Artículos de investigación

Crisis de los Derechos Humanos en México durante el siglo XXI: La brecha entre pobreza multidimensional y la Agenda 2030

Human Rights Crisis in Mexico during the 21st Century: The gap between multidimensional poverty and the 2030 Agenda

María Guadalupe Sánchez Trujillo
Universidad Anáhuac Mayab, México

Crisis de los Derechos Humanos en México durante el siglo XXI: La brecha entre pobreza multidimensional y la Agenda 2030

Ius Comitiãlis, vol. 8, núm. 15, pp. 80-100, 2025

Universidad Autónoma del Estado de México

Recepción: 09 Marzo 2025

Aprobación: 28 Abril 2025

Resumen: Este trabajo aborda la crisis de los derechos humanos en México durante el siglo XXI, centrando el análisis en la persistente brecha entre la pobreza multidimensional y los compromisos asumidos por el Estado en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El problema central radica en que, pese a los avances normativos y la existencia de múltiples programas sociales, amplios sectores de la población continúan viviendo en condiciones de privación que vulneran el ejercicio efectivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), como el acceso a la salud, educación, alimentación nutritiva y vivienda digna. El objetivo del estudio es analizar cómo la pobreza multidimensional limita el cumplimiento de los derechos humanos y obstaculiza el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente de los ODS 1 (Fin de la pobreza) y 10 (Reducción de desigualdades). La metodología empleada es hermenéutica-jurídica, con análisis documental y normativo, principalmente mediante informes del CONEVAL sobre medición de la pobreza multidimensional y reportes de organismos internacionales (CEPAL, la OCDE y la ONU). La aportación principal del trabajo es evidenciar la desconexión entre el diseño técnico de políticas públicas y su impacto real sobre las condiciones de vida de la población.

Palabras clave: Derechos humanos, pobreza multidimensional, desarrollo sostenible, desigualdad social, política social.

Abstract: This paper addresses the human rights crisis in Mexico during the 21st century, focusing its

analysis on the persistent gap between multidimensional poverty and the commitments made by the State within the framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The central problem lies in the fact that, despite regulatory advances and the existence of multiple social programs, large sectors of the population continue to live in conditions of deprivation that violate the effective exercise of Economic, Social, and Cultural Rights (ESCR), such as access to health, education, nutritious food, and decent housing. The objective of this study is to analyze how multidimensional poverty limits the fulfillment of human rights and hinders progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDGs 1 (No poverty) and 10 (Reduced inequalities). The methodology employed is hermeneutical and legal, with documentary and normative analysis, primarily through CONEVAL reports on multidimensional poverty measurement and reports from international organizations (ECLAC, OECD, and the UN). The main contribution of this work is to highlight the disconnect between the technical design of public policies and their actual impact on the population's living conditions.

Keywords: Human rights, multidimensional poverty, sustainable development, social development, social inequality, social policy.

INTRODUCCIÓN

Los diagnósticos en materia de derechos humanos (DD. HH.) señalan que en México vivimos una crisis porque no se respetan, pues la corrupción en los sectores públicos y privados, la inseguridad pública, el crimen organizado, la inacción de las autoridades, entre otros, están polarizando la sociedad y encendiendo las alertas respecto a qué va a pasar en nuestro país porque no vemos acciones claras y efectivas a favor de la restauración del Estado de Derecho. Organismos como Washington Office on Latin America (WOLA), Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros, han manifestado reiteradamente su preocupación por los pocos e inclusive nulos avances para contrarrestar las violaciones de DD. HH. en México.[1]

En 2011, se resolvió la Contradicción de Tesis 293/2011, iniciándose así una nueva época en el Semanario Judicial de la Federación marcada por una cada vez más concreta y atinada tutela a los DD. HH. Es decir, los criterios vertidos en cada una de las tesis judiciales a partir de esa fecha han ido abonando interpretaciones y argumentaciones a favor de los DD. HH. Además, se insertó en nuestra CPEUM el principio de control de convencionalidad en el primer párrafo del artículo 1° y el principio pro persona en el párrafo segundo de la referida disposición.

En 2024 se concretó la reforma constitucional que transforma al Poder Judicial Federal para dar paso a la elección de los jueces a partir del 1° de junio de 2025, fecha en que por primera vez se emitirá el voto ciudadano para insacular a los jueces, magistrados y ministros lo que puede impactar aún más en los DD. HH.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

En México, los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza señalan que una persona se encontrará en situación de pobreza multidimensional cuando sus

..ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad (DOF, 30 de octubre de 2018).

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el mundo 1.100 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional y al menos 455 millones de personas viven en países en conflicto (PNUD, 2024). Lo más grave de este escenario es que 584 millones de pobres, está integrado por niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Para 2022, las estimaciones poblacionales en México arrojaban un poco más de 130 millones de habitantes, de los cuales 46.8 millones se encontraban en pobreza multidimensional (CONEVAL, 2023a).

Tabla 1.
Población en situación de pobreza según grado.
Población en situación de pobreza según grado.
Fuente: INEGI (2022).

El Índice Global de Pobreza Multidimensional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo e Iniciativa de Oxford sobre Pobreza y Desarrollo Humano (Global MPI, 2024) está integrado por 10 indicadores agrupados en 3 dimensiones que se pueden visualizar en el esquema #1.

Esquema 1.
Estructura del Índice Global de la Pobreza Multidimensional.
Estructura del Índice Global de la Pobreza Multidimensional.
Fuente: elaboración propia con datos de Global MPI 2024.

Conforme con la Ley General de Desarrollo Social, el índice de medición de pobreza que utiliza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL[2]) se integra por los siguientes indicadores: 1) Ingreso corriente per cápita; 2) Rezago educativo promedio en el hogar; 3) Acceso a los servicios de salud; 4) Acceso a la seguridad social; 5) Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa; 6) Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa; 7) Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 8) Grado de cohesión social, y 9) Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada. (Art. 36).

Los indicadores constituyen datos razonados que se emplean para medir, evaluar y comparar situaciones en este caso de desarrollo social para determinar cómo se encuentran ubicadas las personas frente a otras. Lo anterior tiene como finalidad ayudar a tomar decisiones para la acción pública en aras del bien común. Sin embargo, a pesar del marco normativo que se tiene en México y el sistema técnico de medición de la pobreza implementado por el CONEVAL, no se han generado políticas públicas que tengan como objetivo transformar estructural y sosteniblemente las condiciones de vida de la población en situación de pobreza. La aparente desconexión entre diagnóstico técnico y resultados exitosos de largo plazo evidencian la falta de planeación y coordinación a favor de la disminución de la brecha socioeconómica (De la Torre, 2024).

POBREZA Y DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC)[3]

En 1966 se celebró el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 16 de diciembre de 1996, resolución de la Asamblea General 2200 A XXI), en donde los países firmantes reconocen que todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sus riquezas y recursos naturales, pues constituyen medios de subsistencia.

Todos los derechos impactan en el patrimonio material e inmaterial de las personas y la comunidad, por lo que la violación de cualquiera de ellos implica un menoscabo y una desventaja que debe ser subsanada para garantizar la igualdad entre los miembros de la sociedad. Los DESC buscan garantizar que todas las personas cubran sus necesidades de subsistencia, dotándolos de bienes sociales, financieros, servicios y oportunidades laborales y comerciales frente al desarrollo industrial y la globalización económica que actualmente se vive.

El Estado debe establecer políticas públicas que atiendan a promover cada uno de los DESC con la finalidad de que los individuos alcancen el bienestar personal, familiar y social. Por ejemplo, en el ámbito del derecho al trabajo en México se tiene un conjunto de esfuerzos gubernamentales que pretenden dotar a la sociedad de oportunidades para que todos puedan contar con empleo, esto a través del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y del Programa de Empleo Temporal (PET), entre otras estrategias.[4] Sin embargo, no se logra que la mayoría de la población se beneficie de estos esfuerzos, sino que alrededor del 60% de la población económicamente activa prefieren continuar en la economía informal en donde no cuentan con seguridad social, acceso al sistema de pensiones, entre otros (Pujalte, 2020, p. 16).

Para diciembre de 2025, las metas federales del PAE estiman que se habrán atendido 1 millón 940,299 personas, de las cuales 552,753 se colocarán en un empleo, aunque en total se contarán con 1 millón 472,886 vacantes (Unidad del Servicio Nacional de Empleo, 2025, p. 14), es decir, más del 70% de las plazas ofertadas quedarán desocupadas. Esto significa que algo no se está haciendo bien, pues por un lado hay personas que requieren un empleo, necesitan ingresos para mantener a sus familias y por el otro, hay empleadores que no logran cubrir sus puestos vacantes.

El modelo mexicano debe reestructurarse para que se tengan mejores resultados para el bienestar de todos, es decir, deben transversalizarse los distintos subprogramas, así como establecer mecanismos para su seguimiento y evaluación externos. Debe aumentarse la formalización del empleo y la recaudación fiscal, transparentar el uso de los recursos públicos, proceder eficazmente contra los servidores públicos que hagan mal uso de sus atribuciones, entre otras acciones (Pujalte, 2020).

Los fracasos de las administraciones públicas para lograr que todos los miembros de la comunidad alcancen un mínimo vital, condena a la pobreza multigeneracional. De acuerdo con Rowntree, una persona, una familia o una población es pobre “cuando los ingresos totales son insuficientes para obtener lo mínimo necesario para la subsistencia” (citado por Olavarría, 2001, p. 3), es decir, la pobreza es la falta de alimentos, vestimenta, medicamentos, habitación, trabajo, entre otros y que se traduce en exclusión social. La pobreza dificulta el acceso a los DD. HH., particularmente a las derechos económicos, sociales y culturales, pues niega las oportunidades y recursos necesarios para que las personas puedan vivir en condiciones dignas.

AGENDA 2030

En la historia reciente se tienen registrados esfuerzos globales para luchar contra las desigualdades sociales. La pobreza multidimensional ha generado que un conjunto de países firme acuerdos para realizar acciones que abonen a que sus sociedades abandonen poco a poco la pobreza y tengan mejores oportunidades de vida.

En 1980 se celebró la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, su finalidad era promover políticas y programas públicos a favor del desarrollo y el empoderamiento de la mujer para lograr un mundo más equitativo y justo, bajo la convicción que el desarrollo de la sociedad requiere que la mujer trabaje y coadyuve en los esfuerzos desde una posición justa y digna. En 1985 se dio la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de la Naciones Unidas para la Mujer, en donde se plantearon las medidas que deberían concretarse para lograr la igualdad de género y los espacios para las mujeres participaran en los esfuerzos para el progreso de las naciones.

En 1986 se emitió en Nueva York la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Desarrollo, donde se afirma que para la concreción de los DD. HH. se requiere la participación de todos los Estados, quienes deben crear condiciones nacionales e internacionales para la realización del derecho al desarrollo. En el año 2000 se celebró la Cumbre del Milenio teniendo como resultado la Declaración del Milenio con el objetivo de establecer compromisos en ocho ejes: 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2) Lograr la enseñanza primaria universal, 3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 4) Reducir la mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud materna, 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Frente a un nuevo siglo, se determinó que los 189 países miembro de las Naciones Unidas debían comprometerse a realizar esfuerzos para sacar a los más posibles de la pobreza, teniendo como principios rectores: la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto de la naturaleza y responsabilidad común (Organización de las Naciones Unidas, 2000).

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyeron un plan ambicioso pero necesario para trabajar globalmente a favor del desarrollo con particular énfasis en los menos favorecidos, sin embargo, el éxito del proyecto dependía al igual que en la actualidad, del ODM8, de la voluntad de los países ricos y de su liderazgo (Herfkens, 2008, 1 de marzo). Sin embargo, de continuar con las políticas económicas que se han venido instaurando, será aún más difícil que los campesinos, ejidatarios y pequeños productores del campo puedan ser competitivos y salir de la pobreza ya que

…las políticas agrícolas destruyen sus mercados locales: el 70 por ciento de los pobres del mundo viven en zonas rurales y dependen de la agricultura, pero no pueden salir por sí solos de la pobreza ya que no pueden competir contra una producción subvencionada (Herfkens, 2008, 1 de marzo).

En 2002 se celebró la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible buscando asegurar compromisos de los países participantes en materia de desarrollo económico, social y la protección ambiental global. En 2007 se emitió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, enfatizando que los pueblos indígenas tienen derecho al mismo acceso al desarrollo que los demás, así como a la preservación de sus instituciones, culturas y tradiciones. En 2012 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), ahí se inició el proceso para la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fundados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En 2015 se efectúo la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, además, se dio la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 2015 más de 150 países se comprometieron a redoblar esfuerzos para lograr un mundo sostenible, inclusivo y próspero en 2030 (CEPAL-Organización de las Naciones Unidas, 2024a).

De los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 el número 1 es “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”[5], lo que significa que al menos un grupo importante de países deben hacer un gran esfuerzo político y económico para lograrlo. Por su parte, los gobiernos de los países subdesarrollados deben ser conscientes de los desafíos que tendrán que enfrentar, entre los que se encuentra el cambio climático que seguirá ocasionando desastres naturales afectando progresivamente a los grupos más precarios e inestabilizará a sectores sociales que en otros momentos no habrían sido turbados. Por ello deben generar políticas públicas que fomenten la atención integral a esta problemática de forma preventiva y no de naturaleza reactiva como hasta ahora, en muchos de nuestros países sucede (Cepal- Organización de las Naciones Unidas, 2024b).

En México, no se tiene información al día y metodologías que permitan determinar en qué grado de cumplimiento de los ODS se encuentra el país (ONU Mujeres, 2024). Aunque se ha reportado que un conjunto de acciones gubernamentales tiene como finalidad disminuir la pobreza, que consisten principalmente en programas de donaciones de dinero para grupos vulnerables. A nivel global, los avances y desafíos de los ODM 2015 se proyectan en los ODS 2030, lo que ayuda a tener un panorama de los logros y áreas de oportunidad que deben atenderse para avanzar hacia la meta planteada.

En cinco años se cumplirá el termino establecido para los ODS 2030; se realizó una revisión de lo logrado en 2015 y después en 2020 y los datos aún están lejos de la meta que se busca alcanzar.

Tabla 2
Cuadro comparativo de avances y desafíos en indicadores clave según el Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015 (Organización de las Naciones Unidas, 2015) y el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020 (Organización de las Naciones Unidas, 2020).
Personas en extrema pobrezaLa cantidad de personas que viven en pobreza extrema se redujo de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015.En 2015, el 10% de la población mundial vivía en pobreza extrema, frente al 36% en 1990. Sin embargo, se proyecta que la tasa de pobreza mundial aumentará en 2020 por primera vez desde 1998, debido a la pandemia de COVID-19.
Personas trabajadoras que viven con más de 4 dólares al díaLa clase media trabajadora que vive con más de 4 dólares diarios se triplicó entre 1991 y 2015.No se dispone de datos específicos en el informe de 2020 sobre este indicador.
Personas con nutrición insuficienteLa proporción de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo disminuyó casi a la mitad desde 1990.En 2019, se estimó que casi 690 millones de personas, o el 8,9% de la población mundial, estaban desnutridas, un aumento de 10 millones desde 2018 y de casi 60 millones en cinco años.
Cantidad de niños que abandonan la escuelaEl número de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistían a la escuela se redujo de 100 millones en 2000 a 57 millones en 2015.En 2018, 258 millones de niños, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 17 años no asistían a la escuela, lo que representa el 17% de la población mundial en ese grupo de edad.
Tasa mundial de mortalidad infantil (menores de 5 años)La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años disminuyó de 90 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 a 43 en 2015.En 2018, la tasa mundial de mortalidad de menores de 5 años se redujo a 39 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.
Tasa de mortalidad maternaDesde 1990, la tasa de mortalidad materna global disminuyó en un 45%.En 2017, la tasa mundial de mortalidad materna fue de 211 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, una reducción del 38% desde 2000.
Número de personas que tuvieron acceso a saneamiento mejorado2.100 millones de personas obtuvieron acceso a saneamiento mejorado desde 1990.En 2017, el 45% de la población mundial utilizaba servicios de saneamiento gestionados de forma segura.
Personas con acceso a agua potable2.600 millones de personas obtuvieron acceso a una fuente de agua potable mejorada desde 1990.En 2017, el 71% de la población mundial utilizaba servicios de agua potable gestionados de forma segura.
Personas con acceso a electricidadNo se proporciona información específica en el informe de 2015 sobre este indicador.En 2018, el 90% de la población mundial tenía acceso a electricidad, frente al 83% en 2010.
Personas que perdieron empleoNo se proporciona información específica en el informe de 2015 sobre este indicador.Se proyecta que la pandemia de COVID-19 provocó la pérdida de 400 millones de empleos a tiempo completo en el segundo trimestre de 2020.
Fuente: elaboración propia (ONU, 2015; ONU, 2020)

Los indicadores de la figura 3 son algunos de los factores que se emplean para la medición de la pobreza y como se aprecia en los informes revisados, no se cuenta con datos completos y suficientes para determinar objetivamente en qué punto se encuentra cada rubro.

SALUD Y POBREZA

Como se ha dicho, el Índice Global de la Pobreza Multidimensional (Global MPI) y el Índice del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) incluyen a la salud como una dimensión (nutrición y mortalidad infantil) e indicador (acceso a los servicios de salud) para medir la pobreza en la que se encuentra una persona o grupo de personas. Esto tiene sentido, pues el derecho a la salud es fundamental para que las personas puedan contar con condiciones físicas, mentales y espirituales adecuados para realizar sus actividades diarias. Sin embargo, en México no todos tienen acceso a la garantía de este derecho, aunque el artículo 4° de nuestra Constitución Política así lo señale.

Tener acceso a la salud y a su cobertura universal

…implica que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad (Organización Panamericana de la Salud, 2020).

Para ello, hasta 2018 se contó con un sistema de salud integrado por un amplio sector público encabezado por la Secretaría de Salud Federal y subsector de Seguridad Social, esta sección se fondeaba con recursos gubernamentales federales y estatales, de los empleadores y de los trabajadores. El subsector de Seguridad Social tenía como usuarios a trabajadores formales, sus familias y a los jubilados. En el subsector de la Secretaría de Salud se apuntalaba el Seguro Popular de Salud y el IMSS-Oportunidades, los cuales atendían a autoempleados, trabajadores informales, sus familias y desempleados (Gráfico 1). Es común que en México que personas que son derechohabientes de los servicios públicos de salud, se atiendan en el sector privado. Al menos, durante la pandemia COVID-19 el 56% de la población que requirió servicios de salud acudió a consultorios médicos privados (CONEVAL, 2023a, p. 12).

El sistema de salud mexicano en 2010.
Esquema 2.
El sistema de salud mexicano en 2010.
Fuente: tomado de Gómez-Dantés O, Sesma S, Becerril VM, Knaul FM, Arreola H, Frenk J. (2011, p. 221).

El 29 de noviembre de 2019 se publicó el decreto por el que se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y desapareció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud conocido como Seguro Popular (Diario Oficial de la Federación, 2019, 29 de noviembre). El Seguro Popular constituía la política pública para atender a las personas que no tenían acceso a los servicios de salud brindados por el IMSS, ISSSTE o algún otro organismo de salud. El Seguro Popular operaba a través de dos componentes: a) aseguramiento subsidiario y b) seguro de gastos médicos, los cuales a su vez se integraban conforme se plantea en la tabla 3.

Tabla 3
Integración del Seguro Popular.
Seguro Popular: Primer y segundo nivel de atención a través de 284 intervenciones contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de SaludFondo de Protección contra Gastos Catastróficos: Financiamiento por prestación de servicios médicos para 57 intervenciones de alto costo
Embarazo Saludable: Atención a mujeres durante el embarazo y hasta el momento del partoSMSXXI (intervenciones adicionales): Financiamiento por prestación de servicios médicos para las intervenciones de alto costo y baja incidencia de niños menores de cinco años
Oportunidades (componente salud): Atención en salud a los beneficiarios del programa Oportunidades
Fondo de Previsión Presupuestal: Financiamiento para mejoramiento de infraestructura y demanda no prevista
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud (2014, enero).

La pandemia de Covid-19 presentó retos de salud que no se esperaban y se tuvieron que enfocar los esfuerzos a paliarla. Más de uno concuerda en que la respuesta del gobierno mexicano ante la Covid-19 fue inadecuada pues no se invirtió en personal de salud, insumos (material de protección, pruebas, medicamentos, entre otros) y capacidad física (camas hospitalarias). Una respuesta acorde al problema hubiera sido destinar 0.94 puntos del PIB adicionales al presupuesto destinado para salud en 2020 (lavacunacontraladesigualdad.org, 2021), es decir, 9.7 veces lo que se gastó adicionalmente (Llanos A., y Méndez, J., 2021). A lo anterior, hay que sumarle la interrupción de los servicios de salud (consultas médicas de primera vez y subsecuentes, servicios de salud dental, planificación familiar, entre otras). De acuerdo con Vázquez y Jaramillo, el 63.9% de los afiliados al INSABI tuvieron que pagar por sus medicamentos (citado por lavacunacontraladesigualdad.org, 2021, p. 12).

Frente a todo lo que se había dicho del INSABI como el gran aporte del sexenio de López Obrador, el 31 de agosto de 2022, se publicó el Decreto por el que se creó el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), suprimiendo al INSABI y justificando la decisión de la siguiente manera:

…a lo largo de 43 años, el hoy llamado Programa IMSS-BIENESTAR ha demostrado su eficacia, eficiencia, calidad y calidez, y se ha consolidado a través de la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), que brinda atención médica y medicamentos gratuitos, con presencia actual en 19 entidades federativas, con lo que se ha beneficiado a 11.6 millones de personas a nivel nacional (Diario Oficial de la Federación, 2022, 31 de agosto).

Con arreglo a la reforma, el IMSS-BIENESTAR tiene como objetivo brindar atención médica y hospitalaria gratuita a las personas que no cuenten con otro tipo de seguridad social

bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna, ya sea mediante el Modelo de Atención Integral a la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social o, en su caso, el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, mismo que debe considerar la atención integral que vincule los servicios de salud y la acción comunitaria, según lo determine su Junta de Gobierno (Diario Oficial de la Federación, 2022, 31 de agosto).

Sin embargo, el sistema de salud pública en México no funciona, pues además de los cambios realizados el sexenio pasado, ha sufrido de malas administraciones que lo han dejado inoperante. Esto obliga a los usuarios a buscar alternativas cuando tienen que acudir al médico. De acuerdo con Sergio A. Bautista Arredondo, alrededor del 50% de la población nacional paga servicios de salud privados, aunque muchos de ellos sean derechohabientes del sector público gratuito, lo que representa

…un desafío crítico para el gobierno mexicano en su búsqueda por proporcionar atención médica para todos. Los factores clave que impulsan este comportamiento incluyen la percepción de falta de accesibilidad, mala calidad de los servicios, escasez de personal y existencia insuficiente de medicamentos (Bautista Arredondo, 2024).

ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y POBREZA

El acceso a la alimentación nutritiva y de calidad también es un indicador para medir la pobreza, de ahí que califiquemos a esta de multidimensional. Esta dimensión no se limita al hecho de consumir alimentos, sino que deben nutrir a la persona, quien regularmente debe tener acceso a ellos para garantizarse una vida saludable y digna. Cuando los individuos no tienen oportunidad de acceder a los víveres que los nutren ya sea por falta de dinero o porque están imposibilitados para producirlos, sufren de desigualdad social, marginación e inseguridad alimentaria; lo que los sitúa en pobreza multidimensional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho a la alimentación en dos artículos, a saber, en el artículo 2° al señalar la obligación de las autoridades del Estado mexicano a “garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con pertinencia cultural, en especial para la población infantil” (fracción VI del Apdo. B) de los pueblos y comunidades indígenas; en el artículo 4° dónde se establece que es obligación del Estado tutelar el derecho que toda persona tiene a “la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” (párrafo tercero), y en mismo numeral al referirse a los derechos de los niños y niñas se vuelve a inscribir el derecho a la alimentación.

Asimismo, se cuenta con la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, publicada el 17 de abril de 2024; dentro de los objetivos de la ley destaca “fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país” (fracc. V del artículo 1°). En esta ley se define el derecho a la alimentación adecuada como

…disponer de alimentos para su consumo diario, así como el acceso físico y económico para una alimentación inocua, de calidad nutricional y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas en todas las etapas de su ciclo vital que le posibilite su desarrollo integral y una vida digna, de acuerdo con su contexto cultural y sus necesidades específicas, sin poner en riesgo la satisfacción de las otras necesidades básicas y sin que ello dificulte el goce de otros derechos humanos (Art. 3°).

Por otro lado, En México, según el Panorama regional de la seguridad Alimentaria y la nutrición de América Latina y el Caribe 2023, durante el periodo 2020-2022 menos del 2.5% de su población presentaron hambre y subalimentación; 3,6% de los mexicanos se encontraron en inseguridad alimentaria grave y el 27,6% enfrentó inseguridad alimentaria moderada grave. También se determinó que en 2016 el 28,9% de la población adulta sufría obesidad. En 2021 el 20,2% de la población no pudo acceder a una alimentación saludable. En 2022, el 12,6% de su población infantil menor de 5 años presentó retraso del crecimiento, el 6,9% tenía sobrepeso. Para 2021 al menos 25,6 millones de personas no pudieron acceder a una dieta saludable (FAO, FIDA, OPS, PMA y UNICEF, 2023).

De acuerdo con el CONEVAL el país es autosuficiente en alimentos calóricos, pero no lo es en alimentación variada y saludable (2024a). A lo anterior hay que sumarle que el 75.2% de la población mexicana adulta de 20 años en adelante posee sobrepeso y obesidad, mientras que el 18.1% de la población infantil (5 a 11 años) sufren obesidad (CONEVAL, 2024a).

VIVIENDA Y POBREZA

Conforme con el CONEVAL, la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México,

…considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas con al menos una de las siguientes características: i) el material de los pisos es de tierra; ii) el material del techo es de lámina de cartón o desechos; iii) el material de los muros es de embarro o bajareque, de carrizo, bambú o palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto o material de desecho, y iv) la razón de personas por cuarto es mayor que 2.5, es decir, hay hacinamiento (CONEVAL, 2024b, p. 36).

El Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa.

En 2022 en México, el 9.1% de la población (11.7 millones de personas) se encontraba en carencia por calidad y espacios en su vivienda, es decir, el piso es de tierra, el techo es de lámina de cartón o desechos; los muros son de embarro, carrizo, palma, lámina de cartón o metálica o material de desecho; hay hacinamiento (Ibid). 22.9 millones de personas (17.8% de la población), no contaban con servicios básicos en sus viviendas a saber: no hay agua entubada, no hay drenaje o el desagüe va directo a un río, lago, barranca, grieta; no hay energía eléctrica, se cocina con leña o carbón (Comisión Nacional de Vivienda, 2024, p. 6).

La insuficiencia de vivienda y el no contar con los ingresos necesarios para construir una, obliga a las personas a vivir en entornos peligrosos, pagar rentas que pauperizan su economía, hacinarse entre otras consecuencias.

EDUCACIÓN Y POBREZA

El Índice Global de la Pobreza Multidimensional (Global MPI) establece los indicadores “grado de escolaridad” y “asistencia a la escuela” dentro de la dimensión “educación”. Por su parte, el Índice del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) enlista como indicador “Rezago educativo promedio en el hogar”. Esto apunta a que la educación es un factor importante para que las personas salgan de la pobreza y tenga una mejor vida. Así se puede percibir en los países en donde la educación siempre ha tenido un gran impulso y una constante atención por parte de los gobiernos.

El sistema educativo mexicano ha enfrentado en diversas etapas de su historia, problemas de organización y concreción de un modelo educativo que impulse a los usuarios a tener un mejor desempeño social y profesional. Se declara que un conjunto de subsistemas integra al sistema educativo nacional, con todo, no se ha concretado una transversalidad entre ellos que consolide los aprendizajes de los educandos. Como ejemplo, en la prueba PISA 2022 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), México fue el tercer país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en matemáticas y comprensión lectora, lo que representa un retroceso de dieciséis años (OECD, 2023).

En México, aún seguimos pagando los costos de la pandemia Covid-19. Al cierre de las escuelas para proteger a los niños del COVID, muchos se vieron obligados a abandonar sus estudios pues no contaban con acceso a servicios de internet, medios de comunicación y equipos de cómputo. De acuerdo con el INEGI, de los 33 millones de personas entre los 3 y 29 inscritos en el ciclo escolar 2019, sólo el 62% concluyó el año escolar. El 22.4% abandonó la escuela porque alguien en casa perdió el trabajo o se redujeron los ingresos; el 20.2% se encontró con que la escuela cerró definitivamente; el 17.7% no tenía de computadora, tableta o teléfono y conexión a internet; el 15.4% consideró que las clases a distancia no funcionaban y el 14.6% no pudieron contar el acompañamiento paterno en el proceso. (Comunicado de prensa núm. 185, 2021, 23 de marzo)

PROGRAMAS SOCIALES Y POBREZA

Los programas sociales son acciones gubernamentales que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en exclusión social por diferentes razones, aquí se destacan: desempleo, desigualdad de oportunidades, hambre, inacceso a la atención médica, entre otras. Frente a esta problemática, el enfoque de los programas sociales en México es subsidiario lo que desarrolla en las personas beneficiarias una dependencia económica, en lugar de impulsar su desarrollo para un cambio de vida.[6]

De acuerdo con la ENSANUT 2022 el 43.5% de los hogares en México reciben al menos algún programa social, 33.8% recibe un programa, 8.1% dos programas y 2.0% tres o más programas. El porcentaje de hogares que recibe programas sociales es mayor en el medio rural (57.6%) en comparación con el medio urbano (39.8%) (Morales, Mayorga, Arango, Méndez y Vizuet, 2022, p. 11). El programa social que más se recibe en los hogares es el de adultos mayores con cobertura de 80.5%; esta proporción es similar en el medio rural (84.2%) y urbano (79.3%). En segundo lugar, se encuentra el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, con 20.4%, y en tercer lugar el Programa de Alimentos Escolares (modalidad alimentos fríos) con 7.0%; en ambos casos la proporción de hogares que reciben los programas es mayor en el medio urbano en comparación con el rural.

El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se puso en marcha en enero de 2019, busca impactar en el Objetivo 1 ODS 2030, apoyando a 8.5 millones de personas con un monto de 1,275 pesos mensuales. A las personas adultas mayores de comunidades indígenas se otorga a partir de los 65 años y al resto del grupo etario de los 68 años en adelante (Secretaría del Bienestar, 2019, 13 de enero). La pensión es de carácter universal por lo que se le entrega de igual forma a pensionados del IMSS y del ISSSTE. Esta pensión se integró a la Constitución mexicana en 2024 para garantizar su permanencia. Sus antecedentes son: Programa Atención a Adultos Mayores de 2003, Programa 70 y Más de 2007 y Pensión para Adultos Mayores de 2013. También se estableció la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente menores de 65 años y también fue elevada a rango constitucional. El monto de esta ayuda es de 3,200 pesos.

En mayo de 2019 el entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, creo la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (Diario Oficial de la Federación, 2019, 31 de mayo) (Diario Oficial de la Federación, 2019, 31 de mayo), como respuesta al objetivo 4 de los ODS 2030 y con la finalidad de fortalecer a la población más vulnerable a través de un conjunto de becas educativas, a saber: Programa de Beca Educación Básica Bienestar para las Familias “Rita Cetina” con un monto de 1,900 pesos bimestrales, Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez con una ayuda de 1,900 pesos bimestrales, Programa Beca Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro con un apoyo de 5,800 pesos bimestrales.

En octubre de 2018 se instituyó el Programa Sembrando Vida que tiene como objetivo dotar de ciertos ingresos a los campesinos para coadyuvarles en hacer productiva la tierra y así contribuir al desarrollo y bienestar humano. Actualmente, se otorga a 442,000 beneficiarios 6,450 pesos mensuales (Secretaría del Bienestar, 2024, 14 de julio). El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro inició en 2019 y está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan; tiene como finalidad capacitarles para el trabajo durante 12 meses otorgándoles una ayuda económica de 7,572 pesos mensuales y atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es importante señalar que todas estas acciones para el Bienestar equivalen al “27.3% de los ingresos totales del gobierno, el 22% del gasto neto total y el 5.8% del PIB” (Macías, A., 2024, 20 de marzo), lo que ha llevado a distraer recursos de otros rubros también relevantes para la atención integral de las personas. Tampoco se sabe que exista un estudio formal sobre cómo se fondeará permanentemente este grupo de programas.

Como se ve, hay un conjunto de apoyos sociales para personas en situación vulnerable que constituyen estrategias públicas para mitigar la pobreza fundadas en la transferencia de dinero no necesariamente logran sacar de la pobreza a las personas, sólo actúan como paliativos a un problema que es complejo y que requiere una táctica integral para realmente tener resultados positivos a largo plazo. Los gobiernos deben estudiar la problemática desde las distintas perspectivas que presentan, incorporándoles un componente de comparación internacional, analizando cómo otros países en contextos similares han abordado los desafíos de la pobreza multidimensional y la garantía de DD. HH. en el marco de la Agenda 2030. Este examen puede proporcionar ideas sobre mejores prácticas y lecciones aprendidas que podrían aplicarse en México.

CONCLUSIONES

Primera. La pobreza multidimensional constituye un enfoque integral para comprender la situación en la que se encuentran millones de personas. Las distintas perspectivas que la integran ponen en evidencia que el inacceso a la educación, la salud, la vivienda adecuada, la seguridad social y la alimentación nutritiva y suficiente destinan a millones de personas a sobrevivir en medio de las privaciones y la injusticia, con escasas posibilidades de alcanzar un mínimo vital.

Segunda. Para su medición, México ha adoptado un modelo que reúne indicadores diseñados por el CONEVAL, los cuales permiten evaluar de forma más precisa las condiciones reales de vida de la población. Estos índices no sólo revelan el grado de privación, sino también su profundidad y severidad, lo que resulta esencial para la formulación de políticas públicas eficaces, diferenciadas y focalizadas.

Tercera. La pobreza multidimensional constituye una de las principales amenazas para la realización efectiva de los DD. HH. económicos, sociales y culturales (DESC). La falta de recursos básicos, como el acceso adecuado a la alimentación, salud, vivienda, educación y empleo, limita la posibilidad de millones de personas de disfrutar de una vida digna y de ejercer sus derechos fundamentales. La interdependencia entre la pobreza y los DESC se manifiesta en un círculo vicioso: la carencia de estos derechos fomenta la pobreza, y la pobreza, a su vez, impide el ejercicio pleno de estos derechos, perpetuando condiciones de desigualdad y exclusión así.

Cuarta. Es imperativo que los Estados y la comunidad internacional asuman un compromiso sólido y efectivo para implementar políticas públicas que promuevan la reducción de la pobreza multidimensional y aseguren el acceso universal a los DESC. Esto incluye adoptar medidas legislativas, administrativas y financieras que garanticen la equidad y el respeto a la dignidad humana, así como la cooperación internacional para abordar las desigualdades globales. En este sentido, la erradicación de la pobreza no solo debe ser vista como un objetivo económico, sino como una condición indispensable para el goce de los DD. HH., que permita a todas las personas alcanzar su pleno potencial y contribuir activamente en la construcción de sociedades. justas e inclusiva.

Quinta. Combatir la pobreza es esencial para mejorar los indicadores de salud pública, y garantizar el derecho a la salud es indispensable para reducir la pobreza. Las políticas públicas deben centrarse en el fortalecimiento de los sistemas de salud pública, el aumento de la cobertura universal de salud y la eliminación de las barreras económicas y sociales que limitan el acceso a la atención médica. En este sentido, es imperativo promover la cooperación entre gobiernos, organizaciones internacionales y sectores privados para desarrollar programas inclusivos que lleguen a las poblaciones más vulnerables.

Sexta. Todos los mexicanos deben participar del sistema educativo nacional, esto como estrategia para una mejor situación de vida. En la medida en que en los distintos subsistemas de educación se logre la eficiencia terminal, los egresados estarán mejor preparados para hacer frente a las exigencias del mundo laboral. No debe perderse de vista que la formalidad del sistema educativo puede coadyuvar en la educación nutricional desde temprana edad, con el objetivo de desarrollar hábitos alimentarios saludables y así prevenir enfermedades.

Séptima. Mejorar la vida de las personas en situación de pobreza es un paso crucial para romper el ciclo de la pobreza y fomentar el desarrollo humano y social para construir sociedades más equitativas y resilientes que es lo que busca la Agenda 2030.

REFERENCIAS

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Notas

[1] Véanse en Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2018); Brewer (2024, 26 de septiembre); Amnistía Internacional. (2023, septiembre) y Departamento de Estado de los Estados Unidos. (2024).
[2] El 20 de diciembre de 2024 se publicó la reforma constitucional que extingue al CONEVAL y la medición de la pobreza estará a cargo del INEGI.
[3] Los DESC son: derecho a trabajar, derecho a un salario justo, derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo, derecho al descanso laboral, derecho a las vacaciones, derecho a la sindicación, derecho a la huelga, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la familia, derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, derecho a la alimentación, derecho a la salud física y mental, derecho a la educación, derecho a la vida cultural, derecho a los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.
[4] El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) incluye los subprogramas: Intermediación Laboral (Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo, Portal del Empleo y Vinculación con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Servicio Nacional de Empleo por Teléfono, Observatorio Laboral, Talleres para Personas, Buscadoras de Empleo y Talleres para Empleadores); Movilidad Laboral (Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas; Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá; Mecanismo de Movilidad Laboral Externa para Jornaleros Agrícolas, y Mecanismo de Movilidad Laboral Externa para Trabajadores no Agrícolas).
[5] Las metas del objetivo 1 son: 1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.

La pandemia Covid-19 impactó fuertemente en todo el mundo dejando como resultado que el 41% de los países de bajos ingresos tuvieran un alza en la tasa de pobreza respecto al año anterior. Las crisis económicas y ambientales, entre otros factores, han llevado a que el gasto público en servicios básicos (educación, sanidad y protección social) disminuya (Pacto Mundial Red Española, 2025).

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

Los países han actuado a través de políticas públicas y programas sociales para abonar a esta meta, sin embargo, no ha sido suficiente. Se prevé que para 2030, el 7% de la población mundial permanecerá en pobreza extrema (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2024).

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.

Al menos 4500 millones de personas (poco más de la población mundial) no contaban con cobertura de servicios de salud esenciales completa en 2021. 1300 millones de personas cayeron en pobreza y en pobreza extrema al gastar sus ingresos y activos a la atención de salud básica (Organización Mundial de la Salud, 2023, 21 de septiembre).

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.

Actualmente, 2000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable formalizados y seguros, 3.600 millones no cuentan con servicios de saneamiento integrales y 2300 millones adolecen de instalaciones elementales para lavarse las manos (Banco Mundial, 2023, 28 de julio).

1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

[6] Véase el Informe de Enfoque de Resultados 2017 del CONEVAL, en donde fueron analizados 149 programas y acciones sociales en 2017, arrojando los siguientes datos: “41% (61) cuentan con Enfoque de Resultados en el objetivo principal del programa; es decir, identifican a su población objetivo y el cambio que esperan generar en esta población. El 44% (66) de los programas tienen identificada a su población objetivo, pero no el cambio que esperan en ella y el 15% (22) no identifica a su población objetivo ni el cambio que espera en ella” (CONEVAL, 2017, p. 5). También el Informe de Enfoque de Resultados 2023 del CONEVAL que revisa 121 programas y obtiene que: “solo 45% de los programas mide adecuadamente sus resultados, mientras que 17 % Debe ajustar sus indicadores para medir resultados. El resto del universo de programas (38%) todavía No mide sus resultados…” (CONEVAL, 2023b, p. 15). Sin embargo, no se dice claramente cuáles y cuántos de los programas no identifican su población objetivo o la población identificada no está definida de manera clara.

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