Artículos de investigación: temática especial
La amnistía: un beneficio para mujeres violentadas que enfrentan un acceso desigual a la justicia por su condición de mujer
Amnesty: a benefit for violented women who face unequal access to justice due to their status of women
La amnistía: un beneficio para mujeres violentadas que enfrentan un acceso desigual a la justicia por su condición de mujer
Ius Comitiãlis, vol. 8, núm. 15, pp. 50-72, 2025
Universidad Autónoma del Estado de México

Recepción: 28 Octubre 2024
Aprobación: 08 Mayo 2025
Resumen: El objetivo general de este trabajo es reconocer la amnistía como un paso positivo para subsanar las deficiencias e injusticias que se presentan en el acceso a la justicia, particularmente las cometidas en detrimento de los derechos humanos de las mujeres que sufren violencia de diversos tipos y en diferentes ámbitos, así como identificar el impacto que tienen los pronunciamientos de amnistía de los organismos públicos autónomos, en las decisiones judiciales y en la reconstrucción del tejido social, al otorgarles una segunda oportunidad de vida a las mujeres violentadas cuando obtienen su libertad, independientemente del delito que se trate. Mediante el método documental y comparativo, se detallan las facultades de la vía no jurisdiccional para conocer sobre la amnistía y vislumbrar la importancia de su trabajo para evidenciar categorías sospechosas como el género; factores para categorizar, excluir y discriminar a quienes tienen ciertas cualidades; asimetrías y disparidades entre hombre y mujer, y, finalmente, distinguir la desigualdad en el acceso a la justicia que enfrentan las mujeres por la ausencia de perspectiva de género al ser juzgadas y no establecerse un contexto diferenciado. Se plantea como aportación, expandir las buenas prácticas de la Comisión del Estado de México a las otras entidades federativas para abonar en la reconstrucción social.
Palabras clave: Amnistía, mujeres, derechos humanos, perspectiva de género, violencia, igualdad.
Abstract:
The overall objective of this paper is to recognize amnesty as a positive step toward addressing the deficiencies and injustices that exist in access to justice, particularly those committed against the human rights of women who suffer violence of various types and in different settings. It also aims to identify the impact that amnesty pronouncements by autonomous public bodies have on judicial decisions and the reconstruction of the social fabric, by granting abused women a second chance at life when they are released, regardless of the crime in question. Using documentary and comparative methods, the paper details the powers of the non-jurisdictional process to understand amnesty and to shed light on the importance of its work in revealing suspicious categories such as gender; factors that categorize, exclude, and discriminate against those with certain qualities; asymmetries and disparities between men and women, and, finally, to identify the inequality in access to justice that women face due to the lack of a gender perspective when they are judged and the lack of a differentiated context. The proposal is to expand the good practices of the State of Mexico Commission to other states to contribute to social reconstruction.
Keywords: Amnesty, women, human rights, gender perspective, violence, equality.
INTRODUCCIÓN
En el ámbito federal, el 15 de junio de 2020 entró en vigor la Ley de Amnistía, en cuyo artículo 1 se estableció como objetivo decretar dicho beneficio “en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la misma ley” (DOF, 2020). En dicha ley, en sus fracciones de la I a la VI del primero de sus artículos, se enumeraron los supuestos de procedencia tratándose de delitos como el aborto (en cualquiera de sus modalidades), el “homicidio por razón de parentesco (cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez), los delitos contra la salud” (DOF, 2020) (con ciertas condiciones), cualquier delito cometido en contra de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, el robo simple y sin violencia, así como la sedición.
Asimismo, en el numeral 2 de la ley de la materia antecitada se enuncian claramente las restricciones legales para acceder a dicho beneficio, al establecer puntualmente que no se concederá amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal[1] ni a quienes hayan realizado secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito. “Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que hayan cometido otros delitos graves del orden federal” (DOF, 2020). En el procedimiento planteado para la solicitud de amnistía, en lo que aquí interesa, se estableció que dichas solicitudes podrán ser presentadas por los organismos defensores de derechos humanos cuando se considere que un hecho encuadra dentro de algún supuesto contenido en el propio ordenamiento; para ello se deberán cumplir los procedimientos que determine la Comisión integrada por el ejecutivo federal y encargada de dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la propia ley. Así, en su transitorio segundo, se establece que el ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, promoverá ante los gobiernos y las legislaturas de los estados la expedición de leyes de amnistía estatales por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejan a los que se amnistían en la ley federal (en el caso de la entidad mexiquense, los contenidos en el Código Penal del Estado de México).
Concluido el respectivo proceso legislativo en el Estado de México, se publicó la Ley de Amnistía del Estado de México en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 5 de enero de 2021, y entró en vigor el día siguiente. En su exposición de motivos, dicho ordenamiento establece que constituirá un aspecto positivo para enmendar las faltas e injusticias que podrían haberse actualizado en los casos dirimidos ante el sistema de justicia, principalmente por condiciones de marginación; en otras palabras: constituirá una estrategia legislativa para beneficiar a sectores poblacionales en situación vulnerable o de atención prioritaria (como las mujeres) y cumplir con las obligaciones establecidas en los pactos y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte obligada, debido a que el sistema de corte acusatorio ha generado “una cantidad considerable de víctimas de violaciones de derechos humanos y a garantías en los procesos” (Legislatura del Estado de México, 2021, p. 8).
Sobre la misma tesitura, la exposición de motivos consultada destaca que, para lograr la finalidad primordial del sistema penitenciario ―la reinserción social―, debe combatirse el hacinamiento y la sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios, ya que esos aspectos inciden de manera negativa en la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. De ahí que el beneficio de amnistía debería, por un lado, despresurizar el sistema penitenciario y, por otro, contribuir a la solución de problemas que se presentan en el sistema de justicia penal; en otras palabras, ser otra ruta de acción para proteger a los grupos vulnerables que se encuentran en reclusión.
Ese objetivo de combatir el hacinamiento y la sobrepoblación, se fortalece con lo previsto en el Informe sobre los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA, 2011), en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) expresa que entre los problemas más graves para el tratamiento penitenciario adecuado se encuentran el hacinamiento y la sobrepoblación; con ello coincide el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) en 2024, ya que también aborda como temas de especial atención el hacinamiento y la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la república mexicana. Asimismo, el objetivo expuesto, se comparte en los Acuerdos del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de México, publicados el 2 de julio de 2024, en los que se precisa que reducir la población penitenciaria es un objetivo angular de la revisión exhaustiva y del análisis reforzado de derechos humanos de los casos considerados injustos.
Ahora bien, en el artículo 3 de dicha ley estatal, si bien es cierto que se definen a las personas campesinas, a las integrantes de un pueblo o una comunidad indígena o afromexicana, a las que están en situación de pobreza y a las vulnerables y discriminadas, también lo es que se mencionan las que requieren una atención diferenciada al momento de analizar el beneficio de amnistía a su favor, por actualizarse alguna cualidad que les genera disparidad o desigualdad en su acceso a la justicia.
Con el reconocimiento de dichos grupos en el propio texto normativo, se enfatiza que la ley de amnistía de la entidad mexiquense está encaminada a favorecer grupos de personas en situaciones vulnerables, precarias, marginadas, o que han recibido un trato desigual y discriminatorio por las categorías sospechosas o de vulnerabilidad, las cuales se enuncian expresamente en el artículo 1, último párrafo, de la Constitución política federal, “como el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” (DOF, 2020).
Ahora bien, el propio Poder Judicial del Estado de México (PJEM) reconoce la amnistía como un “instrumento jurídico con el que se deja de investigar a alguien por un delito, o cuando ya existe una sentencia, dicha conducta deja de existir y la persona puede recuperar su libertad” (PJEM, 2025). Al igual que el ordenamiento federal, la Ley de amnistía de la entidad mexiquense (Gaceta del Gobierno, 2021) establece en su artículo 4, de las fracciones I a la XI, los supuestos de procedencia de ese beneficio; pero, concretamente en su fracción XII, estipula facultades específicas para los organismos de derechos humanos, al disponer:
Artículo 4.- Se decretará amnistía en los siguientes supuestos:
…
XII. A las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos,[2] donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se proponga su libertad.
…
No se concederá la amnistía cuando se trate de delitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal, salvo las excepciones expresamente previstas en esta Ley.
De la lectura integral del artículo citado, se obtiene que toda persona privada de libertad que cuente con resolución, pronunciamiento o recomendación emitida por un organismo de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, podrá solicitar el beneficio de amnistía, ya que esta se encuentra facultada legalmente y es competente para investigar y, en su caso, proponer que se decrete amnistía a favor de una persona en particular, sin importar que se trate de un delito de alto impacto o grave. Eso es posible, ya que el legislador estableció que, ante la verificación de posibles violaciones a derechos humanos, la vía del pronunciamiento que proponga la libertad de la persona solicitante sería emitida por los organismos públicos defensores de derechos humanos y se podrían incluir delitos de alto impacto o graves.[3]
Con el fin de fortalecer el presupuesto angular de la Ley de Amnistía del Estado de México ―la protección de los más vulnerables―, así como robustecer el trabajo de las dependencias públicas intervinientes, como la Comisión estatal, el 2 de julio de 2024, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” se emitió el Acuerdo del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de México que crea un grupo interinstitucional de análisis para garantizar la revisión exhaustiva de casos considerados injustos de personas privadas de su libertad, por el cual se formalizan las revisiones de los casos planteados y la realización de un estudio minucioso, gratuito y exhaustivo de los asuntos considerados injustos de personas privadas de su libertad, buscándose un arreglo jurídico para lograr la aplicación de la justicia, la atención a grupos vulnerables y la certeza jurídica de las partes.
Dicho acuerdo se fortificó con la publicación del similar del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de México que exhorta a las autoridades competentes a implementar un análisis reforzado con perspectiva de derechos humanos, en las solicitudes de amnistía, mediante el cual se posibilita una interpretación evolutiva y progresiva del derecho, que permita no solo la adecuación con la realidad social, sino además una materialización con resultados efectivos y expansivos de los derechos humanos fundamentales y la “armonización entre las normas de derechos humanos con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad”, conforme al principio pro homine, contenido en el artículo 1°, párrafo segundo, de nuestra propia Constitución política federal.
En dicho acuerdo, de igual manera, se destaca que la ley de la materia tiene como finalidad hacer justicia plena a las personas, colocar los derechos humanos en el centro de las políticas públicas, para que de manera transversal se sitúe a la persona como objeto de protección, pues recuerda nuevamente que la amnistía constituye un “paso positivo para subsanar las deficiencias e injusticias que podrían haber estado presentes en la vulneración a derechos humanos y/o violaciones al debido proceso”; esto será posible mediante un estudio exhaustivo, reforzado con perspectiva de derechos humanos, así como una interpretación amplia de la ley apegada al respeto y la salvaguarda de los derechos primigenios de las personas.
Así, el objetivo general de este trabajo es reconocer la amnistía como un paso positivo para subsanar las deficiencias e injusticias que se presentan en el acceso a la justicia, particularmente las cometidas en detrimento de los derechos humanos de las mujeres que sufren violencia de diversos tipos y en diferentes ámbitos; así como identificar el impacto que tienen los pronunciamientos de amnistía en las decisiones judiciales y en la reconstrucción del tejido social, al otorgar una segunda oportunidad de vida a las mujeres violentadas cuando obtienen su libertad.
En este trabajo de investigación se emplean los métodos documental y hermenéutico como una técnica de investigación cualitativa mediante la cual se busca comprender tanto el alcance como el significado de la amnistía solicitada por la vía no jurisdiccional, además de identificar el papel y la intervención de los organismos públicos protectores de derechos humanos en la aplicación de ese beneficio. Por ello se realizará un análisis de los casos en que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), en ejercicio de las facultades conferidas por la ley de la materia, por medio de un pronunciamiento de amnistía solicitó la libertad de mujeres violentadas en sus contextos familiares, sociales, e incluso estructurales, de manera sistémica, quienes sufrieron una transgresión en sus derechos humanos.
También se destaca el trabajo realizado por la Comisión de la entidad mexiquense y se compara con el de otros organismos protectores de derechos humanos que cuentan con la misma facultad legal para emitir un pronunciamiento, en congruencia con sus leyes en materia de amnistía. Asimismo, se revisan las legislaciones de las entidades federativas de la república mexicana que tienen un procedimiento similar o análogo para emitir dichas determinaciones al de la CODHEM.
Posteriormente, se realiza una consulta, en el micrositio de amnistía de la Comisión protectora de derechos humanos del Estado de México, de los pronunciamientos emitidos por dicho organismo en los que no solo se exponen los casos de mujeres violentadas, sino también se hace patente la ausencia de perspectiva de género al momento de ser juzgadas las mujeres, imponiéndoseles penas desproporcionales. Finalmente, se identifica aquel pronunciamiento que, a consideración de esta autora, resulte ilustrativo y ejemplifique la ausencia de perspectiva de género, asimetrías de poder y una violencia estructural que aqueja considerablemente a las mujeres violentadas al momento de ser juzgadas por una conducta delictiva.
Entonces, el alcance del presente artículo será no solo identificar la importancia de la vía no jurisdiccional como una ruta complementaria y con efectos expansivos en la protección de los derechos humanos, sino resaltar el trabajo que los organismos defensores de derechos humanos realizan para visibilizar los aspectos que afectan a las mujeres al momento de acceder a la justicia. Esto es así, ya que las llamadas categorías sospechosas actúan casi siempre en perjuicio de los grupos que enfrentan una situación de vulnerabilidad, discriminación o pobreza, ya sea porque falta perspectiva de género o porque se normalizan contextos familiares, económicos, culturales, comunitarios que afectan considerablemente el ejercicio sus derechos fundamentales, y, en el peor de los casos, porque se invisibilizan las condiciones que de manera interseccional actúan en su perjuicio.
LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y EL BENEFICIO DE AMNISTÍA
En términos del artículo 102 ―apartado B, párrafos primero y quinto― de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 16 ―párrafos primero, tercero y cuarto― de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se prevé la creación de organismos autónomos para proteger los derechos fundamentales que reconoce el orden jurídico mexicano, los cuales serán competentes para conocer e iniciar quejas por “actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público de la federación, del estado o de los municipios que violen los derechos humanos; formular recomendaciones públicas no vinculatorias, así como realizar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas” (Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno, 2022).
En adición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), en su jurisprudencia 1a. /J. 23/2018, precisa que el artículo 102, apartado B, de la CPEUM prevé el derecho de que cualquier persona acceda a una tutela no jurisdiccional de derechos humanos, lo cual entraña que todas las personas tengan derecho a acceder a un proceso ante los organismos creados ex profeso para ello.
Asimismo, el alto tribunal agrega en el amparo en revisión 426/2013, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los 32 equivalentes de las entidades federativas deben tener una naturaleza ágil y rápida tratándose de alegadas violaciones de derechos humanos, así como en la prevención, la promoción y la salvaguarda de los mismos.
Esto de ninguna manera conlleva a equiparar sus funciones a las de los tribunales, pues solo constituyen un medio eficaz de protección jurídica de los derechos que no sustituye ―ni es su finalidad― a los recursos de naturaleza jurisdiccional, sino que los apoya y complementa con celeridad de manera preventiva; en otras palabras: su papel no es ni será reemplazar o duplicar a otras instituciones estatales con poderes coercitivos, sino estimular y reforzar la defensa, el respeto y la garantía de las prerrogativas fundamentales de la población (Secretaría de asuntos parlamentarios 2020, p. 255).
Ahora bien, para dar continuidad al objetivo de la presente investigación, y con base en lo establecido en el transitorio segundo de la Ley de Amnistía, se identificó -previa búsqueda- que solamente 15 entidades federativas cuentan con una ley de amnistía, que se emitió de manera posterior a la entrada en vigor de la legislación federal, y estas son Durango (4/07/2021), Hidalgo (20/07/2020), Estado de México (5/01/2021), Nayarit (8/12/2021), Quintana Roo (22/12/2021), Sinaloa (31/03/2021), Tlaxcala (28/05/2021), Oaxaca (22/11/2021), Campeche (28/03/2022), Baja California (21/10/2022), Nuevo León (21/11/2022), Tamaulipas (29/09/2022), Veracruz (30/05/2023, Morelos (19/07/2023) y Michoacán (21/04/2020).
Es importante precisar que, del estudio de los procedimientos previstos en los ordenamientos consultados, únicamente cinco estados de la república confieren de manera expresa facultades similares a las de la CODHEM a los organismos públicos de derechos humanos (opdh), como se ilustra en la tabla 1.
Tabla 1. Legislaciones de amnistía que confieren facultades a los OPDH.
| Ley | Contenido |
| Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas | “Artículo 4.- Se decretará amnistía en los siguientes supuestos: … XII. A las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se proponga su libertad. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, podrán remitir para análisis y resolución del Poder Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren que son objeto de aplicación de la presente Ley. No se concederá la amnistía cuando se trate de delitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal, salvo las excepciones expresamente previstas en esta Ley.” Periódico Oficial (2022). |
| Ley de Amnistía del Estado de Nayarit | “Artículo 5. Se decretará amnistía en los siguientes supuestos: … XII. A las personas privadas de la libertad, independientemente del delito del que se trate, a excepción de los supuestos prohibidos por este decreto, que cuenten con resolución definitiva de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos o al debido proceso, en la que se proponga su libertad. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, podrán remitir para análisis y resolución del Poder Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren que son objeto de aplicación del presente decreto” (Periódico Oficial, 2021). |
| Ley de Amnistía para el Estado de Quintana Roo | “Artículo 4. Se decreta amnistía en los siguientes supuestos: … IX. A las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se proponga su libertad. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, podrán remitir para análisis y resolución del Poder Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren que son objeto de aplicación de la presente ley.” (Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 2021). |
| Ley de Amnistía para el Estado Libre y Soberano de Morelos | “Artículo 3. Se decreta amnistía a las personas que se adecuen a los siguientes supuestos: … X. A las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos o al debido proceso, en la que se proponga su libertad. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior podrán remitir para análisis y resolución del Poder Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren que son objeto de aplicación de la presente Ley” (Consejería Jurídica, 2020). |
De la consulta realizada a las páginas respectivas de las legislaturas de las entidades de la república mexicana, únicamente el Estado de México ha ejercido su facultad legal de emitir resoluciones, pronunciamientos o recomendaciones para proponer la libertad de las personas, al emitir 19 pronunciamientos (15 de mujeres y 4 de hombres) a favor de personas privadas de la libertad, a través de los cuales se expusieron en lo sustancial las “categorías sospechosas” y “la insuficiencia en la tutela de sus derechos humanos” y se propuso la libertad de las mismas; de ahí que el presente estudio, como se adelantó, se delimite a los pronunciamientos de amnistía presentados por la CODHEM al Poder Judicial para su análisis y determinación, concretamente a los relativos a mujeres violentadas en cuyo proceso se obvió la perspectiva de género.
Sobre las razones para realizar la elección de los pronunciamientos relativos a mujeres que son víctimas de violencia, se debe precisar que la labor que realiza esta autora se enfoca en la protección de los derechos humanos, por lo que, en el ejercicio profesional, he advertido que la violencia constituye una problemática sistémica y estructural que afecta considerablemente a las mujeres, asimismo, que constituye uno de los factores que inciden en contra de la efectiva realización de sus derechos fundamentales; además, dicha violencia se hace patente en diversos ámbitos en que se desenvuelven mujeres, adolescentes y niñas, dañando considerablemente su proyecto de vida. Aunado a ello, en los ejercicios de difusión de los derechos humanos en los que se ha participado, mujeres, adolescentes y niñas han expresado situaciones que les aquejan y que no son consideradas por las autoridades cuando exponen situaciones de violencia de diversos tipos, dejándoles en un grave estado de indefensión.
Además, cuando se realizó la consulta al micrositio de la CODHEM, se identificó que el 80% de los pronunciamientos de amnistía relativos a mujeres (12 de 15), se encontraban inmersas en contextos de violencia o que no fueron juzgadas con perspectiva de género; lo cual, fija la importancia de que se visibilicen las violencias que sufren las mujeres en sus contextos familiares y sociales, en el extremo, institucionales.
De esa manera, es necesario precisar que la violencia contra las mujeres no solamente les genera un daño o sufrimiento en el ámbito privado o público, sino que, de acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de su Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2021, a nivel nacional:
…del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.
Según la encuesta antecitada, la violencia psicológica es la que “presenta mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %). Respecto de 2016, los resultados de 2021 muestran un incremento de 4 puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida” (INEGI, 2021).
Como se desprende de la ENDIREH, la violencia la sufren las mujeres de todas las edades, sin importar su condición social, económica, educativa; les causa graves flagelos e impactos negativos durante el desarrollo de su vida y en todos los ámbitos en que se desenvuelven. Esto podría explicarse, pues como las estudiosas de la materia lo han referido
…la discriminación contra las mujeres se encuentra enraizada en los elementos socio-culturales de cada colectividad; durante muchos siglos la mujer ha sido excluida de diversos ámbitos empleando patrones estereotipados de comportamiento que sirven para reafirmar la desigualdad y la violencia en contra de ellas” (Christian Ibeth, 2014, p. 5).
Lo peor es que, al ser invisibilizada y normalizada, dicha violencia deja a esos grupos etarios (mujeres, adolescentes y niñas) aún más vulnerables frente a las personas que los agreden, incluso, produce impunidad. Al respecto, Rita Laura Segato (2003), en su obra Las estructuras elementales de la violencia, refiere que existen estructuras inconscientes que conducen los efectos y distribuye los valores entre las personas del escenario social, entre otras, se encuentra el patriarcado; posición que, en “el campo simbólico, se transpone en significantes variables en el curso de las interacciones sociales y relaciones de poder” (p. 14). La autora en cita agrega que el discurso cultural sobre el género restringe, limita, encuadra las prácticas y enyesa la sexualidad, la personalidad y los papeles sociales; con ello coincide Marcela Lagarde y de los Ríos (2005), quien refiere que existe una extensa gama de formas de segregación social en distintos grados de cautiverio, basados en normas sociales que encuentran variadas justificaciones de tipo biológico, económico, jurídico, religioso o ético, y expone que la condición histórica de la mujer deviene de un vinculado de condiciones, cualidades y características esenciales que la han definido “como ser social y cultural genérico”; por ejemplo, “las mujeres se relacionan vitalmente en la desigualdad, requieren a los otros […] para ser mujeres de acuerdo con el esquema dominante de feminidad. Esta dependencia vital que se caracteriza, además, por el sometimiento al poder masculino, a los hombres y a sus instituciones” (p. 75).
Lagarde continúa refiriendo en su obra “Los cautiverios de las mujeres: madresposas. monjas, putas, presas y locas” que si no existiera una opresión de género vigente y articulada a la organización económica, jurídica, política y social del mundo, con su sentido excluyente, “expropiatorio, explotador y depredador, los movimientos de mujeres y feministas”, ya no sería necesario ocuparse de deconstruir los mecanismos y las relaciones enajenantes entre pueblos, clases, etnias, ni hacerlo desde una perspectiva de género; sin embargo, como esto no se ha logrado, se ha propuesto continuar el esfuerzo por teorizar y aproximarse a la opresión que viven las mujeres ―todas ellas― por los referentes simbólicos de estereotipos sociales, las normas paradigmáticas de género y el poder dominante que fundamenta la dimensión patriarcal de la existencia de las mujeres.
De ahí puede resumirse que es importante visibilizar e introducir esos conceptos y perspectivas en el quehacer institucional de todas las autoridades ―incluida la vía no jurisdiccional― a fin de que, conforme a sus competencias, obligaciones y facultades legales, participen de manera activa y decidida no solo para visibilizar las carencias de las dependencias, sino para reparar en la medida de lo posible los casos que han sido injustamente analizados por las autoridades procuradoras o administradoras de justicia.
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS FACULTADES EN MATERIA DE AMNISTÍA
El ordinal 16 ―párrafos primero, tercero y cuarto― de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece la creación de la CODHEM para conocer de “quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del estado o de los municipios que viole los derechos humanos” ((Secretaría de asuntos parlamentarios 2020, p. 97) con la restricción legal para conocer de asuntos electorales y jurisdiccionales.
En consonancia con ello, el similar 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Gaceta del Gobierno del Estado de México, 2008) precisa como su objeto el “establecer las bases para la protección, la observancia, el respeto, la garantía, el estudio, la promoción y la divulgación de los derechos humanos”, así como los procedimientos que se sigan ante la misma; en complemento, el artículo 13 ―fracciones III y XXXVI― de la ley citada, dispone que esa Comisión sustanciará los procedimientos que correspondan que deriven de su ley y demás ordenamientos legales, como la Ley de Amnistía del Estado de México.
Ahora bien, del análisis de la ley de amnistía de la entidad mexiquense se advierte que la Comisión mexiquense de derechos humanos tiene dos facultades específicas en materia de amnistía: la primera deriva de lo previsto en el artículo 4, fracción XII, que, como ya se adelantó en el apunte introductorio, se trata de la facultad de emitir resoluciones, pronunciamientos o recomendaciones, en los cuales se desprendan violaciones a derechos, a pesar de que se trate de delitos de alto impacto o graves; la segunda deriva de la interpretación de los artículos 16 y 17 de la propia ley de la materia, lo cuales precisan lo siguiente:
Artículo 16. La LX Legislatura del Estado de México con base en su normatividad, integrará una Comisión Especial, con el fin de dar seguimiento a lo ordenado en esta ley, así como para conocer de aquellos casos que por su relevancia son puestos a su consideración por medio de las personas a que se refiere el artículo 7 de esta Ley y organismos defensores de derechos humanos, por encuadrar en supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos.
Artículo 17. La Comisión al conocer de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, solicitará la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México y del Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como de Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de derechos humanos, quienes deberán emitir la opinión en un plazo razonable. En atención a las facultades señaladas en el párrafo anterior, tratándose de solicitudes de amnistía, la recepción de la solicitud por parte de la Comisión no implica el otorgamiento de la misma.
Así, se obtiene que ese organismo público autónomo también podrá emitir una opinión consultiva, cuando la Legislatura del Estado de México, al conocer de una solicitud que por su relevancia sea sometida a su consideración y encuadre en supuestos de violación de derechos, solicite dicha opinión sobre algún caso en particular.
Para cumplir con lo anterior, la CODHEM publicó el 31 de marzo de 2022 los Lineamientos para sustanciar los procedimientos de Amnistía del Estado de México de los que esta Comisión es competente, en los cuales estableció que toda vez que las solicitudes de amnistía eran de naturaleza distinta a las quejas que contempla el título III “De los Procedimientos”, capítulo II “De la presentación de la queja”, de su propia ley, debían ser sustanciadas con un procedimiento especial y tener una herramienta metodológica que permitiera a su personal contar con directrices homologadas para procurar la correcta integración y sustanciación de las solicitudes de amnistía que fueran sometidas a su consideración; conforme a los principios de accesibilidad, confidencialidad, igualdad, perspectiva de género y respeto a la autonomía, en beneficio de todas las personas solicitantes (CODHEM: 2022).
Así, al 25 de abril de 2025, fecha de consulta y actualización de la información, se obtuvo que el organismo público autónomo mexiquense ha recibido 3815 solicitudes de amnistía: 2888 corresponden a solicitudes directas y 927 a solicitudes de opiniones consultivas; de dicho universo, 406 corresponden a solicitudes realizadas por mujeres.
DE LOS PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Ahora bien, como se adelantó este trabajo se enfoca en los pronunciamientos de amnistía emitidos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, particularmente en aquellos en los que el organismo estatal denota un contexto en el que confluyen diversos tipos de violencia en agravio de las mujeres sentenciadas por delitos cometidos, primordialmente, en contra de sus parejas sentimentales, así como aquellos asuntos que evidencian la ausencia de perspectiva de género al momento de ser juzgadas.
Conforme a dicha consideración, se estima necesario aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género; por lo que abundaré en el concepto de perspectiva de género y cómo este incide de manera positiva en el acceso de las mujeres a la justicia, al tomar en cuenta el enfoque diferenciado que se requiere, o bien, actúa en su detrimento cuando no se consideran sus contextos objetivos y subjetivos.
La perspectiva de género, como herramienta científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres para eliminar causas de opresión de género, la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación (dof), define la perspectiva de género en el artículo 5, fracción IX, como:
…una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
Con dicha definición coincide la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México, cuyo artículo 2, fracción XIX, se refiere a la perspectiva de género en los mismos términos. Al respecto, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género establece que, si bien los criterios biológicos permiten clasificar a las personas entre mujeres y hombres (sexo); el género se erige como una categoría adicional para diferenciarlos, ya que “en las últimas décadas, gracias a los estudios provenientes de las teorías feministas, se identificó que, en la sociedad, el ser hombre o el ser mujer no depende en exclusiva de las características biológicas con las que se nace, sino que existe una construcción cultural en torno a lo que significa y lo que implica ser un sexo o de otro” (scjn, 2020, pp. 10 y 11). Entonces, la diferencia sexual se construye también con un elemento cultural agregado que establece otros atributos y cualidades que distinguen “lo femenino” de lo “masculino”; es, precisamente, esa interpretación cultural de la diferencia biológica a lo que se denomina género.
El alto tribunal complementa lo expresado, al referir que, al ser el género un constructo cultural, este es asumido por cada persona mediante un “complejo proceso individual y social”, pues está inmerso en la organización social y se transmite como si fuera algo “natural”; en otras, sería algo natural que las mujeres y los hombres se comportarán de cierta manera o bien estuvieran diseñados para realizar ciertas labores específicas, derivado de los estereotipos o los estigmas que imperan en la sociedad.
De manera particular, el Protocolo que se sigue refiere que la obligación de juzgar con perspectiva de género, entonces, parte de:
… el reconocimiento de la condición de desigualdad imperante entre los géneros, que margina a mujeres y niñas, por lo que produce una realidad en la que el ejercicio de sus derechos se encuentra total o parcialmente vedado… El hecho de que las mujeres son oprimidas por un contexto de dominación estructural que les impide gozar de los mismos derechos en condiciones de igualdad hace necesaria, entre otras cuestiones, la reinterpretación del derecho, y particularmente de los derechos humanos, mediante la incorporación de una categoría de análisis que tenga en cuenta factores que hasta hace poco tiempo habían quedado invisibilizados (SCJN, 2020, p. 141).
Así pues esa nueva forma de concebir e interpretar el derecho es un modo de garantizar a las mujeres, las adolescentes y las niñas, el acceso a la justicia de manera efectiva e igualitaria, pues como se verá en el análisis de caso del presente artículo, la base del género produce impactos diferenciados en la vida de las personas porque, precisamente, las diferencias o disparidades existentes en mujeres y hombres en distintos escenarios se manifiestan en un acceso desigual de oportunidades, derechos, recursos, como puede ser el acceso a la justicia; por lo que dichos impactos deberían y deben ser tomados en consideración al momento de apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar y aplicar las normas jurídicas; pues, acorde con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se introduzca esa forma de analizar (perspectiva de género), “se constituye en una obligación de todas las autoridades” y, particularmente, una obligación de las personas juzgadoras.
Por lo que el ejercicio de dicha obligación resulta indispensable en toda controversia o conflicto en el que se adviertan “posibles desventajas ocasionadas por estereotipos culturales o bien que expresamente den cuenta de denuncias por violencia por género en cualquiera de sus modalidades, las autoridades del Estado implementen un protocolo para ejercer sus facultades atendiendo a una perspectiva de género” (scjn, 2020, p. 143).
En consecuencia, se erige en una base angular para todas las autoridades a fin de procurar que los paradigmas y las construcciones históricamente imperantes de discriminación, estigmatización y marginación por género no tengan un impacto negativo en los ámbitos y los espacios en los que interactúan mujeres, adolescentes y niñas; pues dichas autoridades están conminadas a que, cuando adviertan una situación de violencia o vulnerabilidad cuyo origen sea el género y esta pueda obstaculizar su acceso igualitario al disfrute efectivo de sus derechos humanos, actúen en consecuencia para repararlo mediante decisiones judiciales progresivas que materialicen esa nueva realidad de analizar los casos.
Dicha actuación, será no solo en congruencia con las obligaciones constitucionales que prevé el artículo 1 de la norma básica fundante, sino en consonancia con otros principios rectores, como el pro persona, el interés superior de la niñez y la perspectiva de género, además, en atención a un vasto andamiaje jurídico creado para prevenir y, en la medida de lo posible, eliminar la violencia de género, cometida, primordialmente contra las mujeres.
Lo anterior, pues cómo se obtiene de las estadísticas citadas en el presente artículo, es una realidad constante la violencia, y por ende, la afectación en el ejercicio pleno de los derechos de las personas al no considerar sus contextos, cualidades y características, al grado que dicha violencia y no ejercicio pleno, les condicionan e imposibilitan para desarrollarse de una manera determinada, y, por supuesto, les limita en el ejercicio efectivo de algún derecho. Por tanto, analizar tanto las realidades como los factores endógenos y exógenos que confluyen en el caso concreto de una mujer víctima o imputada de algún delito permitirá disminuir y, en el mejor de los casos, eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas con base en el género al que pertenecen.
En otras palabras, se estima que no resulta suficiente identificar que se trata de una mujer, sino que se debe atender y entender al contexto en el que se desarrolla el evento delictivo para valorar si existe algún estereotipo, rol, estigma social y culturalmente determinado, y si este influye en la manera de analizar un caso en particular al momento de seleccionar y aplicar la ley, pues tanto el principio pro persona como la perspectiva de género tienen alcances ambiciosos para la igualdad sustantiva y la reconstrucción de un tejido social dañado por la violencia.
Así, todas las autoridades deben utilizar la perspectiva de género en aquellos casos en los que estén involucradas las mujeres, sin olvidarse de aquellas que figuran como imputadas en la comisión de algún hecho delictivo,[4] pues por medio de ese enfoque podrán identificar si existe alguna circunstancia que las haya limitado por el hecho de ser mujer; es decir, si su género es un motor para que se vea limitado su acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Análisis de casos
El artículo 3, fracción VIII, de la ley de amnistía de la entidad mexiquense entiende como una persona en situación de vulnerabilidad y discriminación aquella que “debido a determinadas condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas tiene mayor riesgo de que sus derechos humanos sean violados”; entre otros grupos, se refiere a las mujeres violentadas.
Por su parte, el artículo 1°, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enuncia como categorías sospechosas o de vulnerabilidad el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2015), en el criterio “CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA ATIENDE AL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”, ha referido que la motivación de tener un catálogo de categorías sospechosas es destacar que existen determinadas características o atributos en las personas que, históricamente, se utilizan o fundamentan la categorización, exclusión, marginación y discriminación de quienes las poseen o son asociadas con esos atributos o características (por ejemplo, el sexo). Por lo que, conforme al carácter evolutivo y progresivo de la interpretación de los derechos humanos, la jurisprudencia convencional y constitucional ha incluido otras categorías sospechosas, como el estado civil o el marital; esto es relevante en el presente trabajo, pues la mayoría de las ocasiones las víctimas mortales han sido las parejas sentimentales de las mujeres sentenciadas.
Con esta motivación, coincide el Tribunal Electoral de Tlaxcala al citar a Claudia Salvador Ángel, al precisar que, en materia de igualdad y no discriminación, las llamadas categorías sospechosas comprenden “una o varias condiciones que identifican a las personas, sobre las cuales no sería razonable realizar distinciones de derechos. Sin embargo, al emitirse algunas restricciones para grupos particulares en el acceso a ciertos derechos se pueden generar excepciones que pueden ser consideradas violatorias de los derechos humanos de un grupo particular de personas”. Agrega que “su emisión se funda en criterios clasificatorios utilizados para atribuir roles, o funciones de personas que pertenecen a un grupo catalogado o estereotipado, lo que genera una sospecha sobre su potencial efecto discriminatorio” (Salvador Ángel, 2021).
Además, de acuerdo con las leyes de la materia, es un compromiso ineludible para todas las autoridades garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, asimismo, busca la promoción del desarrollo integral y plena participación en las diversas esferas de la vida de las mujeres; es decir, trabajar con ahínco para garantizar su pleno acceso a una vida libre de violencias, goce y ejercicio de sus derechos humanos.
Abordado el impacto diferenciado que se produce al no analizar los casos bajo la perspectiva de género ni tomar en cuenta las categorías sospechosas que inciden negativamente en el disfrute de los derechos humanos, se identifican los pronunciamientos de amnistía emitidos por el organismo protector de derechos humanos del Estado de México en los que se abordan los casos de mujeres violentadas y se identifica la ausencia de perspectiva de género al momento de juzgarlas, lo cual, como se denotará en el presente apartado, determinó la imposición de una pena privativa de la libertad.
Mediante un análisis documental, se verificó la información recopilada en el micrositio “Amnistía” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, concretamente del apartado de pronunciamientos[5]; de este se obtuvo que en 12 asuntos las personas peticionarias eran mujeres con distintas características y cualidades a quienes no se les juzgó con perspectiva de género o eran víctimas de violencia, por lo que se propuso su libertad ―y la obtuvieron―, con la aparejada extinción de las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que se establecen en la propia ley.
Para ello, se realizó la lectura y el examen minucioso de los 12 casos referidos. De manera ilustrativa, como resumen, se establecen en la siguiente tabla los hechos delictivos por los que fueron juzgadas y la pena privativa de la libertad a la que fueron sentenciadas.
Tabla 2. ¿Por qué delito fueron juzgadas?, y ¿cuál fue su pena?
| Ley | Contenido |
| Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas | “Artículo 4.- Se decretará amnistía en los siguientes supuestos: … XII. A las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se proponga su libertad. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, podrán remitir para análisis y resolución del Poder Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren que son objeto de aplicación de la presente Ley. No se concederá la amnistía cuando se trate de delitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal, salvo las excepciones expresamente previstas en esta Ley.” Periódico Oficial (2022). |
| Ley de Amnistía del Estado de Nayarit | “Artículo 5. Se decretará amnistía en los siguientes supuestos: … XII. A las personas privadas de la libertad, independientemente del delito del que se trate, a excepción de los supuestos prohibidos por este decreto, que cuenten con resolución definitiva de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos o al debido proceso, en la que se proponga su libertad. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, podrán remitir para análisis y resolución del Poder Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren que son objeto de aplicación del presente decreto” (Periódico Oficial, 2021). |
| Ley de Amnistía para el Estado de Quintana Roo | “Artículo 4. Se decreta amnistía en los siguientes supuestos: … IX. A las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se proponga su libertad. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, podrán remitir para análisis y resolución del Poder Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren que son objeto de aplicación de la presente ley.” (Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 2021). |
| Ley de Amnistía para el Estado Libre y Soberano de Morelos | “Artículo 3. Se decreta amnistía a las personas que se adecuen a los siguientes supuestos: … X. A las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos o al debido proceso, en la que se proponga su libertad. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior podrán remitir para análisis y resolución del Poder Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren que son objeto de aplicación de la presente Ley” (Consejería Jurídica, 2020). |
En términos generales, en el caso de las 12 mujeres peticionarias, la Comisión de derechos humanos de la entidad mexiquense, de manera atinada y como pionera en materia de amnistía a favor del reconocimiento de la cualidad de mujer violentada y el acceso igualitario a la justicia, refirió que no se aplicó la perspectiva de género; tampoco se consideró la actividad que realizaban ni que eran víctimas de diversos tipos violencia (física, psicológica, sexual, económica, patrimonial) de forma sistemática y reiterada por parte de sus parejas sentimentales, e incluso víctimas de violencia institucional, ante la normalización de conductas y constructos socioculturales.
Así, previa lectura de los casos sometidos a consideración del organismo estatal, esta autora se enfocará en analizar el caso de Alejandra “N”. Dicha selección, sin desestimar la importancia de los casos que se abordan, se sustenta en que la persona peticionaria fue la primera mujer violentada que obtuvo su libertad por solicitud del organismo estatal el 15 de julio de 2022, quien estuvo en una relación de subordinación y asimetría de poder entre ella y su pareja sentimental ―un militar retirado― durante 14 años (por lo que se determinó que vivía en un ciclo de violencia conocido como síndrome de la mujer maltratada), además de que era víctima de diversos tipos de violencia ―psicológica, física, sexual, patrimonial, vicaria a institucional―; situación que no fue considerada en su momento por el órgano jurisdiccional, pues se determinó imponerle una pena de 40 años sin considerar su contexto, y, además, ella se enfrentó a diversas circunstancias institucionales que obstaculizaron la atención de la violencia que sufrió durante más de una década.
Pronunciamiento de Amnistía en el caso de Alejandra “N” emitido por la CODHEM
Respecto al contexto de la peticionaria, el organismo público autónomo de la entidad mexiquense refiere en su pronunciamiento que Alejandra era una mujer que durante 14 años vivió violencia psicológica, física y sexual por parte de su esposo, un militar retirado; quien fue sentenciada por el delito de homicidio con la modificativa (complementación típica con punibilidad autónoma por haberse cometido contra su cónyuge).
Asimismo, describe a Alejandra como una mujer que era humillada, ofendida y agredida física, sexual y psicológicamente, violencia que se hacía extensiva a sus dos hijos. Situación de violencia que, a pesar de que era observada reiteradamente por su progenitora, ésta, para evitarle más problemas y golpes, se tuvo que alejar de su hija y de sus nietos, ya que manifestó ante el Organismo estatal que incluso su pareja “un día le colocó almohadas para asfixiarla”.
Respecto a la violencia física vivida, se documentó que reiteradamente recibía lesiones por parte de su esposo, por lo que ella tenía dientes postizos, desviado el tabique nasal, huesos deformes de los dedos, e incluso cicatrices ocasionadas por una navaja. Sobre la violencia psicológica, se describió que la peticionaria era amenazada constantemente con su trabajo, ya que su pareja sentimental le refería que, si la dejaba, haría que la corrieran y le haría un desmadre, lo cual le generaba temor. Tocante a la violencia sexual, se asentó que, a pesar de que ella no quería tener relaciones sexuales, su pareja la obligaba, incluso le refería que tendrían relaciones, aunque fuera muerta.
Con relación a lo que vivió durante más de una década, se explicó que la peticionaria se encontraba inmersa en un ciclo de violencia conocido como el síndrome de la mujer maltratada, pues la violencia en su contra iba en aumento, era constante y sistemática, además de que no se separaba de su pareja porque era amenazada también con quitarle a sus hijos. Al respecto, la Comisión denota que los efectos de la violencia en el ámbito familiar son significativos para todas las víctimas.
En un análisis especializado, el organismo se allegó de una opinión técnica en materia de psicología por parte de una especialista propia, en la que se denotó que la solicitante tenía depresión media caracterizada por sentimientos de tristeza, miedo intenso, ganas de llorar todo el tiempo, problemas en el ciclo de sueño, dificultad para concentrase, apatía, cansancio, pesimismo, irritabilidad, inseguridad, poca confianza en sí misma, bajo rendimiento en sus actividades y presión en el pecho, rasgos depresivos que concuerdan con la violencia reiterativa de la que fue objeto por parte de su esposo.
Es de especial relevancia el apartado del pronunciamiento denominado “La violencia ejercida en el ámbito familiar como contexto por el que las mujeres cometen el delito de homicidio”, ya que el organismo protector de derechos humanos mexiquense señaló que, a pesar de que Alejandra hizo del conocimiento de las autoridades investigadoras ―y ante el órgano jurisdiccional―, en varias ocasiones, la situación de violencia que vivió durante 14 años, esta no fue considerada al momento de ser juzgada.
Eso es importante, ya que, como lo explica el organismo estatal en la determinación que se expone, cuando existe un contexto de violencia familiar, se pone en grave riesgo la vida de las mujeres, pues enfrentan un riesgo de morir por feminicidio; sustentó el riesgo de perder la vida a mano de su agresor, en lo establecido en el amparo en revisión 6181/2016, en el que se determina que las personas juzgadoras deben tomar en cuenta de forma acumulativa “que las mujeres que enfrentan violencia familiar sufren alteraciones psicológicas y físicas profundas; existen factores como la presión social o la necesidad económica que influyen en la decisión para que una mujer víctima de violencia continúe en una relación abusiva; no tienen suficiente protección por parte de las autoridades estatales y, por ende, enfrentan riesgo de morir por feminicidio íntimo” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016).
Lo anterior es particularmente sensible, ya que, a pesar de que la peticionaria externó de manera previa la violencia que vivía al denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no fue atendida con diligencia, y se les dio carpetazo a sus denuncias.
Respecto a la obligación de juzgar con perspectiva de género, se estableció que las consideraciones esgrimidas por la peticionaria ―particularmente la situación de violencia y las denuncias que había realizado a consecuencia de ella― debían ser analizadas con perspectiva de género, al ser una persona en situación de vulnerabilidad y discriminación, pues era una mujer violentada. Lo anterior se sustentó con diversos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales, en esencia, precisan que en México existe una cultura de discriminación y violencia basada en género e influenciada por la discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de su inferioridad.
Además, se determinó que los estereotipos de género influyen en la constante discriminación hacia las mujeres y se encuentran arraigados en el entramado social y en las prácticas judiciales, lo que ocasiona un incremento en la violencia y la impunidad. Así, los estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes son condiciones que se agravan cuando estos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el actuar de las autoridades de investigación, como ocurrió en el presente caso.
Además, se fortaleció el pronunciamiento con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como son el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Caso González y Otras (Campo Algodonero), los cuales, en esencia, señalan que todo acto de violencia se lleva a cabo dentro de un contexto en el cual está presente la asimetría de poder entre dos o más personas; por lo que la violencia representa uno de los mecanismos para preservar el poder y perpetuar la condición de asimetría y desigualdad que posibilita la permanencia del sistema de jerarquías. Además, debido a la asimetría en la que se basan las relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito familiar, el derecho a recurrir a la salvaguarda del Estado en casos de violencia, así como una intervención que no añada a los agravios sufridos, es muy importante. De manera textual, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estableció lo siguiente:
… resulta imperante que se analicen las circunstancias del caso concreto y que la persona juzgadora no analice el asesinato del agresor como un acto aislado, sino que lo inserte dentro del contexto sistemático y permanente de violencia ejercida en el ámbito familiar.[6] Por lo que este Organismo Protector de Derechos Humanos comparte que, este sería el elemento más importante para juzgar con perspectiva de género este tipo de casos.
De manera muy interesante, también se exponen las figuras de legítima defensa y la excluyente de estado de necesidad, como aquellas que debieron ser tomadas en cuenta ante la situación manifiesta de violencia en la que se encontraba Alejandra; sin embargo, aun cuando la defensa de la peticionaria argumentó el estado de necesidad en virtud de que su conducta fue desplegada para preservar un bien jurídico al ser atacada por su esposo, no fue considerado. De ahí que válidamente se propuso la libertad de Alejandra el 15 de julio de 2022, y ella consiguió reunirse con su madre y sus dos hijos.
CONCLUSIONES
Primera. La amnistía es una figura legal que buscar revertir las injusticias cometidas en contra de las personas vinculadas a proceso o a quienes se les haya dictado sentencia firme sin antecedentes delictivos ―primordialmente aquellas que no sean reincidentes― y cuyos casos fueron ventilados ante el sistema de justicia cuando se encontraban en condiciones de pobreza, discriminación o vulnerabilidad producidas por sus características o cualidades personales, como las mujeres, las personas indígenas, las personas adultas mayores y las jóvenes, entre otros grupos de la sociedad.
Segunda. Ese beneficio, según la exposición de la ley que lo otorga, constituye un olvido oficial y un paso positivo para subsanar las deficiencias cometidas en detrimento de los derechos humanos de grupos históricamente discriminados o excluidos, aceptado por organismos internacionales de derechos humanos. A nivel federal y en el ámbito estatal, este incidirá en la protección de los grupos poblacionales más vulnerables; además, tiende a buscar una verdadera reinserción social, la despresurización de los centros penitenciarios y de reinserción social, así como el combate al hacinamiento y las condiciones insalubres; dicha despresurización basada en el beneficio de amnistía y no en la construcción de más centros penitenciarios.
Tercera. La facultad legalmente establecida a los organismos de derechos humanos en materia de amnistía se erige como una vía no jurisdiccional que, si bien no tiene como finalidad sustituir al Poder Judicial ni apropiarse de sus funciones y recursos, lo cierto es que sí constituye un proceso de tutela rápida, ágil y preventiva de los derechos humanos, que busca estimular la garantía de las prerrogativas fundamentales de los grupos de población que requieren una protección reforzada y especializada.
Cuarta. De las 15 entidades federativas que actualmente cuentan con una ley de amnistía (a saber: Durango, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Oaxaca, Campeche, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Morelos y Michoacán), únicamente 5 entidades (Estado de México, Tamaulipas, Nayarit, Quintana Roo y Morelos) refieren la posibilidad de solicitar amnistía, independientemente del delito de que se trate ―graves o de alto impacto―, mediante un pronunciamiento, resolución o recomendación por parte de dichos organismos públicos de derechos humanos. Es decir, en la república mexicana solo cinco estados estarían en aptitud de evaluar casos de personas privadas de la libertad que hayan cometido delitos graves o de alto impacto ―aun cuando aquellas se hubieran encontrado en un supuesto de transgresión sus derechos humanos o al debido proceso; una situación de vulnerabilidad, discriminación y pobreza; la actualización de alguna categoría sospechosa o situación de violencia, o bien, en un contexto familiar, social, cultural, comunitario y económico adverso para el ejercicio igualitario de sus derechos humanos durante su proceso penal―, ya que no podrían ser sometidos para análisis y resolución del Poder Judicial correspondiente al no establecer expresamente dicha facultad legal.
Quinta. El que las leyes de amnistía de las entidades federativas contengan una vía de procedencia diversa a la que deberá interponerse ante los poderes judiciales, por los supuestos contenidos en la ley, es una opción que expande y materializa el principio pro persona, ya que este obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas ―particularmente de aquellas que, como ya se explicó, son vulnerables y discriminadas, además de que se hallan en situaciones de pobreza, rezago educativo, violencia, entre otras categorías sospechosas―. Sin embargo, a nada útil conduce que actualmente existan cinco entidades que posibiliten esa vía, si únicamente el Estado de México ha emitido pronunciamientos a favor de las mujeres violentadas.
Sexta. El reconocer que las mujeres violentadas requieren de un análisis pormenorizado de su caso parte de identificar y distinguir que tanto la discriminación como la violencia contra las mujeres son dos constructos que a la fecha imperan en el imaginario social y se encuentran enraizados en el mismo, derivado de patrones estereotipados y roles de comportamiento que sirven para reafirmar la desigualdad. De ahí que si bien, como lo señala la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la amnistía solicitada mediante la vía no jurisdiccional no pretende modificar la condena que se les dio a las mujeres violentadas que, como cosa juzgada, es inalterable, lo cierto es que sí busca que la autoridad jurisdiccional reconsidere la continuidad racional de la pena impuesta por motivos de excepción —categorías sospechosas— basados en la razonabilidad, así como en la defensa de los derechos humanos que les fueron transgredidos por la ausencia de perspectiva de género durante sus procesos penales.
Séptima. Ampliar la cobertura de analizar los casos de las mujeres que sufren diversos tipos de violencia, particularmente por medio de la amnistía, es parte de una estrategia pública con enfoque de derechos humanos que posibilita identificar nuevas maneras de deconstruir formas de pensar y actuar que perpetúan la violencia en su contra. Por lo que se estima que la figura de amnistía, bajo un ejercicio reforzado y especializado incidirá en que las mujeres víctimas de violencia, encuentren una segunda oportunidad de vida con sus familiares y tengan un acceso igualitario a la justicia que les fue negada.
Octava. Si bien el beneficio de amnistía que solicitan los organismo públicos de derechos humanos no tiene como efecto modificar una sentencia o la cosa juzgada ni señalar las falencias de las decisiones judiciales o denotar fallas estructurales de una institución, lo cierto es que los pronunciamientos de amnistía se erigen como un precedente concreto de asuntos que ventilan la violencia sistémica que se genera en contra de las mujeres y evidencian contextos violentos que son normalizados al momento de juzgar a las mujeres. De esa manera, las amnistías concedidas se deberían volver una consulta obligada para las personas juzgadoras que ventilan solicitudes de amnistía directas o por medio de un organismo de eta naturaleza, ya que son una muestra palpable que evidencia, en casos concretos, las asimetrías de poder, la disparidad de género y las violencias estructurales que generan un estado de necesidad en las mujeres a lo largo de su vida.
Novena. La amnistía constituye un elemento natural para la reconstrucción de un tejido social que sea capaz de identificar aquellas conductas que dañan o denigran a las mujeres debido a su género; pues, mediante la emisión de pronunciamientos de amnistía como antecedentes jurídicos, se denotan no solamente violaciones graves a sus derechos humanos, sino el resultado de las amenazas, los maltratos y los daños que pueden llegar a sufrir las mujeres en sus contextos públicos y privados. Además, hará posible que las personas beneficiadas con la amnistía puedan reintegrarse a sus núcleos familiares y reiniciar su vida, gracias a una decisión judicial que permita corregir los rigores del derecho penal bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género y suprimir los efectos de la pena.
Décima. Como se planteó, la amnistía es un beneficio poco explorado por las entidades federativas que, aunque establecen la facultad legal de sus organismos públicos de derechos humanos de emitir un pronunciamiento de amnistía, no han emitido resolución alguna a favor de personas recluidas en sus centros penitenciarios que se encuentren en algún supuesto de procedencia descrito en su propia ley; por lo que se estima necesario expandir las buenas prácticas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hacia las otras entidades federativas ―por ejemplo, mediante la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), asociación encargada de agrupar a los 33 organismos públicos de derechos humanos en México y llevar a cabo acciones en pro de la defensa y la promoción de los derechos humanos―, con independencia de otros ejercicios de socialización que permitan difundir ese instrumento jurídico para otorgar el perdón y el olvido del Estado. Con relación a aquellas entidades federativas que han expedido sus leyes de amnistía pero no han conferido esa atribución a sus comisiones protectoras de derechos humanos, en un ejercicio de interpretación evolutiva se podría plantear la posibilidad de modificar sus ordenamientos en la materia para 8incidir en la defensa y la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad que requieren una atención por contexto diferenciado; con la finalidad última de que personas privadas de la libertad que reúnan los elementos de procedencia, puedan tener una segunda oportunidad de vida, gracias a este beneficio.
REFERENCIAS
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (2022). Lineamientos para sustanciar los procedimientos de Amnistía del Estado de México de los que esta Comisión es competente. https://www.codhem.org.mx/wp-content/uploads/2024/05/175.pdf
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (2025). Micrositio de Amnistía. https://amnistia.codhem.org.mx/pronunciamientos/
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2023). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario 2023. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-06/DNSP_2023.pdf
Consejería Jurídica (2020). Ley de Amnistía para el Estado Libre y Soberano de Morelos, Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos. https://justicia.segob.gob.mx/work/models/UASJ/Documentos/PDF/Amnist%C3%ADa/LEYAMNISTIAMO.pdf
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Diario Oficial de la Federación (2007). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última reforma de 26 de enero de 2024. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
Diario Oficial de la Federación (2020). Ley de Amnistía, última reforma de 14 de junio 2024. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmn.pdf
Gaceta del Gobierno (2021). Ley de Amnistía del Estado de México. Legislatura del Estado de México. https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf.
Gaceta del Gobierno del Estado de México (1917). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf
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Notas
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