicio del Cargo (IEEM, 2024, p. 11).
Destaca que esta obra intenta ofrecer una visión integral de cómo el fenómeno de la violencia política atenta directamente contra el derecho humano de las mujeres a participar en la política. No es, por lo tanto, una guía ilustrativa sino un documento práctico para que toda aquella persona que sienta vulnerado alguno de sus derechos tenga a la mano la posibilidad de denunciar y obtener la reparación del agravio.
Similar intención tiene el Protocolo pues se propone: “Orientar la actuación de las autoridades competentes del Estado de México para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género; así como servir de guía para las mujeres que son violentadas en el ejercicio de sus derechos político-electorales y ser un referente de consulta para la ciudadanía, las servidoras y los servidores públicos” (IEEM, 2021, p. 35).
Al estar enfocado, principal pero no limitativamente, a las funciones de aquellas personas que ejercen actos de autoridad, el Protocolo se inserta en el conjunto de instrumentos con fines de establecer criterios para que la respuesta ante un hecho de violencia de género que vulnere la paridad y la equidad sea atendido debidamente. Con ello, el IEEM y las demás instancias que colaboran en ello, han sumado esfuerzos en pro de delimitar su campo de acción en esta materia, al tiempo de evidenciar la necesidad de generar sinergias institucionales para optimizar la justicia electoral hacia las mujeres.
Los elementos aquí descritos sugieren que el Estado de México cuenta con un andamiaje robusto para que los derechos político-electorales de las mujeres estén plenamente garantizados. Son esfuerzos puestos en práctica cuyos resultados se empiezan a observar tanto en las elecciones como en la vida pública; pese a ello, aún quedan tareas pendientes para que esto se traduzca en un cambio genuinamente cultural pues, si bien esos derechos están consagrados en sendos marcos normativos, es en el núcleo social donde se requiere de una nueva concepción orientada al entendimiento de la paridad como un detonante indispensable de los procesos de democratización en el país y en el Estado de México.
La evolución del marco jurídico en México, desde las cuotas recomendatorias de 1993 hasta las de mayor calado en las que subyace el concepto de “Paridad en Todo” de 2019, confirma que los avances en los derechos político-electorales de las mujeres no fueron una concesión, sino el resultado de una imposición legal y una tenaz batalla jurisdiccional. La doctrina y la práctica demostraron que la igualdad formal inscrita en la Constitución requería de acciones afirmativas de carácter perentorio, como la paridad 50/50, para desmantelar la arraigada estructura patriarcal del sistema político mexicano.
Laura Valencia caracteriza lo anterior de la siguiente manera:
…el progreso en la paridad electoral ha impulsado, aunque de manera paulatina[14], el liderazgo femenino en diversos cargos de decisión política, sobre todo en el ámbito legislativo (…) el impulso de la paridad electoral tuvo efectos positivos, aunque por debajo de la propia equidad… (Valencia, 2020, p. 200).
Como se ha visto a lo largo del documento, la paridad se ha logrado, aunque siguen persistiendo espacios en los que éste no termina por ser implementada a cabalidad. Ejemplo de ello es la composición de las Presidencias de las Comisiones Legislativas, tanto en el Congreso Federal como en las Cámaras de Diputados estatales.
Esto, de suyo, sugiere que los ámbitos de aplicación de la ansiada equidad necesitan ampliarse y transversalizarse ya que la paridad en la integración del órgano no se traduce automáticamente en la paridad en los espacios clave de dirección y control legislativo, lo que puede mermar la capacidad de las mujeres para influir en la agenda y el destino de las iniciativas.
Para el caso específico del Estado de México, por su peso en el concierto político nacional, la realidad refleja de manera palpable la efectividad del andamiaje legal, aunque sin llegar a ser totalmente implementado. Los datos demuestran un avance significativo en la composición del Poder Legislativo local, donde las mujeres pasaron de ocupar un escaso 15% de escaños en 2012 a alcanzar la paridad con el 51% en 2024. Este hito no solo es estadístico, sino que consolida el principio de equidad al asegurar que la integración del Congreso sea un espejo fiel de la población mexiquense.
No obstante, el análisis en el ámbito municipal evidencia un rezago significativo que debe ser prioritario en la agenda de investigación y acción política. Si bien el número de presidentas municipales se ha incrementado notablemente, el hecho de que las mujeres aún no alcancen la paridad total en los Ayuntamientos sugiere que las barreras culturales, sociales y políticas son más complejas y resistentes en el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. La aplicación de la paridad horizontal, diseñada para este nivel, se enfrenta todavía a la resistencia de los liderazgos locales y a la persistencia de prácticas clientelares o caciquiles que favorecen históricamente a los hombres.
Y es que, además de las Presidencias Municipales y de las sindicaturas o regidurías, la equidad tendría que ser transversal a la estructura administrativa. Este punto se antoja para una investigación de mayor profundidad para revelar si en los gabinetes de este ámbito de gobierno predomina la lógica de asignación de espacios a los hombres o si, por el contrario, hay una tendencia a homologarlos en clave de 50/50 así como para la conformación de una legislatura. La ausencia de mujeres en carteras clave (como Obras Públicas, Seguridad o Finanzas) dentro de los Ayuntamientos es un indicador de que la paridad, a pesar de ser obligatoria en la postulación, no ha permeado la distribución real del poder ejecutivo local.
Parte fundamental para dar aliento a este cambio tan necesario son los partidos políticos como responsables de asignar las candidaturas respectivas. En efecto, no se debe olvidar que, dentro del largo camino de la lucha por los derechos de las mujeres, los institutos políticos tienen responsabilidad para seguir fraguando en diversas etapas y momentos de la contienda político-electoral las bases para que este sector de la población no vea disminuida sus oportunidades de entrar en el terreno de la toma de decisiones.
Instrumento apropiado, pero no exhaustivo, para alcanzar lo anterior son los llamados “bloques de competitividad”, mecanismos diseñados para que los partidos políticos cumplan con la paridad de género en la postulación de candidaturas, dividiendo los distritos electorales en tres grupos (baja, media y alta competitividad) según la votación anterior.
Desde luego que ello requiere una exploración profunda de las variables que complican la aplicación estricta de la paridad horizontal en este ámbito, pero quedan consignadas como pendientes para una agenda de mayor alcance del que se ha pretendido en este trabajo.
Asumiendo su papel en el sistema jurídico-administrativo electoral, es de resaltar la trascendencia de la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). El TEPJF, a través de sentencias clave (como la referida a las "Juanitas" o la que establece el interés legítimo de las mujeres para la tutela de la paridad), actuó como el motor de cambio, obligando a los partidos a cesar las prácticas de simulación. Por su parte, el IEEM, como autoridad administrativa, ha sido fundamental en la armonización normativa y en la creación de herramientas preventivas, consolidando estos derechos electorales de las mujeres en el ámbito estatal.
La democracia paritaria, como paradigma de comunidad política, se fortalece al reconocer que la inclusión femenina es una precondición para la legitimidad de las instituciones. Este sistema jurídico no solo garantiza el derecho de las mujeres a ser votadas, sino que asegura el derecho colectivo de la sociedad a ser gobernada con perspectivas diversas. La consolidación de la paridad en México, evidenciada por la histórica elección de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal en 2024, es el resultado directo de la firmeza con la que se aplicaron estas normas.
A pesar de los logros en paridad y equidad, el estudio plantea un pendiente crucial: el fortalecimiento de los mecanismos de protección contra la Violencia Política en Razón de Género (VPMRG). Si bien la tipificación legal ya existe, el avance en el acceso no puede verse minado por la violencia en el ejercicio del cargo. La futura ruta de investigación debe enfocarse en la eficacia ex post de los protocolos y sanciones, asegurando que la impunidad no se convierta en el último bastión de la exclusión.
Finalmente, la larga marcha hacia la igualdad en el Estado de México requiere un enfoque colaborativo. Leticia Santín lo expone con precisión: “(…) es importante realizar esfuerzos articulados con agentes electorales, como autoridades electorales, legisladores, partidos políticos y con actores políticos y académicos (…) para generar integralmente estrategias sustantivas de atención a los problemas y necesidades prácticas de las mujeres para la expansión de sus derechos humanos” (Santín, 2012, p. 305). Solo así se garantizará que la igualdad sea una realidad sustantiva y no solo un enunciado normativo y que el Estado de México logre consolidar plenamente la democracia paritaria en todos sus órdenes de gobierno y administración.
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