Artículos de investigación

Recepción: 18 Junio 2024
Aprobación: 18 Octubre 2024
Resumen: La dimensión objetiva de los derechos humanos y fundamentales se refiere al reconocimiento y garantía de estos derechos no solo en su relación individual y subjetiva, sino también en su dimensión social y colectiva. Esta perspectiva es crucial para la argumentación, defensa y progresividad de los derechos en México, un país donde la consolidación de un Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos humanos enfrentan múltiples desafíos. Este artículo explora la importancia de esta dimensión objetiva en el contexto mexicano, destacando su impacto en la formulación de políticas públicas, la jurisprudencia y la cultura de derechos humanos.
Palabras clave: Derechos Humanos, derechos fundamentales, políticas públicas, Estado de derecho.
Abstract: The objective dimension of human and fundamental rights refers to the recognition and guarantee of these rights not only in their individual and subjective relationship, but also in their social and collective dimension. This perspective is crucial for the argumentation, defense and progressivity of rights in Mexico, a country where the consolidation of a rule of law and the effective protection of human rights face multiple challenges. This article explores the importance of this objective dimension in the Mexican context, highlighting its impact on public policy formulation, jurisprudence and human rights culture.
Keywords: Human rights, fundamental rights, public policies, rule of law.
INTRODUCCIÓN
La Constitución Política de un país es como la columna vertebral del mismo, como el soporte de toda la estructura del Estado y que ésta guarda una relación directa e inmediata con el ejercicio del poder, el cual debe estar sujeto a la ley fundamental y demás normas del ordenamiento jurídico y el cumplimiento del imperativo del respeto y garantía de los derechos humanos. En ese contexto, es necesario destacar la trascendencia que tiene la dimensión objetiva de los derechos humanos y fundamentales para la argumentación, defensa y progresividad en el sistema jurídico mexicano.
En relación con este tema Gutiérrez y Alguacil (2011) expresan que en esta interpretación de los derechos fundamentales se deriva de forma paulatina su irradiación a las relaciones de derecho privado, a la eficacia frente a terceros, a los derechos originarios a prestaciones o derechos de participación de los individuos frente al Estado, el deber de protección por parte del Estado de las libertades aseguradas por derechos fundamentales, las garantías procesales de los procesos estatales de decisión de los que puedan derivarse perjuicios para los derechos fundamentales. Los principios de organización de las instituciones públicas y privadas en las cuales los derechos fundamentales hacen valer según el principio de división de funciones. En estos derechos encarnan ciertos valores clásicos que constituyen el fundamento del orden político y de la paz social. Ello nos conduce a lo que se ha denominado “la fuerza expansiva de los derechos fundamentales”, pues estos tienden a impregnar la aplicación de toda la legislación y, en definitiva, el funcionamiento del entero ordenamiento jurídico.
La presente investigación parte de un enfoque de tipo cualitativo con un carácter exploratorio-descriptivo y analítico. Se pretende explorar el papel de la dimensión objetiva de los derechos humanos en el marco jurídico mexicano y describir su influencia en la jurisprudencia, para luego analizar los resultados y proponer mejoras en su implementación. Así pues, utilizaremos el método dogmático-jurídico para analizar los conceptos clave de los derechos humanos desde un punto de vista normativo y doctrinal, así como el método hermenéutico-jurídico que permitirá interpretar las decisiones judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su relación con la dimensión objetiva de los derechos humanos.
Así como apoyarnos en el uso de técnicas de análisis documental, como la revisión de fuentes, por ejemplo, tratados internacionales, la Constitución Mexicana, sentencias de la SCJN, trabajos doctrinales y análisis jurisprudencial de otros países; así como el estudio de casos en los que la dimensión objetiva haya sido determinante en la defensa de derechos humanos en México.
LA DIMENSIÓN OBJETIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La dimensión objetiva de los derechos humanos implica que estos no dependen exclusivamente de su reconocimiento por parte de un Estado específico. Como señala Henkin (1990), “los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos y no pueden ser concedidos ni negados por los gobiernos” (p. 14). Este concepto sostiene que los derechos humanos existen independientemente de su codificación en leyes nacionales o tratados internacionales.
Esto implica que estos derechos no son solo prerrogativas individuales, sino principios fundamentales que estructuran y orientan todo el orden jurídico y social. Según Hesse (1999) esta dimensión se manifiesta en tres niveles: como valores objetivos del orden jurídico, como mandato de optimización para los poderes públicos y como derechos subjetivos para los individuos. La filosofía de los derechos humanos ha sido influenciada por el pensamiento de filósofos como Immanuel Kant quien argumentó que la dignidad humana es la base de todos los derechos. Según Kant (1785/1997), “los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos y nunca como meros medios” (p. 52). Este principio subraya la universalidad y el carácter inherente de los derechos humanos.
Desde una perspectiva jurídica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) es un documento fundamental que establece una serie de derechos y libertades básicos aplicables a todos los individuos, sin distinción. Estas declaraciones son un claro ejemplo de cómo los derechos humanos tienen una dimensión objetiva, reconocida a nivel internacional. La dimensión objetiva de los derechos humanos también se refleja en el desarrollo del derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) son instrumentos jurídicos que consolidan la naturaleza objetiva de estos derechos, estableciendo obligaciones para los Estados parte de respetar y garantizar los derechos reconocidos.
Según Cassese (2005), “el derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado para proteger a los individuos no solo de las acciones de otros individuos, sino también de las acciones de los propios Estados” (p. 78). Esto muestra cómo la dimensión objetiva de los derechos humanos impone límites y obligaciones a los Estados, independiente de su legislación interna. A pesar de su reconocimiento generalizado, la dimensión objetiva de los derechos humanos enfrenta desafíos y críticas; algunos académicos argumentan que la universalidad de los derechos humanos puede ser vista como una forma de imperialismo cultural, imponiendo valores occidentales a otras culturas (p. 31). Este debate resalta la necesidad de un diálogo intercultural continuo para asegurar que los derechos humanos sean verdaderamente universales y respeten la diversidad cultural.
La dimensión objetiva de los derechos humanos es un concepto crucial que sostiene la universalidad y la inherencia de estos derechos. A través de fundamentos filosóficos, jurídicos y su implementación en el derecho internacional, esta dimensión asegura que los derechos humanos trasciendan las fronteras nacionales y las limitaciones culturales. Sin embargo, es vital reconocer y abordar los desafíos que esta perspectiva enfrenta para asegurar una aplicación equitativa y respetuosa de los derechos humanos en todo el mundo.
Es importante destacar que la garantía de un derecho humano, que no ha sido formalmente reconocido por el Estado, plantea un desafío fundamental para la protección de los derechos en cualquier orden jurídico. Aunque los Estados son los principales responsables de reconocer, garantizar y proteger los derechos humanos a través de sus constituciones, tratados internacionales y legislación, la falta de reconocimiento explícito no significa que el derecho en cuestión carezca de valor o protección.
En este contexto, el derecho internacional de los derechos humanos juega un papel crucial, dado que proporciona un marco normativo más amplio que trasciende las fronteras nacionales y obliga a los Estados a respetar los derechos humanos, aun cuando no los hayan codificado internamente. Los tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o los diversos convenios de las Naciones Unidas, son fuentes de derechos que pueden llenar ese vacío legal en los sistemas nacionales. Por ejemplo, un derecho no reconocido en el derecho interno podría ser invocado mediante litigio estratégico ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puede sancionar al Estado por la violación de ese derecho.
Desde una perspectiva interna, la dimensión objetiva de los derechos humanos juega un papel esencial. A diferencia de la dimensión subjetiva, que concibe los derechos como facultades individuales exigibles ante el Estado, la dimensión objetiva otorga a los derechos un carácter normativo y supraindividual. Esto significa que los derechos humanos no son sólo intereses de las personas, sino principios rectores del orden jurídico que imponen deberes al Estado y a la sociedad en su conjunto. En este sentido, los derechos no reconocidos formalmente pueden tener una existencia objetiva, es decir, forman parte del sistema de valores fundamentales que vinculan a todas las autoridades del Estado, incluso si no están explícitamente enunciados en la legislación interna.
El efecto de la dimensión objetiva en este escenario es doble, por un lado, impone al Estado la obligación de actuar de forma coherente con el reconocimiento de los derechos humanos como principios fundamentales del orden democrático; esto incluye la promoción y el desarrollo progresivo de los derechos, ya sea mediante reformas legislativas o a través de la interpretación judicial, que puede reconocer derechos implícitos o no codificados de manera explícita. Así, las cortes constitucionales pueden jugar un rol clave en la defensa de derechos no reconocidos al interpretarlos como inherentes a la dignidad humana o a los valores constitucionales.
Por otro lado, la dimensión objetiva también tiene un impacto en la responsabilidad estatal, aunque un derecho no esté reconocido formalmente, el Estado puede ser considerado responsable si su conducta viola el valor inherente de ese derecho dentro del sistema jurídico. Por ejemplo, si un Estado no garantiza el derecho al medio ambiente sano, aunque no esté expresamente en la constitución, podría ser sancionado por organismos internacionales o incluso por su propio tribunal constitucional si este interpreta que dicho derecho deriva de la dignidad humana o del deber estatal de garantizar un entorno saludable para la población.
En resumen, la garantía de un derecho humano no reconocido por el Estado puede depender tanto de la aplicación de normas internacionales como del papel que juegan las cortes y otros actores en interpretar y expandir el reconocimiento de los derechos humanos. En este proceso, la dimensión objetiva refuerza el carácter universal y vinculante de los derechos, asegurando que el Estado, más allá de su formalización interna, esté obligado a proteger esos principios fundamentales.
VALORES OBJETIVOS DEL ORDEN JURÍDICO
El orden jurídico es el conjunto de normas que rigen la conducta de los individuos dentro de una sociedad. Estas normas no solo regulan las relaciones sociales y económicas, sino que también están fundamentadas en valores objetivos que aseguran la justicia, la equidad y la estabilidad social. Este enfoque sobre los valores objetivos permite una comprensión más profunda del derecho, ya que estos valores trascienden las meras disposiciones legales y reflejan principios universales que deben ser respetados y protegidos.
Los valores objetivos en el orden jurídico son principios y normas que se consideran inherentes y universales, independientemente de su reconocimiento por parte de un sistema legal específico. Según Dworkin (1977) “los principios jurídicos son estándares que deben ser observados, no porque avanzan o aseguran algún propósito económico, político o social, sino porque son requisitos de justicia o equidad” (p. 22). Estos valores proporcionan una base ética y moral que guía la creación e interpretación de las leyes.
Desde una perspectiva filosófica, el concepto de valores objetivos en el derecho tiene raíces profundas en el pensamiento de filósofos como Aristóteles y Tomás de Aquino. Aristóteles (1998) afirmó que “la justicia es la virtud por la cual se da a cada uno lo que le corresponde” (p. 112), subrayando la importancia de la equidad y la justicia como valores fundamentales del orden jurídico. Tomás de Aquino, por su parte, argumentó que las leyes deben estar alineadas con la ley natural, la cual es un reflejo de la razón divina. Según Aquino (2000) “una ley que no está de acuerdo con la razón no puede ser considerada ley en absoluto” (p. 45), destacando la necesidad de que las normas jurídicas sean coherentes con valores morales objetivos.
Los valores objetivos tienen una influencia significativa en la formulación y aplicación del derecho positivo. Por ejemplo, el principio de igualdad ante la ley, consagrado en numerosas constituciones y tratados internacionales, refleja un valor objetivo de equidad y justicia. Según Alexy (2002) “los derechos fundamentales son principios que tienen una dimensión objetiva y que deben ser interpretados y aplicados de manera que se asegure su máximo cumplimiento” (p. 34). Este enfoque se observa en la interpretación de los derechos humanos en el ámbito internacional donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha enfatizado repetidamente que los derechos reconocidos en la Convención Europea de Derechos Humanos deben interpretarse a la luz de valores objetivos de justicia y dignidad humana (Harris et al., 2018).
Los derechos humanos en su dimensión objetiva funcionan como valores que guían la interpretación y aplicación de todas las normas jurídicas. Esto significa que cualquier acción o legislación debe ser coherente con los principios de dignidad humana, igualdad y libertad. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce explícitamente estos valores, especialmente a partir de la reforma constitucional de 2011, que incorporó los derechos humanos de manera integral en el ordenamiento jurídico (Cámara de Diputados, 2011)
MANDATO DE OPTIMIZACIÓN PARA LOS PODERES PÚBLICOS
El mandato de optimización es un concepto clave dentro de la teoría de los derechos fundamentales, mismo que obliga a los poderes públicos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la máxima protección y eficacia de los derechos humanos en cualquier situación. Este mandato implica que los derechos fundamentales no pueden ser considerados simples reglas que determinan acciones específicas, sino principios que exigen ser realizados en la mayor medida posible, dentro de los límites de lo fáctica y jurídicamente posible. La aplicación de este principio es especialmente relevante en contextos donde los recursos son limitados o donde hay conflictos entre derechos, lo que obliga a las autoridades a tomar decisiones que maximicen la protección de los derechos humanos
Dicho mandato para los poderes públicos es un principio fundamental en la teoría del derecho contemporáneo. Este concepto se refiere a la obligación de los poderes públicos de maximizar la realización de derechos y principios jurídicos dentro de las posibilidades legales y materiales existentes. Este enfoque es esencial para garantizar que las acciones gubernamentales estén dirigidas a lograr el mayor grado posible de justicia, equidad y eficiencia en la administración pública. El concepto de mandato de optimización proviene principalmente de la teoría desarrollada por el jurista alemán Robert Alexy (2002) que señala los derechos fundamentales se deben entender como principios, y no como reglas. Mientras que las reglas son de aplicación directa y determinan conductas específicas bajo ciertas condiciones, los principios son mandatos de optimización, lo que significa que pueden ser cumplidos en diversos grados dependiendo de las circunstancias concretas.
Un principio o derecho fundamental, bajo el mandato de optimización, obliga a los poderes públicos a buscar la mayor realización posible de dicho derecho, pero siempre dentro de los límites impuestos por las condiciones fácticas y jurídicas. En este sentido, el mandato de optimización otorga a los derechos una flexibilidad que permite a los poderes públicos adaptarse a distintas situaciones sin comprometer la esencia de los derechos fundamentales. Por ejemplo, en situaciones de escasez de recursos, como durante una crisis económica, el Estado está obligado a proteger y garantizar los derechos sociales, económicos y culturales en la mayor medida posible, incluso si no puede satisfacer plenamente todas las demandas. No obstante, la optimización exige que el Estado priorice la distribución de recursos y tome decisiones que maximicen la eficacia de la protección de los derechos, asegurando que los recursos disponibles se utilicen de manera equitativa y eficiente.
El mandato de optimización tiene una relevancia particular en la interpretación constitucional y en la forma en que los tribunales constitucionales y otros órganos del Estado deben abordar la protección de los derechos fundamentales. Los derechos constitucionales, como el derecho a la salud, a la educación o a la igualdad, exigen una realización progresiva y una optimización constante, lo que implica que el Estado debe buscar continuamente mejorar las condiciones que permitan el ejercicio pleno de esos derechos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México ha incorporado el mandato de optimización al interpretar los derechos humanos. En diversos fallos, la SCJN ha determinado que los derechos fundamentales, incluidos en la Constitución y en los tratados internacionales, deben ser interpretados en favor de la persona y aplicados en la mayor medida posible, atendiendo siempre a las circunstancias del caso concreto (Cossío, 2011).
Esto está alineado con el principio pro persona, dicho principio establece que cuando existan varias interpretaciones posibles de una norma de derechos humanos, debe preferirse la que sea más favorable a la persona. Un ejemplo reciente de la aplicación de este principio fue el análisis realizado por la SCJN sobre el derecho al acceso a la salud en situaciones de emergencia, como la pandemia de COVID-19. En este contexto, el Estado mexicano fue llamado a optimizar los recursos sanitarios, garantizando la mayor protección posible del derecho a la salud dentro de los límites de la infraestructura y los recursos disponibles.
A pesar de su flexibilidad y su enfoque en maximizar la protección de los derechos, el mandato de optimización enfrenta desafíos prácticos que limitan su aplicación. Uno de los principales retos es la escasez de recursos, tanto materiales como financieros, lo que puede dificultar la plena realización de algunos derechos fundamentales. En estas situaciones, los poderes públicos deben priorizar ciertas áreas, lo que puede llevar a tensiones entre diferentes derechos o intereses en juego. Por ejemplo, la optimización del derecho a la educación puede entrar en conflicto con la necesidad de priorizar el derecho a la salud en tiempos de crisis sanitaria. En este caso, los poderes públicos deben llevar a cabo un proceso de ponderación, analizando las circunstancias y decidiendo cuál de los derechos debe prevalecer temporalmente sin que esto implique un sacrificio definitivo de los otros derechos.
El mandato de optimización también plantea cuestiones acerca de la responsabilidad del Estado. Si bien la optimización exige que los poderes públicos hagan todo lo posible por garantizar los derechos, no se puede exigir lo imposible. En este sentido, los tribunales y otros órganos de control deben evaluar las acciones del Estado tomando en cuenta los límites reales que enfrenta, como restricciones presupuestarias o barreras tecnológicas, sin dejar de exigir esfuerzos razonables y proporcionales. Además, el mandato de optimización puede ser objeto de abusos o interpretaciones restrictivas si los poderes públicos argumentan que las condiciones fácticas (como la escasez de recursos) les impiden cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
Para evitar este tipo de situaciones, es necesario que los tribunales y otros mecanismos de supervisión actúen con rigor y se aseguren de que el Estado esté realizando todos los esfuerzos posibles y razonables para cumplir con el mandato de optimización. Desde una perspectiva filosófica, el mandato de optimización está vinculado con la teoría de los principios de Alexy, quien distingue entre reglas y principios. Según Alexy “mientras que las reglas son normas que se aplican de manera todo- o-nada, los principios son mandatos de optimización que deben ser realizados en la mayor medida posible” ((2002, p. 47). Esta distinción es crucial para comprender cómo los derechos y principios jurídicos pueden ser implementados de manera efectiva por los poderes públicos. Además, este concepto encuentra apoyo en la teoría del derecho natural, donde se argumenta que las leyes deben ser coherentes con principios éticos y morales universales. Según Finnis (1980) “el objetivo de las leyes es promover el bien común, y los poderes públicos tienen la responsabilidad de optimizar este objetivo dentro de las limitaciones prácticas” (p. 23).
El mandato de optimización tiene profundas implicaciones para la administración pública y la gestión gubernamental. Los poderes públicos deben adoptar políticas y medidas que maximicen la realización de derechos y principios jurídicos, considerando las limitaciones financieras, tecnológicas y sociales. Como señala Peters (2010) “la buena gobernanza implica la implementación de políticas públicas que optimicen los recursos disponibles para lograr los mejores resultados posibles en términos de justicia y eficiencia” (p. 65).
La dimensión objetiva también impone a los poderes públicos el deber de promover y optimizar el disfrute de los derechos humanos. Esto se traduce en políticas públicas activas y progresivas que buscan la realización efectiva de estos derechos. Por ejemplo, el Poder Judicial en México ha desarrollado una jurisprudencia garantista que refuerza la protección de los derechos humanos, tal como se observa en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el control de convencionalidad y la jerarquía normativa de los tratados internacionales de derechos humanos (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011).
El mandato de optimización y la dimensión objetiva de los derechos humanos juegan un papel central. Mientras que el mandato de optimización obliga a los poderes públicos a garantizar la mayor protección posible de los derechos, la dimensión objetiva reconoce que los derechos humanos no son sólo garantías individuales, sino también principios estructurales que rigen el ordenamiento jurídico y las actuaciones estatales.
LA RELACIÓN ENTRE EL MANDATO DE OPTIMIZACIÓN Y LA DIMENSIÓN OBJETIVA
El mandato de optimización y la dimensión objetiva están íntimamente relacionados, ya que ambos reflejan la necesidad de que los derechos humanos no sólo se comprendan como reclamos individuales, sino también como valores estructurales que guían la acción estatal. El mandato de optimización, al exigir a los poderes públicos que maximicen la protección de los derechos humanos en todas las circunstancias, opera dentro del marco de la dimensión objetiva, ya que esta última impone la obligación de organizar el sistema jurídico y las políticas públicas en torno a la protección de los derechos.
La dimensión objetiva de los derechos humanos refuerza la obligación del Estado de optimizar la protección de los derechos, ya que establece que estos derechos no solo se aplican a las relaciones individuales, sino que deben guiar todas las decisiones colectivas que afecten a la sociedad en su conjunto. El mandato de optimización actúa como un mecanismo a través del cual se realiza esta dimensión objetiva, al exigir que las políticas públicas y las decisiones jurídicas busquen siempre la mayor protección posible para todos los individuos. Un ejemplo de ello es la política pública relacionada con la salud pública, donde el Estado debe adoptar medidas que optimicen la protección del derecho a la salud para todos, no sólo para quienes puedan demandarlo individualmente.
La progresividad es un principio fundamental que surge de la relación entre la dimensión objetiva y el mandato de optimización. La dimensión objetiva exige que el Estado adopte políticas progresivas para asegurar el disfrute de los derechos en condiciones de igualdad y justicia. Por su parte, el mandato de optimización garantiza que este deber de progresividad no sea puramente teórico, sino que se traduzca en acciones concretas para maximizar el disfrute de los derechos dentro de las limitaciones existentes. Por ejemplo, el derecho a la vivienda exige que los poderes públicos no solo respeten la propiedad individual, sino que también implementen políticas que permitan a las personas acceder a una vivienda digna, optimizando los recursos disponibles.
La relación entre el mandato de optimización y la dimensión objetiva también se manifiesta en la ponderación de derechos en conflicto. Cuando varios derechos o intereses legítimos entran en tensión, los poderes públicos deben recurrir al mandato de optimización para encontrar un equilibrio que maximice la protección de los derechos en juego. La dimensión objetiva, al establecer que los derechos fundamentales tienen un carácter estructural, garantiza que ningún derecho pueda ser ignorado completamente, sino que cada derecho debe recibir la máxima protección posible, considerando el contexto. Un ejemplo clásico es el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor. En situaciones donde estos derechos entran en conflicto, los tribunales deben ponderar ambos derechos para asegurar que se optimicen en la mayor medida posible, en lugar de privilegiar uno en detrimento del otro.
La dimensión objetiva obliga a los poderes públicos a actuar de manera justa y equitativa en estos casos, asegurando que ambos derechos sean protegidos en la medida de lo posible. El mandato de optimización y la dimensión objetiva de los derechos humanos están profundamente interconectados ya que ambos conceptos reafirman el compromiso del Estado de garantizar la máxima protección y promoción de los derechos fundamentales. Mientras que la dimensión objetiva convierte a los derechos en principios estructurales que deben guiar todas las acciones del Estado, el mandato de optimización obliga a los poderes públicos a realizar estos derechos en la mayor medida posible, incluso en condiciones difíciles o de recursos limitados
La combinación de estos dos conceptos fortalece el papel del Estado como garante de los derechos humanos, imponiéndole no solo la obligación de respetar los derechos en su dimensión subjetiva, sino también de crear las condiciones sociales y jurídicas necesarias para su plena realización. De esta manera, el mandato de optimización actúa como un instrumento que convierte la dimensión objetiva en una realidad concreta, asegurando que los derechos humanos no sean meros ideales abstractos, sino principios vivos que guían la acción estatal en la protección de la dignidad humana.
DERECHOS SUBJETIVOS PARA LOS INDIVIDUOS
La noción de derechos subjetivos se basa en la capacidad del individuo para reclamar ciertas acciones u omisiones por parte del Estado o de otros sujetos de derecho (Alexy, 2002). En este sentido, los derechos subjetivos se vinculan con la autonomía personal y la idea de que cada persona es titular de derechos que le permiten desarrollar su vida conforme a sus propios intereses y valores.
La protección de estos derechos implica que el Estado tiene la obligación de no interferir en el ejercicio de estos, como ocurre, por ejemplo, con los derechos civiles y políticos, que incluyen el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y el derecho al debido proceso. La teoría de los derechos subjetivos, en la tradición jurídica occidental, ha sido influenciada por pensadores como Immanuel Kant, quien resaltó la importancia de la autonomía y la libertad individual en la estructuración de las relaciones sociales (Habermas, 1996). De acuerdo con esta perspectiva, los derechos subjetivos son esencialmente relaciones jurídicas entre individuos y el Estado, donde los primeros son titulares de derechos y los segundos tienen la obligación de respetarlos y garantizarlos. Sin embargo, limitar la comprensión de los derechos humanos a su dimensión subjetiva puede resultar insuficiente, dado que los derechos también cumplen funciones estructurales en el ordenamiento jurídico que van más allá de las relaciones individuales.
Los derechos subjetivos son aquellos que pertenecen a los individuos y les permiten exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del Estado y de otros particulares. Estos derechos son fundamentales para garantizar la libertad, la dignidad y la igualdad de las personas dentro de una sociedad. La protección y reconocimiento de los derechos subjetivos son pilares esenciales en la construcción de un orden jurídico justo y equitativo.
Se refieren a las facultades y poderes que el orden jurídico reconoce a los individuos, permitiéndoles reclamar la satisfacción de sus intereses legítimos. Según Kelsen (1960) “un derecho subjetivo es una situación jurídica que consiste en la facultad de exigir de otra persona la realización de un comportamiento determinado” (p. 127). Este concepto implica que los individuos tienen la capacidad legal para actuar en defensa de sus propios intereses y necesidades. En el ámbito del derecho positivo, los derechos subjetivos se manifiestan en diversas áreas, como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Estos derechos permiten a los individuos participar activamente en la vida política y social de su comunidad, así como acceder a recursos y oportunidades que promuevan su desarrollo personal y colectivo.
Un ejemplo claro de derechos subjetivos en el derecho positivo es el derecho al debido proceso, que garantiza a los individuos una protección legal justa y equitativa. Según Dworkin (1977) “el derecho al debido proceso es un principio fundamental que asegura que las decisiones legales se tomen de manera justa y razonable, respetando los derechos y libertades individuales” (p. 58). Además, los derechos subjetivos tienen una dimensión dinámica y evolutiva como señala Alexy (2002) “los derechos fundamentales no son normas estáticas, sino principios que deben ser interpretados y aplicados de manera que se maximice su realización en el contexto de las circunstancias fácticas y jurídicas” (p. 47). Esto implica que los derechos subjetivos deben adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos para seguir siendo efectivos y relevantes.
En este punto, surge la dimensión objetiva de los derechos humanos, que se refiere a su función como principios que no sólo protegen a los individuos en sus relaciones con el Estado, sino que también imponen obligaciones positivas al Estado para la protección y promoción de los derechos en el ámbito social y estructural. Luigi Ferrajoli (1999) destaca que los derechos fundamentales, en su dimensión objetiva, funcionan como normas que estructuran y organizan el ordenamiento jurídico y son, por tanto, de observancia obligatoria para todas las autoridades.
Esta perspectiva sitúa a los derechos humanos no sólo como instrumentos de defensa individual, sino también como valores supraindividuales que el Estado debe garantizar de manera activa. Un claro ejemplo de esta dimensión objetiva es el derecho a la educación, este derecho no solo implica que cada individuo pueda exigir al Estado la provisión de servicios educativos, sino que además impone al Estado la obligación de desarrollar políticas públicas que garanticen el acceso universal a la educación. En este sentido, la dimensión objetiva de los derechos humanos obliga al Estado no sólo a abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos, sino también a tomar medidas concretas para promover su realización efectiva.
Robert Alexy (2002) uno de los principales teóricos de los derechos fundamentales, sostiene que la dimensión objetiva convierte a los derechos en principios estructurales del orden constitucional, lo que significa que no sólo los individuos, sino también las instituciones públicas, deben operar dentro de un marco que respete y promueva dichos principios. De esta forma, la dimensión objetiva de los derechos humanos amplía la idea de los derechos más allá de su mera protección individual, otorgando al Estado una responsabilidad activa en su promoción.
Si bien la dimensión objetiva resalta el aspecto colectivo de los derechos humanos, no deja de reconocer su carácter subjetivo. Los individuos tienen el derecho de exigir el cumplimiento de sus derechos ante las autoridades. Este equilibrio es esencial para garantizar que los derechos no se diluyan en abstracciones colectivas, sino que se mantengan accesibles y exigibles para cada persona.
RELACIÓN ENTRE LOS DERECHOS SUBJETIVOS Y LA DIMENSIÓN OBJETIVA
Aunque los derechos subjetivos y la dimensión objetiva parecen operar en esferas diferentes, ambos están profundamente interrelacionados. Los derechos subjetivos sólo pueden ser plenamente garantizados en un entorno en el que el Estado respete y promueva los principios fundamentales que emanan de la dimensión objetiva de los derechos. De igual manera, la dimensión objetiva no puede ser efectiva sin el reconocimiento y la protección de los derechos subjetivos, ya que la actuación del Estado debe tener como finalidad última la protección de los intereses y la dignidad de los individuos. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos sociales, como el derecho a la salud, el goce individual de este derecho (dimensión subjetiva) depende de que el Estado implemente políticas públicas y garantice los recursos necesarios para brindar atención médica universal (dimensión objetiva). Así, la dimensión subjetiva se realiza efectivamente cuando la dimensión objetiva está en funcionamiento, y viceversa.
Además, la dimensión objetiva amplía el alcance de los derechos humanos al imponer al Estado un deber de promoción de los derechos que excede las reclamaciones individuales. Esto se observa claramente en las políticas públicas, donde el Estado debe velar por el bienestar colectivo y la promoción de derechos fundamentales como el acceso a servicios básicos, independientemente de las exigencias individuales. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano no se limita a una reclamación individual, sino que establece una responsabilidad estatal de generar condiciones que favorezcan a la comunidad en su conjunto.
Los derechos humanos en su dimensión subjetiva y objetiva conforman un sistema integral que garantiza tanto la protección individual como la promoción colectiva de los derechos. Mientras que los derechos subjetivos permiten a los individuos reclamar directamente la protección de sus intereses, la dimensión objetiva asegura que los derechos se conviertan en principios estructurales del orden jurídico, imponiendo obligaciones activas al Estado. Es fundamental comprender esta dualidad para garantizar una protección efectiva y progresiva de los derechos humanos, tanto en el ámbito individual como colectivo, dentro de los Estados modernos.
La interrelación entre ambas dimensiones refuerza la idea de que los derechos humanos no son sólo garantías individuales, sino también normas estructurantes que obligan al Estado a actuar de manera coherente con los valores fundamentales que estos derechos representan. De esta forma, la dimensión objetiva proporciona la base sobre la cual se sostienen los derechos subjetivos, asegurando una protección integral y efectiva de los derechos humanos.
ARGUMENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
En México, la dimensión objetiva de los derechos humanos ha sido incorporada en la Constitución y en diversas leyes y tratados internacionales ratificados por el país. La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos de 2011 fortaleció significativamente el marco normativo, estableciendo que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales tienen el mismo rango y deben ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales de los que México es parte (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2011).
Esta reforma permite que la dimensión objetiva de los derechos humanos enriquezca la argumentación jurídica en México, proporcionando un marco de referencia que obliga a las autoridades a garantizar el máximo respeto y protección de los derechos humanos. La dimensión objetiva de los derechos humanos también ha impactado en la protección judicial de estos derechos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha adoptado una interpretación pro persona de los derechos humanos, que implica que, en caso de duda, debe preferirse la interpretación que más favorezca a la persona. Esta doctrina se alinea con la dimensión objetiva de los derechos humanos, asegurando que las decisiones judiciales estén orientadas a maximizar la protección de los derechos fundamentales.
Es importante aclarar que el principio pro persona, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que, ante la existencia de varias interpretaciones sobre los derechos humanos, debe preferirse aquella que más favorezca a la persona. Este principio es fundamental en la defensa y promoción de los derechos humanos, ya que busca maximizar la protección de las personas frente a posibles abusos del poder estatal o lagunas jurídicas. Sin embargo, la resolución de la Contradicción de Tesis 293/2011 y la correspondiente tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) introdujeron una importante limitación a la aplicación de este principio, que ha generado un debate relevante en torno a su alcance y efectividad. Esa Contradicción de Tesis surgió a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que estableció la prevalencia de los tratados internacionales en los que México es parte, siempre que éstos fueran más protectores que las normas nacionales.
La SCJN, al resolver dicha contradicción, aclaró que, aunque los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, su aplicación no puede ir en contra de lo que la propia Constitución dispone. De esta manera, el criterio adoptado fue que, cuando exista un conflicto entre un tratado internacional y la Constitución, debe prevalecer la norma constitucional, aun cuando el tratado sea más protector de los derechos humanos. Este criterio constituye una limitación significativa al principio pro persona, ya que impide que se apliquen disposiciones internacionales más favorables si contravienen algún precepto constitucional. En esencia, la SCJN resolvió que el principio pro persona no puede operar por encima de la Constitución, lo que reduce su potencial de protección en situaciones donde el derecho internacional ofrecía mayores garantías.
La tesis derivada de esta contradicción establece claramente que la Constitución es la norma suprema del orden jurídico mexicano y que cualquier interpretación debe alinearse con ella, aun cuando en teoría podría ser menos protectora que una norma internacional. Por lo que es importante considerar los efectos de la limitación en la aplicación del principio pro persona:
1. Prioridad de la Constitución sobre Tratados Internacionales. El principal efecto de la Contradicción de Tesis 293/2011 es que, en casos de conflicto entre normas, prevalece la Constitución mexicana sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto implica que, aun cuando un tratado otorgue mayores derechos o una protección más amplia a las personas, no se podrá aplicar si la Constitución establece una regulación distinta. De este modo, se introduce una jerarquía que limita el alcance del principio pro persona, el cual estaba concebido para favorecer siempre la mayor protección de los derechos humanos.
2. Restricción en la Evolución Progresiva de los Derechos Humanos. La reforma de 2011 promovió una interpretación progresiva de los derechos humanos, incentivando la adopción de los más altos estándares internacionales. No obstante, la resolución de la SCJN frena este avance en situaciones donde los criterios internacionales no sean congruentes con la Constitución. Esto puede generar un estancamiento en el desarrollo de los derechos humanos, al restringir la capacidad de las cortes para aplicar normas internacionales que promuevan interpretaciones más protectoras y avanzadas en derechos.
3. Tensión entre el Constitucionalismo y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La tesis derivada de la Contradicción 293/2011 también revela una tensión estructural entre el constitucionalismo mexicano y el derecho internacional de los derechos humanos. Si bien México ha suscrito tratados internacionales con el compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que estos compromisos internacionales tienen un límite en la soberanía constitucional del país. En este sentido, la Constitución sigue siendo el parámetro de control en la interpretación de los derechos, incluso cuando los tratados internacionales sugieren una mayor protección.
4. Impacto en la Práctica Judicial. En la práctica, los jueces mexicanos enfrentan un reto al aplicar el principio pro persona, ya que deben asegurarse de que su interpretación se ajuste a los límites constitucionales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto implica que, aunque exista un tratado internacional que ofrezca una interpretación más favorable para la protección de derechos, los jueces no podrán aplicarlo si contradice la Constitución, generando una disminución en el alcance protector del principio pro persona.
La Contradicción de Tesis 293/2011 y su tesis jurisprudencial representan una limitación relevante al principio pro persona, al subordinarlo a la supremacía constitucional. Aunque esta limitación se justifica en términos del respeto a la Constitución como norma suprema, plantea importantes interrogantes sobre la capacidad del sistema jurídico mexicano para adoptar los estándares internacionales más protectores en materia de derechos humanos.
En última instancia, este conflicto destaca la importancia de seguir avanzando en la armonización entre la Constitución mexicana y los tratados internacionales, a fin de garantizar que el principio pro persona pueda operar en su máxima expresión, protegiendo siempre de manera más amplia y eficaz los derechos humanos en México. El desafío reside en cómo lograr que la Constitución evolucione de manera congruente con los principios internacionales y no se convierta en un obstáculo para la progresividad de los derechos.
Un ejemplo de esto es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Radilla Pacheco, donde se reconoció la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se reafirmó la necesidad de que las autoridades mexicanas interpreten los derechos humanos conforme a los tratados internacionales (SCJN, 2009). Esta decisión subraya cómo la dimensión objetiva de los derechos humanos puede fortalecer la defensa y protección judicial de estos derechos en México.
Además de su impacto en la argumentación jurídica, la dimensión objetiva de los derechos humanos también influye en la formulación de políticas públicas y en las acciones de la sociedad civil en México. Las autoridades deben diseñar e implementar políticas que promuevan y protejan los derechos humanos, basándose en estándares internacionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha destacado la importancia de la educación en derechos humanos para promover una cultura de respeto y protección de estos derechos en la sociedad mexicana (CNDH, 2020). La dimensión objetiva de los derechos humanos proporciona un marco universal que puede ser utilizado para educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de los derechos humanos, fomentando una mayor participación y vigilancia ciudadana en la defensa de estos derechos.
La dimensión objetiva de los derechos humanos enriquece la argumentación y defensa de estos derechos en México. Al considerar los derechos como valores fundamentales y mandatos de optimización, se fortalece la capacidad de los abogados, jueces y defensores de derechos humanos para argumentar en favor de la protección y promoción de estos derechos. Esto se refleja en la creciente jurisprudencia de la SCJN que ha adoptado criterios más amplios y protectores basados en la interpretación pro persona y el principio de progresividad (SCJN, 2011).
CONCLUSIONES
La dimensión objetiva de los derechos humanos es crucial para la argumentación, defensa y progresividad de estos derechos en México. Al concebir los derechos humanos como valores fundamentales del orden jurídico, mandatos de optimización para los poderes públicos y derechos subjetivos para los individuos, se fortalece la capacidad del Estado y de la sociedad civil para avanzar hacia una mayor protección y realización de estos derechos. La jurisprudencia de la SCJN y las reformas políticas recientes evidencian el impacto positivo de esta perspectiva en la promoción de una cultura de derechos humanos en México.
Los valores objetivos del orden jurídico son fundamentales para asegurar que las normas legales reflejen principios universales de justicia, equidad y dignidad. A través de un enfoque filosófico y jurídico, estos valores proporcionan una base ética que guía la creación, interpretación y aplicación de las leyes. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos que estos valores enfrentan para asegurar que se respeten la diversidad cultural y los contextos específicos de cada sociedad.
El mandato de optimización para los poderes públicos es un principio esencial que guía la implementación efectiva de derechos y principios jurídicos en la administración pública. A través de una interpretación flexible y adaptativa, este mandato busca maximizar la realización de justicia, equidad y eficiencia en el ámbito gubernamental. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos y críticas asociados para asegurar que este enfoque no se utilice para justificar inacción o insuficiencia en la protección de derechos fundamentales.
Los derechos subjetivos son esenciales para garantizar la libertad, la dignidad y la igualdad de los individuos dentro de una sociedad. A través de su reconocimiento y protección en el orden jurídico, estos derechos permiten a las personas reclamar la satisfacción de sus intereses legítimos y participar activamente en la vida política y social. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos asociados con la implementación efectiva de los derechos subjetivos para asegurar que todos los individuos puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades.
La dimensión objetiva de los derechos humanos enriquece la argumentación y defensa de estos derechos en México al proporcionar una base sólida y legítima basada en principios universales de dignidad y justicia. Este enfoque fortalece el marco normativo, judicial y de políticas públicas, asegurando que se respeten y garanticen los derechos fundamentales de todas las personas. A través de la incorporación de estándares internacionales y la promoción de una cultura de derechos humanos, México puede avanzar significativamente en la protección y defensa de los derechos humanos.
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