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Agatonismo, democracia integral y justicia constitucional
Julio Cesar Medina Rodríguez
Julio Cesar Medina Rodríguez
Agatonismo, democracia integral y justicia constitucional
Agathonism, integral democracy and constitutional justice
Ius Comitiãlis, vol. 8, núm. 15, pp. 64-79, 2025
Universidad Autónoma del Estado de México
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Resumen: El presente artículo tiene por objeto analizar la relación entre agatonismo, justicia constitucional y democracia integral como herramientas complementarias para la tutela de los derechos humanos. El planteamiento asume que los derechos no sólo constituyen relaciones jurídicas que requieren de instrumentos procesales para su protección, sino que además necesitan ser comprendidos en los planos filosóficos tanto de la moral como de la política, ya que su configuración se extiende al ámbito de los acuerdos y de los compromisos individuales y sociales, por tanto, es preciso ubicarlos desde la perspectiva de los deberes que le son correlativos. Se parte del análisis estructural de los derechos como relaciones tríadicas a fin de hacer visibles las limitaciones que actualmente presentan las garantías de los derechos en la dogmática constitucional y así proponer un modelo interpretativo de la Constitución desde una premisa moral para hacer de los derechos una labor solidaria y de cooperación individual (agatonismo) y un modelo de consenso que debe evaluarse en los diversos sectores en donde tienen incidencia (democracia integral), evitando así, el modelo reduccionista que considera a las técnicas procesales para su protección (justicia constitucional) como la única garantía.

Palabras clave: Agatonismo, democracia integral, justicia constitucional, juicio de amparo, derechos humanos.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the relationship between agathonism, constitutional justice, and integral democracy as complementary tools for the protection of human rights. The approach assumes that rights not only constitute legal relationships that require procedural instruments for their protection but also need to be understood in the philosophical planes of morality and politics since their configuration extends to the scope of agreements and individual and social commitments. Therefore, it is necessary to place them from the perspective of the duties that are related to them. To this end, the structural analysis of rights as triadic relations is undertaken to make visible the limitations that the guarantees of rights currently present in constitutional dogma and thus propose an interpretive model of the Constitution from a moral premise to make rights a task of solidarity and individual cooperation (agathonism) and a consensus model that must be evaluated in the various sectors where they have an impact (integral democracy), thus avoiding the reductionist model that considers procedural techniques for their protection (constitutional justice) as the only guarantee.

Keywords: Agathonism, integral democracy, constitutional justice, amparo trial, human rights.

Carátula del artículo

Artículos de investigación

Agatonismo, democracia integral y justicia constitucional

Agathonism, integral democracy and constitutional justice

Julio Cesar Medina Rodríguez
Universidad Autónoma del Estado de México., México
Ius Comitiãlis, vol. 8, núm. 15, pp. 64-79, 2025
Universidad Autónoma del Estado de México

Recepción: 28 Septiembre 2024

Aprobación: 09 Abril 2025

INTRODUCCIÓN

El discurso de los derechos humanos puede situarse en dos extremos. Por un lado, existe el discurso de quienes los invocan para exigir sus demandas legítimas cuando sufren alguna forma de exclusión social, porque los derechos son una especie de esperanza al tiempo de una reclamación para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida, pues, al fin y al cabo, en el trasfondo de ellos se encuentra la dignidad humana. Por otro lado, está el discurso de quienes los utilizan como doctrina escapista para legitimar promesas y esperanzas vacías, aunque sin efectos prácticos en la vida social. No es extraño que, tal como lo han escrito Chritoph Menke y Arnd Pollmann (2010), durante el siglo XIX los derechos se habían convertido en una idea sin ningún poder efectivo: “A los derechos humanos se acogían los desesperados y excluidos que se veían privados de cualquier posibilidad de imponerse como, en el polo opuesto, los dominadores que gustaban de palabras bonitas sin consecuencias prácticas” (p. 27).

La solución prototípica a este problema se ha centrado en reconocer a la justicia constitucional como la garantía por excelencia de los derechos, al configurar un sistema de tutela-procesal que se ocupa de reparar sus transgresiones. Sin embargo, esta acepción contrasta con los límites que recaen sobre la jurisdicción constitucional y, por lo mismo, ha requerido del acompañamiento de las diversas instancias del Estado, haciendo de la satisfacción de los derechos humanos una competencia conjunta que se extiende a los diferentes ámbitos de las autoridades, pero que incluye también a los ciudadanos como resultante del reconocimiento que su acepción impone, en atención a la naturaleza moral y jurídica de que se invisten sus contenidos. Es por ello, y partiendo de estas premisas, que proponemos que los derechos habrán de fundamentarse en una filosofía moral y política que debe articularse con la justicia constitucional y que, bajo la terminología de Mario Bunge (2016), comprenden respectivamente el agatonismo y la democracia integral.

En tal sentido, en el presente artículo nos proponemos analizar la relación entre estos conceptos como herramientas complementarias para la tutela de los derechos humanos. El planteamiento asume que los derechos no sólo constituyen relaciones jurídicas que requieren de instrumentos procesales para su protección, sino que además necesitan ser comprendidos en los planos filosóficos tanto de la moral como de la política, ya que su configuración se extiende al ámbito de los acuerdos y de los compromisos individuales y sociales y, por tanto, es preciso ubicarlos desde la perspectiva de los deberes que le son correlativos. Para este efecto se parte del análisis estructural de los derechos para definirlos no sólo en términos de prerrogativas naturales sino de posiciones tríadicas en las que confluyen sus titulares, sus destinatarios y su objeto.

Esto nos permitirá elaborar un modelo interpretativo que se aterrizará a la dogmática constitucional mexicana a través de la distinción entre los derechos y sus diversos niveles de garantías, haciendo visible la interacción que tienen con la justicia constitucional, lo que nos mostrará también las limitaciones que esta última presenta, la manera en que el marco constitucional ha venido evolucionando y el modo en que debe ser entendido para compensar dichas insuficiencias. En tal perspectiva se propone adoptar un modelo interpretativo de la Constitución desde una premisa moral para hacer de los derechos una labor solidaria y de cooperación individual (agatonismo) y un modelo de consenso que debe evaluarse en los diversos sectores en donde tienen incidencia (democracia integral), evitando así, el modelo reduccionista que considera a las técnicas procesales de protección de los derechos (justicia constitucional) como su única garantía.

LOS DERECHOS COMO SISTEMA DE POSICIONES Y RELACIONES JURÍDICAS Y MORALES

Los derechos fundamentales comprenden, desde la perspectiva analítica, un diseño de posiciones jurídicas tríadicas que enmarcan o reconocen ciertas cualidades normativas de las personas y sus vínculos con los demás, es decir, las personas tienen derechos porque la Constitución los coloca en la posición de exigir frente a otros el cumplimiento de un objeto determinado. Es por ello, que en la expresión de Robert Alexy (2012) estipulan el vínculo “a tiene frente a b un derecho a G” (p. 164) o sintetizado DabG, lo que a su vez los distingue de: a) sus fundamentos o razones de configuración y; b) de sus mecanismos de protección.

Esto explica por qué el estudio de los derechos se suele valorar en tres grados: El primero responde a las necesidades o fines que les dan existencia; el segundo, al análisis de los derechos expresados en enunciados normativos; y el tercero, a las técnicas de garantía en caso de violación. De manera sumaria, los tres grados aplican a las preguntas: ¿por qué existe un derecho?, ¿qué derechos existen? y ¿cómo se protegen los derechos? Robert Alexy (2012) plantea estos tres aspectos a través de las siguientes distinciones: “es posible distinguir entre (a) razones para los derechos subjetivos, (b) derechos subjetivos como posiciones y relaciones jurídicas y (c) la posibilidad jurídica de hacer efectivos los derechos subjetivos” (p. 156).

Evidentemente que estos ángulos precisan relaciones entre sí, y tal pareciera que el vínculo con su fundamentación explicaría las razones por las que se han regulado los derechos sin mayores contratiempos. Sin embargo, la relación entre los enunciados sobre ellos y sus mecanismos de protección enmarca una situación diferente, porque en ambos casos hablamos de derechos, ya que al derecho establecido jurídicamente en la Constitución le asiste otro derecho de acción para su tutela en caso de violación.

De este modo, además de la posición jurídica que vincula al titular del derecho con el obligado a cumplir el objeto, existe otra posición que lo vincula a reclamar la violación y exigir la reparación. La primera implica una garantía sustantiva y la segunda una garantía procesal o de acción. No obstante, al modelo de fundamentación también se le puede esbozar como un razonamiento a partir de derechos, pero no jurídicos sino morales, haciendo de estos últimos, junto a las razones complementarias que les dan existencia, la base de consideración para la creación de un derecho fundamental, lo que explicaría el marco de referencia de los derechos subjetivos (DabG) traducido en derechos humanos (DHabG), derechos fundamentales (DFabG) y derechos procesales (DPabG).

Esta descripción analítica de los derechos los ubica en condiciones relacionales y no autorreferenciales, puesto que no es factible suponer que un derecho existe fuera de una posición con relación a alguien más, además de que se adscriben bajo la calidad de normas téticas pues como dice Luigi Ferrajoli (2018):

Las normas téticas disponen inmediatamente prescripciones, mientras que las normas hipotéticas no disponen inmediatamente nada. Por efecto de las primeras adquiere nexistencia situaciones o estatus; a las segundas en cambio, no las sigue la producción de un efecto jurídico. Las primeras son inmediatamente prescriptivas, al consistir ellas mismas en modalidades deónticas o en estatus jurídicos de carácter general y/o abstracto; las segundas lo son, en cambio, mediata o hipotéticamente, al ser las situaciones o los estatus no ya dispuestos por ellas, sino pre-dispuestos para la hipótesis de que lleguen a existir los actos previstos y regulados por las mismas. Sólo las segundas son normas de situaciones o de estatus singulares, esto es, reglas que predisponen situaciones o estatus como efectos de los actos hipotizados por ellas; mientras que las primeras no regulan, sino que son ellas mismas situaciones normativas o estatus normativos (p. 33).

Esto es indicativo de que en la relación jurídica que deriva de los derechos fundamentales baste la posición de persona para que surtan los efectos de las normas que los prevén para su titular, sin que sea preciso ubicarse o concretizar alguna condición adicional para que puedan acceder a su reconocimiento. El propio Luigi Ferrajoli (2018) ilustra estas categorías con los siguientes ejemplos:

Los destinatarios de las normas téticas —por ejemplo, “todos tienen derecho a manifestar libremente su pensamiento”, “la capacidad de obrar se adquiere con la mayoría de edad”, “todos los ciudadanos son titulares de derechos políticos”— son por eso destinatarios actuales, identificados por ellas mismas y exactamente determinados; mientras que los destinatarios de las normas hipotéticas —”si alguien comete el ilícito A, entonces debe ser castigado con la sanción B”, “si dos sujetos formalizan un contrato, entonces se convierten en titulares de los derechos y las obligaciones estipulados en él”, “el marido y la mujer, con el matrimonio, adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes”— no son en modo alguno actuales, sino solo eventuales, indeterminados en abstracto y destinados a ser determinados en concreto solo por los actos singulares hipotizados por tales normas (p. 33).

DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS

A partir de las consideraciones anteriores es factible establecer el carácter distintivo entre los derechos humanos con sus diferentes niveles de garantías, puesto que, si partimos de la consideración de que los rasgos básicos de los derechos humanos (morales) están definidos por razones de corrección que justifican su vigencia, entonces no dependen de su previsión jurídica ya que se ubican en el plano de la universalidad y son asignados a todas las personas por función de su dignidad humana. Tales derechos, en el momento que son establecidos y reconocidos constitucionalmente, experimentan su transición al plano del derecho y terminan por ser instituidos como garantías sustantivas (derechos fundamentales), las que a su vez, remiten a su tutela efectiva por mecanismos jurisdiccionales como garantías procesales (derechos procesales).

Como lo ha escrito Martín Borowski (2022), la idea de los derechos humanos no depende de su regulación jurídica porque se basa en un criterio de justificación fundado en métodos filosóficos, marcando una diferencia con los instrumentos normativos previstos para su protección, anteponiendo su carácter universal frente a la validez positiva de sus garantías, pero con las que existe una conexión importante:

A pesar de que los ‘derechos humanos’, como derechos morales, y los instrumentos jurídicos para su protección deben ser diferenciados, existe una conexión cercana entre estos dos tipos de fenómenos. Si un derecho jurídico está contenido en una Constitución y corresponde a un derecho humano, entonces, esta Constitución transforma este derecho humano en derecho (Borowski, 2022, p. 26).

Esta base de fundamentación hace palpable el criterio de validez moral de los derechos humanos que deriva de su corrección (valor) en la línea del igual respeto que merecen todos los seres humanos y se distingue del criterio de validez jurídica que recae sobre los derechos fundamentales como parámetro de reconocimiento de las personas a partir de la Constitución y los tratados internacionales. Y es por este motivo que Borowski (2022) insiste en la necesidad de mantener la distinción entre ellos, porque “desafortunadamente, existe una tendencia a oscurecer esta distinción al llamar “derechos humanos” a los instrumentos legales, como el “Convenio Europeo de Derechos Humanos” o a la “Convención Americana de Derechos Humanos” (p. 25). Precisamente, porque estas Convenciones en realidad constituyen instrumentos jurídicos para su protección:

…uno se debe referir a estos derechos como ‘derechos convencionales’ en lugar de ‘derechos humanos’. Mientras que los derechos humanos son derechos morales son derechos erga omnes, los derechos constitucionales o los derechos convencionales son derechos frente al Estado y tienen solamente un efecto horizontal mediato (Borowski, 2022, p. 25).

Pero —como lo dijimos antes—, a la relación entre derechos y sus garantías sustantivas, se adhiere, además, el modelo de justicia constitucional que complementa el diseño de su tutela. Y es que, en el ámbito de protección de los derechos se han configurado diversos sistemas de control de constitucionalidad que en vía de acción o de excepción se articulan en instancias procesales de naturaleza constitucional para hacer exigible su reparación en los casos en que se vean transgredidos. De hecho, la clasificación habitual los condensa en dos modelos, es decir, en el concentrado (europeo) y en el difuso (americano), sin embargo, destaca de entre ellos, y particularmente en nuestro país, el juicio de amparo que ha sido la garantía procesal por excelencia de los derechos y que además ha trascendido en su prestigio en el plano internacional por fundarse en una perspectiva filosófica que dignifica y humaniza el ejercicio del poder en beneficio y defensa de las personas. No es casual que Sebastián Estrella Méndez (1988) sintetizara la descripción teleológica del amparo en los siguientes términos:

El amparo no es un simple juicio o procedimiento jurisdiccional a semejanza de otros que se dan o pudieran darse en el orden civil, penal, laboral o administrativo. Es algo más íntimo y profundo, anclado en la concepción del hombre, la sociedad y el Estado. En una palabra, en una concepción filosófica, el amparo no puede darse allí donde se desprecia la dignidad de la persona humana y se entroniza un Estado omnipotente y opresor. Solamente puede existir donde se da una filosofía democrática y humanista a la luz de los grandes principios éticos del Derecho. Supone pues, el juicio de amparo, una concepción del hombre y de la vida basada en la justicia, la libertad y la recta razón. El amparo es un medio privilegiado del Derecho mexicano para proteger y defender al hombre frente a los abusos y arbitrariedades del poder público (pp. 205 y 206).

Para explicar esta aseveración será pertinente ubicar la acepción técnico-procesal del amparo, que nos permitirá establecer sus contornos jurídicos. Pero no sólo eso, mostraremos la necesidad de complementar su regulación con una interpretación humanista que debe recaer sobre el denominado bloque de constitucionalidad que rige en el sistema jurídico de nuestro país y que, a nuestro entender, ya existen avances importantes en torno a esta perspectiva hermenéutica con la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

EL JUICIO DE AMPARO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La percepción jurídica marcada en torno al juicio de amparo ha servido para configurarlo como un instrumento de defensa de la Constitución frente a actos de autoridades que son susceptibles de violar el contenido de la Ley Fundamental en perjuicio de los gobernados. Su diseño procesal se centra en atender a los quejosos que se sientan transgredidos en sus derechos y que por tal motivo acuden a la justicia constitucional para resarcir el daño del que fueron objeto sin perjuicio de que la afectación se mantenga latente y se actualice ante los que no promovieron el amparo. Su modelo reparatorio, se fundamenta en una serie de principios rectores que estipulan que sólo se le dará trámite a instancia de parte agraviada en sus intereses jurídicos o legítimos, siendo los efectos de las sentencias relativos al peticionario (fórmula Otero), ciñéndose su substanciación a las reglas de prosecución judicial que lo rigen y al principio de definitividad al que se sujeta su procedencia, aunque es factible formular una declaratoria general de inconstitucionalidad en contra de normas generales cuando se determine que su contenido es contrario a la Ley Fundamental a través de la jurisprudencia por reiteración de los Tribunales Colegiados de Circuito o por los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se obtenga además la mayoría de cuando menos seis votos de los Ministros que integran el Pleno de la Corte.

En cuanto a los sectores procesales que conforman el amparo se han escrito diversas clasificaciones, destacando las expuestas por los juristas Héctor Fix-Zamudio (2011) y Juventino V. Castro (2011), las cuales, si bien presentan ciertas cercanías, también determinan algunas discrepancias concretas. En el caso del primer autor, esboza cinco sectores del amparo, que engloban su procedencia, ya que equivale a los siguientes procedimientos: “a) el hábeas corpus; b) la impugnación de la inconstitucionalidad de las leyes; c) el amparo contra resoluciones judiciales; d) el amparo contra actos o resoluciones de la administración pública, y; e) el amparo en materia social agraria”. (Fix-Zamudio, 2011, p. 304).

En la base del primer sector (habeas corpus), se encuentra la tutela de la libertad y la dignidad de las personas, permitiendo su tramitación sin formalismos e incluso por gestiones de terceras personas que pueden ser menores de edad. En el caso del amparo por normas generales, es factible realizar la impugnación por vía de amparo indirecto sentando una litis con la autoridad emisora de la norma, o bien, a través del amparo directo con motivo de la aplicación de las disposiciones normativas en la instancia jurisdiccional. El sector del amparo contra resoluciones judiciales o casación comprende un diseño de impugnación en contra de determinaciones de los órganos jurisdiccionales del país, federales o locales, precisando aquí un mecanismo de control de legalidad de las vías ordinarias.

Por su parte, el amparo administrativo es de utilidad en contra de los actos y procedimientos de esta naturaleza (administrativa) dictados por la autoridad ejecutiva. El último sector (amparo agrario) reconoce cierta autonomía procedimental para la tutela de los derechos agrarios ejidales, comuneros y de poblaciones en función de su situación particular como grupos sociales que requieren de procedimientos afines para su defensa efectiva.

En el caso de la clasificación de Juventino V. Castro (2011) la subdivisión del amparo se ubica en cuatro procesos que comprenden: a) amparo contra leyes; b) amparo-garantías; c) amparo-casación y; d) amparo soberanía. En la lógica clasificatoria de dicho autor, el amparo contra leyes debería designarse como un procedimiento de desaplicación de las normas generales allende la naturaleza relativa de los efectos de las sentencias de amparo que cristalizan en la llamada fórmula Otero. A pesar de ello la norma es impugnable según se reconozca su carácter autoaplicativo o heteroaplicativo, esto es, desde su entrada en vigor o a partir del primer acto de aplicación respectivamente.

Por su parte, el amparo-garantías evoca lo que Castro designa como amparo-puro cuya obra originaria se atribuye a Rejón y Otero y conforme al cual se marca su procedencia en contra de actos de autoridad legislativa y administrativa, es decir, a través de éste se impugnan leyes y actos. Este modelo de amparo agrega o abarca a dos de las formas clasificatorias de Fix-Zamudio que llama amparo libertad y amparo administrativo porque ambas son áreas de incidencia predominante del actuar del Poder Ejecutivo.

Dicha modalidad de amparo es, además, un efecto atraído con el nacimiento de este mecanismo de control de constitucionalidad porque al momento de su previsión originaria no existía aún la justicia administrativa, lo que pudo hacer compatible el control de constitucionalidad de los actos de la autoridad en esta área. Evidentemente, la previsión de tribunales en dicha materia hace factible el aligeramiento de la carga de trabajo de los juzgadores de amparo al tiempo de que procura reconocer la jurisdicción especializada de los Tribunales de Justicia Administrativa. Igualmente, para este autor el designado amparo-agrario se tendría que incorporar dentro de este criterio de clasificación, ya que lo considera una rama especial con ciertas características y particularidades, pero que invariablemente se encuentra dentro del ámbito administrativo.

Por otro lado, el amparo-casación o amparo-recurso se ocupa de hacer efectiva la garantía de legalidad en los procesos judiciales, o sea, se ocupa de la “vigilancia en la exacta aplicación de la ley en los casos concretos” (Castro, 2011, p. 383). Hay que definir los alcances jurídicos que tiene el amparo judicial, ya que es verdad que presenta semejanzas con su antecedente casacionista y que mandata con el amparo directo un proceso impugnativo autónomo y que Juventino Castro reconstruye a partir de las ideas de Alejandro Ríos Espinoza:

a) Las sentencias de ambos juicios producen dos clases de efectos negativos y positivos. En el primer caso, anulan directa y retroactivamente la resolución recurrida, ya total o parcialmente; en el segundo, vinculan al juez o tribunal de ejecución o reenvío con el objeto de que subsanen el error cometido in iudicando o in procedendo. (…) b) En el caso de las sentencias desestimatorias, el negocio impugnado no sufre ninguna alteración jurídica. c) Los fallos que estiman errores in procedendo, necesariamente vinculan al juez a quo, no existiendo propiamente en este caso, el juicio de reenvío. En cambio, los que estiman errores in iudicando, tanto en el amparo como en la casación, obligan al juez de ejecución a tomar en consideración la cuestión de derecho resuelta, con entera libertad de decidir sobre las cuestiones de hecho, y aquellas de derecho no resueltas por el tribunal ad quem, por lo que aquí el juicio de reenvío sí existe (Castro, 2011, p. 386).

En lo que toca al amparo-soberanía o por invasión de competencias, legítima a los gobernados a impugnar dicha invasión cuando de ella derive alguna violación de los derechos fundamentales. Se excluye aquí la posibilidad de que la autoridad promueva amparo porque para ello existen las controversias constitucionales, bajo el marco jurídico establecido en la fracción I del artículo 105 de la Constitución. Estos ámbitos de protección del juicio de amparo han sido resultado de un lento proceso de transformación y objeto de múltiples debates y cuestionamientos. De hecho, se ha llegado a escribir que el amparo sufrió una especie de “desnaturalización” al alterar su propósito original de ser un medio de control de constitucionalidad para convertirse, además, en un instrumento de verificación de la legalidad. Por ello, su historia constitucional se materializa en diversos episodios que documentan la manera en que se ha venido expandiendo su procedencia. Sin embargo, la configuración actual, con todos sus avances ha revelado también sus limitaciones, porque el amparo en la manera en que se nos presenta con las clasificaciones anteriores no deja de identificarse con su acepción técnico-procesal, es decir, como un instrumento procesal que resuelve litigios constitucionales inter partes sin que trascienda a la esfera jurídica de los gobernados que, habiendo sido agraviados por algún acto de autoridad, no promovieron la demanda de amparo.

En tales condiciones, se han intentado hacer algunos ajustes adicionando algunos procedimientos conexos al amparo, como es el caso de la declaratoria general de inconstitucionalidad de normas jurídicas con el fin de producir efectos erga omnes y reducir la relatividad de las sentencias. En otras ocasiones se ha ampliado su procedencia, como sucede con el designado “amparo contra particulares”, cuya substanciación se sujeta al reconocimiento de la calidad de “autoridad responsable” a aquellas personas que realizan actos equivalentes a los de autoridad en cumplimiento de funciones determinadas por una norma general y que, por consecuencia de ello, transgredan derechos fundamentales.

No obstante, la apertura a los modelos proteccionistas de los derechos humanos en los que descansa el Estado Constitucional y Democrático de Derecho ha conducido a replantear el modelo de control de constitucionalidad en la materia y a instituir figuras de acompañamiento que incidan en aquellos espacios que están fuera del alcance del amparo, pero en los que se hacen latentes las posibles violaciones de los derechos humanos garantizados. Precisamente, por el carácter vinculante que tienen la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, se ha reconocido con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la conformación de un bloque de constitucionalidad con efectos de irradiación a todos los ámbitos jurisdiccionales y competenciales. Esta reforma replanteó no sólo la procedencia del amparo sino también el ámbito de actuación de los juzgadores ordinarios porque hizo compatibles el ejercicio de sus funciones con el control difuso de convencionalidad previsto en el artículo 133 constitucional que dispone que los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución y a los tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes locales, modificando así el criterio hasta entonces dominante que excluía dicha praxis, como se observa en los siguientes criterios judiciales que impedían tal ejercicio:

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que "Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.". En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P./J. 74/99, agosto de 1999).

CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMUN. La negativa de un tribunal de apelación para conocer de violaciones a las garantías individuales es correcta, ya que esa autoridad carece de facultades para resolver al respecto, estando únicamente autorizados para ello los tribunales federales, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución, no obstante que el artículo 133 de esa Ley Suprema ordene que los jueces deberán estarse a lo marcado por la Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados; toda vez que este último precepto debe ser entendido en el sentido de que las autoridades deberán acatar tales disposiciones, pero en caso de no hacerlo así, de tal forma que transgredan en perjuicio de algún individuo sus derechos individuales, sólo serán los tribunales federales quienes podrán determinar si se violaron tales garantías y, en su caso, proteger a la persona afectada. (Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Amparo directo, 1763/1993, julio de 1993).

En contraste, el criterio adoptado sobre la base de la reforma constitucional de 2011 constriñe y autoriza a realizar un control ex officio de la convencionalidad de las normas secundarias por los jueces comunes, configurando un sistema de control de constitucionalidad con alcances mucho mayores en términos garantistas, como lo expresan las voces judiciales expuestas en el tema:

CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS. De los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica); no obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 1a. CCLXXXIX/2015 (10a.), octubre de 2015).

CONTROL DIFUSO. RASGOS DISTINTIVOS DE SU EJERCICIO. El “sistema difuso” es aquel en el cual el examen de compatibilidad de los actos frente a la Constitución corresponde a todos los órganos jurisdiccionales y lo ejercitan, incidentalmente, en ocasión de la decisión de las causas de su competencia. La lógica de dicho sistema reside en que, a cada caso, debe recaer una resolución conocida como "norma individualizada", la cual se infiere o deduce a partir de la norma general, pero adecuándola o relacionándola con los hechos o circunstancias del caso concreto, por lo que la decisión se compone de un silogismo judicial que se integra por una premisa fáctica determinada por hechos o circunstancias conforme a las cuales, deberá construirse una premisa normativa que otorgue la mejor solución al conflicto, esto es, cuando se ejerce el control difuso se actúa en el problema contingente y propio que impone una comprobación constitucional en el caso debatido; de ahí el efecto de la cosa juzgada -inter partes-. De manera que, en este sistema, el juzgador tiene el deber de realizar una interpretación para llegar a un juicio respecto a la constitucionalidad de la decisión que pronuncia en casos concretos. Por tanto, en el supuesto de estimar que la aplicación de cierta disposición, bajo determinadas circunstancias, resulta inconstitucional, sólo puede, en casos extremos, desaplicar tal disposición en el evento concreto, resolviendo como si ésta no existiera. Así, la duda sobre su constitucionalidad siempre debe plantearse en razón de su aplicación en circunstancias particulares, aspecto que marca la diferencia respecto al control concentrado, puesto que, en este último, se cuestiona la inconstitucionalidad de una ley en abstracto; esto es, la propia norma general, pero sin apreciar los hechos concretos del caso ni la regla que rige a casos específicos, sino la ley per se, con generalidad en el pronunciamiento. Finalmente, cabe considerar que el control difuso, entendido como uno de los medios para consolidar la supremacía constitucional, tiende a buscar y conciliar el sentido o interpretación de las normas que conforman la premisa normativa, a fin de conseguir la: a) interpretación conforme en sentido amplio, de acuerdo al bloque de constitucionalidad; b) interpretación conforme en sentido estricto, si hay varios sentidos, debe elegirse el más acorde al bloque de constitucionalidad, esto es, el previsto o pretendido por la Constitución, y sólo cuando esto resulte imposible se deberá; c) inaplicar, en el caso concreto, la disposición que oriente el sentido de la premisa normativa, cuando sea indefectible un determinado sentido, en oposición al pretendido constitucionalmente, siempre en el contexto de los efectos inter partes que apareja este sistema. (Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tesis: I.4o.A.18 K (10a.), mayo de 2013).

Pero si tal es la validación del control difuso por estos criterios judiciales, ello no implica que su ejercicio deba hacerse de manera abierta y sin limitaciones. Todo lo contrario, ya que en la medida en que el control difuso habrá de coexistir con el amparo se impone la necesidad de establecer un diseño de compatibilidad que evite su colisión. Para estos efectos, Eduardo Ferrer MacGregor (2012) ha explicado que la doctrina del control difuso debe ceñirse sólo a casos límite, cuando no existe la posibilidad de armonización entre normas prima facie incompatibles, es decir, para poder ejercer dicho control debe agotarse de manera previa la denominada interpretación conforme:

El “control difuso de convencionalidad” adquiere una creciente importancia para la efectividad de los derechos humanos en sede nacional. En el caso mexicano, este “control” se relaciona con la nueva cláusula de interpretación conforme contenida en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, toda vez que el intérprete nacional deberá, en primer término, realizar una interpretación armónica entre la norma nacional y el tratado internacional, optando en todo momento por aquella interpretación que favorezca con mayor intensidad a las personas, y sólo en caso de incompatibilidad absoluta se dejará de aplicar la norma o se declarará su invalidez, de acuerdo con las competencias de cada juez y el tipo de proceso de que se trate. De esta forma, la nueva cláusula de interpretación conforme permitirá “armonizar” el derecho nacional y el internacional de manera “horizontal/vertical” entre los propios tribunales internos y éstos a su vez con la Corte IDH. (p. 428).

La técnica de interpretación conforme procura reducir las posibilidades de anulación de normas que se puede generar con el amparo y las de no aplicación de normas que derivan del control difuso, lo que se obtiene mediante la vía hermenéutica a fin de asignar el significado más favorable a los derechos que están inscritos en el bloque de constitucionalidad al tiempo de sujetar a las normas secundarias a su contenido. Sólo en los casos en que las opciones interpretativas se hayan agotado y la norma secundaria resulte notoriamente contraria a su contenido, se debe proceder a su nulidad o inaplicación. No obstante, y para evitar posibles divergencias de criterios, el Poder Judicial de la Federación ha asentado diversos criterios judiciales con los que suscribe la subordinación del control difuso al amparo y a los pronunciamientos de la Corte IDH, como se observa con el siguiente ejemplo:

CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA. Aun cuando el control difuso de constitucionalidad -connotación que incluye el control de convencionalidad- que ejercen los órganos jurisdiccionales en la modalidad ex officio no está limitado a las manifestaciones o actos de las partes, pues se sustenta en el principio iura novit curia, ello no implica que deba ejercerse siempre, pues existen presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia que deben tenerse en cuenta. La ley, la jurisprudencia y la práctica muestran que algunos de esos presupuestos, que de no satisfacerse impedirán su ejercicio, de manera enunciativa son: a) que el juzgador tenga competencia legal para resolver el procedimiento o proceso en el que vaya a contrastar una norma; b) si es a petición de parte, que se proporcionen los elementos mínimos, es decir, debe señalarse con toda claridad cuál es el derecho humano o garantía que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le produce, pues de otra forma, sin soslayar su carácter de conocedor del derecho, el juzgador no está obligado a emprender un estudio expreso oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcriban, o que de manera genérica se invoquen como pertenecientes al sistema; c) debe existir aplicación expresa o implícita de la norma, aunque en ciertos casos también puede ejercitarse respecto de normas que, bien sea expresa o implícitamente, deban emplearse para resolver alguna cuestión del procedimiento en el que se actúa; d) la existencia de un perjuicio en quien solicita el control difuso, o bien irrogarlo a cualquiera de las partes cuando se realiza oficiosamente; e) inexistencia de cosa juzgada respecto del tema en el juicio, pues si el órgano jurisdiccional ya realizó el control difuso, estimando que la norma es constitucional, no puede realizarlo nuevamente, máxime si un juzgador superior ya se pronunció sobre el tema; f) inexistencia de jurisprudencia obligatoria sobre la constitucionalidad de la norma que emiten los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, porque de existir, tal criterio debe respetarse, pues el control concentrado rige al control difuso y, g) inexistencia de criterios vinculantes respecto de la convencionalidad de la norma general, ya que conforme a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los tribunales del Estado Mexicano.(Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/8 (10a.), diciembre de 2013).

Sin embargo, esta transformación del sistema de control de constitucionalidad hace patente un cambio en su concepción filosófica porque no sólo se intenta reconducir la tutela de los derechos a una labor técnico-procesal a cargo de los juzgadores de amparo o de los ordinarios vía control difuso, sino que la competencia se extiende a todas las autoridades del Estado, pues por mandato del tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, todas las autoridades, en el ámbito del ejercicio de sus facultades les asisten diversas obligaciones para con ellos. Es decir, existe un deber general para promover (difundir), respetar (no violar), proteger (evitar que terceros violen los derechos) y garantizar los derechos (establecer y aplicar un marco legal que disponga los deberes correlativos a los derechos). Pero concurren también deberes específicos para el caso de que se vean transgredidos, lo que les impone las obligaciones de prevenir (evitar violaciones futuras), investigar (indagar las causas que provocaron la violación), sancionar (imponer la medida o castigo que corresponda con motivo de la violación) y reparar sus afectaciones (resarcir el daño causado con la violación). Todo ello, reconociendo que la titularidad y los destinatarios de los derechos no los hace exclusivos de ciertas personas (universalidad), además que su cumplimiento es interdependiente, es decir, requiere su satisfacción conjunta y gradual (progresividad), sin que sean susceptibles de fragmentación (indivisibilidad).

Estas obligaciones y principios que giran en torno a la actuación para su cumplimiento y para los casos de violación ameritan ubicarse en el centro de atención de las autoridades, pero también de la vida misma de la sociedad, pues la tutela de los derechos humanos ya no sólo es competencia de la justicia constitucional sino de todas las autoridades, es decir, la garantía de los derechos no sólo se identifica con una acepción técnico-procesal sino que ahora se complementa con una competencia humanista —diríamos nosotros agatonista— precisamente porque deja atrás una visión reductora de los derechos que implicaba que quien se sintiera afectado en su esfera jurídica tendría que acudir en demanda de amparo para exigir su protección. En contraste, los derechos deben ubicarse como prioridad de los sujetos obligados configurando así una filosofía de los deberes para con ellos.

AGATONISMO, JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA INTEGRAL

Agatonismo, en este sentido ético-jurídico, significa, no sólo “dejar vivir conforme a la Constitución” sino “ayudar a vivir conforme a ella”, lo que implica que los derechos humanos no sólo se tornan en el reconocimiento moral de la dignidad sino en el compromiso político —expresado en normas jurídicas— de hacerlos cumplir. Se trata de normas vinculantes que generan posiciones jurídicas entre sujetos titulares y obligados. Por ello se debe dejar atrás aquella visión reduccionista que ubica a los derechos como prerrogativas inherentes de los seres humanos, como si de facultades biológicas e individuales se tratarán, para ubicarlos en verdaderas relaciones normativas. De hecho, la base filosófica del agatonismo se encuentra en la ética humanista expuesta por Mario Bunge (2009) que implica —además del reconocimiento de los derechos—, una ética de los deberes fundados en la cooperación y en la solidaridad reciproca:

El agatonismo es el particular credo moral humanista que se interesa por la humanidad, así como por los individuos. Su principio supremo es “Vivir y ayudar a vivir”. Adviértase la diferencia entre esta máxima y la difundida “Vivir y dejar vivir”, que nos exhorta a no dañar, pero no nos pide que hagamos nada por los demás (p.193).

Esta percepción de la ética promueve simultáneamente el principio de reconocimiento de la condición moral de las personas que las dignifica en su calidad de seres humanos, además de que se ocupa de marcar un principio de responsabilidad política, fundado en la cooperación de los miembros de una sociedad para suscribir el compromiso colectivo para la satisfacción de los derechos como una labor común. De este modo confluyen las dos acepciones que giran en torno a los derechos humanos, es decir, la dimensión moral que se ocupa de la dignidad y la dimensión jurídica que se ocupa del acuerdo político. Y es que, como lo escriben Christoph Menke y Arnd Pollmann (2010), “en la moral me pregunto qué es lo que yo debería o debo hacer” (p. 38), mientras que en la política “nos preguntamos qué es lo que nosotros debemos o deberíamos hacer, nos preguntamos cómo debemos organizar el orden político de nuestra vida en común” (p. 38). De esto se sigue que:

La concepción moral de los derechos humanos, los entiende de modo que cada hombre tiene exigencias justificadas al orden público porque posee con anterioridad unos derechos morales que deben ser respetados por todos los demás hombres. En cambio, la concepción política entiende la afirmación fundamental de los derechos humanos de modo que cada hombre tiene exigencias legítimas al orden público porque es miembro de una comunidad política que crea este orden (pp. 46 y 47).

Así es como se entrecruzan las dos visiones de los derechos que se reconocen en el marco de nuestro sistema constitucional como derechos humanos (morales) y derechos fundamentales (garantías) reconocidos en la Constitución política, además de los tratados internacionales, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dictan:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Esta acepción de los derechos es coincidente con la propuesta de interpretación que hemos formulado en relación con el contenido del artículo 1o. de la Constitución, ya que suscribe una visión fundada en el principio de universalidad de los derechos que atrae su concepción desde un ángulo moral para posteriormente aterrizarlos al plano jurídico. Pues como dicen Christoph Menke y Arnd Pollmann (2010):

La concepción moral entiende los derechos humanos inmediatamente como exigencias de cada uno de los individuos: la relación de reconocimiento universal y moral une a cada hombre con los demás en una relación recíproca de derechos y compromisos. Por el contrario, la concepción política entiende los derechos humanos no como exigencias de cada hombre a igual respeto por parte de todos los demás hombres, sino a igual respeto por parte de la comunidad política de la que son miembros. Estas exigencias obligan a todos los actores que son responsables del orden público en esta comunidad política, así como, mediatamente, a todos los demás miembros de la comunidad política (p. 45).

En tal sentido, el mecanismo de satisfacción de los derechos que implica a la justicia constitucional a través del amparo, no lo instituye como se suele pensar, en el único instrumento de satisfacción de los derechos, puesto que, y dado que existe el compromiso de fraternidad reciproco, se debe percibir, en la línea agatonista, a la Declaración Universal de Derechos Humanos en conjunto con la Ley Fundamental y las Convenciones Internacionales como un sistema de derechos y de obligaciones para sus titulares. Ya veíamos antes que la estructura normativa de un derecho no se centra sólo en su titular sino también en su obligado y en su objeto. Por ello, constituyen estructuras tríadicas del tipo DabG y sobre esta base de entendimiento habrá que reconocer los valores inmersos que hacen palpables la conformación de la dignidad de las personas y la manera en que nos comprometemos a cumplirlos en la vía más adecuada y que configuran un conjunto de acuerdos democráticos. Y esto es así, porque

…el procedimiento democrático posibilita el libre flotar de temas y contribuciones, de informaciones y razones, asegura a la formación política de la voluntad un carácter discursivo fundando con ello la sospecha falibilista de que los resultados obtenidos conforme al procedimiento sean más o menos racionales (Habermas, 2010, p. 646).

Bajo esta perspectiva, Mario Bunge (2009) considera seis valores claves que deben conformar el contenido de los derechos (medios de vida, igualdad, solidaridad, búsqueda de la felicidad, idoneidad y bien común), y respecto de los cuales, se deben hacer operativos diversos acuerdos democráticos (ambientales, biológicos, económicos, culturales, políticos, jurídicos y globales). A la articulación en su conjunto entre valores y acuerdos la denomina democracia integral y cuya síntesis se presenta de la siguiente manera:

1. la democracia ambiental: acceso igual, pero gestionado, a los recursos naturales y su aprovechamiento sostenible;

2. la democracia biológica: indiferente al género y al color;

3. la democracia económica: predominio de compañías autogestionadas (empresas familiares, cooperativas y organizaciones sin fines de lucro) en lugar de firmas de propiedad y administración de la riqueza o bien privadas o bien estatales;

4. la democracia cultural: igual acceso al patrimonio artístico, humanístico, científico y tecnológico;

5. la democracia política: libertad para elegir funcionarios públicos y presentarse como candidato a cargos públicos, así como la administración idónea, justa y honesta de los bienes comunes;

6. la democracia jurídica: isonomía efectiva (las mismas leyes para todos) y

7. la democracia global: “el respeto al principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos” (Carta de las Naciones Unidas, 1.2). (Bunge, 2009, p. 529.)

Si a cada autoridad y a cada miembro de la sociedad les asisten los derechos humanos y los deberes que se corresponden con éstos, entonces se debe replantear el ángulo de trabajo sobre los efectos y alcances de los acuerdos que al efecto se tomen. Pero no sólo ello, se debe informar de los resultados que han producido dejando atrás la función ideológica que suele dominar sobre los derechos como discurso de esperanza para los excluidos y como promesas vacías de los políticos. El agatonismo nos instruye a observar la vigencia de los derechos con cierto grado de objetividad:

Sólo una filosofía moral que promueva el altruismo como la contribución al bien común puede respaldar la democracia. Esta filosofía es el agatonismo, cuya máxima suprema es “Disfruta la vida y ayuda a vivir”. Con todo, esta moralidad prosocial no basta para inspirar a los demócratas: debe ser complementada con una pizca de escepticismo metodológico. En efecto, esta gnoseología nos insta a analizar críticamente las ideas y las prácticas, de manera tal de eliminar las falsedades y evitar las acciones perniciosas, a la vez que planear y poner en práctica las que son de provecho. Mientras que para el dogmático todo régimen es bueno y el escéptico radical tiene que adoptar el anarquismo, el buen demócrata, como el buen científico, es un escéptico metodológico. (Bunge, 2009, pp. 76 y 77.)

CONCLUSIÓN

La garantía de los derechos fundamentales es una labor compleja que no puede circunscribirse al ámbito de la justicia constitucional. Si bien es verdad que esta última desempeña una acción primordial en los supuestos de transgresión, también lo es que presenta una serie de limitaciones que son resultado de su propio diseño procesal y que, por este motivo, requiere de garantías adicionales de acompañamiento que se ubican tanto en el ámbito de la justicia ordinaria como en otras instancias no jurisdiccionales. De allí, que sería pertinente replantear el ángulo de interpretación que recae sobre el contenido de los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos, suscribiendo la distinción entre el amparo como juicio del amparo como función, lo que nos permitiría ampliar el alcance de la expresión empleada al momento de dotar se significado el contenido de las normas:

Por citar dos ejemplos, cuando el artículo 8o. de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre ordena que “toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley”, o cuando el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estatuye que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, la mayoría de los tratadistas, inmediatamente piensan que de acuerdo con estos artículos cualquier violación que sufran los derechos fundamentales debería ser reparada a través del juicio de amparo. Esta interpretación tiene que ser reorientada y entender que, lo que dichos numerales dictan, no es que el amparo sea un proceso impugnativo universal frente a cualquier violación de derechos fundamentales, sino que la expresión “amparar” que utilizan, más bien designa los efectos o la función de dicho instrumento procesal, lo que se traduce en “proteger”“, “tutelar” o “salvaguardar” los derechos fundamentales. Al asumir esta reorientación hermenéutica, nos da pauta para reconocer que, lo que dichos artículos disponen, es que en el ordenamiento jurídico de cada Estado deben existir los recursos o medios necesarios con los que se “amparen”, “protejan” o “salvaguarden” los derechos fundamentales reconocidos por toda clase de normas jurídicas (fundamentales o secundarias). Esto implica entonces, que tales derechos deben protegerse de cualquier forma posible y no sólo a través del control de constitucionalidad de amparo (Medina, 2020, pp. 45 y 46).

Pero aún con lo anotado, es intransigente, en la vida real, pensar que las garantías procesales son suficientes para la consecución de una visión auténticamente garantista. Antes bien, la acción jurisdiccional necesita hacerse acompañar de otras clases diversificadas de garantías, muchas de ellas situadas en planos distintos al sistema jurídico y que más bien apuntan su mirada a otra clase de sistemas. Precisamente por este motivo hemos dicho que las diversas dimensiones de los derechos implican dos clases de compromisos diferentes: Por un lado, el deber de que cada persona, por sí mismo, colabore en la tutela de los derechos humanos; por el otro, la obligación de la sociedad de hacer de los derechos fundamentales una labor común. En función de ello, y en atención a que los derechos son correlativos de deberes, no se tendría que acudir a la justicia constitucional para exigir su cumplimiento, sino que tendrían que ser garantizados sin tener que necesariamente demandar su violación. De esto deviene, que el paradigma garantista nos debe imponer una interpretación del bloque de constitucionalidad desde una premisa moral para hacer de los derechos una labor solidaria y de cooperación individual (agatonismo) y un modelo de consenso que debe evaluarse en los diversos sectores en donde tienen incidencia (democracia integral), dejando atrás las aserciones de la falacia garantista que supone que los juzgadores son los únicos encargados de velar por su protección, ya que, como lo apunta Juan Antonio Cruz Parcero (2011):

Este error hace que simplifiquemos nuestra percepción sobre las causas de la desprotección o violación de los derechos y que pongamos en manos de jueces o tribunales un pretendido remedio que a lo mejor no está a su alcance o que jugará un rol meramente simbólico debido a sus propias limitaciones (p. 321).

Material suplementario
Información adicional

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REFERENCIAS
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