Resumen: El sistema constitucional español precisa de un conjunto de medidas urgentes que faciliten su regeneración. La formación en valores cívicos y cultura constitucional, una mejor selección de las élites, la limitación de los mandatos, la mejora en el funcionamiento de los instrumentos de control del ejercicio del poder, y el respeto efectivo de la separación de poderes constituyen algunas de las medidas esenciales para afrontar el imprescindible proceso de regeneración de la vida pública en España. En lo esencial, el problema no debe identificarse en la Constitución, ni en el resto de las normas del ordenamiento jurídico, sino en el incumplimiento de las normas vigentes y en la proliferación de comportamientos de los poderes públicos que se alejan de, lo que cabe denominar, “conductas ejemplares”.
Palabras clave: Crisis institucional, Estado democrático, regeneración democrática, populismo, polarización.
Abstract: The Spanish constitutional system requires a set of urgent measures to facilitate its regeneration. Training in civic values and constitutional culture, better selection of elites, term limits, improved functioning of instruments for oversight of the exercise of power, and effective respect for the separation of powers are some of the essential measures to address the essential process of regeneration of public life in Spain. Essentially, the problem should not be identified with the Constitution or the rest of the legal system, but rather with the failure to comply with current regulations and the proliferation of behaviors by public authorities that deviate from what might be called “exemplary conduct”.
Keywords: Institutional crisis, democratic State, democratic regeneration, populism, polarization.
Artículos de investigación
El funcionamiento del sistema constitucional español en dificultades. Reflexiones para su mejora
The operation of the spanish constitutional system in difficulties. Reflections for your improvement

Recepción: 24 Julio 2024
Aprobación: 21 Febrero 2025
Los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla, pues ningún hombre, por muy importante o poderoso que sea, ni ninguna muchedumbre, por más rebelde o turbulenta que se muestre, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desobedecer los mandamientos de nuestro más Alto Tribunal y nuestra Constitución, ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos.
John Fitzgerald Kennedy
La necesaria regeneración de la vida pública en países como España, Italia o Francia no se enfoca tanto en la modificación de las normas como en su cumplimiento efectivo y sostenido en el tiempo. En el caso de España se dispone de una Constitución (1978), idónea para regir la convivencia democrática, el problema es el incumplimiento del propio texto constitucional y de algunas de las normas más esenciales y relevantes que lo desarrollan.
Un análisis integrador de la situación exige prestar atención a dos perspectivas de análisis estrechamente relacionadas entre sí: la política y la jurídica. No debe olvidarse que un problema complejo, como es el que nos ocupa, no admite estudios reduccionistas ni soluciones simples. (Aragón Reyes, p. XIII).
El caso que se analiza en este trabajo se trata de una crisis institucional grave, materializada estos últimos años en un proceso de degradación acentuada de nuestra democracia. Como lo refiere el Profesor Aragón Reyes, en una prueba más de su consolidado magisterio
Es cierto que las medidas inaplazables que esta situación requiere han de ser, necesariamente, políticas, pero si se pretende que sean eficaces precisan, sin duda, de sólidas y razonables fundamentaciones y construcciones constitucionales. Los juristas solventes tienen, pues, la obligación de criticar y proponer. Los políticos el deber de escucharlos. (Aragón Reyes, p. XIII).
La preocupación por la erosión de las democracias tiene un carácter global y afecta a países que hasta no hace demasiado tiempo eran considerados como modelos a imitar. Por ejemplo, el caso de, por ejemplo, Francia, Italia, Reino Unido o Estados Unidos. En este trabajo se pretende llevar a cabo un primer análisis general de los problemas actuales más significativos de la democracia en España.
En democracia, la participación requiere la implicación de la ciudadanía. Esa participación se ve dificultada por jornadas inacabables, en no pocos casos en el marco de una economía total o parcialmente sumergida, y por una carencia, ya clásica entre nosotros, de una formación que capacite para el ejercicio de la ciudadanía. Ahora bien, el prestigio y del sistema institucional de nuestra democracia descansa necesariamente en la ejemplaridad de nuestros representantes parlamentarios y, con carácter general, de todos los poderes públicos.
Bien puede decirse que la democracia se construye desde abajo hacia arriba (es decir, desde la participación popular) pero se sostiene desde arriba hacia abajo a través de la legitimidad de ejercicio de los poderes públicos y la ejemplaridad en el funcionamiento diario de los órganos constitucionales (teniendo en cuenta que el principio de lealtad institucional ha de presidir las relaciones entre todos ellos) y, de la totalidad del sistema institucional.
El problema no se puede identificar con la falta de idoneidad de las normas. Al contrario, las dificultades residen en su incumplimiento reiterado y la frecuente falta de ejemplaridad por parte de los actores políticos. Y dentro de esos actores con la falta de entendimiento y compromiso entre los políticos principales.
Esa dinámica de ejemplaridad se vería tal vez más reforzada si los representantes parlamentarios y, de manera especialmente relevante, el Presidente del Gobierno de España, se presentasen a una única convocatoria electoral. En España, considerando la trayectoria de los sucesivos presidentes del gobierno en nuestra actual democracia, se observa algo común a todos ellos: la primera legislatura es de mejor calidad que las posteriores. Los problemas generados por casos de corrupción o de adopción de medidas de dudosa legitimidad desde el punto de vista ético, por más que resulten conformes con la normativa vigente, se observan a partir del segundo mandato.
Si descendemos al plano social, el modo de vida anglosajón, de carácter marcadamente individualista, que se ha impuesto en nuestro país, y el excesivo protagonismo de las redes sociales como instrumentos de comunicación en detrimento de los medios de comunicación tradicionales con profesionales acreditados al frente, han empobrecido la calidad del debate democrático. En este momento tan decisivo para el futuro de España como nación resulta imprescindible la activación cívica tanto frente a la desafección, que se transforma finalmente en desconfianza, por la política democrática como instrumento para hacer frente a la polarización que amenaza y desluce el pluralismo político proclamado en el art. 1.1 de nuestra Constitución como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.
Por consiguiente, resulta más necesario que nunca convencernos de que es posible articular cambios en las creencias, actitudes y prácticas de las personas. Afortunadamente, el ejercicio democrático que corresponde a la ciudadanía, así como sus valores y procedimientos, se pueden enseñar y aprender. Tanto la educación de nuestros jóvenes como la pedagogía desde las instituciones democráticas, mediante la adopción de comportamientos ejemplares por parte de sus miembros (lo que se denomina “legitimidad de ejercicio”), pueden ofrecernos las soluciones tan necesarias en esta hora de España.
La crisis institucional en la esfera política que padece España tiene que ver, en primer lugar, con la corrupción que arroja un saldo muy negativo con relación a la legitimidad de ejercicio de los propios órganos constitucionales y de la Administración pública, tanto estatal como autonómica.
El segundo problema, es el que tiene que ver con la deficiente selección de las élites políticas. La dificultad a la que se alude no estriba en el carácter cerrado y bloqueado de las listas electorales. Es más, en mi criterio, el ordenamiento constitucional, de forma implícita, lo que hace es delegar en los propios partidos la selección de las élites. Nadie mejor que estas organizaciones para valorar la calidad profesional y humana de sus propios militantes.
Por consiguiente, los partidos políticos tienen más posibilidades que los propios electores de ofrecer una lista de personas competentes que integre una candidatura electoral. Sencillamente, porque el partido de que se trate conoce, o debe conocer, a los militantes que selecciona como candidatos electorales o aquellos que propone para cubrir los cargos públicos de libre designación.
El tercer problema, que guarda cierta conexión con los dos anteriores en la dinámica causa-efecto, consiste en el surgimiento de alternativas políticas de naturaleza populista. Concretamente, el populismo es uno de los grandes males de la política del momento. No sólo por lo que representa, sino también y especialmente por el “efecto contagio” que traslada hacia los partidos políticos tradicionales.
El populismo tiene el peligrosísimo componente que consiste en la ruptura radical de la separación de poderes, la amputación de la actividad de control del parlamento con relación al gobierno, la manipulación de las libertades de comunicación y, muy en particular de la libertad de prensa, y la erosión de la autonomía del poder judicial. Un parlamento populista trata de erradicar el pluralismo y la diversidad que, no se olvide, son elementos consustanciales a las asambleas democráticas. De esta manera, se anula el debate racional en el marco del denominado parlamentarismo deliberativo.
Se trata de reemplazar el pluralismo y el consenso por un mensaje emocional cuya principal finalidad se cifra en encubrir la complejidad de los problemas. Un mensaje que renuncia a la búsqueda de la verdad a través del consenso y el pacto reemplazándola por la creación artificial de tensión y la imposición del criterio personalista y manipulador del líder populista. El fenómeno migratorio, la crisis económica o la corrupción son factores que se perfilan como particularmente eficaces a la hora de explicar el surgimiento de formaciones de corte populista.
En el origen de esta tendencia a la proliferación de conductas poco ejemplares en la vida pública, ha de localizarse el hecho de que los partidos tradicionales no están sabiendo encontrar un equilibrio entre la acción exterior del Estado (en el caso de España materializada de manera muy especial en su pertenencia a la Unión Europea) y la defensa de los intereses legítimos de sectores productivos, como los agricultores y ganaderos que desarrollan su actividad en nuestro territorio.
Una Unión Europea sumamente exigente con los requisitos de todo tipo a los mencionados profesionales y que, de manera simultánea, no sólo permite, sino que incluso favorece la entrada de productos procedentes de otras economías que obtienen mayor rentabilidad a base de ignorar los derechos sociales de los trabajadores. Se trata, de esta manera, de otorgar carta de naturaleza a la competencia desleal. Los partidos políticos tradicionales han descuidado intereses legítimos de los trabajadores, como los mencionados del sector agrícola y ganadero, y han dejado así terreno abonado a las protestas y las posiciones extremistas.
De esta manera, los partidos populistas identifican a la ganadería y agricultura nacional como lo “nuestro” frente a las “élites insensibles y corruptas de Bruselas”. Se tiende así a una división antagónica y a un enfrentamiento permanente que oculta la complejidad de los problemas y que introduce un alto componente de crispación. Dicho componente se materializa en manifestaciones. Así sucede con las denominadas “tractoradas” o protestas agrícolas por las vías públicas de las grandes ciudades con afectaciones de toda índole a la circulación. En España, las autoridades pueden restringir estas manifestaciones únicamente cuando quede constatado un riesgo claro y fundado para la seguridad de personas o bienes. Esto significa que el mero perjuicio al normal desarrollo del tráfico no es causa suficiente para impedir la celebración de una de estas manifestaciones.
Como sostenía Edmund BURKE, el padre del liberalismo conservador británico, toda “clase de Gobierno en las democracias se basa en compromisos y pactos”. Los partidos tradicionales, en la medida en que representan a la inmensa mayoría de la población, deberían recuperar el equilibrio, a base del diálogo y el pacto, entre la acción interior (protección de las necesidades y reivindicaciones que se generan en el territorio del Estado) y exterior (pertenencia a la Unión Europea que también genera evidentes beneficios, aunque no sean a corto plazo, para los intereses nacionales) del Estado. (López, 2021, p. 233).
El acceso a la vida democrática de formaciones políticas de carácter populista ha traído consigo, en definitiva, una radicalización generalizada de la vida pública. Tal radicalización se construye a partir de mensajes extraordinariamente simples y dominados por contenidos de profundo sesgo emocional.
Por su parte, el ciudadano en democracia tiene la obligación de estar informado, de permanecer alerta y de cultivar una ética cívica, en una labor conjunta y coordinada entre las familias y los centros educativos, basada en los principios y valores constitucionales y orientada especialmente a los jóvenes. El peor enemigo de la democracia es el ciudadano apático, desinteresado, indiferente a la marcha de los asuntos de la comunidad en la que está inmerso. Se trata de promover un conjunto de pautas de comportamiento social arraigadas desde la educación infantil y primaria como instrumento de defensa de valores como la paz, la construcción de un régimen de libertades públicas, la solidaridad y la tolerancia en el marco de unas sociedades plurales y extraordinariamente complejas. (López, 2021, p. 233).
Por lo cual, es necesario contar con un sistema educativo orientado a la responsabilidad del ciudadano desde una perspectiva democrática, es decir, una visión ética y democrática que concilie dos dimensiones de la personalidad humana (en lo individual y colectivo) (López, 2021, p. 234), al respecto, también se debe considerar que,
La democracia es un modo de vida basado en valores y principios como el respeto a los derechos fundamentales de la persona, la legitimidad de las mayorías para gobernar a partir de un sistema de libertades y pluralismo y la protección del derecho de las minorías a fiscalizar mediante el control político, y en ocasiones también jurídico, las decisiones de los gobiernos mayoritarios y a presentar sus alternativas (López, 2021, p. 233).
Es preciso recuperar las buenas prácticas en campaña electoral. Dentro de las malas prácticas en ese ámbito, denuncia Colomer (2008), en su tenor literal,
Ese mercadillo frenético de las campañas electorales, donde con frecuencia se pretende convertir al ciudadano reflexivo en elemento de una masa sugestionable, se realizan las más increíbles ofertas: se otorgan derechos, se declaran principios, pero, a menudo son proclamas como fuegos de artificio que se desvanecen en el aire nada más deslumbrar con la belleza de su estallido (pp. 12-23).
Por lo que, la trascendencia que podría adquirir la vigilancia ciudadana radica en la protección del patrimonio colectivo con el fin de denunciar ante sus respectivas autoridades la observación de alguna forma de disminución injustificada, por lo que, el ámbito municipal puede resultar eficaz toda vez que se realice de manera libre de prácticas burocráticas, y “en este sentido, conviene que el ciudadano ejerza su derecho de sufragio del modo más consciente y documentado posible. La condición de ciudadano democrático exige un esfuerzo por obtener información y un compromiso para las autoridades de facilitarla” (López, 2021, p. 234).
En idéntico sentido, nos advierte Colomer (2009) como prestigioso constitucionalista valenciano, sobre la indeseable percepción de la política
…como botín (…) como negocio en donde los vencedores se ven fatalmente como beneficiarios de una expectativa de mejora económica y social. Ciertamente existen los políticos honrados e incluso los héroes incorruptibles, aunque también conocemos los casos frecuentes de enriquecimientos injustificados. Se dan al mismo tiempo formas más sutiles de despreocuparse de ese interés general, por el manejo de esos recursos públicos sin la diligencia y la austeridad que pondríamos en los propios, por no citar las formas más o menos enmascaradas de los viejos clientelismos y nepotismos de antaño… (pp. 12-13).
El incumplimiento de las promesas electorales debería tener consecuencias. Se trata de que se formulen con sensatez, responsabilidad, una previsión económica que las fundamente y una decidida intención de cumplirlas. Ahora bien, el primer llamado a sancionar las promesas electorales incumplidas es el propio electorado.
Desafortunadamente, la política actual tiende a reducirse a una permanente actuación mediática dirigida a la captación de votos y desconectada de una auténtica voluntad de transformación de la sociedad a través de acciones orientadas a la solución de los problemas que a todos nos afectan.
La democracia consiste en la articulación armónica de la convivencia entre discrepantes. El acuerdo y el entendimiento entre quienes defienden planteamientos ideológicos diferentes en asuntos esenciales para el bienestar de la ciudadanía es también un componente fundamental, y no un mero complemento prescindible, de la cláusula constitucional de Estado democrático.
La Constitución española de 1978 precisa una revisión actualizadora que debería afectar al reforzamiento de la función de control de las asambleas parlamentarias estatales y autonómicas. De manera muy especial, esa acción revisora del texto constitucional debería afectar a la institución del Senado, para garantizar su carácter de órgano de representación territorial.
Una de las necesidades más acuciantes que tiene planteadas el Estado constitucional es la garantía de la unidad del Estado como uno de los principios básicos a los que se refiere la Constitución española en su art. 2. El principio de unidad tiene como consecuencia que la soberanía -el poder de decisión último que reside en el pueblo español- no puede ser ni compartida ni cedida con las Comunidades Autónomas. Junto al principio de unidad, habrá que tomar en consideración la plena eficacia del de autonomía.
En efecto, los órganos constitucionales del Estado no ejercen la totalidad del poder público porque la Constitución prevé una distribución territorial del poder a través de las Comunidades Autónomas que, a su vez, deben ejercer sus competencias de manera leal a la Constitución y al propio Estado.
Por su parte, el denominado principio de solidaridad conlleva la redistribución de los ingresos de todos para lograr una mayor cohesión entre las distintas partes de la Nación. Este principio exige el fomento de la decidida y plena cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de estas entre sí. En tal sentido, las Comunidades Autónomas deben participar en el diseño y ejecución de la política general del Estado tratando de fomentar la cohesión social y territorial.
Otro aspecto necesitado de mejora tiene que ver con la adopción de medidas que hagan posible la existencia de un ciudadano proactivo en democracia. Ahora bien, esa obligación requiere formación en los colegios e institutos durante la juventud y un trabajo suficientemente remunerado para el trabajador y su familia. ¿Cómo puedo preocuparme por los asuntos públicos si padezco problemas económicos personales o familiares? En realidad, la participación ciudadana, en mi opinión, se relaciona con un mínimo de seguridad económica y social. Los que más necesidad tienen de quejarse difícilmente pueden hacerlo al encontrarse desbordados por su propia realidad laboral, en muchos casos en entornos de economía sumergida.
Ante la lacra del desempleo, han de preferirse las ayudas formativas y de promoción de la actividad frente a los meros subsidios. La dignidad de la persona exige un trato justo a todos los ciudadanos y que las prestaciones que se les asignen resulten adecuadas y lleguen a tiempo. N o se olvide que sin el Estado social el Estado de Derecho no es una alternativa real a los sistemas autoritarios (Heller, 2006, p. 23).
En este sentido, es imprescindible un compromiso de los poderes públicos en defensa de los trabajadores en interés propio, de sus familias y del servicio que prestan a la sociedad en esa condición (art. 35 de la Constitución española de 1978). De entre los trabajadores, merecen especial atención los que se dedican a la agricultura y ganadería que constituyen, además, sectores estratégicos, como se abordó durante la pandemia.
Los problemas básicos de los agricultores, y que han motivado sus recientes protestas, tienen relación con las barreras burocráticas que genera la Unión Europea y con la permisividad, sin ningún tipo de control de calidad, en relación con la entrada de productos extranjeros como los procedentes de Marruecos o Sudáfrica. Se produce así una intolerable distorsión del mercado interior en inaceptable perjuicio de los agricultores de España.
Por otra parte, se aprueban constantemente normas al margen de la realidad de las actividades agrícolas y ganaderas. Se promueve así el cierre forzoso de granjas, se prohíben cultivos y fertilizantes y se incrementa el precio del combustible de la maquinaria agrícola sin establecer ningún tipo de compensación alternativa suficiente para los afectados.
No debe olvidarse el papel decisivo de los agricultores para garantizar la seguridad y la autonomía en el ámbito de la alimentación en el espacio de la Unión Europea. Y es que sin democracia económica no puede existir democracia política.
Prueba de lo que se acaba de afirmar es que el gran error de la unificación monetaria de la Unión Europea (la denominada Eurozona) consistía en que carecía de un auténtico banco central. En efecto, el denominado Banco Central Europeo (BCE) desempeñó, en los primeros tiempos posteriores a su implantación, funciones muy limitadas en relación con las economías del continente. Lo anterior quedó demostrado en la crisis financiera de 2007. Ahora bien, precisamente dicha crisis fue la que propició las imprescindibles reformas en este ámbito.
En particular, las referidas a la liquidez del BCE y a su capacidad para conceder préstamos a los Estados miembros de la Unión Europea que se encentren en dificultades económicas que no puedan afrontar por sí mismos. Con carácter general, conviene recordar que la defensa de la posición del Estado y sus ciudadanos es perfectamente compatible y complementaria con la condición de miembro leal de la Unión Europea.
A lo anteriormente señalado, ha de sumarse el debilitamiento del Estado de Derecho y el protagonismo del Parlamento en la materialización de su función legislativa debido al uso abusivo e innecesario del Decreto-ley. Se trata de una distorsión muy patente en nuestra democracia y en otras de nuestro entorno político, económico y cultural. En realidad, el abuso del Decreto-ley es equivalente a la práctica negación de la actividad parlamentaria. Tal abuso provoca la pérdida de la posición de centralidad del Parlamento tanto en lo que afecta al debate y aprobación de las normas como en lo que concierne a las tareas de control de la acción de gobierno. Como ha puesto de relieve el Profesor Pedro de Vega,
…el poder no es solamente un correlato de la actuación soberana del pueblo, el cual, a través de una hipotética democracia directa o delegada, gobierna a través del ejercicio de la representación política. No se trata únicamente de que el pueblo elija a sus gobernantes, sino, además, de que el gobernante que ha sido elegido no pueda actuar impunemente. En efecto, si bien en un primer momento el pueblo elige a sus representantes, luego de que estos son elegidos, podrían volver sus actuaciones contra los que los eligieron. En la democracia moderna, en el Estado constitucional, de lo que se trata, en última y definitiva instancia, es de garantizar la libertad del individuo frente al ejercicio arbitrario del poder… (Vega, 2023, p. 64).
Tiene razón el Profesor Ignacio Álvarez Rodríguez cuando pone de relieve que en nuestro sistema constitucional
… la voluntad del Presidente del Gobierno no encuentra freno ni límite, por más que se diga (…) lo cierto y verdad es que los ejecutivos suelen ser tan ricos en atropellos como escasamente juzgados al final de sus días. La tan cacareada rendición de cuentas no opera (Álvarez, 2024, p. 61).
Por su parte, en el ámbito judicial es necesario revisar la formación de los jueces y magistrados, afrontar con determinación la lentitud de la administración de justicia y garantizar debidamente la independencia judicial. La independencia judicial, íntimamente conectada con el principio de separación de poderes, resulta esencial e irrenunciable. El art. 117.3 de la Constitución española establece que
… el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes (…)”. Se trata de evitar que resulten invadidas las competencias reservadas a los jueces. El empleo del término “exclusivamente” en el mencionado precepto constitucional cierra la posibilidad de que jueces y magistrados puedan ceder a otros poderes la función de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. (1978).
Ahora bien, esos jueces y magistrados precisan de una policía judicial suficientemente dotada (de la que actualmente se carece) para afrontar retos y desafíos de tanta trascendencia como los que plantea el crimen organizado. A modo de ejemplo, el narcotráfico o la trata de seres humanos. En parecido sentido, de poco sirve la digitalización de los procedimientos judiciales y la construcción de las denominadas “ciudades de la justicia”, cuando lo más urgente es el incremento de la dotación de jueces. Unos jueces que en la actualidad se encuentran desbordados. Lo cierto es que una justicia con un retraso permanente en la resolución de los asuntos no merece tal denominación.
Se precisa, asimismo, incrementar las plantillas de personal de apoyo y gestión y garantizar la independencia del Poder Judicial. En este sentido, es el Congreso de los Diputados el órgano constitucional que debe certificar el acuerdo parlamentario para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, incluyendo dicho acuerdo en el orden del día de la sesión parlamentaria que corresponda. En general, el acuerdo o consenso no es una virtud sin más del sistema constitucional, sino que se integra en las bases y fundamentos del propio concepto de democracia. Es en el parlamento, y únicamente en él, donde ha de resolverse este problema que nos causa auténtico bochorno a constitucionalistas, politólogos y ciudadanos en general.
No se olvide que las actuaciones arbitrarias y aquellas que resultan lesivas del principio de división de poderes generan desafección y desconfianza de los ciudadanos en el sistema institucional de nuestra democracia. En definitiva, una constitución no es únicamente la norma jurídica suprema del Estado, sino que, en el plano político, es el mandato, plenamente vinculante, que hace frente a una eventual actuación arbitraria del poder.
Resulta de la mayor importancia que en los niveles educativos básicos se imparta formación para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, mediante programas orientados a la enseñanza de valores cívicos y cultura constitucional. “La participación es esencial en democracia y tal vez debería haber compartido con el pluralismo político la condición de valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. Incluso frente a situaciones de falta de tiempo por circunstancias profesionales, familiares” (López, s.f., pp. 33-34) y, con carácter general, personales, de debe de “enseñar a nuestros jóvenes a, como mínimo, delegar esa participación mediante la afiliación a un sindicato, a un partido o la adscripción a una asociación especializada representativa de intereses legítimos” (López, s.f., pp. 33-34).
Sin duda, la limitación de la jornada laboral tendría un efecto muy positivo tanto sobre la conciliación como sobre la revitalización de la participación de la ciudadanía en política. Así, la formación de nuestros jóvenes, en lo que bien puede denominarse el modo de vida democrático, y la generalización de condiciones de vida dignas resulta absolutamente esencial, al punto de que debería tener, desde mi particular punto de vista, expreso reflejo en nuestra Norma Suprema.
Por lo que afecta a la formación para el ejercicio de la ciudadanía, me parece particularmente pertinente plantear una posible modificación del art. 27.4 CE para asegurar, desde nuestra Norma Suprema, esta imprescindible formación, articulada, como no podía ser de otra manera, desde el rigor y la neutralidad política, para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática. El texto reformado del mencionado artículo podría responder al siguiente tenor literal: “La enseñanza básica, que en todo caso deberá comprender la adecuada formación para el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía democrática, es obligatoria y gratuita” (Constitución Española, 1978).
Una parte muy significativa de la abstención que padecemos (se tiene constancia de que más de diez millones de ciudadanos se sitúan al margen de la participación en las urnas) podría tener que ver, en alguna medida, con carencias formativas de base en esta trascendental materia. (…) Los objetivos más esenciales de esa formación y, con carácter aún más general, de toda la enseñanza básica impartida en España, creo que podrían localizarse en el art. 10.1 CE cuyo texto, en mi humilde criterio, merecería exhibirse en una placa a la entrada de todos los centros educativos de nuestro país. (López, s.f., pp. 33-34).
En efecto, la educación debe estar adecuadamente contextualizada en el marco de nuestro Estado democrático y alcanzar la consideración de servicio público e inversión de futuro. Es necesario asimismo potenciar la formación profesional para que permita la orientación del estudiante hacia profesiones especializadas sin necesidad de la obtención de un título universitario. Una de las razones que explican el elevado paro juvenil que se padece en nuestro país es la ausencia de una formación profesional digna, rigurosa y plenamente conectada con el ámbito laboral.
El art. 10.1 CE suministra, me parece, tales objetivos esencialísimos en la labor pedagógica de nuestros centros educativos en relación con el concepto de ciudadanía: 1. La puesta en valor de la dignidad de la persona. 2. La eficacia, protección y garantía de los derechos inviolables de la persona. 3. El cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico. 4. El respeto a los derechos de los demás. 5. El logro de la paz social, en el marco de un ordenamiento jurídico democrático, cuyo sistema institucional debe conocerse para que cada ciudadano sea consciente de su responsabilidad en la construcción de este. (López, s.f., pp. 33-34).
Si no se contextualiza, conforme a este u otro criterio similar, la formación básica en la edad infantojuvenil se estará procediendo a una suerte de «estabulación» de nuestros estudiantes en una formación, a la par que meramente informativa, ajena al conocimiento general básico de los principios y valores democráticos:
En este sentido, es elogiable el modelo francés de enseñanza que integra, en unidad de acción, enseñanza y educación: cuando se enseña, y siempre que se enseña, también se educa. Y por supuesto, no es necesario ni tan siquiera apuntarlo, sin perjuicio de la centralidad de la función de la familia en todo cuanto tiene que ver con la educación. (López, s.f., pp. 33-34).
La Unión Europea, por su parte, incorpora el objetivo de los sistemas en torno al aprendizaje escolar de los valores y de la participación democrática con el fin de preparar a los estudiantes para el ejercicio de la ciudadanía activa. Por otra parte, la Constitución española, en su artículo 1.1, se refiere a los valores en que se debe sustentar. La formación en valores cívicos y cultura constitucional debe prestar particular atención a los conceptos de comunidad política, promoción de la reflexión crítico-constructiva y libre expresión del propio criterio de cada persona.
No se olvide que la calidad de la convivencia que pueda alcanzar una sociedad depende, en gran medida, de la adecuada formación cívica de las personas que la integran. Esa virtud se nutre, entre otros elementos, del conocimiento de los principios básicos del ordenamiento jurídico que rigen la vida de la comunidad política. Cabe hablar, en este sentido, del difícil y trascendente arte de la convivencia. Se trata de acercar a diferentes clases de personas con maneras distintas de ser y de pensar tratando de que todos, con sus peculiaridades, puedan vivir en la misma comunidad social, sin excluirse unos a otros o, lo que es lo mismo, respetándose sus diferencias.
Se ha de vivir con los otros, respetando sus ideas al tiempo que los demás hacen lo propio con las nuestras. Se ha de respetar a los que no son o no creen en lo mismo que nosotros. Por el hecho de ser personas debemos ser tratados en igualdad, pero siendo conscientes de que no somos idénticos, de que cada persona es única, irrepetible y un fin en sí misma, sin que resulte admisible que pueda quedar subordinada a nada ni a nadie. Todo ello supone no tratar a ningún ser humano de manera desigual en relación con otro a partir de características que no dependen de su voluntad.
La democracia defiende la igualdad esencial entre todas las personas. Promueve tanto el idéntico peso de las pretensiones de cada uno al bienestar y a una vida valiosa, cuanto la legítima aspiración a la igual capacidad de influir en la vida y las decisiones públicas, que se materializa en el clásico lema “una persona, un voto”.
Se necesita una Administración pública eficaz que recupere el trato personalizado frente a la actual robotización de las comunicaciones con el ciudadano. No se olvide que es el propio ciudadano el que hace frente con sus impuestos al coste de los servicios públicos para que se le atienda por vía telefónica, telemática o presencial. En todo caso, los poderes públicos deben trabajar para que se reduzca el tiempo que se invierte en la resolución de los asuntos. En este sentido, debe seguirse el buen ejemplo de las fórmulas de tramitación y comunicación que se ha comprobado que funcionan con resultados óptimos. Determinadas áreas de la Administración se han configurado como especialmente relevantes a la hora de inspirar confianza en el ciudadano. En este sentido, cabe citar las siguientes: Agencia Tributaria, Seguridad Social, Tráfico y los Registros de la Propiedad y Mercantil.
Retomando el ámbito de la enseñanza para el ejercicio de la ciudadanía, debe ofrecerse a los alumnos una visión panorámica completa de las diferentes opciones ideológicas. La opinión pública prefiere creer lo que se le suministra desde el poder, a entendimiento cerrado, y a partir de prejuicios ideológicos y de todo orden, que comprender desde el espíritu crítico-constructivo hacia un pensamiento crítico. A modo de ejemplo, me parece que debe distinguirse entre la doctrina del cambio climático, teledirigida a objetivos orientados a la manipulación de la opinión pública en aras de favorecer negocios ocultos e inconfesables de unos pocos, y algo muy diferente como es la imprescindible y permanente necesidad de cuidar el medio ambiente.
Por consiguiente, parece imprescindible adquirir, en los niveles básicos de enseñanza, la formación para entender la información libre constitucionalmente protegida y conformadora de nuestros derechos a la libertad de comunicación amparados por el art. 20 de la Constitución española.
La influencia de las redes sociales es mucho más profunda en nosotros de lo que en principio cabría imaginar. No se olvide que no dejan de ser empresas enfocadas en el lucro económico por encima de cualquier cuestión ética derivada de los servicios que prestan. Hoy en día nadie puede dudar que Internet se encuentra dominada y transformada por intereses comerciales.
En efecto, la eclosión de las tecnologías de la información, y en concreto de las redes sociales, donde los mensajes allí vertidos de modo directo e inmediato son a menudo viscerales, radicales, no meditados, cada vez más agresivos, autoritarios e insultantes, amparándose en el anonimato, nos alejan del ideal del ciudadano reflexivo y crítico.
Además, merece destacarse la tendencia gregaria que se está produciendo en la sociedad, donde el individuo tiende a acercarse cada vez más al entorno ideológico -o cultural- con el que se encuentra más identificado (“efecto reflejo”), porque esto le genera seguridad y autoafirmación a modo de recompensa “inmediata”. Precisamente, este entorno así perfilado, le lleva a considerar a las personas de otras ideologías -o entornos culturales o sociales- como rivales fácilmente identificables a los que utilizar como chivos expiatorios de sus propios problemas y frustraciones.
En el plano académico, especialmente en los niveles básicos de la enseñanza, la propia utilización de teléfonos móviles, el dispositivo electrónico más utilizado, interfiere directamente en la calidad del aprendizaje al provocar un más que preocupante déficit de atención en la población estudiosa infantojuvenil que ocupa alrededor de cinco horas diarias en las pantallas. En particular, a los alumnos les cuesta concentrarse y, cada vez en mayor medida, tienden a perder capacidad en lo que se refiere a las habilidades críticas de lectura.
En efecto, los adolescentes prescinden con gran frecuencia de explicaciones o instrucciones que no sean de enunciado muy breve o se encuadren dentro de un cambio constante de dinámica. Incluso en los exámenes escritos los alumnos no leen hasta el final un enunciado si lo encuentran excesivamente largo. Estás dinámicas negativas están alcanzando ya a la enseñanza superior. Con carácter todavía más general, los estudiantes rehúyen frecuentemente la lectura y la reflexión que necesariamente ha de llevar aparejada.
Por no decir que el teléfono móvil, no ha sido empleado de manera adecuada en colegios e institutos, plantea también, en ocasiones, el problema del temible ciberacoso y, con carácter general, lo que se refiere al estrés. Me parece que es imprescindible incorporar al concepto de valores cívicos el uso responsable, en estas edades tempranas, de los denominados, con carácter general, dispositivos electrónicos. La salud, física y mental, de nuestros jóvenes estudiantes saldrá claramente beneficiada de estos contenidos educativos conectados con los valores cívicos que aquí se postulan.
El correcto uso del teléfono móvil en los centros docentes hará posible la disminución de los casos de vulneración de la privacidad. Igualmente redundará en un mayor bienestar del profesorado evitando presiones y conflictos. De esta manera, mejoraría el clima de convivencia y calidad de la docencia en los centros educativos. Se potencian así las habilidades y las relaciones interpersonales. En idéntico sentido, se fomenta el desarrollo de la capacidad de desconexión.
El principal efecto negativo de esta situación consiste en que la juventud se está alejando del desempeño responsable de la condición de ciudadano. Es frecuente que manifiesten desinterés por la política y que carezcan de conciencia con relación a la inaplazable necesidad de construir consensos, a través del cotejo y adecuada ponderación de opiniones contrarias, que abran paso a una sociedad mejor.
Esta enseñanza en valores cívicos y cultura constitucional, que aquí y ahora se propone, debería suponer también un estímulo de la actividad científica independiente, la creación de una comunidad de personas libres, con pensamiento y criterio propios y, a la vez, profundamente solidarias, participativas y dueñas de su propio destino, tanto a nivel individual como colectivo. En efecto, con carácter previo a cualquier técnica de organización política, es preciso que exista una moral ciudadana fundamentada en la tolerancia y el respeto mutuo, en una solidaridad y espíritu comunitario que refleje, de alguna manera, ese espíritu de fraternidad que, si bien se enarboló en la Revolución Francesa, ha resultado con el tiempo el más sobrado de retórica y, al propio tiempo, carente de proyección práctica alguna.
Se ha señalado con razón que
…no se puede comprender y apreciar lo que no se conoce, de modo que (…) resulta perentorio incorporar a nuestro sistema educativo (por ejemplo, al cuarto curso de la Educación Secundaria y a uno de los dos cursos que conforman el Bachillerato) una asignatura obligatoria que explique con rigor científico y neutralidad ideológica –huyendo, por lo tanto, de sesgos partidistas– los fundamentos del movimiento constitucional y los aspectos básicos de la Constitución de 1978, reconciliándonos, así, con una de las aportaciones más singulares y laudables de nuestro constitucionalismo. La supervivencia de nuestro orden constitucional, nos atrevemos a decir, depende de ello… (Parra Gómez, 2021, p. 132).
Sin embargo, no todos los autores se muestran favorables a la incorporación de una asignatura sobre valores cívicos y cultura constitucional a los planes de estudio de la enseñanza básica.
En este sentido, el Profesor Javier Pérez Royo considera que este tipo de contenidos, conectados con el ámbito propio de lo jurídico, no deberían enseñarse a estudiantes que, por su juventud, carecen de la experiencia social necesaria para abordarlos con aprovechamiento. Señala en este sentido que
… el Derecho es puro artificio social y por eso el componente social de la inteligencia es muy alto. Esta es la razón por la que un niño o un adolescente no es que no pueda ser buen jurista, sino que sería una aberración que la sociedad intentara siquiera que pudiera serlo. (Pérez, 2023, p. 18).
A partir de los argumentos que se acaban de aportar, concluye el autor que
… en el estudio del Derecho no hay continuidad alguna entre los niveles previos de enseñanza y el nivel superior. Tampoco hay ruptura. Hay, sencillamente, discontinuidad (…) En contra de lo que al estudiante (que inicia sus estudios de Derecho) le pueda parecer, esta ausencia de información previa no es negativa. El no haber tenido acceso al mundo del Derecho en la enseñanza básica y media es lo mejor que puede haberle pasado como estudiante en esos niveles de enseñanza y lo mejor también desde la perspectiva actual de su proceso de aprendizaje del oficio de jurista. Y es lo mejor, porque más vale empezar de cero que tener que empezar desandando el camino que inevitablemente se habría tenido que hacer mal, si se hubiera pretendido iniciarlo en la enseñanza preuniversitaria” (Pérez, 2023, p. 11).
Ahora bien, sin por ello dejar de tomar en consideración este punto de vista, la asignatura por la que aquí se apuesta, bajo el rótulo de “Valores cívicos y cultura constitucional”, se configura desde una perspectiva propedéutica o didáctica en torno a la libertad, la tolerancia (entendida como disposición personal voluntaria a tener en cuenta las razones de los demás y renuncia a imponer las propias en el marco de un igual derecho a convivir), la igualdad de capacidades para el óptimo ejercicio de la ciudadanía, la solidaridad, el pluralismo político y la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos. El pluralismo político conlleva que los miembros de una comunidad tengan libertad para agruparse en diferentes asociaciones políticas capaces de competir para alcanzar el poder. Los partidos políticos constituyen la forma más genuina y consolidada de este tipo de asociaciones.
No se pretende que esta nueva materia se convierta en una explicación básica de Derecho Constitucional, sin perjuicio de que en ella se maneje, de una manera muy general, nuestro texto constitucional. En esa aproximación a las funciones esenciales del Derecho y a la Constitución, que se sitúa en la cúspide del sistema de Fuentes del Derecho, debe primar con absoluta claridad lo significativo frente a lo técnico-jurídico.
Esta asignatura deberá atender al conjunto de capacidades y competencias que ha de poseer un ciudadano al que podamos calificar como demócrata. Cabe constatar que en el momento presente nos estamos deslizando peligrosamente hacia una sociedad deshumanizada, presidida por una democracia puramente formal, en la que lo que sí queda siempre a salvo es el conjunto de los intereses propios de los poderosos.
En este sentido, es necesario poner fin a la dejación por parte de los ciudadanos de sus derechos cívicos, de su obligación de tomar parte activa en la construcción de una sociedad orientada hacia los valores democráticos. Una juventud convenientemente formada en valores cívicos y cultura constitucional será capaz de comprender que la descentralización y la desconcentración del poder se configuran como requisitos para que éste sea compartido, y reconstruida su unidad, por la decisión voluntaria de ciudadanos libres, y no mantenida por la imposición de oligarquías de uno u otro signo.
Se trata, en definitiva, de ofrecer a los estudiantes una introducción o estudio general sobre la función del Derecho, y en especial, del Derecho de la Constitución, que puede servir muy bien no sólo a los ciudadanos en general, o a los alumnos de la educación secundaria, sino también a los estudiantes universitarios, muy en especial a los de las Facultade de Derecho.
Me parece también imprescindible una cuidada selección de las élites políticas para que se conviertan en capaces, integradoras y transformadoras en un marco institucional realmente presidido por ciudadanos adornados, en terminología de Alexis de Tocqueville, por las mejores virtudes públicas. No en vano, como recuerda el Profesor Pedro de Vega, la democracia representativa es un instrumento que permite seleccionar
… a las personas más formadas, a las personas más cultas, a las personas con mejor criterio y más sentido, y que, en última instancia, pueden tomar la representación con mejor conocimiento de causa que la generalidad o la mayoría de las personas. (Vega, 2023, p. 94).
En mi criterio, el sistema educativo debe velar, en todos sus niveles, de manera enérgica y con los mejores medios disponibles en cada momento, tanto por la reducción del fracaso escolar como por la protección del talento en las aulas. Los mencionados objetivos deben traducirse en un sistema educativo de calidad, estable, consensuado por todas las fuerzas políticas, respaldado por una comisión de auténticos expertos independientes y sustentado en un profesorado excelente, esto es, adecuadamente formado.
Se presenta como necesario, hoy más que nunca, un electorado adecuadamente formado en valores cívicos y cultura constitucional, integrado por ciudadanos habilitados para elegir a los mejores representantes. Es preciso, al propio tiempo, que los partidos políticos sean capaces de cumplir el mandato constitucional implícito en el sistema de listas cerradas y bloqueadas.
En efecto, al ser los partidos políticos los que mejor conocen a los candidatos electorales, es a ellos a quienes corresponde ofrecer unas listas electorales dignas a los votantes. Esto significa que han de abandonar el criterio de la docilidad de los candidatos frente al líder del partido. El criterio que debe prevalecer en la selección de los candidatos en una democracia de calidad no puede ser otro que el de la meritocracia y el talento. Un cuerpo electoral integrado por ciudadanos adecuadamente formados en valores cívicos y cultura constitucional merece unos candidatos dignos y capaces incluso de hacerles dudar en su decisión final en la jornada electoral.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 39, dota a la familia de una especial protección que abraza los ámbitos social, económico y jurídico. En el marco de la familia, la protección alcanza a los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación. Finalmente, en su apartado 4, el mencionado precepto proclama que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos” (Constitución Española, 1978).
La población infantojuvenil de estudiantes dotados de altas capacidades intelectuales, en atención a su singularidad, debe ser objeto de programas públicos de enriquecimiento educativo que pongan en valor y permitan el desarrollo y profundización de ese talento emergente. En este sentido, sería conveniente reflexionar sobre la necesidad de contemplar las altas capacidades intelectuales en la redacción del vigente artículo 27 de la Constitución, añadiéndole un nuevo apartado, el undécimo. El texto que, en mi personal criterio, se debería incluir podría ser el siguiente: “Los poderes públicos estimularán y protegerán el talento surgido en los centros educativos de todos los niveles de enseñanza. A tal efecto, promoverán activamente la cooperación público-privada en docencia e investigación” (Constitución Española, 1978).
A los estudiantes de altas capacidades intelectuales les agrada especialmente el trabajo académico, de manera muy particular en las materias próximas a sus preferencias o intereses, siendo menos espontáneo por su parte el desempeño de tareas de naturaleza cooperativa. Ahora bien, cuando entran en él suelen hacer gala de notables habilidades en los ámbitos de la organización y el liderazgo.
Merece la pena apoyar a estos estudiantes de altas capacidades intelectuales para poner su potencial al servicio de los intereses generales. El alumnado con altas capacidades intelectuales precisa de una planificación de su actividad educativa con diferentes actuaciones dirigidas a optimizar su proceso de aprendizaje. A modo de ejemplo, introduciendo en su plan de trabajo retos y actividades adaptadas a sus necesidades y potencialidad de conocimiento, diversificando las dinámicas de acceso al aprendizaje para adaptarlas a sus peculiaridades y propiciando un clima de trabajo participativo que amortigüe su tendencia inicial al acceso al conocimiento desde el esfuerzo exclusivamente individual.
Si los partidos políticos apuestan por intelectuales excelentes, admirados y reconocidos con anterioridad a su acceso a un cargo representativo, tal vez se podría resolver el problema de las transferencias profesionales, de dudosa ética, del sector público al privado, conocidas coloquialmente como “puertas giratorias”. De idéntico modo, con unos representantes públicos realmente cualificados o, al menos, en mayor proporción que los actuales, se podrían corregir dos graves problemas, prácticamente endémicos en nuestro sistema electoral. Por una parte, el excesivo poder de algunas minorías nacionalistas en el ámbito estatal (que jamás ha sido contrapesado a la inversa en el espacio autonómico) y, por otra, el exagerado peso del voto emitido en las zonas más despobladas y menos industrializadas que resulta generalmente más conservador.
En definitiva, la formación en valores cívicos y cultura constitucional puede propiciar, cara al futuro, un incremento en la cualificación tanto de los electores como de sus representantes. Y como consecuencia de ello, una mejora sustancial de nuestro sistema democrático.
La grave crisis institucional que se padece en España guarda relación con los efectos deslegitimadores de la corrupción y, estrechamente vinculada a ella, la deficiente selección de las élites políticas.
Las autoridades reguladoras, como, por ejemplo, el Banco de España, o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); han de regirse por criterios de independencia en sus actuaciones y objetividad y neutralidad en sus decisiones. De esta manera, será más fácil eludir futuras crisis financieras como las que se han padecido en este primer cuarto del siglo XXI.
La libertad de pensamiento constituye un elemento arquitectural básico del sistema democrático. Es también la garantía de la plena vigencia de las libertades de comunicación en el marco de una sociedad democrática. En este sentido, se debe prestar atención a que los movimientos populistas tratan de cercenar la libertad de comunicación en claro perjuicio de la calidad de la propia democracia. Vivimos bajo condiciones de soberanía popular limitada por los mercados, los compromisos supranacionales y, en términos generales, por la globalización. La Constitución proclama la soberanía nacional y ello debería suponer que el pueblo es dueño de su destino. Pero realmente no es así y el Estado se encuentra necesitado de reformas adaptativas en estos tiempos de globalización que pongan a salvo la convivencia democrática. Los principios y valores clásicos de la Ilustración se presentan como indispensables para recuperar una convivencia en libertad. Ha de reivindicarse la autonomía del sujeto, el diálogo sincero y constructivo y el bien común frente a las nuevas formas de autoritarismo y el neoliberalismo avasallador.
La visibilidad pública de la corrupción, en su condición de problema de extraordinaria gravedad en términos de legitimidad de nuestro sistema democrático, exige la adopción de medidas jurídicas en los planos de la prevención y la sanción
El derecho de sufragio, tanto activo como pasivo, es más que un derecho subjetivo. Es también un derecho-función esencial para el correcto funcionamiento del sistema democrático. La participación política, a través del ejercicio de derecho de sufragio activo, permite manifestar la propia opinión. En tal sentido, debe enseñarse y promoverse la participación consciente, comprometida y responsable en la vida democrática a través del ejercicio del derecho de sufragio. Ahora bien, no se trata únicamente de reconocer derechos sobre determinados espacios de libertad, sino que además se deben garantizar plenamente dichos derechos.
Los mensajes vertidos en las redes sociales, emitidos de modo directo e inmediato, son a menudo viscerales, radicales, no meditados, y cada vez más agresivos, autoritarios e insultantes -amparándose en el anonimato-. Este contexto, tan real como sumamente negativo, nos aleja del ideal del ciudadano reflexivo y crítico. Las redes sociales provocan un efecto en la comunidad política semejante al de las drogas. Se ha propiciado una sociedad decididamente hedonista, materialista, superficial, completamente manipulable y ajena a actitudes de naturaleza cooperativa y solidaria más allá de lo que tiene que ver con la mera apariencia de la que se hace espectáculo. Es necesario un acuerdo de todas las fuerzas políticas para garantizar una adecuada pedagogía en esta materia en los colegios e institutos y establecer límites normativos realmente eficaces dirigidos a las compañías que están detrás de las redes sociales.
En el plano académico, especialmente en los niveles básicos de la enseñanza, la propia utilización de teléfonos móviles interfiere directamente en la calidad del aprendizaje al provocar un más que preocupante déficit de atención en la población estudiosa infantojuvenil. En particular, a los alumnos les cuesta concentrarse. En efecto, una parte significativa de los adolescentes evita prestar atención a explicaciones o instrucciones que no sean de enunciado muy breve o se encuadren dentro de un cambio constante de dinámica. Incluso en los exámenes escritos los alumnos no leen hasta el final un enunciado si lo encuentran excesivamente largo. Una adecuada pedagogía en los centros educativos, a partir de unas imprescindibles campañas de concienciación, constituye el instrumento más eficaz para afrontar este grave problema.
En España disponemos de un mejor ordenamiento constitucional que de valores cívicos y cultura constitucional entre la ciudadanía. Urge incorporar esta materia a la enseñanza básica obligatoria a la que se refiere el art. 27.4 de la Constitución española. No se olvide que los actuales cargos públicos en nuestro país están generalmente desempeñados por personas que no han recibido formación para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Es obligación de los representantes políticos construir la sociedad a partir de valores compartidos y, por consiguiente, han de evitar conductas que provoquen división en la sociedad.
Un buen ciudadano y, por consiguiente, un buen elector, debería ser capaz de comprender el sistema constitucional diseñado por la Constitución y evaluar sus actuales deficiencias. Entre ellas las siguientes: a) El mal funcionamiento de los partidos políticos con su afán de colonizar todas las instituciones y hacer desaparecer la división de poderes. En su Barómetro de febrero de 2024, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) destaca que los partidos políticos son las organizaciones peor valoradas, con 3,2 puntos sobre 10, y las que menos confianza generan, b) La falta de democracia interna en los partidos, c) En el actual escenario político las actitudes ideológicas extremas están ganado protagonismo (s.f.).
Tales actitudes tratan de rentabilizar el desencanto de determinados segmentos de la población, presentándose como la única alternativa posible frente a posiciones más liberales y centradas que son percibidas como confusas y carentes de solidez y capacidad para resolver los problemas sociales. La extrema polarización de la vida política se materializa en un clima de crispación. Dicha crispación se configura como producto de un “bibloquismo”, entendido como una severa reducción del pluralismo político a dos bloques ideológicos que se transforman en antagónicos e impermeables. Como consecuencia de esta situación, se produce la ausencia en la vida política de los imprescindibles consensos en relación con los grandes asuntos de Estado.
La polarización, la corrupción y la subordinación de la actividad política democrática a los estrictos intereses de los partidos políticos provocan desafección y desconfianza en las instituciones democráticas y en el concepto mismo de democracia como instrumento para la convivencia en libertad. d). Consideración en el Parlamento del adversario o discrepante como enemigo con los consiguientes insultos y faltas de respeto. El entendimiento entre discrepantes no es una cualidad propia de un buen demócrata sino la esencia de la democracia misma.
Como en su momento escribió Cánovas del Castillo, "la capacidad para elogiar al que discrepa engrandece la vida política y cultural”. d). Abuso del Decreto-ley, la conocida como “legislación motorizada” (cit. en Ansón, 2024), y la correlativa pérdida de la posición de centralidad del Parlamento, tanto en lo que afecta al debate y aprobación de las normas como en lo que concierne a las tareas de control eficaz de la acción de gobierno. En efecto, se registra una progresiva disolución de los instrumentos parlamentarios de control al Gobierno, debido a la estrechísima relación entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que lo sostiene. En este sentido, sería necesario reforzar la figura del parlamentario individualmente considerado.
Se propone la reforma del artículo 27 de la Constitución introduciendo dos modificaciones:
a) En el art. 27.4 de la Constitución se sugiere añadir que la enseñanza básica incorporará una adecuada preparación en valores cívicos y cultura constitucional. El texto reformado del mencionado artículo podría responder al siguiente tenor literal: «La enseñanza básica, que en todo caso deberá comprender la adecuada formación para el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía democrática, es obligatoria y gratuita». El objetivo principal de esta reforma puede cifrarse en que los estudiantes desarrollen la trascendental competencia en comunicación lingüística y las de contenido social y cívico. Se trata de habilidades que facilitan ejercer la vida en sociedad en el marco del concepto general de ciudadanía democrática.
b) Se añadiría un nuevo apartado al art. 27 de la Constitución española: el 27.11. El texto que, en mi personal criterio, se debería incluir podría ser el siguiente: “Los poderes públicos estimularán y protegerán el talento surgido en los centros educativos de todos los niveles de enseñanza. A tal efecto, promoverán activamente la cooperación público-privada en docencia e investigación”.
Se trata de la protección constitucional del talento en las aulas. Esta protección va dirigida al estudiantado infantojuvenil de altas capacidades intelectuales naturalmente llamado a integrar tanto el nuevo cuerpo electoral como los futuros candidatos electorales.
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