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La violencia contra las activistas feministas en México
Yunitzilim Rodríguez Pedraza
Yunitzilim Rodríguez Pedraza
La violencia contra las activistas feministas en México
Violence against feminist activists in Mexico
Ius Comitiãlis, vol. 8, núm. 15, pp. 7-31, 2025
Universidad Autónoma del Estado de México
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Resumen: El contexto de violencia feminicida en México se ha recrudecido. Las mujeres han tomado el valor de levantar la voz y exponer el machismo y la misoginia enquistada en la sociedad, así como la forma en que el sistema patriarcal se sostiene con la anuencia y participación del mismo Estado. Las formas en que manifiestan su enojo y rabia son diversas, habiendo quienes toman un papel más visible y tratan de incidir para que los cambios sean sustanciales y busquen resolver la violencia contra las mujeres desde la estructura, lo que las convierte en activistas feministas y defensoras de derechos humanos. El activismo feminista incomoda, puesto que cuestiona la normalización social y política de la violencia, critica las omisiones y complicidad del gobierno y encara de manera directa a las personas agresoras. En este artículo, usando el método hermenéutico, así como el cualitativo con un alcance descriptivo del fenómeno, se señalan las diversas formas en que se violenta a quienes, desde una postura feminista, defienden los derechos humanos de las mujeres y la forma en que el Estado participa en las agresiones y es omiso en su obligación de protegerlas, planteándose algunas propuestas para que el mecanismo de protección a las activistas feministas sea efectivo.

Palabras clave: Violencia de género, feminismo, feminicidio, Derechos Humanos, activismo feminista.

Abstract: The context of feminicidal violence in Mexico has worsened. Women have taken the courage to raise their voices and expose the machismo and misogyny entrenched in society, as well as the way in which the patriarchal system is sustained with the consent and participation of the State itself. The ways in which they express their anger and rage is diverse, with those who take a more

visible role and try to influence so that the changes are substantial and seek to solve violence against women from the structure, which makes them feminist activists and human rights defenders. Feminist activism is uncomfortable, since it questions the social and political normalization of violence, criticizes the omissions and complicity of the government and directly confronts the aggressors. In this article, using the hermeneutical method as well as the qualitative method with a descriptive scope of the phenomenon, the various ways in which those who, from a feminist position, defend women's human rights are violated and the way in which the State participates in the aggressions and is ignorant of its obligation to protect them. some proposals were made to make the protection mechanism for feminist activists effective.

Keywords: Gender violence, feminism, femicide, Human Rights, feminist activism.

Carátula del artículo

Artículos de investigación: temática especial

La violencia contra las activistas feministas en México

Violence against feminist activists in Mexico

Yunitzilim Rodríguez Pedraza
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, México
Ius Comitiãlis, vol. 8, núm. 15, pp. 7-31, 2025
Universidad Autónoma del Estado de México

Recepción: 09 Julio 2024

Aprobación: 30 Septiembre 2024

INTRODUCCIÓN

En México existe un contexto de violencia feminicida al punto que, al mes de junio de 2021, se habían emitido 25 Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres[1] en 22 de las 32 entidades federativas del país (INMUJERES, 2021), lo que incluye a 643 municipios de todo el territorio. De ahí que, nacer mujer en México, representa todo un cúmulo de adversidades y desventajas que la hacen potencialmente víctima de diversos tipos y modalidades de violencia.

Ante ello, las mujeres han tenido que organizarse y conformar -desde la sociedad civil- agrupaciones, colectivas y organizaciones que trabajan con, desde, para y por las mujeres con una firme postura política feminista, para situar la prevención, atención y sanción del fenómeno, como una prioridad de la agenda pública y política. A eso se le llama activismo feminista, el cual es un movimiento social.

El movimiento social feminista ha tenido múltiples formas y espacios de expresión; ha propiciado el clima de cuestionamiento a la desigualdad y marginación de las mujeres; ha reconceptualizado a la mujer, para entender que las mujeres somos todas y que el beneficio y/o la afrenta para una es para todas; ha elaborado una perspectiva de análisis de género que rebasa al determinismo biológico y en cambio nos permite distinguir cómo, a partir de las diferencias sexuales, se tejen las desigualdades sociales. El feminismo ha documentado y denunciado las violaciones que se cometen a los derechos de las mujeres en este país; ha expresado públicamente su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres; ha construido y propuesto alternativas, programas, políticas públicas y leyes tendientes a favorecer la calidad de vida de las mujeres. (UNAM, 2017)

Como Marcela Lagarde ha asegurado “El feminismo es una cultura crítica que conforma un horizonte histórico moderno ilustrado, expresa la crítica al orden patriarcal, a la condición de género de las mujeres y de los hombres, a la desigualdad y la injusticia de género” (2016, p. 25). A medida que ha pasado el tiempo, la violencia feminicida se ha recrudecido, puesto que en el mundo “En promedio, cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia” (ONU Mujeres, 2023) mientras que “en México, unas 10 mujeres son asesinadas al día y 7 de cada 10 han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida.” (ONU Mujeres, 2023). Ese contexto ha llevado a que la labor de las activistas feministas haya tenido que aumentar y fortalecerse para lograr cambios desde la estructura.

El cambio estructural ha sido planteado desde la eliminación de los estereotipos y roles de género que generan y normalizan prácticas que invisibilizan y minimizan el papel de las mujeres en la sociedad; el respeto a la autonomía corporal y el derecho a decidir; la búsqueda de un acceso igualitario a la salud, educación, territorio y empleo; la representación política desde y para las mujeres y la asignación de presupuesto específico para prevenir, atender y sancionar las manifestaciones de violencia; visibilizar todas las desigualdades en todos los espacios para modificar patrones y conductas y la adecuación del marco legal para eliminar esas desigualdades que estaban respaldadas.

No obstante, posicionarse como activista feminista en México y, por ende, como defensora de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas, representa un riesgo, pues el sistema machista, misógino y patriarcal que pretende mantenerse intacto, las considera un peligro y su labor es una afrenta al poder, dominio y control que ya ejercen. Si además esa defensa de derechos se efectúa desde una comunidad indígena donde la criminalización por cuestionar el statu quo es más frontal, el riesgo se maximiza, al grado que exigir mejores condiciones de seguridad, justicia, paz e igualdad para todas parece ser un delito, mientras los verdaderos agresores de las mujeres siguen en las calles.

Lo cierto es que el contexto de feminicidios, desapariciones, agresiones sexuales, hostigamiento, acoso, discriminación y violencia, la viven todas las mujeres, en todos los contextos en los que intentan ejecutar sus proyectos de vida. Prueba de ello es que, en 2021, a nivel nacional, “del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% habían experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida” (ENDIREH-INEGI, 2021). Además, “Las muertes violentas de mujeres pasaron de 9,573 en 1990 a 12,122 en 2020” (CEDOC-ONU-DH, 2020). A eso se le agrega que en el periodo entre el 1 de enero de 2018 y el 20 de junio de 2021 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) documentó la desaparición de 25,340 mujeres, niñas y adolescentes en México.

Ante ese panorama, se puede entender por qué las mujeres no podían seguir esperando a que la justicia actuara y tuvieron que desarrollar estrategias de señalamiento y presión a las autoridades y sobre todo, de acompañamiento sororo a las víctimas. El derecho a defender los derechos humanos es lo que exigen; seguir buscando justicia poniendo a disposición de la causa su tiempo, su empeño, su dedicación, su compromiso, sus recursos, sus sacrificios, conocimientos, sus energías y su paz, sin que eso represente tener que sacrificar también sus vidas. La responsabilidad internacional del Estado de proteger a las defensoras de las agresiones que puedan sufrir:

...se deriva del deber fundamental de todo Estado de proteger todos los derechos humanos, tal y como está consagrado en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este deber de protección no se limita a que los Estados se abstengan de vulnerar los derechos humanos de las personas defensoras y periodistas, sino que también incluye el deber de respetar, prevenir y protegerlas frente a situaciones de riesgo, así como de investigar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables por las agresiones sufridas por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. (ONU-DH, 2019, p. 6)

De ahí que el Estado no solo le falla a las víctimas, sino ahora, a quienes las defienden y acompañan.

EL ACTIVISMO FEMINISTA

La violencia contra las mujeres es una problemática histórica, cultural y estructural. En cada etapa de la historia ha habido mujeres que han levantado la voz para manifestar su repudio ante ella, exigiendo cambios en la búsqueda de condiciones más dignas de ser y existir. En todo momento las mujeres se han cuestionado el ¿Por qué por haber nacido mujeres tendrían menos derechos que los que nacieron hombres? ¿Por qué no tendrían derecho a estudiar y cursar estudios profesionales? ¿Por qué tendrían que estar conminadas al espacio privado, si también tienen sueños y aspiraciones personales, profesionales y políticas? ¿Por qué no tendrían derecho al voto como lo tenían los varones? ¿Por qué no tendrían derecho a trabajar si el marido no les daba la autorización? ¿Por qué solo ellos podían ocupar cargos públicos? ¿Por qué no podían acceder a cargos de elección popular? ¿Por qué tendrían que conformarse con ser las suplentes de quienes llegaban a los cargos de elección popular? ¿Por qué tendrían que recibir menor pago por efectuar el mismo trabajo que los hombres? ¿Por qué tendrían que soportar cualquier tipo de violencia por parte de sus parejas, esposos, concubinos, novios, etc.? ¿Por qué no tendrían derecho a una vida libre de violencia? ¿Por qué tendrían que quedarse calladas ante la violencia institucional que las revictimiza al querer denunciar? ¿Por qué normalizar los abusos sexuales? ¿Por qué quedarse calladas ante las injusticias? ¿Por qué no exigirle al Estado que haga su trabajo? Cada uno de esos porqués ha significado luchas, resistencias, enfrentamientos y presión desde distintas trincheras, al grado que hoy, se goza de muchos derechos y se exige que los mismos sean respetados, garantizados y protegidos.

Una activista feminista surge en virtud de las injusticias que ha vivido ella misma u otras mujeres a las que acompaña o de las que es red de apoyo. Su causa se finca en el enojo, la frustración y la digna rabia ante la impunidad del Estado y ante la crisis de derechos humanos que se vive en México, que cada vez es más latente y que atraviesa de manera diferenciada a quienes han nacido con y en cuerpo de mujeres.

La omisión del Estado conduce a la comisión de delitos o vulneración de derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Ante ello, las activistas feministas desarrollan una actividad de contención, acompañamiento, asesoría, representación legal, acuerpamiento y apoyo a quienes son agredidas. En ese camino, observan, cuestionan y señalan las revictimizaciones, las omisiones, la falta de debida diligencia de las autoridades, la nula perspectiva de género de las y los operadores del sistema de procuración y administración de justicia, la corrupción, la falta de empatía, la falta de enfoque en derechos humanos y observan cómo las víctimas son ahora objeto de violencia institucional.

En sus intentos por coadyuvar a la causa de las mujeres, las activistas feministas desarrollan estrategias alternas al Estado, acompañando y empoderando a las víctimas, estableciendo posicionamientos y pronunciamientos ante las injusticias, desarrollando agendas feministas, presionando a través de marchas, concentraciones, tomas de edificios, iconoclasia, etc., e incluso participando con los entes públicos para desarrollar protocolos, elaborar manuales, impartiendo cursos de capacitación y sensibilización; participando y organizando mesas de trabajo, foros y conversatorios para abonar a discusiones desde lo científico, etc.; también trascienden desde las aulas y la investigación, desde la teoría y la perspectiva feminista, desarrollando ponencias, seminarios, conferencias, publicando artículos científicos, capítulos de libro, y en general, incidiendo en el alumnado, la comunidad científica y la sociedad en general, sobre los obstáculos y retos para vivir en una sociedad más justa e igualitaria y la importancia de que las mujeres tengan paz, seguridad y una vida libre de violencia para lograrlo.

Es innegable que el feminismo es un movimiento que no puede ser invisibilizado y que los avances de la lucha han trascendido a la vida de las mujeres. Algunos de esos avances son el derecho al voto, la participación política y a la paridad para acceder a los cargos de elección popular y en la ocupación de espacios de decisión de los gobiernos federal, estatal y municipal; en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos se ha logrado, -hasta mayo de 2024- que 13 de las 32 entidades federativas hayan despenalizado el aborto y en septiembre de 2023 se obtuvo la despenalización del aborto a nivel federal, aun cuando la mayoría de esos avances ha sido a golpe de sentencias ante el Poder Judicial; se sigue luchando para evidenciar y lograr disminuir la brecha salarial logrando condiciones dignas de trabajo para las mujeres, que implique espacios libres de hostigamiento y/o acoso laboral o sexual; se lucha porque las mujeres, adolescentes y niñas tengan acceso igualitario a la educación de todos los niveles y que las instituciones educativas sean espacios libres de hostigamiento, acoso o violencia; se han impulsado diversas leyes y políticas públicas buscando una armonización legislativa con perspectiva feminista para enfrentar la violencia de género contra las mujeres (Ley Ingrid, Ley vicaria, Ley Olimpia, Ley 3 de 3 contra la Violencia, Ley Ácida[2], Leyes contra la violencia obstétrica, contra el acoso callejero, contra el hostigamiento y acoso laboral y/o sexual, padrón de deudores alimentarios, Educación Integral de la Sexualidad, ciberacoso, etc.); se ha trabajado para valorar y reconocer las labores no remuneradas de cuidado y del hogar, realizado por las mujeres; se ha abogado por los derechos de las mujeres indígenas, con discapacidad, migrantes, adultas mayores, en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y la lista sigue puesto que, como se ha señalado, en cada momento de la historia las mujeres han luchado y levantado la voz para exigir lo que les corresponde: igualdad, paz, seguridad y justicia en todos los ámbitos.

En los últimos años, estas colectivas han roto el silencio sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres en México, y han logrado influir en la opinión pública, la agenda política y en la de los medios de comunicación (Cerva Cerna, 2020, pág. 177). De igual manera, la lucha se ha llevado desde las calles, de ahí que “el 9 de marzo de 2019 se realizó un paro a nivel nacional denominado #UnDíaSinNosotras donde se estima que participaron 22 millones mujeres mexicanas” (Ayala, 2021).

Álvarez-Enríquez describe que “algunas de las características que fortalecieron el movimiento feminista en el 2019, fueron (1) el surgimiento de nuevas actoras, (2) el lenguaje novedoso, (3) las estrategias de acción, (4) la alfabetización en el uso de herramientas digitales y (5) las demandas auténticas, dado que son parte de una nueva generación” (2020, pp. 147-175).

No obstante, enfrentarse al sistema patriarcal de manera crítica, representa establecer una postura contraria a lo que la sociedad conoce, acepta y replica; a lo que las autoridades aparentan hacer a pesar de contar con los recursos humanos, materiales y financieros que otorga el pago de los impuestos; y, sobre todo, a lo que el Estado está dispuesto a ser y hacer a favor de los derechos de las mujeres más allá de la simulación. Esa postura frontal que toman las activistas feministas es objeto de señalamientos, criminalización, estigmatización y violencia diversa.

Las autoridades del Estado están acostumbradas a desarrollar acciones, objetivos y políticas públicas desde el privilegio, sin considerar totalmente lo que la sociedad y especialmente las mujeres -que representan el 52% de la población hasta el censo de INEGI de 2021- exigen. Prueba de ello es que fue hasta el año 2007 que se emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se reconoció la violencia contra las mujeres como un asunto de interés público y materia de política pública del Estado. El problema es que “los obstáculos y desafíos de las políticas públicas con perspectiva de género adoptadas [...]coexisten con el sistema patriarcal [...], lo que dificulta de forma casi invisible los alcances de los programas y acciones.

A pesar del contexto, más que enfocar recursos para resolver la creciente violencia, han disminuido los programas y el presupuesto enfocado para ello, lo que ha incrementado sustancialmente el riesgo de ser niña, adolescente, mujer, hija, madre, estudiante, adulta mayor, jefa de familia, trabajadora, transeúnte y sobre todo, activista feminista. “Ciertamente, para 2024 sigue sin incorporarse una perspectiva de género y feminista, pues el 89 % del presupuesto se dirigirá hacia programas sociales prioritarios que no inciden directamente en la reducción de brechas de desigualdad ni en la incidencia de la violencia contra las mujeres” (Forbes México, 2023).

De igual forma:

En el estudio “Tras la fachada del Anexo 13, los programas para mujeres han perdido peso”, publicado por México Evalúa 2022, de 85 programas públicos implementados en este sexenio, sólo 11 están orientados a la protección y calidad de vida de las mujeres; mientras que los recortes presupuestarios principalmente han afectado a programas de salud materna, guarderías y refugios para mujeres violentadas. Si bien, para 2024 los recursos del Anexo 13 benefician principalmente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (este representa el 61% del monto total del anexo), este programa no incluye criterios para incorporar la perspectiva de género y de interseccionalidad. (Vázquez Gudiño, 2023)

Ante esa realidad, el activismo y la protesta feminista se convierten en una oposición real frente al poder y al gobierno, al ser una voz que señala lo que no se está haciéndose bien, que pone en el ojo de la crítica a quien replica discursos machistas, que cuestiona el uso indebido de los recursos, que critica la simulación y los discursos vacíos y que no deja de visibilizar el contexto feminicida que prevalece.

ONU Mujeres en México ha hecho un llamado a ser activistas para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, y, después de señalar una serie de estadísticas de la ENDIREH 2021sobre la situación de la violencia en el país, señala que “Ante este panorama, la presencia del activismo se torna fundamental. Un movimiento feminista fuerte, diverso y autónomo es un factor esencial para alcanzar sociedades igualitarias y no violentas contra las mujeres y las niñas”. (Comunicado de Prensa ONU, 2022). De ahí que, a pesar de la incomodidad que causa, el activismo feminista es una necesidad.

FORMAS EN LAS QUE SE EJERCE LA VIOLENCIA CONTRA LAS ACTIVISTAS FEMINISTAS EN MÉXICO

El activismo feminista ha logrado fortalecerse a través de redes feministas que se apoyan e impulsan y que el Estado -a pesar de sus múltiples intentos-, no ha logrado debilitar. Ha llevado a las defensoras de derechos humanos que las integran a ser cada vez más frontales en sus exigencias y señalamientos; a hacer acompañamientos a mujeres y niñas víctimas de diversos tipos y modalidades de violencia -incluso a mujeres que en algún momento también las criminalizaron- y evidenciar las deficiencias y corrupción en las instituciones; a presentar iniciativas de ley para lograr una armonización legislativa con perspectiva de género; a incidir en las aulas cuestionando los estereotipos y roles de género; a publicar investigaciones sobre los resultados, obstáculos y retos de la lucha; a desarrollar contenido en redes sociales para concientizar sobre la violencia contra las mujeres con un cuestionamiento a las políticas públicas deficientes del Estado.

Ese cuestionamiento “está transformando la forma como se debaten los problemas relativos a la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en el mundo” (Cerva Cerna, 2020, p. 178) pero a la vez, molesta e incómoda, pues frente a la violencia institucional y omisión del Estado, las mujeres han creado la conciencia y la necesidad de protestar, de evidenciar su rabia y frustración interviniendo edificios y monumentos a través de la iconoclasia, de organizarse y quemar en redes a quienes publican fotos íntimas de mujeres sin el consentimiento de ellas, a los violadores, hostigadores, acosadores, deudores alimentarios y agresores en general, lo que genera que sean objeto de criminalización, señalamientos, amenazas, y repercusiones que atentan contra la dignidad de las activistas feministas

No obstante, la criminalización, coadyuvan con el Estado -en muchas ocasiones de manera gratuita- otorgándole parte de su tiempo, formación, conocimiento, trayectoria y experiencia para trabajar en mesas de trabajo, foros de discusión, en la revisión de protocolos, iniciativas y documentos sobre los temas que impactan la vida de las mujeres.

La protección ante esa violencia ha sido prácticamente nula, de tal manera que “La negligencia, la falta de atención a los casos, la revictimización y la forma en que opera el diálogo con quien tiene la atribución de darle atención al problema son todos elementos que han promovido la salida masiva de las mexicanas a las calles” (Cerva Cerna, 2020, p. 182). Además, ha detectado que es el mismo Estado quien incentiva el discurso de odio e intolerancia contra las activistas feministas; las denuncias presentadas ante las instancias de procuración de justicia no han tenido resultados efectivos y la única forma de protección para y entre ellas, ha sido la sororidad y trabajar en red.

Las mujeres que han sido víctimas directas -por haberse perpetrado la violencia directamente sobre ellas- o indirectas -por haber sido alguien cercano o cercana a ellas quien ha sido agredida, desaparecida y/o asesinada-, han tenido que dejar pendiente su duelo y levantar la voz para exigir justicia, erigiéndose frente al Estado omiso, quien también las criminaliza por ello.

De manera enunciativa más no limitativa, algunas de las formas en que estas agresiones se han materializado son las siguientes:

Asesinatos

Varias activistas feministas han sido asesinadas en los últimos años sin que se haya logrado- en la mayoría de los casos-, una identificación y sanción de sus agresores. Estos crímenes han generado indignación y envían un mensaje de permisividad a las o los perpetradores, a la vez que evidencian la grave situación de violencia que enfrentan las defensoras de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas.

Algunos de los casos que se han presentado, son los siguientes:

· Teresa Magueyal, defensora buscadora del colectivo Una Promesa por Cumplir. Guanajuato. (Alerta Defensoras México, Mayo 2023);

· Esmeralda Gallardo, defensora buscadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos. Puebla. (Alerta Defensoras México, Octubre 2022);

· Rosario Lilian Rodríguez, defensora buscadora del Colectivo Corazones sin Justicia. Sinaloa. (Alerta Defensoras México, Septiembre 2022);

· Luz Raquel Padilla Gutiérrez. Activista. Zapopan, Jalisco (Alerta Defensoras México, Julio 2022)

· Patricia Susana Rivera Reyes. Defensora de derechos humanos. Tijuana, Baja California. (Alerta Defensoras México, Marzo 2022);

· Verónica Patricia Guerrero Vinueza. Abogada y defensora. Tonalá, Jalisco. (Alerta Defensoras México, Febrero 2022);

· Ana Luisa Garduño. Defensora. Temixco, Estado de Morelos. (Alerta Defensoras México, Enero 2022)

· Marisol Cuadras. Activista feminista. Guaymas, Sonora. (Alerta Defensoras México, Noviembre 2021)

· Aranza Ramos. Defensora. Guaymas, Sonora. (Alerta Defensoras México, Julio 2021)

Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM):

...las defensoras han sido asesinadas principalmente por defender el derecho a la verdad, justicia y reparación, …y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De 2020 a noviembre de 2022, se registraron 29 feminicidios, de los cuales 4 fueron de periodistas y 25 de defensoras, siendo estas últimas las que reportan el mayor número de víctimas de violencia feminicida. Son las autoridades públicas de los distintos niveles de gobierno quienes encabezan la lista de perpetradores, lo que representa un margen preocupante de impunidad ante la falta de imparcialidad y complicidades interinstitucionales en la investigación y sanción de los responsables. (IM-Defensoras, 2022)

El asesinato impune de las activistas evidencia la crisis de Estado y de derechos humanos que existe en el país. Más allá de lo lamentable de cualquier asesinato, cuando la víctima es una defensora de derechos humanos se eleva la indignación, pues se observa la intención de acallar sus voces, de borrarlas, invisibilizar su lucha y sus aportaciones y enviar a sus compañeras un aviso de lo que les puede pasar si no paran. La omisión del Estado primero en no asegurar la vida y la seguridad de las activistas y después en no sancionar a quienes las privan de la vida, se percibe como encubrimiento.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha tenido incluso que emitir un comunicado manifestando su indignación ante los ataques y asesinatos de defensoras de derechos humanos, señalando como, “en la búsqueda de justicia, enfrentan intimidación, ataques e incluso muerte violenta” (ONU-DH, 2023). Las expertas han señalado que “Se debe hacer más para proteger eficazmente los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos en su búsqueda de la verdad y la justicia, y esto entra dentro de las obligaciones de derechos humanos del gobierno mexicano” (ONU-DH, 2023):

Represión, intimidación, amenazas y hostigamiento

Las activistas feministas han sido objeto de amenazas y burlas en redes sociales, en las páginas donde promueven los derechos de las mujeres o transmiten sus protestas, concentraciones, posicionamientos, conversatorios, foros de discusión; son víctimas de hostigamiento y acoso digital; se han hecho campañas de difamación contra ellas por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres; se dan múltiples intentos de desprestigio a su trayectoria y desarrollo profesional; persisten los discursos de odio y criminalización frontal. Además, las autoridades, a través de las corporaciones policiacas, también han desplegado represiones, abusos y violaciones de derechos humanos en su contra. Las y los funcionarios públicos detractores de la causa, utilizan su poder, dinero e influencias para perjudicar a las activistas.

Así, se observa como desde la sociedad civil y desde las estructuras del Estado mismo, se despliegan acciones que intentan controlar la protesta feminista, buscan silenciar la voz de quienes ponen el cuerpo y dan la cara por el movimiento buscando desalentar su activismo. Algunos de los casos documentados por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, son los siguientes:

· SemMéxico, que desempeña una labor periodística para la defensa de los derechos de las mujeres, señaló que los piratas informáticos dejaron un mensaje amenazante en contra de las periodistas y colaboradoras del portal. Aparentemente el mensaje tiene connotaciones de carácter religioso y nacionalista por parte de antiderechos y de grupos conservadores. (IM-Defensoras, 23 de abril 2023);

· La defensora Maricela Sánchez Muñoz, defensora de los derechos de las mujeres privadas de libertad y sobrevivientes de tortura, enfrenta una campaña de criminalización promovida por Rodolfo “N”, quien la ha señalado públicamente como parte de la célula criminal “La Oficina” en Aguascalientes. (IM-Defensoras, 22 de noviembre de 2022);

· 30 manifestantes activistas son trasladadas al CERESO de Irapuato, Guanajuato, después de haber sido agredidas y detenidas arbitrariamente por policías municipales, cuando se manifestaban en contra de la violencia feminicida. (IM-Defensoras, 02 de mayo de 2022);

· Policías de Chimalhuacán, Estado de México, detienen arbitrariamente a la defensora Irene Yashika Martínez Cervantes, la agreden y reprimen a colectivas feministas que se manifestaban en su apoyo. (IM-Defensoras, 07 de abril de 2022);

· Amenaza de muerte, hostigamiento e intimidación contra la defensora Greace Ivonne Lugo Vargas en San Luis Potosí. (IM-Defensoras, 18 de enero de 2022);

· Los pasados 25 de noviembre y 9 de diciembre de 2021 respectivamente, se registraron dos hechos de agresiones graves y directas en contra de integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) - Jalisco, los cuales ponen en riesgo su vida e integridad personal. (IM-Defensoras, 14 de diciembre de 2021)

· Gobierno de Veracruz difunde información privada sobre activistas, obtenida a través de acciones de infiltración y vigilancia policial al movimiento feminista. En el documento difundido, se informa sobre la reunión, organización y movilización popular en torno al derecho a la protesta y, en una clara vulneración al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, se expone la imagen e información personal de activistas feministas: datos personales y comunicaciones privadas como “capturas de pantalla” de grupos de conversación en Whatsapp, fotografías de las organizadoras, números de teléfonos y correos electrónicos, además de realizar un “análisis proyectivo” sobre el avance en la organización y acciones de protección y seguridad que han adoptado las colectivas feministas frente a la represión policial. (IM-Defensoras, 23 de abril de 2021);

· El 9 de marzo, medios de comunicación nacionales y locales publicaron materiales señalando a las compañeras Zavine. M. y Cinthya. R. como responsables de disturbios y violencia ocurridos en el marco del 8 de marzo en Puebla, acusándolas de infiltradas. (IM-Defensoras, 16 de marzo de 2021)

· Intimidan, amenazan con atropellar e incitan a la violencia contra participantes en “Marcha de las Catrinas”. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (IM-Defensoras, 24 de noviembre 2020);

· Policía municipal de Cancún reprime con armas de fuego protesta feminista que exigía justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado y a periodistas que cubrían el acto. Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. (IM-Dfensoras, 10 de noviembre 2020);

· En Chetumal, Quintana Roo, en el marco de la Toma pacífica del Congreso del Estado, “Las autoridades, demostrando su poca formación en materia de perspectiva de género, derechos humanos y, específicamente, en lo que implica el derecho a la protesta pacífica, incentivaron el discurso de odio e intolerancia que de por sí ya existía en contra de las feministas, especialmente en contra de aquéllas que se posicionaban abiertamente a favor del aborto legal, seguro y gratuito”. (Rodríguez Pedraza, Cornelio Ramos, & Cortes González, 2022, p. 2).

La represión, hostigamiento, estigmatización y la criminalización del feminismo y de las mujeres que participan en él ha sido diversa, y contribuye a un entorno en el que el activismo feminista se percibe como una amenaza. Por ello, en septiembre de 2023, en la presentación del Décimo informe Defender los derechos humanos en México, el representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió a agresiones en contra de mujeres feministas en manifestaciones por los derechos del sector, señalando que “Las personas que ejercen y defienden el derecho a la protesta social han sido una de las principales víctimas de los ataques, la mayoría en forma de hostigamiento y amenaza” (Gómez Mena, 2023).

Si esos ataques son efectuados a través de las o los agentes del Estado, se genera en algunas mujeres miedo a continuar en la lucha, incertidumbre sobre su integridad y la de las personas cercanas a su círculo, se obstaculiza su capacidad para ejercer sus derechos libremente, temor para participar en la vida pública y en la defensa de sus derechos y las de las otras. A otras mujeres, observar la represión de las autoridades, la simulación en la atención de la violencia que aqueja a las mujeres, los intentos por invisibilizar el problema y desdibujar a las activistas feministas o tergiversar la causa, las incentiva y reafirma su postura de continuar levantando la voz pese a las adversidades.

Impunidad de los agresores

Además de todas las agresiones que viven las defensoras de derechos humanos, las cuales -como ya se ha visto- van desde la afectación a su integridad física, psicológica, sexual y llega incluso a culminar en el asesinato, otra a la que se enfrentan es la impunidad con la que actúan las personas agresoras, sean integrantes de los órganos del Estado o de la sociedad civil, dado que, a pesar que muchas de las activistas y defensoras de derechos humanos han presentado denuncias formales antes las instancias de procuración de justicia o antes las Comisiones Nacionales o Estatales de Derechos Humanos (cuando los actos provienen de servidores o servidoras públicas), los perpetradores rara vez son llevados ante la justicia, lo que representa una falta de acción por parte de las autoridades para investigar y procesar estos crímenes, enviando un claro mensaje de que a las activistas se les puede violentar y nadie va a hacer nada al respecto, puesto que el mismo Estado las criminaliza, señala y trata de acallar.

Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, refirió: (CEDAW, 2018)

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas concretas y efectivas para aplicar plenamente en todos los estados, teniendo en cuenta las cuestiones de género, el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de prevenir, investigar y enjuiciar las agresiones y otras formas de abuso contra periodistas y defensoras de los derechos humanos y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad.

Las agresiones han escalado y los asesinatos han aumentado cada vez más; la labor de defender derechos humanos se vuelve más riesgosa mientras existe una minimización del problema por parte de las autoridades, quienes prefieren cuestionar la labor desarrollada por las defensoras de derechos humanos, antes que investigar con la debida diligencia y con perspectiva feminista para llevar ante la justicia a los victimarios y resolver la cuestión de fondo: la falta de acceso a una vida libre de violencia y en condiciones dignas para las mujeres en el país.

La protesta representa un inconveniente para el Estado, quien invisibiliza los aportes del movimiento; las personas perpetradoras de las agresiones son diversas, pero muchas de ellas derivan del propio Estado, por lo que la impunidad es una constante, lo que lleva a varias activistas a asegurar que “Ya no es humanamente posible seguir viviendo en un país donde asesinan a una mujer de la manera más brutal y no haya consecuencia alguna, y que haya una cultura que lo sustente y lo permita” como lo dijo Lorena Wolffer, artista y activista feminista y fue documentado por una reportera del New York Times (Villegas, 2020).

EL ESTADO COMO PRINCIPAL AGRESOR DE LAS ACTIVISTAS FEMINISTAS

Una nota periodística de La-Lista hace mención de la aseveración del Presidente de la República respecto a las protestas realizadas por activistas feministas por el cruel feminicidio de Ingrid Escamilla, cometido el 9 de febrero de 2020. En ese entonces, el presidente insinuó que en México se estaba gestando un movimiento feminista conservador, cuya única finalidad era afectar a su gobierno.

El mismo medio, señala que, para Mäissa Hubert, subdirectora de la organización civil Equis Justicia para las Mujeres, este discursó del presidente López Obrador provocó una polarización social que puso en duda las verdaderas demandas de los movimientos feministas. (Galvan, 2024)

Como consecuencia de esa polarización y la incentivación del discurso de odio e intolerancia a la causa feminista por parte del Titular del Poder Ejecutivo Federal, el medio periodístico en mención relata parte de las consecuencias que las activistas sufrieron (Galvan, 2024):

En ese periodo, la toma del espacio público como acto de protesta le valió a varias participantes feministas ser agredidas, perseguidas, criminalizadas e investigadas por las autoridades, desde policías hasta el Ejército. Tan solo en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) abrió carpetas de investigación en contra de 13 activistas a las que acusó de daño a bienes inmuebles, lesiones y robo a negocios, actos presuntamente cometidos en las protestas. Por otro lado, el grupo de hackers Guacamaya reveló que en 2019 el Ejército había estado vigilando a 15 colectivas de mujeres que protestaban en la Ciudad de México, de cuyas integrantes tenía fotografías, datos personales y perfiles en redes sociales.

Ante un discurso tan frontal contra las activistas feministas por parte de quien dirige el país, se comprende por qué México ha sido testigo de un aumento significativo en la violencia contra las defensoras de los derechos de las mujeres en los últimos años.

Según datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDH):

...en el año 2020 se registraron 1701 agresiones contra 392 mujeres periodistas y defensoras; en 2021, fueron 1574 agresiones contra 373 mujeres periodistas y defensoras y para el primer semestre de 2022, ya habían ocurrido 1318 agresiones contra 296 mujeres periodistas y defensoras. Estas agresiones incluyen amenazas, hostigamiento, criminalización, agresiones físicas y asesinatos (RNDDHM, 2022).

Por su parte, IM-Defensoras señaló que, “durante 2023, en México se documentaron 1,824 agresiones a defensoras de derechos humanos y organizaciones o grupos y que más de la mitad de esas agresiones fueron perpetradas de forma colectiva (1,011)”. (IM Defensoras, 2024). Y justamente, reiterando la responsabilidad de las y los funcionarios del Estado en la criminalización y estigmatización del movimiento feminista en México, al hablar de quiénes son las o los principales agresores de las activistas feministas y defensoras de derechos humanos, IM-Defensoras concluye que:

...en 2023 el Estado volvió a ser nuestro principal agresor. Casi la mitad de las agresiones registradas en este año (47,8%) fueron perpetradas por actores estatales: autoridades públicas locales, estatales o federales/nacionales (23,5%), agentes policiales (23,1%) o fuerzas armadas (1,2%). Sin embargo, sabemos que con frecuencia las autoridades nos agreden para proteger intereses y actores privados. Asimismo, uno de cada cuatro perpetradores (25,4%) fueron personas desconocidas, tanto físicas (11,6%) como virtuales (13,7%). (IM Defensoras, 2024).

Es tanta la participación del Estado en estas agresiones contra defensoras de derechos humanos, que el 4 de agosto de 2021, la Organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en conjunto con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, emitió una carta pública en la que exigen verdad, justicia, reparación del daño y medidas de no repetición ante el espionaje ilegal cometido en contra de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

Dicha carta estuvo dirigida al titular del Poder Ejecutivo en México y otras autoridades señalando la investigación The Pegasus Project en 2017 en la que participó Amnistía Internacional en la que se señalaba haber descubierto cómo desde el año 2016, “unos 15 mil números de teléfonos celulares de México habrían sido objeto de espionaje a través de los servicios de la empresa NSO Group, ligada al empresario Uri Emmanuel Ansbacher. Entre estos números se identifican los de al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y periodistas” (IM-Defensoras, 2021) lo cual llevó a señalar al Estado como responsable, dado que, en ese mismo año, en ex presidente de México, Enrique Peña Nieto había admitido que su administración adquirió el programa Pegasus, supuestamente “con fines de investigar a los cárteles de la droga y a criminales violentos como Joaquín “El Chapo” Guzmán”, sin embargo, “el contrato permaneció vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, como lo declaró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.” Como es de suponerse, “las defensoras y periodistas que han sido objeto de espionaje han enfrentado numerosas agresiones en su contra y en la de las organizaciones y medios en los que trabajan.” (IM-Defensoras, 2021)

El espionaje por parte del Estado es una práctica común, aunque no legal, efectuada con recursos públicos, a través de la cual el gobierno da seguimiento a las actividades y comunicaciones de quienes le incomodan, abarcando a las activistas feministas. A pesar de constituir en sí mismo una violación de diversos derechos humanos, incluyendo la violación a la privacidad, intimidad, a la asociación y la libre manifestación de las ideas, el Estado utiliza arbitrariamente su imperium por encima de la ley – de la cual deriva su existencia y autoridad misma– para afectar la vida, integridad y labor de quienes trabajan a favor de los derechos de las mujeres.

Esa actividad al parecer no ha cesado, puesto que:

Una investigación del diario estadounidense The New York Times, publicada en abril de 2023, reveló que México fue el primer y más prolífico cliente de Pegasus, lo que contradice las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que “en México ya no se espía”. (Pastrana, 2023).

Se observa como el Estado ha intentado y sigue intentando de todo para obtener lo que sabe que ha perdido frente a una activista feminista y defensora de derechos humanos: el control. El control y poder de y sobre ella, de sus acciones, del discurso, de los medios de difusión con los que ella cuenta; de su voz levantándose ante las injusticias, ante la omisión, ante la normalización de la violencia, ante la permisividad para los agresores, ante la corrupción, ante el uso indebido de los recursos, ante las alianzas entre el Estado y la delincuencia organizada en la que la carne de cañón son las niñas y adolescentes. Las formas de intentar imponerse sobre las activistas feministas y la causa no solo han sido con los discursos, sino, como ya se ha visto, ha tomado diversas formas de manifestarse y los actores y actoras se han diversificado.

LA OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ACTIVISTAS FEMINISTAS POR PARTE DEL ESTADO

Según la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, una defensora es “una persona física que actúa individualmente o como parte de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos u organizaciones cuya finalidad es la promoción o defensa de los derechos humanos” (LPPDDHP, 2012). Por obviedad, las activistas feministas -principalmente quienes ponen la cara y la voz por la causa- son defensoras de derechos humanos y, por lo tanto, están en el espectro de las personas que la referida ley protege.

En su artículo dos, la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, define las agresiones que estos o éstas pueden sufrir como “daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” (LPPDDHP, 2012). Dicha definición es bastante general y abarca prácticamente cualquier agresión cometida contra quienes defienden los derechos humanos, puesto que se tiene el derecho a defender los derechos de otras mujeres sin que eso represente un riesgo.

Por tanto, la obligación del Estado de proteger a las activistas feministas como defensoras de derechos humanos ya no es solo una obligación convencional establecida en diversos instrumentos internacionales, sino también se ha trasladado a la legislación nacional.

En la LPPDDHP de 2012, se prevé y crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.”

Según una nota de Reporteros sin fronteras (Barreto, 2022):

La misión de los mecanismos consiste esencialmente en recibir las denuncias de amenazas, realizar una evaluación de riesgo, decidir la necesidad y tipo de medidas a adoptar, implementar un esquema de protección y acompañar al/a la beneficiario/a, quien pasa a estar oficialmente bajo la protección del Estado. Las medidas pueden ir desde patrullas policiales regulares y el uso de escoltas, vehículos blindados y chalecos antibalas, hasta la reubicación de la o el beneficiario en otra ciudad.

Respecto a la información sobre las personas adheridas al Mecanismo, se sabe que (Barreto, 2022):

De 2012 a 2022, el Mecanismo ha protegido a un total de 1,559 personas, incluyendo 515 periodistas y 1,044 defensores de derechos humanos. La mayoría estaba ubicada en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, además del Distrito Federal. Entre las medidas ofrecidas están la provisión de teléfonos celulares, radios o teléfonos satelitales; de cámaras, cerraduras, luces, botones de pánico u otras instalaciones de seguridad en el lugar de residencia y/o trabajo; la oferta de chaleco antibalas y el uso de carros blindados.

Como se observa, son más las defensoras de derechos humanos las incorporadas y eso se debe a que la lucha por la causa tiene presencia en prácticamente todo el país, pues la violencia no da tregua. No obstante, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas creado, presenta diversos obstáculos que impactan en la poca, obsoleta y a veces nula efectividad para cumplir con su objetivo, que es proteger a las defensoras de derechos humanos y proveerlas de las medidas necesarias para garantizar que continúen efectuando su lucha sin que su integridad y su vida se encuentre en riesgo.

La mayoría de esos obstáculos y retos, se encuentran plasmados en el diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo, que fuera elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y que pueden resumirse en los siguientes (ONU-DH, 2019, pp. 232-236):

A. La necesidad del desarrollo de manuales y capacitaciones que sean evaluados periódicamente;

B. La importancia de contar con la presencia periódica de la persona Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en las Sesiones de la Junta de Gobierno y/o de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en las sesiones de la Junta de Gobierno para que haya un involucramiento directo;

C. Generar lineamientos de atención y sanción ejemplar en casos de agresiones cometidas por parte de servidoras o servidores público, condenando públicamente el acto;

D. Promover un abordaje preventivo que priorice anular las causas del riesgo y no solamente enfocarse en sus manifestaciones;

E. Considerar, en la revisión del catálogo de medidas, la necesidad de priorizar medidas que puedan adaptarse a las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, indígenas y personas que residen o trabajan en regiones aisladas;

F. Cambiar la medida de alimentación por alternativas más agiles, tales como tarjetas o vales de despensa;

G. Considerar reforzar las técnicas de presentación, mapeo de actores, líneas de tiempo, reporte de implementación de las medidas previamente otorgadas, incluidas las medidas políticas;

H. Adoptar criterios claros y que sean aplicados uniformemente en las decisiones sobre la incorporación o no al Mecanismo de personas que enfrentan un riesgo derivado de su labor de defensa o periodismo, pero su origen o la posibilidad de materialización se encuentra fuera del territorio mexicano;

I. Establecer criterios claros para la determinación de la atención a familiares, particularmente sobre la posibilidad de asignarles medidas, de capacitarles en reacción a emergencias y de consultarles para evaluación de riesgo y seguimiento;

J. Determinar procedimientos específicos para casos de medidas colectivas que orienten los procesos de incorporación, evaluación de riesgo, implementación de medidas y seguimiento.

Dada la evidente ineficacia e ineficiencia del referido mecanismo, el 08 de septiembre de 2023, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), junto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) emitió un pronunciamiento, reclamando del Estado mexicano, un Mecanismo de Protección que garantice su derecho a defender derechos humanos y a informar en libertad, con seguridad y sin discriminación ni violencia.

El comunicado (IM-Defensoras, 2023) refiere varias áreas de oportunidad del Mecanismo, pues:

1. Señalan que se había “recabado información y testimonios de varios casos que dan cuenta de un patrón de actuación del personal de dicha instancia que vulnera la seguridad y los derechos de las usuarias”;

2. El documento se deja entrever la misoginia y el machismo que existe entre el personal operativo del Mecanismo y la falta de perspectiva feminista, al no tener consideración de las circunstancias específicas de las defensoras que a la vez maternan, puesto que señalan que no se contemplan las amenazas extendidas a su ámbito familiar, refiriendo el caso en el que una mujer “que se encargaba del cuidado y la manutención de sus hijos, la cual tuvo que separarse de ellos por su situación de riesgo, vio como se le negaba el apoyo alimentario para ellos con el argumento de que no estaban bajo su cuidado” mientras que el doble rasero se observa al asegurar que “Esta situación no se ha dado entre los defensores varones, a quienes el Mecanismo reconoce su rol de proveedores del sustento familiar”;

3. Refieren diversas vivencias de las activistas feministas como aquel en el que “se negó el otorgamiento de botón de pánico para el hijo de una usuaria, el cual posteriormente fue víctima de un incidente de seguridad relacionado con la situación de riesgo de su madre”;

4. Se señala la falta de valoración adecuada de los riesgos, así como la tardanza en el otorgamiento de las medidas a quienes realmente lo requieren y sin tomar en cuenta su contexto específico;

5. Evidencian discriminación y falta de enfoque en derechos humanos, siendo el mismo personal operativo del mecanismo quienes las cuestionan y estigmatizan, pues señala que “Con relación a las defensoras indígenas, se han identificado situaciones en las que, por razón de su identidad, son menospreciadas por los funcionarios. Algunas de ellas también han reportado haber sido discriminadas por “no tener un título académico”.

6. Muestran su preocupación por la falta de sensibilidad y nulo interés por comprender la labor de las activistas feministas, pues las personas pertenecientes al Mecanismo “cuestionaron sus proyectos de vida relacionados con la defensa de derechos humanos…sus quejas son minimizadas y [...]el personal del Mecanismo las califica de “exageradas” o “escandalosas”, [...]proponiéndoles un plan de retorno sin un adecuado análisis de riesgo”;

7. No obstante haber sido agredidas por ejercer el activismo feminista, las defensoras de derechos humanos también llegan a sufrir agresiones por parte del personal del Mecanismo, pues denuncian que “Igualmente se han registrado situaciones de acoso por parte del personal del Mecanismo, cuyos integrantes han desarrollado conductas que no son apropiadas en el marco de una relación profesional. Entre éstas destacan propuestas de encuentros para salir a pasear o comer e, incluso, se ha dado un caso de acoso sexual”;

8. Señalan que, tratándose de medidas de protección en las que las defensoras y sus familias han sido objeto de desplazamientos para garantizar su protección, se han observado deficiencias como las siguientes: Entre las violencias ejercidas, las relacionadas con casos de desplazamiento forzado son las que pueden causar más impactos, ya que en éstos las defensoras y periodistas se encuentran sujetas a las condiciones impuestas por el Mecanismo. En estas situaciones las defensoras se han visto sometidas a allanamientos injustificados de sus refugios por parte del personal del Mecanismo, así como a la revisión de sus artículos personales. También han vivido desplazamientos que no contemplan las necesidades de salud y educación de las niñas, niños y adolescentes a su cargo, o han sido alojadas en espacios reducidos que son insuficientes para las familias. Igualmente, sus necesidades sanitarias han sido desatendidas y las despensas que les suministran carecen de material sanitario que permita la gestión de la menstruación.

A pesar de haberse instaurado un mecanismo nacional que debería estar enfocado en asegurar el libre ejercicio del activismo feminista y del derecho a proteger derechos, las defensoras están permanentemente vulnerables a ataques y agresiones, sin contar con medidas de seguridad efectivas, lo que contribuye a la perpetuación de la violencia en su contra.

El Mecanismo tiene una capacidad y presupuesto limitado, lo que se manifiesta en la insuficiencia de medidas de seguridad, la demora en la atención de solicitudes de protección y la falta de seguimiento adecuado a los casos. Además existe una complicada burocracia y dilación en la toma de decisiones, lo que pone en riesgo la seguridad de las personas que solicitan protección, especialmente en situaciones de emergencia; no existe coordinación entre las instituciones responsables del Mecanismo a nivel federal y estatal lo que lleva a duplicaciones, omisiones o inconsistencias en las acciones de protección, debilitando su efectividad; falta capacitación y sensibilización de las y los operadores del Mecanismo para considerar los riesgos adicionales que existe para las mujeres que pertenecen a grupos vulnerables específicos; hay una falta de seguimiento y evaluación adecuados del impacto de las medidas de protección, lo que lo hace ineficiente.

Las activistas mismas tienen claro que no hay mecanismo ni herramienta que las proteja, por ello:

...dicen que sus tácticas están justificadas en un país donde un promedio de 11mujeres son asesinadas diariamente y los perpetradores rara vez son llevados ante la justicia, y donde el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios con frecuencia rechazan sus demandas de protección. (Linthicum, 2020).

Además, los marcos normativos de las entidades federativas favorecen la impunidad de las agresiones cometidas contra las activistas feministas, sin que el Mecanismo sea capaz de efectuar acción alguna para contrarrestar los efectos de la agresión o detener los mismos, puesto que no toman decisiones considerando las condiciones específicas. Por ejemplo, se han dado casos en el que defensoras de derechos humanos, por representar legalmente a las mujeres, han sido estigmatizadas en su labor profesional a través de pseudoperiodistas de redes sociales, quienes exhiben su imagen, exponen su nombre, su lugar de trabajo e inventan información para desprestigiarla, en algunos casos ligándola sentimentalmente con funcionarios públicos y cuestionando el ejercicio de la sexualidad, denostándola en su capacidad, conocimientos y experiencias.

En esos casos, las activistas se han encontrado con que no existe normatividad efectiva para sancionar esa conductas violentas que afectan claramente su estabilidad e integridad puesto que, independientemente de otras figuras legales que pudieran explorarse y cuya efectividad se presume nula y desgastante económica, moral y procesalmente -siempre y cuando no impliquen daños, lesiones o feminicidios (claro está)-, solo existen dos, a través de las que se ha intentado investigar o contemplar estas agresiones:

Focalizando el caso en un territorio específico, si la violencia mediática que incita al odio e intolerancia hacia una defensora de derechos humanos se cometiera en el Estado de Quintana Roo, habría dos vías para tratar de denunciarlo y sancionarlo.

En primera, está la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia de Quintana Roo, que establece la violencia mediática y la prevé de la siguiente manera:

ARTÍCULO 15 Ter.- Violencia mediática es todo acto ejercido por persona física o moral, que haciendo uso de algún medio de comunicación, promueva de manera directa o indirecta estereotipos sexistas, discriminación, haga apología de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, transmitan y reproduzcan dominación, cosificación, desigualdad, naturalizando la subordinación de las niñas, adolescentes y mujeres, produzca o permita la producción y difunda discursos de odio sexista, de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las niñas adolescentes y mujeres de tipo simbólico, psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice cualquier medio de comunicación que produzca o difunda, contenidos escritos, visuales o audiovisuales, y que menoscaben la autoestima, salud integral, libertad y seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres, que impiden su desarrollo y que atenten contra la dignidad y la igualdad.

Aunque la figura parece ser aplicable al caso, lo cierto es que la violencia mediática en esa Ley no contempla sanción alguna, por lo que no es posible lograr denunciarla como el delito especial que parecía ser, al no prever pena alguna.

Aún cuando en el caso que se plantea, lo lógico, urgente e inmediato que debería hacerse es solicitar a los administradores de la red social donde se ha publicado la nota denostativa que la misma sea bajada de la red, lo cierto es que ni las Fiscalías -cuando se denuncia a través de cualquier otro tipo penal- lo hacen con la prontitud debida ni el Mecanismo -ya emitida la orden de protección en ese sentido-, interviene para dar celeridad al cumplimiento de la medida para evitar que el daño se prolongue, por lo que es factible considerar como un área de oportunidad del Mecanismo, la necesidad de contemplar medidas de protección e intervención urgente en casos específicos.

Siendo la denuncia por violencia mediática una opción inoperante para sancionar el hecho, la otra alternativa es denunciar el acto a través del delito de discriminación previsto en el Código Penal de dicha entidad, que refiere lo siguiente:

ARTÍCULO 132.- Se sancionará con pena de dos a cuatro años de prisión o de cien a doscientos días de trabajo en favor de la comunidad y de cien a doscientos días multa, al que por razón de género, edad, raza, estado civil, orientación sexual, idioma, ideología, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, origen étnico o nacional, embarazo, trabajo o profesión, posición económica, características físicas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, limite, menoscabe, anule o ponga en riesgo, los derechos, libertades y seguridad de la persona al: I.- Provocar o incitar al odio o la violencia; (…) III.- Humillar, denigrar o excluir a alguna persona o grupos de personas…

La mayoría de las agresiones hacia las activistas feministas incitan al odio o la violencia o buscan humillar o denigrarlas, lo que hace suponer que este tipo penal sería aplicable para sancionar a los agresores. Sin embargo, a pesar de las denuncias presentadas hasta el momento, no ha habido una sola que haya logrado judicializarse y por ende, vincularse a proceso o tener una sanción para los agresores.

Ejemplo de ello es la denuncia penal presentada por la Red Feminista Quintanarroense en contra de las y los Diputados del Poder Legislativo de esa entidad que “se sustenta por discriminación en las declaraciones hechas por los diputados…Así como discursos en medios de comunicación que fomentan la desigualdad en el trato y odio hacia las defensoras de derechos humanos a favor de los Derechos Sexuales y Reproductivos” (Grupo Pirámide, 2020), la cual se interpuso desde hace 4 años y no tuvo consecuencia alguna, máxime que los perpetradores de los actos fueron servidores y servidoras públicas que utilizaron su puesto para denostar la exigencia legitima de las activistas feministas, quienes aseguraron que “los discursos de odio, la discriminación y las acciones en detrimento del avance de los derechos humanos de las mujeres, no deben ser normalizados” (Grupo Pirámide, 2020).

Siendo evidente la falta de un marco normativo eficaz para sancionar los ataques a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2022, p. 2) ha enfatizado:

...la necesidad de una legislación que realmente responda a la realidad y al tamaño de la exigencia de protección para el ejercicio del periodismo y el derecho a defender derechos, mediante la construcción de una auténtica alianza entre poderes y los tres niveles de gobierno que pase de solo ofrecer medidas reactivas o preventivas que no aterrizan en lo que verdaderamente debería buscarse: prevenir los crímenes y evitar la normalización de las vidas amenazadas, revisando todo el contexto de riesgo para reconstruir su vida y la de los suyos, sancionando los delitos cometidos contra ellos y evitando la impunidad, es decir, generando esquemas de soluciones duraderas.

La obligación de protección existe, las necesidades legales son claras, las fallas en el Mecanismo implementado han sido objeto de estudio y análisis, las propuestas de mejora y su fortalecimiento han sido expuestas por organizaciones nacionales y organismos internacionales. El Estado sigue en deuda con las mujeres y ahora también con las activistas feministas.

CONCLUSIONES

Las activistas feministas hacen acompañamiento a víctimas; escuchan y efectúan contención emocional muchas veces sin ser expertas en el tema, pero si desde su sororidad, empatía y comprensión a lo vivido por la o las otras, levantan la voz ante las injusticias, señalan la omisión del Estado, cuestionan la permisibilidad social e institucional a la violencia.

Se enfrentan al sistema de diferentes maneras y a pesar de los diferentes pisos políticos, se organizan en redes locales, nacionales e internacionales para mejorar las condiciones de las mujeres y tienen claro a su enemigo y al enemigo de las mujeres: el patriarcado, el machismo y la misoginia.

Ante el evidente incremento de la violencia y ante la ineficiencia del Estado, las activistas feministas, a pesar de los riesgos que enfrentan, han decidido no quedarse calladas, pero su valentía las ha llevado a sufrir diversas agresiones encaminadas a amedrentarlas, replegarlas y hacerlas callar. En muchas ocasiones cada agresión, lejos de intimidarlas, las alienta a ser más fuertes y a exigirle al Estado con más ahínco.

Las amenazas de muerte, groserías, injurias, insultos, exhibición social en redes y señalamientos, fueron y siguen siendo algunas consecuencias contra las activistas feministas, a las que se le han sumado diversas represalias al interior de sus propias familias que están en contra del cambio de paradigmas, han enfrentado cuestionamientos por parte de sus superiores y compañeros de trabajo, así como la criminalización pública por parte de servidoras y servidores públicos e incluso algunas han sido objeto de despidos en sus fuentes laborales a consecuencia de no claudicar.

A pesar de existir una ley enfocada a la protección de las defensoras de derechos humanos de las mujeres, no se previó que el escenario de agresión podría provenir del propio Estado. Si bien existe un discurso de odio e intolerancia que promueven quienes están en contra del avance de los derechos de las mujeres como antiderechos, personas conservadoras y tradicionalistas, lo que tiene como consecuencia una alta criminalización hacia la lucha feminista, ese discurso también es incentivado por el propio Estado al contar con servidoras y servidores públicos que sostienen y defienden esas ideas arcaicas, quienes desde su espacio de poder, de decisión o de prestación de un servicio, utilizando los recursos públicos y sus influencias, logran poner a las activistas feministas en el ojo de las agresiones. Por su parte, el Mecanismo de Protección implementado para aplicar dicha ley y salvaguardar la integridad de quienes defienden derechos humanos, enfrenta diversas adversidades y tiene retos que superar para lograr que el activismo feminista no implique poner en riesgo la vida.

Es necesario y urgente que se ajuste el marco legal para sancionar a quienes cometan agresiones; se efectúen investigaciones exhaustivas y transparentes respecto a las agresiones a las defensoras otorgándole justicia a las víctimas, garantizando llevar a los perpetradores ante la justicia; de igual manera debe atacarse el problema de raíz y desarrollar y promover estrategias de prevención de la violencia de género y un reconocimiento institucional y público a la lucha feminista, reconociendo sus aportes a la sociedad; las organizaciones de la sociedad civil y colectivas a nivel nacional e internacional, deben persistir en la lucha y no claudicar, mostrando su solidaridad con las activistas feministas en México y presionando a las autoridades para que tomen medidas efectivas contra la violencia que éstas enfrentan. Esto puede incluir el monitoreo de la situación, la emisión de declaraciones de condena y la búsqueda de apoyo financiero y técnico a organizaciones internacionales de derechos humanos.

La violencia contra las activistas feministas en México es un grave problema que requiere una respuesta urgente y coordinada de parte de las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional. Es fundamental proteger los derechos de las mujeres y construir un mundo más justo e igualitario para todas y todos.

Material suplementario
Información adicional

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REFERENCIAS
Alerta Defensoras México. (02 de septiembre de 2022). Asesinan en Sinaloa a Rosario Lilian Rodríguez, defensora buscadora del Colectivo Corazones sin Justicia. https://im-defensoras.org/2022/09/alerta-defensoras-mexico-asesinan-en-sinaloa-a-rosario-lilian-rodriguez-defensora-buscadora-del-colectivo-corazones-sin-justicia/
Alerta Defensoras México. (26 de noviembre de 2021). Asesinan a activista feminista en ataque armado frente a palacio de gobierno de Guaymas, Sonora, mientras participaba en una manifestación pacífica por el 25 de Noviembre. https://im-defensoras.org/2021/11/alerta-defensoras-mexico-asesinan-a-activista-feminista-en-ataque-armado-frente-a-palacio-de-gobierno-de-guaymas-sonora-mientras-participaba-en-una-manifestacion-pacifica-por-el-25-de-noviembre/
Alerta Defensoras México. (20 de julio de 2021). Asesinan en Sonora a la defensora Aranza Ramos, quien buscaba a su marido desaparecido. https://im-defensoras.org/2021/07/alerta-defensoras-mexico-asesinan-en-sonora-a-la-defensora-aranza-ramos-quien-buscaba-a-su-marido-desaparecido/
Alerta Defensoras México. (31 de enero de 2022). Asesinan a la defensora Ana Luisa Garduño en Temixco, Estado de Morelos. https://im-defensoras.org/2022/01/alerta-defensoras-mexico-asesinan-a-la-defensora-ana-luisa-garduno-en-temixco-estado-de-morelos/
Alerta Defensoras México. (21 de marzo de 2022). Asesinan a la defensora de derechos humanos, Patricia Susana Rivera Reyes en Tijuana, Baja California. https://im-defensoras.org/2022/03/alerta-defensora-mexico-asesinan-a-la-defensora-de-derechos-humanos-patricia-susana-rivera-reyes-en-tijuana-baja-california/
Alerta Defensoras México. (07 de Octubre de 2022). Asesinan en Puebla a Esmeralda Gallardo, defensora buscadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos. https://im-defensoras.org/2022/10/alerta-defensoras-mexico-asesinan-en-puebla-a-esmeralda-gallardo-defensora-buscadora-del-colectivo-voz-de-los-desaparecidos/
Alerta Defensoras México. (21 de julio de 2022). Fallece la activista Luz Raquel Padilla Gutiérrez luego de ser agredida y quemada en Zapopan, Jalisco. https://im-defensoras.org/2022/07/alerta-defensoras-mexico-fallece-la-activista-luz-raquel-padilla-gutierrez-luego-de-ser-agredida-y-quemada-en-zapopan-jalisco/
Alerta Defensoras México. (07 de febrero de 2022). La defensora y abogada Verónica Patricia Guerrero Vinueza es asesinada en Tonalá, Jalisco. https://im-defensoras.org/2022/02/alerta-defensoras-mexico-la-defensora-y-abogada-veronica-patricia-guerrero-vinueza-es-asesinada-en-tonala-jalisco/
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Notas
Notas
[1] La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. (Artículo 22 de la Ley de Acceso). Información disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
[2] La Ley Ácida es una reforma al Código Penal que consiste en castigar con cárcel a quienes cometan ataques con sustancias químicas, considerándola como tentativa de feminicidio.
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